Con este tema de investigación se busca analizar la categoría jurídica de medida administrativa; específicamente las medidas preventivas, medidas correctivas y medidas cautelares; que impone la administración en el ámbito de su potestad fiscalizadora y sancionadora. En este orden de ideas, se ha elegido al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA) debido a la importancia que tiene esta entidad en proteger y preservar el bien jurídico medio ambiente de las actividades económicas que desarrollamos continuamente, específicamente en el sector de hidrocarburos. En ese sentido, se analiza cómo se han definido estas medidas administrativas en el ámbito del OEFA y si estas se aplican de forma apropiada a los administrados; verificando así que se cumplan con el fin proteger y resguardar el medio ambiente, pero sin dejar de lado las garantías que se señalan en el ordenamiento jurídico. En razón de ello, se analiza la doctrina correspondiente que ha abordado el tema, así como, diversos casos en los cuales se ha determinado imponer medidas administrativas. Por consiguiente, se determina que la conceptualización de las medidas administrativas aplicadas por el OEFA no cumple con la descrito en la doctrina; asimismo, se vulnera el ordenamiento jurídico al no aplicar apropiadamente los principios reconocidos en este, lo cual ocasiona que no se tutele correctamente el bien jurídico medio ambiente al momento de asignar una medida administrativa y se genere inseguridad jurídica al administrado.

La noción del derecho ambiental ha ido transformándose en el tiempo, no solo ello sino también los mecanismos de protección y la manera de cómo la autoridad administrativa resuelve. A partir del año 2013, con la entrada en vigencia de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA (actualmente modificada por la Resolución del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD), el OEFA cuenta con una metodología para el cálculo de las multas ante infracciones ambientales, dentro de ella, las que son cometidas por empresas del subsector de hidrocarburos. El cual, le permite otorgar mayor predictibilidad a las sanciones que emite, constituyendo de acuerdo a la mayoría de autores en un referente en cuanto al cálculo de sanciones para otras entidades que aún no cuentan con un método. No obstante, si bien el OEFA realiza el cálculo de la multa mediante un método, que consiste en una fórmula matemática regulada por su normativa, generando mayor predictibilidad en sus sanciones, estas pueden tener algunas falencias si solo es de aplicación dicha fórmula. En virtud de ello, el presente trabajo académico, pretende cuestionar algunas resoluciones del subsector de hidrocarburos emitidas por el OEFA, al no encontrarse lo suficientemente motivadas ante la falta de desarrollo detallado del principio de razonabilidad en sus resoluciones, partiendo de que constituye una garantía para los administrados que esperan una declaración del OEFA

A pesar de los esfuerzos desarrollados y reflejados en la aprobación de nueva normativa y creación de instituciones (Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 aprobada en julio 2011, sus 04 Reglamentos publicados en septiembre de 2015, la inconclusa transferencia de funciones a gobiernos regionales, la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, entre otros), el sector forestal sigue padeciendo de serias denuncias de corrupción, falta de transparencia, gestión deficitaria, ausencia de una estrategia contra las actividades ilícitas, entre otros. Considerando el contexto poco prometedor de la institucionalidad sectorial, el trabajo desarrollado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR a partir de su reestructuración en el año 2008, merece una atención especial. En efecto, el desarrollo institucional del OSINFOR a partir del 2008, le ha permitido mostrar importantes avances a nivel institucional, los cuales incluso han sido motivo de reconocimientos públicos como: a). Conformar el selecto grupo de 20 instituciones acreditadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil para iniciar su tránsito a la nueva regulación del servicio civil (2015); b). Reconocimiento público al ganar premios como: “ConectaRSE para crecer de Telefónica” (2014), el premio a las buenas prácticas en gestión pública (2015); y, c). Proporcionar información resultante del cumplimiento de sus funciones para contrarrestar actividades ilícitas (OSINFOR 2015a, 2015b y 2016a). La presente investigación busca absolver la siguiente pregunta: “¿Cuáles son los aspectos relacionados a capacidad estatal que han permitido que el OSINFOR tenga un desarrollo institucional destacado en comparación con otros procesos de reforma iniciados en el sector forestal y de fauna silvestre entre los años 2008 al 2016?. Con la finalidad de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, absolveremos previamente tres preguntas secundarias: a. ¿Cómo ha evolucionado la institucionalidad forestal en el período comprendido entre 2008 – 2016?; b. ¿Cuáles son los avances más destacados a nivel de gestión pública que ha logrado desarrollar OSINFOR entre 2008 al 2016?; y, c. ¿Cuáles son los aspectos a nivel de gestión pública del OSINFOR que han tenido un impacto en el desarrollo de su capacidad estatal?. Los hallazgos y resultados de la evaluación del desarrollo institucional del OSINFOR, nos muestran importantes avances como, los altos índices de profesionalización de su personal; la implementación de procesos participativos para la aprobación de normas técnicas y procedimentales; los altos índices de ejecución presupuestal; entre otros. Asimismo, muestra algunos aspectos pendientes de fortalecer, como la ejecutoriedad de sus sanciones, la coordinación intergubernamental y el alineamiento de las acciones de supervisión y fiscalización con la política nacional forestal y de fauna silvestre, en especial en lo referente a asegurar el aprovechamiento sostenible y la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

