Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hemos dividido el presente trabajo en cinco capítulos: En el primero de ellos se aborda la crisis que vive actualmente nuestro sistema de procesamiento penal, tema que a nuestro parecer es fundamental para entender adecuadamente el motivo de la creación del Ministerio Público. En el Capítulo segundo se desarrolla una visión histórica del Ministerio Público. Además se analizan los principios dogmáticos que informan nuestro actual proceso penal y los principios dogmáticos que informarán el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal (Legalidad- Escrituración versus Oportunidad- Oralidad). En el Capítulo tercero se aborda la historia de la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519 del Ministerio Público, en donde se exponen las principales intervenciones de las diferentes autoridades del país. Del mismo modo, se analizan los tratados internacionales vigentes en Chile y su vinculación con el nuevo sistema procesal penal. En el Capítulo cuarto nos abocamos a estudiar la historia de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.640 del Ministerio Público y la organización y atribuciones de este nuevo organismo. Además analizamos la relación del Ministerio Público con la Policía y el Juez de Control. Finalmente, en el Capítulo quinto de nuestro trabajo, se expone un análisis crítico de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional a propósito del control preventivo de constitucionalidad de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El objetivo principal de este estudio es realizar una evaluación de coherencia, respecto de la forma en que la Fiscalía de Chile está implementando, bajo un enfoque estratégico, una política de calidad en los servicios que entrega. Para lo anterior, el principal insumo es el Plan Estratégico Institucional 2009-2015 y tres proyectos que, en su génesis, pretenden dar cuerpo a los servicios ofrecidos en el Plan. El estudio parte revisando los principales elementos componentes del Plan Estratégico, para luego explicitar y definir elementos de calidad en los servicios ofrecidos por la institución hacia sus principales usuarios las víctimas y testigos. A continuación, y bajo la Metodología de Marco Lógico, se abren los proyectos Tramitación de Casos Menos Complejos, Orientación Protección y Apoyo y Sistema de Información y Atención a Usuarios, incorporando árboles de problemas, objetivos y acciones, siempre bajo la secuencia acción-medio-causa-problema, permitiendo analizar de qué forma la intervención realizada, a través de cada proyecto, genera los medios que se enfocan directamente en la causa de un determinado problema. Del análisis se puede concluir que, en general, los tres proyectos revisados dan cuerpo a cada servicio ofrecido en el Plan. Por otro lado, todos agregan valor a la institución y a los servicios que reciben los usuarios, por tanto existe coherencia entre lo que se declaró, ejecutó y los resultados obtenidos. Sin embargo, existen aspectos, como por ejemplo la disminución de la carga laboral de los funcionarios respecto del proyecto Tramitación de Casos Menos Complejos, que no han sido medidos. Complementariamente se comprueba, a través de los indicadores autoimpuestos, que estos estándares si se están cumpliendo, cuestión que permite avalar en mayor o menor medida el logro de los objetivos planteados en los tres proyectos objeto de este estudio. En base al análisis realizado del proyecto Tramitación de Casos Menos Complejos, se recomienda a la organización, definir una carta declaración sobre calidad, para los distintos servicios que entrega y, mediante un enfoque por procesos, redirigir los esfuerzos en mejorar su principal servicio, cual es, dar solución a los conflictos penales, poniendo especial atención, por ejemplo, en la disminución de los términos de casos por archivo provisional y, enfocando los esfuerzos en aumentar las sentencias condenatorias. Respecto del proyecto Orientación Protección y Apoyo, se estima necesario complementar el modelo con técnicas de autocuidado que permitan al personal de la organización, que está en contacto directo con las víctimas, manejar de mejor forma la carga emocional que trae consigo el tomar mayor conocimiento de las investigaciones. Por último respecto del proyecto Sistema de Información y Atención a Usuarios, si bien los procesos declarativo y analítico se han desarrollando de manera coherente, en su puesta en marcha se recomienda utilizar la gradualidad en su implementación a nivel país, de manera que se atiendan de manera oportuna los inconvenientes propios de la puesta en marcha.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se aboca a la investigación del rol que cumple el Ministerio Público en el diseño de Política Criminal en Chile. Para una comprensión del fenómeno de manera completa, es que ésta investigación se divide en dos partes, la primera de ellas, se encarga de constatar el estado actual de la Política Criminal en Chile, para ello se realiza un paneo histórico de la evolución que ha tenido la Política Criminal en nuestro país, que busca identificar el por qué de su variante punitiva, el por qué del estado actual de la misma y cuáles son las principales consecuencias que en la práctica se generan con la actual Política Criminal. En la segunda parte de esta investigación, nos concentramos en el Ministerio Público, señalando su organización, funciones y principios rectores. Todo esto para dilucidar el rol que cumple el Ministerio Público en el diseño de Política Criminal desde su entrada en vigencia el año 2000 junto con la Reforma Procesal Penal. Luego del análisi de diversas historias de la ley y de la LOCMP demostrámos cómo es que el Ministerio Público es la institución llamada al diseño de la Política Criminal persecutoria del país, señalando cómo se diseñan estos criterios político criminales, cuáles son los controles de estos criterios dentro y fuera de la institución, y realizamos las críticas que consideramos en relación tanto a la función misma de diseño de Política Criminal persecutoria como a la forma en que se desarrolla ésta

