Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las últimas décadas ha existido un verdadero cambio en cómo se concibe el rol del derecho penal, desde la perspectiva de los derechos fundamentales. La mirada tradicional sobre la actividad punitiva del Estado estuvo enfocada hacia alcanzar su mayor limitación posible, en tanto se le reconoció como un ámbito del actuar estatal que importaba serias restricciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, esta mirada, si bien sigue reconociendo los riesgos de la actividad sancionatoria, ha incorporado una nueva mirada, esto es, que el derecho penal también puede constituir una herramienta útil para la protección de los derechos fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Para los efectos del presente trabajo, se partirá de la base de la legitimidad política de ius puniendi, siendo uno de los propósitos de éste, determinar el origen de la legitimidad constitucional del mismo, tema que trataremos en el Capítulo I. Una vez dilucidado este punto, nos abocaremos a establecer cuál es el concepto de derecho fundamental a que adscribimos, para luego dedicarnos, en el Capítulo II, a dilucidar qué habremos de entender por prueba ilícita y cuál ha sido su tratamiento normativo y dogmático. Para tratar el tema de la prueba ilícita, partiremos de la base del cambio que ha sufrido, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, la forma en que originalmente fueron entendidos los derechos fundamentales, pues en sus orígenes ilustrados, éstos fueron concebidos como posiciones de los individuos solamente exigibles frente al Estado y por tanto, se entendió como único sujeto activo de las vulneraciones al aparato estatal. No obstante, con la evolución de las sociedades y la pérdida de poder por parte de los Estados frente a grupos de particulares, se ha dado cabida a la posibilidad de que los particulares también sean idóneos para afectar derechos fundamentales. Es en razón de ello, que cobra importancia analizar la prueba ilícita aportada por el querellante particular y sus consecuencias, cuestión que trataremos en el Capítulo IV y también la prueba ilícita aportada por la defensa y el imputado en sus diferentes aspectos, tema de que nos ocuparemos en el capítulo V.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria busca presentar un somero análisis respecto de los principales postulados de la teoría de la Valoración Racional de la Prueba, como también del procedimiento contencioso que se sigue ante la CIDDHH para la resolución de conflictos jurídicos en torno a los Derechos Humanos. A partir de lo anterior, analizaré la valoración de la prueba en los procesos seguidos en contra del Estado de Chile a la luz de parámetros lógicos y racionales, y emitiré una opinión crítica y fundada respecto del mérito de aquella.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación intenta formular un concepto de amenaza, en el contexto del derecho procesal constitucional chileno, como causal de interposición de la “acción de protección” de derechos constitucionales. Para el logro de ello, se realizó un examen del tratamiento judicial del antecedente procesal durante las últimas 3 décadas. Igualmente, se revisó la doctrina que diversos autores formularon al respecto. De ese modo, fue posible extraer antecedentes suficientes que permitieron la aproximación a un concepto analítico de la amenaza como presupuesto procesal de la “acción de protección”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Recurso Extraordinario como una de las herramientas de la Reforma Procesal Civil ha venido a instaurar innumerables discusiones, críticas, y dudas. Por su parte, el Recurso de Unificación de Jurisprudencia Laboral operativo ya en el sistema jurídico, con una estructura similar al Recurso Extraordinario ha debido sortear críticas casi idénticas en muchos aspectos. Realizando un análisis de sus similitudes y diferencias, considerando las críticas que han sufrido ambos a partir de ellas, es que este trabajo de investigación pretende realizar una propuesta diferente sobre la base de respuestas encontradas en el Derecho comparado, y algunas existentes en la doctrina, para así solucionar las falencias del proyecto de ley. Queriendo vislumbrar igualmente acerca de la necesariedad y utilidad de la reforma, se hará también un análisis comparativo en relación al Recurso de Casación, y su función de unificación de jurisprudencia, atendiendo a la deseabilidad o no de un sistema basado en jurisprudencia vinculante, y su factibilidad de aplicación en nuestro país. Este trabajo finalmente, buscará responder a los cuestionamientos constitucionales que ha planteado la doctrina, de forma que sorteado este cortapisas último se pueda desarrollar una propuesta multifacética, que aunque alejándose del proyecto, rescate de este sus elementos esenciales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las medidas de seguridad se encuentran contempladas como una de las posibles reacciones jurídicas ante la comisión del delito. A diferencia de la pena, impuesta sobre la base de la culpabilidad, la medida de seguridad se funda en la peligrosidad del individuo. Esta memoria analizará esta institución a la luz del derecho constitucional y de la dogmática penal. Así, partiendo desde los consensos elementales exigibles dentro de un estado democrático de derecho, se realizará un examen crítico de la regulación legal y reglamentaria de las medidas de seguridad en el ordenamiento nacional, detectando sus principales falencias e inconsistencias, así como las diversas vulneraciones a los derechos fundamentales que pueden ocasionarse con su imposición.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 19/10/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto determinar cómo deben valorar la prueba los árbitros arbitradores en los juicios que están sometidos a su conocimiento. Para ello, se revisarán tanto los aspectos más relevantes del arbitraje y la figura de los árbitros arbitradores, como las nociones fundamentales respecto de la prueba civil en general y asimismo los distintos sistemas de valoración de las pruebas. Teniendo claros estos conceptos generales, se realizará un análisis de los mismos a efectos de establecer el sistema de valoración de las pruebas que deberán utilizar los arbitradores en sus juicios, tomando en cuenta también los medios de impugnación disponibles para las partes respecto de los fallos de éstos árbitros y los principios generales del debido proceso.