El presente estudio se encuentra enfocado en la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas, como implementación de reforma en la gestión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, plataforma operativa desde el 01 de enero de 2016, fecha en la cual entró en vigencia el Reglamento del Aporte por Regulación al OSIPTEL (en cuanto al lineamiento de la presentación de las declaraciones de ingresos gravados), aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 085-2015- CD/OSIPTEL. La pregunta que se pretende resolver está centralizada en conocer, si ¿La reforma en el proceso de implementación de la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas del Aporte por Regulación al OSIPTEL genero realmente Valor Público? La hipótesis que argumenta el trabajo de investigación demostrará que la Implementación de la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas del Aporte por Regulación al OSIPTEL constituye una reforma institucional dirigida en simplificar tareas propias del Regulador, no generando Valor Público al Ciudadano. Lo que resume que dicha mejora no significa una política pública en simplificación adoptada por dicha entidad. Con la interrogante matriz y con la hipótesis presupuestada se deberán analizar colateralmente las iniciativas adoptadas, así como las limitaciones y los problemas existentes en las etapas del proceso. Describiendo que la reforma fue una iniciativa conceptualizada desde un enfoque mixto, el mismo que se argumentó estar realizado con miras de abajo hacia arriba (bottom–up), pero paralelamente necesitaba de la recepción y la aprobación del enfoque de arriba hacia abajo (top–down), por lo cual se aseveraba que esta vertiente mixta fortaleció el proceso. También se tratarán los problemas y los desperfectos del sistema, como la falta de acceso del OSIPTEL a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y la imposibilidad de asociar el pago virtual de los aportes desde la plataforma, como mecanismos tecnológicos de soporte a la simplificación administrativa del Ente Regulador. Esquematizándose y cuestionándose, si efectivamente este sistema constituye una Política de Gestión de Simplificación Administrativa, analizando las características de los procesos y los componentes de toda Política Pública. En efecto, la investigación discute si la Plataforma Virtual obedece a una Política Pública de Simplificación Administrativa, cuestionándose si su formalización está dotada o no de Valor Público al haberse evidenciado que el principal factor y la motivación de la implementación fue la premura en facilitar las funciones del propio personal de la Institución, relacionadas con el trabajo operativo de registrar manualmente todas las Declaraciones Juradas del Aporte, proponiéndose acciones impulsadas por los trabajadores, enfoque de abajo hacia arriba, es decir, para la aprobación de la Alta Dirección del OSIPTEL. Sin embargo, es cuestionable determinar si ciertamente este sistema constituye una Política de Gestión de Simplificación Administrativa, analizando las características de los procesos y los componentes de toda Política Pública; siendo que en el análisis resulta la evidencia de un proceso de mejora de una herramienta que agiliza los trámites vinculados al cumplimiento tributario entre el OSIPTEL como Administrador Tributario (sujeto-activo) y las Empresas Operadoras como Contribuyentes (sujeto-pasivo); delimitándose que corresponde a las acciones del ente regulador para modernizar, simplificar y reformar los trámites y las diligencias regulares; creando sistemas virtuales que permitan la implementación de una herramienta de fácil acceso a disposición de las empresas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo. Las evidencias fueron obtenidas de la información recolectada de las entrevistas realizadas a los trabajadores involucrados en la creación y la implementación de la Plataforma Virtual, aplicando un enfoque cualitativo con un diseño no experimental orientado al estudio de una Política de Gestión de un organismo. Asimismo, se realizaron encuestas al personal del OSIPTEL y a las empresas operadoras con autorización para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.

