El presente documento plasma mi experiencia profesional en el área de Precios de Transferencia y está integrado por un informe de valorización realizado para determinar el valor al que debe ser pactada una operación de venta de un activo intangible entre partes vinculadas, de modo que refleje el valor que terceros independientes acordarían en una operación similar realizada en condiciones comparables. Los análisis de precios de transferencia resultan relevantes en un contexto globalizado como el actual, en el que son cada vez más comunes las transacciones intercompañía1 realizadas al interior de grupos tanto nacionales como multinacionales, dado que son, usualmente, operaciones implementadas con el propósito de efectuar actividades integradas que permitan generar sinergias, optimizar costos, entre otros. En razón a esto, la valorización objeto de este informe se realizó haciendo uso de la normativa de precios de transferencia incluida en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, así como de las directrices emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, se utilizó información financiera publicada por el INEI2 e información de acceso privado proporcionada por Standard & Poor’s mediante su plataforma Capital IQ.

La apertura y extensión de la economía mundial han tenido un impacto significativo en el ascenso de distintas operaciones económicas entre empresas vinculadas o relacionadas en diversos territorios. La relevancia de estas operaciones radica en la necesidad de determinar un valor o un precio en un escenario de libre mercado; es decir, plena competencia o "arm's length", a través de la regulación de precios de transferencia. Esto es esencial para la planificación y organización de las operaciones entre empresas vinculadas. Este documento resume mi experiencia laboral durante los últimos dos años, durante los que me he desempeñado como asistente de precios de transferencia en la empresa TPC GROUP INTERNATIONAL S.A.C. En la actualidad, donde la fiscalización y la regulación de precios de transferencia son áreas críticas para las empresas multinacionales, mi experiencia laboral es valiosa para garantizar el cumplimiento normativo y la gestión eficiente de las operaciones entre empresas vinculadas por medio del uso de los precios de transferencia. Asimismo, mi trabajo contribuye a instaurar relaciones comerciales equitativas para prevenir la evasión y elusión fiscal, según las regulaciones establecidas por las diversas entidades tributarias a nivel nacional e internacional.

Prior to the last reform of the transfer pricing regime, only the application of specific valuation methods was allowed, which generated several practical and constitutional problematic issues. These were partially solved with the recent inclusion of a provision that allows the application of “other methods”. This paper analyzes the issues of the previous situation, as well as the solutions presented by the reform and its corresponding limits. Finally, the authors propose several precisions that, in their opinion, should be included in the regulation of the “other methods”. / Previamente a la última reforma del régimen peruano de precios de transferencia, solo se permitía la aplicación de métodos específicos de valoración, lo que generó una serie de problemas de índole práctica y constitucional. Estos se resolvieron parcialmente con la reciente inclusión de una disposición que permite la aplicación de “otros métodos”. El presente trabajo analiza la problemática de la situación previa, así como las soluciones que presenta la reforma y sus límites. Por último, se propone una serie de precisiones que, a juicio de los autores, deberían incluirse en la reglamentación de los “otros métodos”.

El presente trabajo de investigación, expondrá algunos problemas surgidos a raíz de los cambios incorporados en materia de precios de transferencia por los Decretos Legislativos N° 1112 y 1124, así como su reglamentación a través del Decreto Supremo 258-2012-EF. / Trabajo de investigación

Los precios de transferencia son precios que una entidad traspasa a sus vinculadas: bienes, servicios o cualquier otro tipo de transacciones que tienen que estar a valor de mercado. En este sentido, la mayoría de veces requieren ser ajustados a través de los diferentes métodos de valor de mercado determinados en la normativa vigente. Es así que al interpretarlos se deben usar las fuentes de interpretación que están estipuladas en el inciso h) Artículo 32 A de la Ley de Renta, que establece a las Guías sobre Precios de Transferencias para Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales autorizadas por la OCDE. Estas Guías establecen parámetros comunes que regulan los precios, no provienen de una Ley y por tanto pueden vulnerar el principio de legalidad. El fin general de esta investigación fue determinar si las fuentes de interpretación para precios de transferencia establecidas en el inciso mencionado vulneran el principio de legalidad, tomando en cuenta la jurisprudencia establecida y el alcance de estas. Metodológicamente, se sustenta bajo el paradigma interpretativo, apoyado en el método analítico-sintético. Se estudió un caso con la aplicación del inciso citado. Para la recolección de información se llevó a cabo entrevistas a especialistas, revisión bibliográfica y análisis documentario. Se concluyó que existen dos vertientes asociadas al tema, por un lado, algunos sostienen que por no tener el carácter legal pueden vulnerar el principio de legalidad pues indirectamente se modifica la base tributaria y, por otro lado, los que expresan que las Guías OCDE son las que ofrecen mayor información.

