El Perú, entre los años 1980 y 2000, vivió un periodo de violencia política, de acuerdo con lo establecido por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El documento estableció la violación de derechos humanos en miles de personas y recomendó que las denuncias sean investigadas por el Ministerio Público La labor se realizó desde 2004, tras la constitución de un subsistema especializado en la materia. Empero, de un estudio al año 2020, se detectó casos que continuaban en trámite correspondiente al periodo de violencia, ante lo cual se infirió la posible “inoportunidad”, así como un inadecuado desempeño de los servicios fiscales. Se identificó el problema público: “Inoportuna atención de denuncias en materia de Derechos Humanos a cargo del Ministerio Público a nivel nacional, relativos al periodo de violencia política de 1980-2000, vigentes al 2020”. Al jerarquizar las causas, se verificó que la carencia de información actualizada y exacta genera mayor impacto en el problema, al impedir su impulso. Esta investigación plantea una solución innovadora para enfrentar el problema identificado: crear una Oficina General Especializada en Derechos Humanos en el Ministerio Público, que asuma el rol de diseñar, proponer y evaluar la situación de casos de violación de derechos humanos. También sugeriría estrategias para viabilizar el impulso de las investigaciones y procesos en instancias fiscales o judiciales, y contribuiría con la asunción de un rol efectivo del Ministerio Público, en favor de la sociedad. / In Perú, between 1980 and 2000, a period of political violence occurred. This is in accordance with the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission, which recommended that complaints regarding alleged human rights violations be investigated by the Public Ministry. Work has been ongoing since 2004, with the establishment of a specialized subsystem. However, a study conducted prior to 2020 revealed that there were cases still being processed from that period, indicating alleged delays and inadequate service. This led to the identification of a public problem: “Inopportune attention to complaints in the field of Human Rights by the Public Ministry at the national level, related to the period of political violence from 1980- 2000, valid until 2020" To address this issue, a thorough analysis identified that the lack of updated and accurate information was the root cause with the most significant impact on the problem. This lack of information hindered the development of strategies and initiatives to address the issue effectively. As a result, this study proposes an innovative solution to tackle the identified problem. It suggests the establishment of a General Office Specialized in Human Rights within the Public Ministry. This office would be responsible for designing, proposing, and evaluating cases related to human rights violations and associated crimes. It would also recommend strategies to facilitate investigations and legal proceedings, thus enhancing the Public Ministry's role in these cases and benefiting society as a whole.

La presente investigación busca comprender como operan los procedimientos que se encuentran en las coordinaciones entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en la investigación del delito de trata de personas. La investigación de este delito debería, en teoría, contar con el respaldo institucional de las partes involucradas. Sin embargo, los hallazgos de la investigación demuestran la existencia de una serie de problemáticas en las coordinaciones entra ambas instituciones. Estas se deben a las normas estipuladas como protocolo para la investigación preliminar del delito que difícilmente pueden ser aplicadas en la realidad, a la falta de recursos humanos suficientes y también a los intereses del fiscal de dejar prácticamente sin oportunidad de actuación a la policía. / Tesis

