El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar las condiciones que debe verificar el OSIPTEL para la aplicación de medidas correctivas en el marco de un procedimiento administrativo sancionador que haya sido conducido por sus órganos sancionadores. La justificación a esta finalidad se fundamenta en el hecho de que el OSIPTEL, a pesar de tener el deber de valorar la viabilidad de adoptar medidas correctivas para resolver sus procedimientos sancionadores, mantiene una actitud punitiva, pues, sus decisiones han culminado en ese extremo. Por ello, nuestra posición sobre esta situación se sustenta en la afirmación de que el OSIPTEL puede emplear medidas correctivas como mecanismo menos gravoso y que con ello se consolide, del mismo modo, la promoción de una cultura de cumplimiento entre las empresas operadores del sector de las telecomunicaciones. Para alcanzar este propósito, la investigación se estructura en función a tres capítulos, siendo el tercero el que evidencie los resultados del análisis de las estadísticas sobre la práctica regulatoria del OSIPTEL en el ejercicio de su potestad sancionadora y el resultado que esta práctica ha tenido en término de impacto favorable en el cumplimiento de la norma.

El presente estudio se encuentra enfocado en la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas, como implementación de reforma en la gestión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, plataforma operativa desde el 01 de enero de 2016, fecha en la cual entró en vigencia el Reglamento del Aporte por Regulación al OSIPTEL (en cuanto al lineamiento de la presentación de las declaraciones de ingresos gravados), aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 085-2015- CD/OSIPTEL. La pregunta que se pretende resolver está centralizada en conocer, si ¿La reforma en el proceso de implementación de la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas del Aporte por Regulación al OSIPTEL genero realmente Valor Público? La hipótesis que argumenta el trabajo de investigación demostrará que la Implementación de la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas del Aporte por Regulación al OSIPTEL constituye una reforma institucional dirigida en simplificar tareas propias del Regulador, no generando Valor Público al Ciudadano. Lo que resume que dicha mejora no significa una política pública en simplificación adoptada por dicha entidad. Con la interrogante matriz y con la hipótesis presupuestada se deberán analizar colateralmente las iniciativas adoptadas, así como las limitaciones y los problemas existentes en las etapas del proceso. Describiendo que la reforma fue una iniciativa conceptualizada desde un enfoque mixto, el mismo que se argumentó estar realizado con miras de abajo hacia arriba (bottom–up), pero paralelamente necesitaba de la recepción y la aprobación del enfoque de arriba hacia abajo (top–down), por lo cual se aseveraba que esta vertiente mixta fortaleció el proceso. También se tratarán los problemas y los desperfectos del sistema, como la falta de acceso del OSIPTEL a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y la imposibilidad de asociar el pago virtual de los aportes desde la plataforma, como mecanismos tecnológicos de soporte a la simplificación administrativa del Ente Regulador. Esquematizándose y cuestionándose, si efectivamente este sistema constituye una Política de Gestión de Simplificación Administrativa, analizando las características de los procesos y los componentes de toda Política Pública. En efecto, la investigación discute si la Plataforma Virtual obedece a una Política Pública de Simplificación Administrativa, cuestionándose si su formalización está dotada o no de Valor Público al haberse evidenciado que el principal factor y la motivación de la implementación fue la premura en facilitar las funciones del propio personal de la Institución, relacionadas con el trabajo operativo de registrar manualmente todas las Declaraciones Juradas del Aporte, proponiéndose acciones impulsadas por los trabajadores, enfoque de abajo hacia arriba, es decir, para la aprobación de la Alta Dirección del OSIPTEL. Sin embargo, es cuestionable determinar si ciertamente este sistema constituye una Política de Gestión de Simplificación Administrativa, analizando las características de los procesos y los componentes de toda Política Pública; siendo que en el análisis resulta la evidencia de un proceso de mejora de una herramienta que agiliza los trámites vinculados al cumplimiento tributario entre el OSIPTEL como Administrador Tributario (sujeto-activo) y las Empresas Operadoras como Contribuyentes (sujeto-pasivo); delimitándose que corresponde a las acciones del ente regulador para modernizar, simplificar y reformar los trámites y las diligencias regulares; creando sistemas virtuales que permitan la implementación de una herramienta de fácil acceso a disposición de las empresas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo. Las evidencias fueron obtenidas de la información recolectada de las entrevistas realizadas a los trabajadores involucrados en la creación y la implementación de la Plataforma Virtual, aplicando un enfoque cualitativo con un diseño no experimental orientado al estudio de una Política de Gestión de un organismo. Asimismo, se realizaron encuestas al personal del OSIPTEL y a las empresas operadoras con autorización para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.