La presente tesis plantea como hipótesis que la regulación ambiental del transporte de petróleo crudo por ductos, así como las estrategias de enforcement aplicadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en el periodo comprendido entre marzo del 2011 y setiembre del 2018 adolecieron de fallas que no favorecieron la prevención de los impactos negativos derivados de los derrames de petróleo crudo en el marco de la operación del Oleoducto Norperuano a cargo de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. En ese sentido, de la revisión de fuentes bibliográficas respecto de los temas teóricos y técnicos aplicables, así como del análisis cuantitativo y cualitativo de los derrames de petróleo que se produjeron entre marzo del 2011 y setiembre del 2018, se corroboró parcialmente dicha tesis, en la medida que observaron factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan la consecución de los objetivos de la regulación ambiental e influyen en la eficacia de su enforcement, así como falencias asociadas a: los rangos de multa para las infracciones vinculadas a los derrames de petróleo crudo; la vigencia del PAMA del ONP; la configuración de la obligación de adoptar medidas de prevención; y la obligación de descontaminar las áreas afectadas como consecuencia de los derrames de petróleo crudo. Es así que la presente tesis pretende aportar un enfoque de análisis sustentado en los conceptos teóricos propios de la regulación y el conocimiento objetivo y detallado de la problemática de los derrames de petróleo crudo y aportar información que permita reformular la regulación ambiental de la materia, así como la estrategia de enforcement aplicada por el OEFA para alcanzar el objetivo de una fiscalización ambiental eficiente, que favorezca la reducción de la cantidad de derrames de petróleo crudo. / Tesis

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar las condiciones que debe verificar el OSIPTEL para la aplicación de medidas correctivas en el marco de un procedimiento administrativo sancionador que haya sido conducido por sus órganos sancionadores. La justificación a esta finalidad se fundamenta en el hecho de que el OSIPTEL, a pesar de tener el deber de valorar la viabilidad de adoptar medidas correctivas para resolver sus procedimientos sancionadores, mantiene una actitud punitiva, pues, sus decisiones han culminado en ese extremo. Por ello, nuestra posición sobre esta situación se sustenta en la afirmación de que el OSIPTEL puede emplear medidas correctivas como mecanismo menos gravoso y que con ello se consolide, del mismo modo, la promoción de una cultura de cumplimiento entre las empresas operadores del sector de las telecomunicaciones. Para alcanzar este propósito, la investigación se estructura en función a tres capítulos, siendo el tercero el que evidencie los resultados del análisis de las estadísticas sobre la práctica regulatoria del OSIPTEL en el ejercicio de su potestad sancionadora y el resultado que esta práctica ha tenido en término de impacto favorable en el cumplimiento de la norma.

El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que vulneren los derechos a los administrados sujetos a su competencia. Pero, este análisis no solo tiene por objetivo identificar dichas falencias y vacíos normativos, sino también plantear soluciones que permiten contribuir de mejor manera en la actuación de la Administración Pública. Los instrumentos que se ha utilizado en presente trabajo es el marco normativo que aplica al sector ambiental dentro un procedimiento administrativo sancionador, la jurisprudencia que aborda los principios del procedimiento administrativo y la doctrina que aborda temas no solo de principios sino también temas como procedente vinculantes en materia administrativa. En ese sentido, entre las principales conclusiones en que llega en el análisis de un caso surgido entre la Empresa Administradora Chungar y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es que, se ha vulnerado claramente los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, y que, por ende, correspondía a uno de los órganos que se interviene dentro del procedimiento que declare la nulidad de lo actuado, pero al no pasar esto, tiene por resultado emitir un precedente vinculante que contraviene el marco normativo aplicable. / The general objective of the work is to identify the regulatory gaps that we identify in administrative sanctioning procedures, and as in this context, the Public Administration may incur in vices that violate the rights of the administrations subject to its competence. However, this analysis is not only intended to identify these gaps and regulatory gaps, but also to propose solutions that allow a better contribution to the performance of the Public Administration. The instruments that have been used in this work are the normative framework that applies to the environmental sector within an administrative sanctioning procedure, the jurisprudence that addresses the principles of the administrative procedure and the doctrine that addresses issues not only of principles but also issues such as binding in administrative matter. In this sense, among the main conclusions reached in the analysis of a case that arose between the Chungar Administrative Company and the Environmental Assessment and Enforcement Agency, is that the principles that govern the administrative sanctioning procedure have been clearly violated, and that Therefore, it corresponded to one of the bodies that intervenes within the procedure to declare the nullity of the action, but when this does not happen, the result is to issue a binding precedent that contravenes the applicable regulatory framework.