El estudio de las dificultades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal como consecuencia del problema de diseño de la política pública y de falta de cooperación Institucional, constituyen el tema de interés central de la tesis. La importancia del tema radica en dos aspectos; el primero en cuanto nos permite conocer que, en el país no se ha implementado una reforma integral del sistema procesal conforme lo recomienda la doctrina y la experiencia de éxito en la región (Chile y Colombia), sino que, según las evaluaciones efectuadas por comisiones nombradas para tal fin, solamente se trató de un relevo normativo que generó una brecha en el proceso de implementación de la reforma y; el segundo aspecto, que estos problemas son una constante en la implementación de políticas públicas en el país. La metodología de estudio se sustenta en una investigación causal, cualitativa, para ello se ha hecho una revisión de todas las fuentes documentales que dan fe de como evolucionó el proceso, el aporte de la doctrina y la experiencia comparada, así como entrevistas a los actores mas importantes de la reforma procesal. El aporte del estudio se argumenta en la propuesta de replantear la elaboración de políticas Públicas en el país con un abordaje más integral, considerando todos los elementos que concurren en la dinámica de este trabajo, que permita un proceso de implementación más y mejor pensado en el logro de los objetivos que en el caso concreto se persigue. / The study of the difficulties in the implementation of the Reform of the Criminal Justice System as a consequence of the problem of public policy design and the lack of institutional cooperation are the central topic of the thesis. The importance of the theme lies in two aspects; The first one insofar as it allows us to know that in the country a comprehensive reform of the procedural system has not been implemented as recommended by the doctrine and experience of success in the region (Chile and Colombia), but according to the evaluations carried out by commissions Appointed for this purpose, was only a regulatory change that generated a gap in the process of implementation of the reform and; The second aspect is that these problems are a constant in the implementation of public policies in the country. The study methodology is based on a qualitative, causal investigation. For this purpose, a review of all the documentary sources has been done, attesting to how the process evolved, the contribution of the doctrine and the comparative experience, as well as interviews with the actors Most important aspects of procedural reform. The contribution of the study is argued in the proposal of rethinking the elaboration of Public policies in the country with a more integral approach, considering all the elements that concur in the dynamics of this work, that allows a process of implementation more and better thought in the Achievement of the objectives that in the specific case is pursued. / Tesis

En los últimos años en Lima Metropolitana y específicamente en el emporio comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, el comercio ilegal de prendas de vestir con marcas registradas se ha incrementado. Esta actividad ocasiona perjuicios económicos al erario nacional debido a que los comerciantes eluden el pago de impuestos. De igual forma, genera perjuicios económicos a las empresas constituidas y comercios formalizados, quienes venden menor cantidad de prendas de vestir originales. Por consiguiente, al reducirse sus ventas, perciben mínimos ingresos económicos. Este comercio ilegal es evidente, notorio y público, y se desarrolla con conocimiento del gobierno nacional, regional y local. A pesar de su incremento, no se tiene la oportuna respuesta del Estado al citado problema. Debido a la situación problemática que se presenta, esta tesis planteó estudiar la coordinación entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual1 y la Dirección de la Policía Fiscal2, organismos públicos encargados de prevenir, combatir y erradicar el comercio ilegal de prendas de vestir con marcas registradas. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca dilucidar cuáles son los estándares que debiera cumplir un órgano como la Fiscalía según los principios establecidos en la Convención de Derechos del Niño y comparar dicho ideal con el caso chileno. Para ello se compone de una revisión de los principios del derecho penal juvenil que se desprenden de los principales instrumentos internacionales en la materia vigentes y los deberes que, por ende, corresponde exigir al Ministerio Público chileno en virtud de ellos, y una exposición de la forma en que se ha respondido a este deber de implantar un sistema penal juvenil coherente con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva del persecutor en Chile.

El sicariato definido jurídicamente como la perpetración de muerte por encargo, se ha incrementado en Piura; reflejando una “Alta incidencia del sicariato, en el ámbito de Piura durante los años 2017-2021” en ascenso continuado, el sujeto activo denota violencia y peligrosidad para la extinción de la vida humana, atentando contra este derecho humano fundamental permanente de manera irreversible. Esta realidad constituye un problema público de afectación directa a la sociedad piurana, referente aciago para las actividades económicas en sus tres sectores, impacto nocivo para Piura. Las organizaciones y bandas criminales extorsionan cobrando cupos y exigiendo cuotas laborales en obras de construcción e infraestructura. Por otro lado, solicitan dinero por “seguridad” (chalequeo) donde subyacen otros delitos, mostrando control o hegemonía de la zona, a través del sicariato eliminan a sus “competidores”. Absolviendo las Áreas del Problema y la Solución Innovadora; se infiere que hay una inconsistencia en la investigación del sicariato, la fiscalía penal mediante la noticia policial lo asume durante su turno (4 días); sin embargo, en este periodo debido a su carga funcional optan por requerir el informe policial hasta su retorno a la DIVINCRI Piura como carpeta fiscal con disposiciones para actos de investigación en un tiempo de su libre disposición. Como instrumento aplicable de solución innovadora se ha propuesto la creación de una Fiscalía Especializada contra el Sicariato-Homicidio Calificado para el distrito fiscal de Piura y Sullana, para una adecuada articulación-coordinación y consistencia de la investigación. / Hitmen, legally defined as the perpetration of death for hire, has increased in Piura; reflecting a “High incidence of hitmen, in the area of Piura during the years 2017-2021” in continuous rise, the active subject denotes violence and danger to the extinction of human life, attacking this permanent fundamental human right in an irreversible manner. This reality constitutes a public problem that directly affects Piuran society, an ominous reference for economic activities in its three sectors, a harmful impact for Piura. Criminal organizations and gangs extort by charging quotas and demanding labor quotas in construction and infrastructure works. On the other hand, they request money for “security” (chalequeo) where other crimes underlie, showing control or hegemony of the area; through hitmen they eliminate their “competitors.” Absolving Problem Areas and Innovative Solution; It is inferred that there is an inconsistency in the investigation of the hitman, the criminal prosecution assumes it through the police report during its turn (4 days); However, in this period, due to their functional load, they choose to require the police report until their return to the DIVINCRI Piura as a fiscal folder with provisions for investigative acts at a time of their free disposal. As an applicable instrument of innovative solution, the creation of a Specialized Prosecutor's Office against Hiring-Qualified Homicide for the tax district of Piura and Sullana has been proposed, for adequate articulationcoordination and consistency of the investigation