El presente trabajo analiza la declaración de la aplicación de penalidades por parte de OSITRAN en el marco de la ejecución de los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público. Así, se establece que OSITRAN cuenta con facultades legales para imponer penalidades en el ejercicio de su función sancionadora. Asimismo, desde el lado contractual, los contratos de concesión lo habilitan a imponer penalidades en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, se señalan las diferencias entre las penalidades contractuales y las sanciones administrativas a fin de determinar que el tratamiento jurídico de ambas es diferente en atención de su naturaleza. Así, se concluye que OSITRAN, en ejercicio de su función sancionadora, emite actos administrativos contractuales cuando impone penalidades por cumplimientos defectuosos o incumplimientos. Se desarrollan las características del acto administrativo contractual y sus diferencias con el acto administrativo. / This paper analyzes the declaration of the application of penalties by OSITRAN in the framework of the execution of public transport infrastructure concession contracts. Thus, it is established that OSITRAN has legal powers to impose penalties in the exercise of its sanctioning function. Likewise, from the contractual side, the concession contracts enable it to impose penalties on behalf of the Ministry of Transportation and Communications. Likewise, the differences between contractual penalties and administrative sanctions are pointed out in order to determine that the legal treatment of both is different according to their nature. Thus, it is concluded that OSITRAN, in the exercise of its sanctioning function, issues contractual administrative acts when it imposes penalties for defective compliance or non-compliance. The characteristics of the contractual administrative act and its differences with the administrative act are developed. / Trabajo académico

Tras las modificaciones incorporadas a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, tras la publicación del Decreto Legislativo N° 1272 a finales del 2016, se ha producido un cambio de enfoque por parte de la Administración Pública, en la cual se privilegia un enfoque de prevención orientado a que los administrados cumplan con sus obligaciones, por sobre la imposición de sanciones administrativas las mismas que solo buscan castigar al infractor administrativo. Lo señalado se encuentra reflejado con la incorporación de la posibilidad de imponer medidas correctivas, dado que, en la actualidad, tras la detección de incumplimientos y la determinación de la responsabilidad del infractor, se ha señalado que, en el mismo marco del procedimiento administrativo, la Administración puede optar por imponer medidas correctivas que busquen corregir la conducta de los administrados en atención al cumplimiento normativo y el interés general, siendo estas medidas compatibles con las sanciones administrativas. Sin embargo, la norma ha establecido requisitos para la aplicación de dichas medidas correctivas, siendo el principio de tipificación el abordado en el presente trabajo. Asimismo, se abordará la tipificación de las medidas correctivas realizadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), por lo que se realizaran algunas críticas sobra la aplicación de medidas correctivas realizada por el organismo regulador de las telecomunicaciones, para lo que se realizaran comparaciones respecto a la obligación de tipificar las medidas correctivas a ser aplicadas en otros sectores y entidades de la Administración Pública. Las conclusiones del presente trabajo consisten en evidenciar la tipificación insuficiente de las medidas correctivas por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones, y como este incumplimiento del mandato de tipificación pone en riesgo los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

La Administración Pública cuenta con una serie de herramientas para procurar el cumplimiento por parte de los agentes económicos, como: la actividad de fiscalización, la adopción de medidas administrativas y la aplicación de sanciones administrativas. A través de estas herramientas se busca direccionar su actuar a la adopción de lo prescrito en la normativa. El enfoque dominante en nuestro ordenamiento para cautelar el cumplimiento tiene una orientación sancionadora; sin embargo, existe un enfoque menos punitivo que privilegia la persuasión para salvaguardar lo dispuesto. Ahora bien, existe un enfoque que no privilegia ninguno de los antes mencionados, sino más bien se vale de ambos, así este enfoque adopta la persuasión, educación, incentivos y castigo en función a la respuesta de los agentes regulados, el mismo que se denomina regulación responsiva. La presente investigación tiene como propósito analizar si el mecanismo alternativo al procedimiento administrativo sancionador, aplicado por Osinergmin, en los Grifos y Estaciones de Servicio, ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones referidas a las condiciones técnicas y de seguridad consideradas de criticidad alta (riesgo alto), se encuentra vinculado con el enfoque responsivo y si este resulta efectivo para lograr el cumplimiento normativo (enforcement). En ese sentido, se ha realizado un análisis al cambio normativo establecido por Osinergmin, la recepción de esto por parte de los agentes económicos, su cambio de comportamiento y se propone una estrategia para aplicar propiamente un enfoque responsivo.