La controversia en el expediente se origina a partir de la solicitud de arrendamiento de material tractivo y rodante de Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. (Fersimsac), nuevo operador de servicios de transporte ferroviario. Fersimsac solicita a Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetrans) el arrendamiento del material tractivo y rodante que este había recibido como parte de la concesión del Ferrocarril Sur Oriente. No obstante, Fetrans alegó que este material había sido arrendado en su totalidad a su empresa vinculada Perurail, quien prestaba los servicios de transporte ferroviario de acuerdo con lo previsto en su contrato de concesión. Lo anterior fue analizado por la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a raíz de una denuncia de Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte (OSITRAN) y Fersimsac en contra de Fetrans por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato y discriminación. Esta es la controversia que da origen al presente Expediente y cuyos aspectos controvertidos comprenden materias la interpretación del Contrato de Concesión, el análisis de competencia sobre el material tractivo y rodante, así como la participación de OSITRAN en el procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, considero que INDECOPI no realizó una correcta interpretación del Contrato de Concesión, la misma que tuvo impacto en una incorrecta delimitación del mercado relevante. Finalmente, OSITRAN no fue incorporado en el procedimiento como correspondía, lo cual fue corregido por el Tribunal. Finalmente, es importante notar que esta controversia se mantiene a nivel judicial. Esta controversia fue materia de pronunciamiento de la justicia constitucional, debido a una acción de amparo presentada por Perurail en la cual cuestionaba la admisión de la apelación de OSITRAN y que tuvo como consecuencia permitir a la Sala conocer la controversia. Si bien ya se contaba con un pronunciamiento de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaraba nula la admisión de la apelación y firme la decisión de la Comisión, todo lo actuado fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 18 de agosto de 2020 recaída en el Expediente No. 1484-2015-PA/TC. Así, el Tribunal Constitucional ha ordenado volver a la etapa de admisión de la demanda y la controversia sobre la admisión de OSITRAN en el procedimiento sigue pendiente

Uno de los mecanismo más innovadores y populares de la administración pública para incidir en la esfera jurídica del administrado son las medidas correctivas; sin embargo, las mismas son materia de comentarios y criticas constantes. En adición a ello, es en el ámbito de las telecomunicaciones en las que observa la mayor cantidad de medidas impuestas, a pesar que la regulación no resulta ser tan amplia ni minuciosa como en otros ámbitos. Dado que su utilización ayuda a combatir las infracciones de los administrados, pues otorga una respuesta inmediata frente a los daños ocasionados. El objetivo del presente trabajo es establecer en qué medida las medidas correctivas impuestas por OSIPTEL resultan ser un mecanismo de arbitrariedad y abuso hacia el administrado. Asimismo, la hipótesis que trabajaremos en este artículo es que, en el ejercicio, las medidas correctivas interpuestas por el regulador OSIPTEL resultan ser un mecanismo de arbitrariedad y atropello a los derechos del administrado. Para lograr ello, se analizará dos casos actuales del regulador en cuestión, esto en aras de observar las vulneraciones y deformaciones que sufre la figura en su ejercicio. Todo ello, para concluir que, en el desarrollo de sus facultades, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones vulnera principios básicos; por lo que, si resultan ser un mecanismo de arbitrariedad y abuso las medidas correctivas impuestas. / One of the most innovative and popular mechanisms of public administration to influence the legal sphere of the administered is corrective measures; however, they are the subject of constant comments and criticism. In addition to this, it is in the field of telecommunications that it observes the greatest number of imposed measures, despite the fact that the regulation does not turn out to be as extensive or detailed as in other areas. Since it is use helps to combat the infractions of the administered ones, since it provides an immediate response to the damages caused. The objective of this work is to establish to what extent the corrective measures imposed by OSIPTEL turn out to be a mechanism of arbitrariness and abuse towards the company. Likewise, the hypothesis that we will work on in this article is that, in the exercise, the corrective measures brought by the regulator OSIPTEL turn out to be a mechanism of arbitrariness and violation of the rights of the company. To achieve this, two current cases of the regulator in question will be analyzed, this in order to observe the violations and deformations that the figure suffers in its exercise. All this, to conclude that, in the development of its powers, the Supervisory Agency for Private Investment in Telecommunications violates basic principles; Therefore, if the corrective measures imposed turn out to be a mechanism of arbitrariness and abuse.