El presente documento plasma mi experiencia profesional en el área de Precios de Transferencia y analiza el tratamiento de servicios intragrupo en dicho ámbito en el marco de la normativa local del Test de Beneficio, enfocándose en mi experiencia de asesoría a clientes en procesos de fiscalizaciones por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El ámbito de precios de transferencia abarca el análisis de las operaciones entre partes vinculadas a fin de determinar si las mismas se realizaron a valor de mercado y no generaron un perjuicio a la base tributaria. En este sentido, los precios de transferencia han cobrado relevancia en la planificación y documentación tributaria global de las entidades que pertenecen a grupos tanto nacionales como multinacionales en la medida que determinan en gran medida la distribución de los ingresos y los gastos y, por tanto, los beneficios gravables de empresas vinculadas. Para efectos de la elaboración del presente informe se hizo uso de la normativa local de precios de transferencia, estipulada en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) y su Reglamento, así como de los lineamientos emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El presente documento resume mi experiencia laboral durante los últimos dos años y medio en donde me he desempeñado como practicante pre-profesional, profesional y asistente de precios de transferencia en la empresa Grant Thornton International. En general, la importancia del crecimiento de la liberalización y globalización de la economía mundial han permitido el incremento de transacciones económicas de bienes y servicios entre empresas vinculadas o asociadas. Este tipo de operaciones son importantes para poder establecer el justo valor de mercado o “arms length” mediante la regulación de los precios de transferencia, la cual es importante para poder planificar, organizar y proyectar las operaciones entre empresas vinculadas. Acorde a lo mencionado, mi experiencia laboral se basa en cinco puntos principales: análisis económicos y financieros; análisis de mercados de distintas industrias; recopilación y coordinación de proyectos; levantamientos y sistematizaciones de información; y, finalmente, la elaboración de estudios de precios de transferencia para la presentación ante la administración tributaria - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

En el presente documento se aborda, desde mi experiencia laboral en procesos de fiscalización de precios de transferencia por parte de SUNAT, la aplicación de una metodología que permita evaluar adecuadamente el cumplimiento del Principio de Libre Concurrencia en operaciones de importación de mercadería de empresas del sector retail peruano a proveedores domiciliados en territorios no cooperantes o de bajo o nula imposición tributaria. La discusión respecto a la forma de determinar la aproximación a un “valor de mercado” en este tipo de operaciones se centra principalmente no en la metodología aplicada (a saber, el método del Precio de Reventa), sino en la forma de enfocar el análisis sobre los diferentes segmentos de negocio de las empresas retail y de sus estrategias comerciales que para la determinación de los precios de venta. Dicha discusión nace por un desconocimiento de la naturaleza y estrategia de negocio de la industria retail por parte de SUNAT, lo cual genera que la autoridad tributaria intente imponer una metodología que no se ajusta a la realidad comercial de los minoristas y reclamando así el reparo tributario de montos importantes en el pago del impuesto a la renta de dichas compañías. La metodología propuesta en el presente documento se basa en una evaluación metodológica sobre la naturaleza de las operaciones bajo análisis (importación de mercadería de paraísos fiscales) y la estrategia comercial seguida por las empresas retail en la determinación de los precios de venta minoristas (enfoque de portafolio).

Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal No. 02112-5-2019, dicho órgano concluyó que no era posible aplicar, durante el ejercicio 2005, las reglas de valor de mercado a los servicios gratuitos de cualquier tipo (incluyendo los de financiamiento – es decir, a los préstamos sin interés), pues la LIR recién amparó dicha posibilidad a partir del ejercicio 2006, incluyendo a “los servicios a cualquier título” en el artículo 32 de la norma. El presente informe jurídico busca discutir, justamente, dicha posibilidad. En efecto, nos enfocamos en la problemática referida a la posibilidad de aplicar las reglas de valor de mercado, previstas en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, a los préstamos gratuitos entre partes vinculadas, de manera previa a la modificación de dicha norma por la Ley No. 28655 (vigente desde el 1 de enero del 2006). Al respecto, el expediente nos enfrenta a conceptos tributarios como lo son las teorías de renta o las reglas de imputación, los cuales deben ser analizados sobre la base de la constitucionalización de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, la interpretación de las normas tributarias debe realizarse siempre tomando en cuenta los principios de capacidad contributiva y equidad previstos en nuestra Constitución, y reconociendo la reserva de ley consagrada en nuestra norma constitucional. Dicha labor es indispensable en un Estado Constitucional de Derecho, pues nos permite reflexionar sobre los límites que existen a la potestad tributaria, y las tensiones que existen entre la propiedad privada y el gravamen estatal. Con la finalidad de analizar exhaustivamente las materias aquí expuestas, el informe discute: i) el Estado Constitucional de Derecho y su relación con el derecho tributario, ii) las teorías de renta en la LIR y las denominadas rentas fictas, iii) las reglas de imputación vinculadas a los préstamos u otorgamientos de capital, previstas en el artículo 26 de la LIR, y su conceptualización como rentas presuntas y/o fictas, y iv) la posibilidad que existía, al ejercicio 2005, de valorizar los préstamos gratuitos entre partes vinculadas, en aplicación conjunta de los artículos 26 y 32 de la LIR. La metodología que hemos utilizado para cumplir con este objetivo ha implicado una revisión profunda de la doctrina en materia tributaria, desde las teorías de renta hasta la naturaleza de los capitales, y la doctrina constitucional, que precisa los límites y manifestaciones del concepto del tributo en un Estado Constitucional de Derecho, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los informes de la Administración Tributaria y la jurisprudencia del Tribunal Fiscal.

El plazo para solicitar información durante el procedimiento de fiscalización es distinto al plazo que tiene la Administración Tributaria para ejercer su facultad de fiscalización. Máxime cuando de por medio la materia a fiscalizar está vinculada a la aplicación de normas de precios de transferencia, la cual tiene sus propias reglas. No obstante, en ambos casos están sujetos a un plazo máximo el cual es el plazo de prescripción. Así, en el primer capítulo vinculado al ejercicio de la facultad de fiscalización se busca demostrar que la Sentencia de Casación No.17824-2023 partió de una premisa jurídica errónea al sostener que el caso de las fiscalizaciones parciales vinculados a normas de precios de transferencia, sí tienen un plazo para solicitar información, a pesar de que se desprende del CT que no existe un plazo. De otro lado, en el segundo capítulo vinculado a la prescripción como plazo máximo para ejercer la facultad de fiscalización, se busca evidenciar que en el sistema legal tributario no hay ningún impedimento para que se puede suspender su plazo conforme el inciso f) del numeral 1 del artículo 46 del Código Tributario. Ello debido a que la controversia era determinar si en el caso de las fiscalizaciones parciales vinculadas a normas de precios de transferencia en los cuales no había un plazo para solicitar información, se podía suspender el plazo de prescripción. / The period for requesting information during the audit procedure is different from the period that the Tax Administration has to exercise its audit authority. Especially when the subject matter to be audited is related to the application of transfer pricing rules, which have their own regulations. Nevertheless, in both cases, they are subject to a maximum period, which is the statute of limitations. Thus, in the first chapter related to the exercise of the audit authority, it aims to demonstrate that Cassation Judgment No. 17824-2023 was based on an erroneous legal premise by stating that partial audits related to transfer pricing rules do have a period to request information, despite the fact that the Tax Code implies there is no such period. On the other hand, in the second chapter related to the statute of limitations as the maximum period to exercise the audit authority, it aims to show that in the tax legal system there is no impediment to suspending its period in accordance with subsection f) of numeral 1 of article 46 of the Tax Code. This is because the controversy was to determine whether, in the case of partial audits related to transfer pricing rules where there was no period to request information, the statute of limitations could be suspended.