El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que vulneren los derechos a los administrados sujetos a su competencia. Pero, este análisis no solo tiene por objetivo identificar dichas falencias y vacíos normativos, sino también plantear soluciones que permiten contribuir de mejor manera en la actuación de la Administración Pública. Los instrumentos que se ha utilizado en presente trabajo es el marco normativo que aplica al sector ambiental dentro un procedimiento administrativo sancionador, la jurisprudencia que aborda los principios del procedimiento administrativo y la doctrina que aborda temas no solo de principios sino también temas como procedente vinculantes en materia administrativa. En ese sentido, entre las principales conclusiones en que llega en el análisis de un caso surgido entre la Empresa Administradora Chungar y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es que, se ha vulnerado claramente los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, y que, por ende, correspondía a uno de los órganos que se interviene dentro del procedimiento que declare la nulidad de lo actuado, pero al no pasar esto, tiene por resultado emitir un precedente vinculante que contraviene el marco normativo aplicable. / The general objective of the work is to identify the regulatory gaps that we identify in administrative sanctioning procedures, and as in this context, the Public Administration may incur in vices that violate the rights of the administrations subject to its competence. However, this analysis is not only intended to identify these gaps and regulatory gaps, but also to propose solutions that allow a better contribution to the performance of the Public Administration. The instruments that have been used in this work are the normative framework that applies to the environmental sector within an administrative sanctioning procedure, the jurisprudence that addresses the principles of the administrative procedure and the doctrine that addresses issues not only of principles but also issues such as binding in administrative matter. In this sense, among the main conclusions reached in the analysis of a case that arose between the Chungar Administrative Company and the Environmental Assessment and Enforcement Agency, is that the principles that govern the administrative sanctioning procedure have been clearly violated, and that Therefore, it corresponded to one of the bodies that intervenes within the procedure to declare the nullity of the action, but when this does not happen, the result is to issue a binding precedent that contravenes the applicable regulatory framework.

Durante el contexto de pandemia, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron gran importancia al punto de ser equiparados con los servicios básicos de agua o luz. Dicho reconocimiento social generó que tanto el Congreso de la República como OSIPTEL emitieran diversas normas con miras a fiscalizar la adecuada provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese contexto de intenso ejercicio normativo, cabe preguntarnos si las entidades estatales analizan el impacto regulatorio de sus propuestas previo a la emisión de las mismas. El propósito del presente trabajo es analizar uno de los proyectos normativos de OSIPTEL más cuestionados, a fin de identificar si la entidad prioriza la utilización de medidas alternativas al ejercicio de la potestad normativa para regular la provisión de servicios. En el presente trabajo utilizaremos la teoría del impacto regulatorio concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista cuándo es necesario imponer normas gravosas.

La controversia en el expediente se origina a partir de la solicitud de arrendamiento de material tractivo y rodante de Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. (Fersimsac), nuevo operador de servicios de transporte ferroviario. Fersimsac solicita a Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetrans) el arrendamiento del material tractivo y rodante que este había recibido como parte de la concesión del Ferrocarril Sur Oriente. No obstante, Fetrans alegó que este material había sido arrendado en su totalidad a su empresa vinculada Perurail, quien prestaba los servicios de transporte ferroviario de acuerdo con lo previsto en su contrato de concesión. Lo anterior fue analizado por la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a raíz de una denuncia de Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte (OSITRAN) y Fersimsac en contra de Fetrans por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato y discriminación. Esta es la controversia que da origen al presente Expediente y cuyos aspectos controvertidos comprenden materias la interpretación del Contrato de Concesión, el análisis de competencia sobre el material tractivo y rodante, así como la participación de OSITRAN en el procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, considero que INDECOPI no realizó una correcta interpretación del Contrato de Concesión, la misma que tuvo impacto en una incorrecta delimitación del mercado relevante. Finalmente, OSITRAN no fue incorporado en el procedimiento como correspondía, lo cual fue corregido por el Tribunal. Finalmente, es importante notar que esta controversia se mantiene a nivel judicial. Esta controversia fue materia de pronunciamiento de la justicia constitucional, debido a una acción de amparo presentada por Perurail en la cual cuestionaba la admisión de la apelación de OSITRAN y que tuvo como consecuencia permitir a la Sala conocer la controversia. Si bien ya se contaba con un pronunciamiento de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaraba nula la admisión de la apelación y firme la decisión de la Comisión, todo lo actuado fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 18 de agosto de 2020 recaída en el Expediente No. 1484-2015-PA/TC. Así, el Tribunal Constitucional ha ordenado volver a la etapa de admisión de la demanda y la controversia sobre la admisión de OSITRAN en el procedimiento sigue pendiente