Tesis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / El presente trabajo tiene por finalidad explicar cómo, en el marco de la política pública de Justicia, es posible fundamentar los motivos, más allá de los normativos, en virtud de los cuales el Estado debe proveer servicios de asistencia legal en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, explicando las razones normativas y empíricas que sustentan su establecimiento y, en particular, los fundamentos detrás de la utilización de sistemas de externalización. Se expondrá cómo la literatura ha explicado esta situación: por un lado la jurídica, a través del concepto del debido proceso, y por la otra, la económica, a través de la minimización de los costos sociales para la provisión de bienes públicos. Se explicará que el bien público justicia requiere una serie de factores esenciales para su producción, relacionados por una condición de mínimos, entre los cuales se encuentra la defensa. Se indicará que la producción sub óptima de la defensa conlleva una intervención del Estado para su provisión, sobre todo si esa producción sub óptima es consecuencia de que la mayoría de la demanda por estos servicios en el sistema de enjuiciamiento criminal proviene de personas pobres, con escasa disposición a pagar por esos servicios y, por otro lado, pues la inexistencia de defensa implica afectar la continuidad y eficiencia del sistema judicial en su conjunto. Una interrogante a resolver es si el Estado debe producir o comprar el servicio de defensa. Si bien la literatura de licitaciones de defensa penal ha puesto énfasis en los aspectos asociados a las áreas sensibles, es necesario establecer elementos que permitan evaluar qué aspectos se deben considerar para ocupar un sistema u otro. Con dicha finalidad se analizará el sistema implementado en Chile y sus resultados, con el objeto de proveer de información de la manera en como alguno de esos supuestos se han comportado. Lo anterior puede resultar relevante en un momento de reformas judiciales, no sólo la procesal penal completamente instalada, sino que también la de tribunales de familia y la nueva justicia laboral, en proceso de instalación. Estas experiencias y modelos debiesen servir también para evaluar los aspectos vinculados a lo que se supone serán las reformas al sistema de enjuiciamiento civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta monografía comenzará con un capítulo introductorio en el que nos plantearemos la necesidad de controlar o no al Ministerio Público. Luego dedicaremos un capítulo a cada sistema, empezando por una descripción breve de cada uno de éstos, para luego dar paso a un análisis de fondo de la forma en que se controla al órgano persecutor tanto a nivel administrativo, judicial, como político. A continuación seguiremos con un capítulo destinado a la comparación de los distintos sistemas nacionales en función de los siguientes criterios: Principios que informan su actuación y mecanismos de control. Por último, finalizaremos con un apartado de conclusiones generales en el cual trataremos de determinar cual de estos sistemas es el que mejor combina eficiencia con protección de garantías en el proceso penal.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. / Made available in DSpace on 2012-10-17T03:57:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T00:55:42Z : No. of bitstreams: 1 137749.pdf: 2740234 bytes, checksum: ad657dca3cbc9db85146568faed7b6b4 (MD5)

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Roles contradictorios desarrollan el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública (en adelante, la Fiscalía y la Defensoría) en el proceso penal. Ejercer la persecución criminal versus asumir la defensa de los perseguidos criminalmente. Ambas instituciones, a través de indicadores relacionados con sus objetivos estratégicos, se presentan ante la ciudadanía como entidades exitosas, eficientes y eficaces. Uno de estos indicadores se refiere a los resultados que obtienen en los procesos penales en que intervienen. Si son tan exitosos en obtener estos resultados, sería lógico comprometer la obtención o mantención de ingresos y/o haberes al logro de ciertos resultados en los procesos penales en que intervienen. La forma como Fiscalía y Defensoría obtienen y construyen sus sistemas de medición de resultados en los procesos penales en que intervienen; la selección, generación y exposición pública de tales resultados, y; su incidencia en la evaluación de su gestión son el objeto de este trabajo. La metodología utilizada es de tipo cualitativo generado, sobre la base del análisis de los resultados expuestos en memorias y cuentas públicas de las Instituciones involucradas y en informes estadísticos elaborados para este trabajo, además de entrevistas a informantes claves. El indicador de eficacia y producto analizado es el resultado de los procesos penales en que intervienen Fiscalía y Defensoría. El análisis reveló que los datos con que trabajan ambas instituciones no son del todo confiables, pues se basan en la digitación manual y las cifras finales dependen de que se registren fielmente ciertos eventos que se pueden verificarse en los procesos penales, lo que no ocurre en todos los casos. En cuanto a la selección y presentación pública de los resultados de su desempeño en los procesos penales se revela que la Fiscalía presenta cifras de sentencias condenatorias que incorporan todo tipo de procedimientos, incluyendo aquellos en que no hay debate ni controversia y que la Defensoría construye un indicador propio a partir de la sanción solicitada por la Fiscalía por escrito, todo lo cual permite a ambas entidades presentarse como exitosas. Finalmente se constata que ni la Fiscalía en sus Convenios de Desempeño Colectivo, ni la Defensoría, en sus compromisos con DIPRES incorporan indicadores relativos a los resultados de los procesos penales en que intervienen, aunque la falta de gobernabilidad total de Fiscalía y Defensoría sobre el indicador es un argumento atendible. Se concluye la necesidad de homologar parámetros y criterios de registro de los resultados de los procesos penales de la Fiscalía y la Defensoría, incorporando en este ámbito al Poder Judicial. Adicionalmente, es indispensable contar con una autoridad que lidere esta labor y consolide una estadística mínima común, la que no existe actualmente.