El presente trabajo está orientado al análisis de la ejecución de una política pública de seguridad ciudadana de prevención del delito juvenil denominada “Programa Jóvenes Líderes”, cuyo objetivo es evitar que los jóvenes en riesgo cometan algún delito y que quienes cometieron alguna infracción reincidan. Para ello he analizado los procesos de implementación de la política pública a fin de identificar los mecanismos que permitan conocer de qué manera las acciones del Programa Jóvenes Líderes se convirtieron en resultados y el papel que jugaron los actores implicados. Asimismo, analicé los procesos de la administración pública como una estructura organizada y jerarquizada para determinar los cambios organizacionales que pudieron o no generarse.

El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además, los operadores responsables de este mecanismo legal tienen reservas para compartir información y dificultades para el trabajo equipo, aun cuando la pérdida de dominio es una figura que requiere la interdependencia de dichos actores En ese sentido, en la presente investigación se plantea: Cómo se desarrolló la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por delito de tráfico ilícito de drogas durante los años 2010 y el 2014?

El problema principal que motiva el presente estudio es la falta de eficacia en la prevención, investigación y represión del contrabando de mercancías en el país. Los problemas secundarios identificados están relacionados con la insuficiente coordinación interinstitucional entre los actores comprometidos como el Ministerio Público, PNP, la SUNAT y la Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando del Ministerio de la Producción. Un segundo problema es la escasa capacidad operativa y logística de los actores, principalmente de la División de Investigación de Delitos Aduaneros PNP, encargada de apoyar en el combate contra el contrabando en Lima. Esta división así como la SUNAT cuentan con recursos mínimos para la labor operativa a nivel nacional, lo que estaría generando que esta actividad ilegal funcione como una “actividad comercial normal” que se expande cada día y afecta la recaudación de tributos aduaneros en agravio del Estado. El estudio se dirige a contribuir a la sociedad con un análisis de la implementación de políticas públicas y coordinación interinstitucional realizada hasta el momento en materia de la lucha contra el contrabando en el país, que aún no ha sido explorado académicamente, según la investigación bibliográfica y hallazgos. / Tesis

This article analyzes the negative impact of the reforms within the criminal systems in Latin America, both for those who suffer a crime, and those who are accused of having committed such crime. Supprted by empirical data, the author warns how the innovations of the reformed criminal proceedings (for example, the simplified court proceeding or the active role played by prosecutors), by enrolling into an authoritative legalculture, become in practice contrary to their likely design. / El presente artículo analiza la incidencia negativa de las reformas llevadas a cabo en los sistemas penales de América Latina, tanto en relación a quien sufre un delito, como respecto a quien es acusado de haberlo cometido. Sustentado en información empírica, el autor advierte cómo las novedades del proceso penal reformado (por ejemplo, el procedimiento abreviado o el rol activo a desempeñar por los fiscales), al inscribirse en una cultura jurídica autoritaria, devienen en la práctica en formas contrarias a su diseño ideal.