La Resolución N° 068-2016-OEFA/TFA-SEE emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es la culminación del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Fénix Power Perú S.A. por la presunta comisión de tres conductas infractoras, el cual tuvo como resultado que se declare la existencia de responsabilidad administrativa por parte de la empresa, confirmándose así el pronunciamiento de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. Al respecto, es preciso señalar que dos de las imputaciones hechas a la empresa reflejaban incumplimientos ambientales expresamente establecidos en su estudio ambiental. La imputación restante estaba referida a la ejecución de construcciones, así como la implementación de dicha infraestructura asociada a la Central Térmica de la empresa generadora de energía eléctrica y, en este caso concreto, se trataría de actividades que no habrían sido evaluadas y aprobadas en el instrumento de gestión ambiental correspondiente.

A partir de la evaluación de calidad ambiental realizada en el 2019 por el OEFA, detectó excesos en los Estándares de Calidad Ambiental-ECA de los cuerpos receptores de Aire y Ruido en el Corredor Vial minero Apurímac-Cusco en la provincia de Chumbivilcas, los cuales fueron atribuidos a la actividad de transporte de minerales de la empresa Las Bambas. Al respecto, se sostiene que el requerimiento de Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental dictado mediante Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA Nº 010- 2020-OEFA/TFA-SE plantea una problemática en relación a (i) las garantías procesales del administrado, que son conexas a los principios de razonabilidad, legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica; (ii) así como al respeto del derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado y por consiguiente, el derecho a la salud de las poblaciones colindantes con el Corredor Vial en Chumbivilcas. La facultad otorgada a la autoridad de fiscalización ambiental de requerir la Modificación de Evaluación de Impacto Ambiental resulta muy eficaz para la prevención de impactos negativos ambientales ocasionados por proyectos en marcha. No obstante, es de suma importancia las medidas administrativas respondan al criterio de razonabilidad y no terminen siendo onerosas e innecesarias y que finalmente terminen perjudicando a un administrado que desarrolla su actividad económica en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos ambientales. En otras palabras, OEFA como autoridad de fiscalización ambiental debe lograr, mediante el dictado de medidas, garantizar un equilibrio entre la actividad minera y la protección ambiental. / From the environmental quality assessment, conducted by the OEFA in 2019, it detected excesses in the Environmental Quality Standards-ECA of the receiving bodies of Air and Noise in the Apurimac-Cusco Mining Road Corridor in the province of Chumbivilcas, which were attributed to the mineral transportation activity of the company Las Bambas. In this regard, it is argued that the request for Modification of the Environmental Impact Assessment issued by Resolution No. 010- 2020-OEFA/TFA-SE of the Environmental Oversight Tribunal of the OEFA raises a problem in relation to the procedural guarantees of the affected party, which are related to the principles of reasonableness, legality, proportionality and legal certainty; as well as respect for the constitutional right to enjoy a healthy and balanced environment and therefore, the right to health of the populations adjacent to the Road Corridor in Chumbivilcas. The power granted to the environmental oversight authority to require the Environmental Impact Assessment Modification is very effective for the prevention of negative environmental impacts caused by ongoing projects. However, it is of utmost importance that the administrative measures respond to the criterion of reasonableness and do not end up being onerous and unnecessary and that finally end up harming an administered party that develops its economic activity in compliance with its environmental obligations and commitments. In other words, OEFA as an environmental control authority must achieve, through the issuance of measures, to ensure a balance between mining activity and environmental protection.