El trabajo de investigación identifica un problema público que surge por una reducida participación ciudadana en la emisión de observaciones, comentarios o sugerencias a los proyectos normativos elaborados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA debido a que, durante el período del 2016 al 2019 se ha evidenciado que el número de participantes efectivos no supera ni el 1 % de los participantes potenciales (administrados del OEFA y EFA de nivel nacional, regional y local). Entre las principales causas del problema público identificado se encuentra la ausencia de procedimientos claros y específicos, la falta de conocimiento sobre las oportunidades para participar, así como una débil promoción de los procesos de participación toda vez que, la ciudadanía interesada en temas de fiscalización ambiental no cuenta con los canales idóneos ni recibe de manera oportuna la información pertinente que les garantice su derecho constitucional a la participación. Para solucionar este problema público se propone el diseño, creación e implementación de un Sistema de Regulación y Participación en Fiscalización Ambiental (SIREFA), la cual elevaría la participación ciudadana en la emisión de observaciones, comentarios o sugerencias a los proyectos normativos elaborados por el OEFA. Este sistema es una herramienta tecnológica intuitiva que cuenta con cuatro (4) componentes que le permite, tanto a las y los usuarios internos (servidores(as) civiles del OEFA), así como a las y los usuarios externos (ciudadanía en general), acceder a los textos en formato editable de los proyectos normativos y realizar los aportes pertinentes, de manera fácil y rápida, generando de esta forma, buenas prácticas de gestión pública en la categoría consulta y participación ciudadana, al constituirse en una de las primeras plataformas de su naturaleza en América Latina y El Caribe. El prototipo del SIREFA es un proyecto viable en su desarrollo e implementación toda vez que, garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía y, al mismo tiempo, se ha justificado que el SIREFA contaría con viabilidad, deseabilidad y factibilidad debido a que, la propuesta se alinea al planeamiento estratégico de la entidad para la mejora normativa y digitalización; y sobre todo se construye sobre las experiencias de optimización de los procesos digitales para la participación de actores clave de sus procesos. / The research work identifies a public problem that arises from a reduced citizen participation in the issuance of observations, comments or suggestions to the normative projects prepared by the Environmental Assessment and Enforcement Agency - OEFA because, during the period from 2016 to 2019 the number of effective participants does not exceed 1 % of potential participants. Among the main causes of the identified public problem is the absence of clear and specific procedures, the lack of knowledge about the opportunities to participate, as well as a weak promotion of the participation processes, since the citizens interested in environmental enforcement issues do not have the appropriate channels nor do them receive in a timely manner the pertinent information that guarantees its constitutional right to participation. To solve this public problem, the design, creation and implementation of a System of Regulation and Participation in Environmental Enforcement (SIREFA) is proposed, which would increase citizen participation in the issuance of observations, comments or suggestions to the normative projects prepared by the OEFA. This system is an intuitive technological tool that has four (4) components that allow internal as well as external users, to access the texts of the normative projects in editable format and allows them to register the observations, comments or pertinent suggestions, easily and quickly, thus generating good public management practices in the category of citizen consultation and participation, by becoming one of the first platforms of its kind in Latin America and the Caribbean. The SIREFA prototype is a viable project in its development and implementation since it guarantees the right to citizen participation, in a simple and fast way access to the texts of the normative projects, in editable format, justifying that the SIREFA has viability, desirability and feasibility because the proposal is aligned with the entity's strategic planning for regulatory improvement and digitization; and, above all, it is built on experiences of optimization of digital processes for the participation of key actors in their regulatory processes.