Tesis (Magister en Derecho con Mención en Derecho Público)

La presente investigación se basó en la presunta existencia de un conflicto entre el principio de legalidad y los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad al momento en que estos interactúan cuando se determina la penal, en el proceso especial de terminación anticipada. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de las sentencias emitidas por los juzgados de investigación preparatoria del módulo básico de justicia del distrito de José Leonardo Ortiz, teniendo como referencia el periodo de agosto de 2013 a agosto del 2015. Para esto, se he creído conveniente dividir esta investigación en tres capítulos, el primero de ellos, denominado “los principios de legalidad, lesividad, proporcionalidad y humanidad en la determinación de la pena”, en el cual se describen cada uno de los principios rectores del derecho penal, haciendo un especial énfasis en la importancia de los principios antes señalados. El segundo capítulo, lleva como nombre “la determinación de la pena en los proceso de terminación anticipada”, en este capítulo se define conceptos tanto de qué se entiende por determinación de la pena, cómo se calcula la misma, en base a lo señalado en el artículo 45- A del Código Penal, así como qué es la terminación anticipada, sus beneficios, procedimiento y audiencia en la que se realiza esta. Finalmente tenemos el “análisis de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad en los procesos de terminación anticipada en el distrito de José Leonardo durante el periodo agosto 2013 a agosto 2015”. En el cual se hace un análisis general, a fin de poder resolver nuestra hipótesis inicial y lograr nuestros objetivos, haciendo uso de diversos gráficos que nos ayudan a apreciar mejor la incidencia de los procesos que culminaron a través del proceso especial de terminación anticipada. / Tesis

El presente trabajo tiene por finalidad mostrar una visión panorámica del tratamiento del principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las páginas que siguen nos avocaremos al tratamiento pormenorizado de estos dos principios constitucionales del Derecho Penal: el Principio de Legalidad y el Principio de Proporcionalita. El primero de ellos por ser la fuente básica de la cual emana todo el ordenamiento jurídico criminal, garantía de libertad para los individuos y componente básico de todo Estado de Derecho que merezca ser llamado de este modo. Y el principio de proporcionalidad por constituir uno de los ámbitos menos abordados por la doctrina, y estar compuesto por una variedad de otros subprincipios que en si, junto al principio de legalidad, sientan las bases de las limitaciones al poder punitivo del Estado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El objeto de esta memoria es poner en tela de juicio los basamentos filosóficos jurídicos de de la teoría de la eficacia directa de los derechos fundamentales, teoría que está en la base del procedimiento de tutela, establecido en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo. En consecuencia, los conceptos fundamentales a problematizar, y que sirven a la justificación de la teoría de la eficacia directa, son el concepto de supremacía constitucional, la distinción entre reglas y principios, y el principio de proporcionalidad de Robert Alexy. El fundamento principal de la crítica a la eficacia directa, y los conceptos fundamentales que la justifican, constituye la distinción entre conceptos y concepciones, según el cual los derechos fundamentales constituyen conceptos apriorísticos y transversales a todas las perspectivas políticas, pero para tener un contenido concreto necesitan ser llenados de contenido con una concepción particular sobre lo que ese concepto debe querer decir, y ello consiste en las perspectivas políticas acerca de los mismos. Por esta razón, la determinación del contenido concreto debe efectuarse a través de reglas que hagan poco probable que los jueces derroten dichas reglas con una perspectiva política distinta a la que subyace a la regla. 4 Por otro lado, en cuanto a los efectos prácticos de la teoría de la eficacia directa de la constitución, esta memoria pone de relieve el hecho de que al poseer diversas perspectivas políticas la interpretación de los derechos fundamentales, la interpretación judicial puede implicar una perspectiva distinta a la que subyace al Derecho del Trabajo chileno, pudiendo aquella derrotar a las reglas del Código del Trabajo. Esta memoria hace hincapié en diversos casos en que esta hipótesis se ha hecho realidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La criminalización de la colusión fue una respuesta legislativa a la demostrada insuficiencia preventiva ofrecida por el DL N° 211. En este trabajo se analiza la legitimidad de la criminalización de la colusión a la luz del principio de proporcionalidad, sometiendo sus normas de comportamiento y su norma de sanción a un test para verificar la satisfacción de dicho principio. Para ello, se ofrecen ciertas herramientas históricas y dogmáticas a efectos de poder realizar un análisis global del fenómeno de la colusión y de la decisión legislativa de su criminalización. Se concluye que la criminalización de la colusión es legítima desde la óptica del principio de proporcionalidad constitucional, y se ofrecen algunas consideraciones finales acerca de otras medidas idóneas para prevenir y sancionar conductas colusivas.