No autorizada por el autor para ser publidada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discute sobre el sentido genuino de la celebración del bicentenario de la Independencia. Para unos, la Junta tiene en cierto modo un sentido fundacional. Olvidan que Chile, si es que no el Estado mismo, con su constitución jurisdiccional e instituciones fundamentales, se remontan al siglo XVII. Dentro de este marco aparece el Fiscal de la Real Audiencia, oficio cuyo origen más remoto se encuentra en la Roma del ius civile, e inmediato en la Europa del utrumque ius, y de éste al Estado indiano y finalmente a las constituciones y códigos decimonónicos. Esta historia es la que queremos abordar aquí. En este contexto, y de acuerdo a lo planteado por algunos historiadores , el origen del Estado de Chile, con el de sus principales instituciones, conformadas por el Presidente, el Ejército, la Judicatura y el Pueblo, se remontan y comienzan a afianzarse desde fines del siglo XVI y principios del XVII. Y es que a través de sus naturales cambios y proyecciones, siempre se dejaran entrever, con mayor o menor claridad, sus matrices iniciales. Esta aseveración nos permite mirar al bicentenario no sólo como una fecha de celebraciones, sino como una verdadera instancia de reflexión en torno a los orígenes de nuestro país, su identidad, su territorio, su patria y, especialmente, sus instituciones y los hombres encargados de servirlas. Tal es el caso de la Judicatura, y en lo que será el objeto fundamental de estudio para esta memoria de prueba, de los Fiscales, a partir de su inicio como oficio hasta su consagración institucional, como parte integrante del Poder Judicial. En ese sentido, el entendimiento de la trayectoria institucional de la Judicatura supone conocer, con la mayor exactitud posible, a quienes la han servido desde sus inicios hasta nuestros días. En tal dirección se enmarca el presente trabajo, bajo la reserva de ser los primeros puntales para un próximo estudio, más acabado y exhaustivo, del Ministerio Público y sus integrantes

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto dilucidar el impacto que la Reforma Procesal Penal ha producido en el sistema legal chileno, en específico en la teoría de la responsabilidad del Estado, y dentro de este mismo ámbito de responsabilidad, la que resulta producto de la función jurisdiccional del Estado. Para ello, hemos de fijar a través de una hipótesis de trabajo las probables consecuencias fáctico – jurídicas que la mencionada Reforma Procesal Penal ocasiona en la teoría de la Responsabilidad del Estado. Una vez planteada la hipótesis, se trabajará en relación a dos líneas principales de investigación. La primera de ellas, dice relación con el impacto jurídico que la introducción de la Reforma Procesal Penal ha generado en la teoría de la responsabilidad del Estado, a nivel Constitucional, en lo que respecta al tema central que nos aboca en la presente investigación, cual es la responsabilidad del Estado – Juez. La segunda línea investigativa, se referirá a la constatación empírica de los efectos que ha producido la mencionada reforma en la teoría de la responsabilidad del Estado, en específico el impacto que ha tenido el ingreso, a través de los Tribunales de Justicia, de acciones en contra del Estado que persiguen la responsabilidad de éste por daños producidos a consecuencia de la función jurisdiccional en materia penal, y la actividad del nuevo órgano encargado de la persecución penal pública: el Ministerio Público. Estas dos líneas de trabajo se entrelazarán al momento de arribar a las conclusiones finales de la presente investigación, en las cuales resultará comprobada o refutada la hipótesis de trabajo y establecidos los alcances y efectos que esta misma tiene en la dogmática y en la práctica jurídica de nuestro país.