The purpose of this article is to highlight the importance of the Proportionality Principle as a valid legal criterion to determine when a given industry must be ex ante regulated by the Government through a specific sectorial regulatory framework or whether the application of the general antitrust and competition laws to such industry must be considered as a valid alternative. To this ends, this article analyzes the case of the Argentinean Law of Audiovisual Communications Services as it was treated by the Supreme Court of Argentina in the Grupo Clarín case. / En este trabajo se pretende señalar la importancia del principio de proporcionalidad como un criterio jurídico válido para determinar cuándo una determinada industria debe ser regulada de modo sectorial y ex ante o cuando resulta preferible hacerlo mediante modalidades menos intrusivas como, por ejemplo, el régimen de defensa de la competencia. A estos efectos, se utilizará como ejemplo lo ocurrido en la República Argentina con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia en el caso del Grupo Clarín.

La presente investigación se basó en la presunta existencia de un conflicto entre el principio de legalidad y los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad al momento en que estos interactúan cuando se determina la penal, en el proceso especial de terminación anticipada. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de las sentencias emitidas por los juzgados de investigación preparatoria del módulo básico de justicia del distrito de José Leonardo Ortiz, teniendo como referencia el periodo de agosto de 2013 a agosto del 2015. Para esto, se he creído conveniente dividir esta investigación en tres capítulos, el primero de ellos, denominado “los principios de legalidad, lesividad, proporcionalidad y humanidad en la determinación de la pena”, en el cual se describen cada uno de los principios rectores del derecho penal, haciendo un especial énfasis en la importancia de los principios antes señalados. El segundo capítulo, lleva como nombre “la determinación de la pena en los proceso de terminación anticipada”, en este capítulo se define conceptos tanto de qué se entiende por determinación de la pena, cómo se calcula la misma, en base a lo señalado en el artículo 45- A del Código Penal, así como qué es la terminación anticipada, sus beneficios, procedimiento y audiencia en la que se realiza esta. Finalmente tenemos el “análisis de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad en los procesos de terminación anticipada en el distrito de José Leonardo durante el periodo agosto 2013 a agosto 2015”. En el cual se hace un análisis general, a fin de poder resolver nuestra hipótesis inicial y lograr nuestros objetivos, haciendo uso de diversos gráficos que nos ayudan a apreciar mejor la incidencia de los procesos que culminaron a través del proceso especial de terminación anticipada.

En el presente trabajo se analizó si resulta proporcional que en el delito de usurpación el cual se encuentra regulado en el artículo 202° del Código Penal, se establezca la misma pena privativa de libertad cuando el hecho delictivo se realiza ejerciendo violencia sobre las personas o sobre los bienes, si tomamos en cuenta que la integridad física de la persona es más valiosa que el patrimonio, por lo que, merecen una sanción diferente, a fin de evitar que existan sanciones y penas injustas en la norma. Por ello, basándose en el principio de proporcionalidad se pretende establecer una menor pena cuando el agente comete el delito ejerciendo violencia sobre los bienes, pues, no es lo mismo atentar contra la integridad física de la persona que dañar o malograr un bien.

La presente investigación sostiene como hipótesis que resulta válido establecer un control ex-ante a las ordenanzas municipales que determinen sanciones pecuniarias, a efectos de cautelar la observancia al principio de razonabilidad. Esta medida responde a que, si dichas sanciones no se encuentran debidamente sustentadas en ese marco normativo interno, los efectos de su aplicación podrían resultar ilegales e inconstitucionales, al permitir alcanzar sumas manifiestamente desproporcionadas, vulnerando así derechos fundamentales del administrado. Cuando nuestra hipótesis utiliza el término de validez, es en el sentido de demostrar que se justifica o resulta necesario establecer ese control ex ante; así como que, resulta técnica y jurídicamente viable; esto es sin vulnerar la autonomía municipal. Como metodología se utiliza la argumentación jurídica constitucional, el análisis normativo, el estudio de casos; entre otros, para evidenciar que el marco normativo general al cual las municipalidades se encuentran sujetas resulta insuficientemente desarrollado, dejando gran parte de la regulación a su normativa interna, lo que permite ampliar los ámbitos de su discrecionalidad, lo que deviene en incumplimientos, contradicciones y/u omisiones a la norma general. Esto mismo sucede cuando se regula en su facultad sancionadora; lo que permite por parte de los operadores municipales, escasa rigurosidad en el sustento técnico para establecer los valores determinados como sanción en su normativa e imposibilita la aplicación efectiva de criterios de gradualidad previstos en la ley, lo que no coadyuva en garantizar la obtención de sanciones justas. Es con ese objetivo que, en el presente trabajo se desarrollan alternativas de propuesta regulatoria.