Las políticas estatales destinadas a incentivar la formalización y acceso a la vivienda propia a nivel nacional, sumado a la creciente demanda de unidades inmobiliarias (departamentos, oficinas, condominios, etc.), determinaron que el mercado de la construcción haya significado un pilar importante en el desarrollo económico nacional de los últimos años. Indiscutibles aliados de dicho crecimiento, fueron las instituciones financieras quienes, tanto en la adquisición como en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, modificaron su cartera de productos y los adaptaron para que se ajusten a las necesidades de este nuevo y altamente potencial mercado, facilitando así el acceso al crédito e incentivando aún más la compra y construcción de proyectos con fines habitacionales. Lamentablemente, en dicho afán de crecimiento, la norma no fue de la mano con la necesidad de regular tal situación, por tanto, los principales actores de dicho mercado – las instituciones financieras – procuraron adaptar los hechos con las condiciones legales vigentes, generando así vacíos que determinaron su propia desprotección legal. Como respuesta a ello, estas últimas, crearon nuevas condiciones o requisitos necesarios para obtener financiamiento bancario, lo que inmediatamente se vio reflejado en el freno de dicho mercado. El presente trabajo procura explicar desde un punto de vista didáctico y práctico, la forma regular de contratación en dichas operaciones y propone que la figura de la hipoteca de bien futuro, procure un incentivo al mercado, mediante la cual se logrará proteger los intereses de todos los participantes, sobre todo de las instituciones financieras y de los clientes finales. / Tesis

El acto registral en el que se centra la presente investigación es la acumulación de predios, El artículo 68 del Reglamento de Inscripciones de Predios regula una situación particular: “en los casos en los que dos o más predios materia de acumulación estén gravados con hipoteca u otro derecho real de garantía, será necesario presentar, además de la solicitud de acumulación, escritura pública otorgada por los titulares de los derechos reales de garantía constituidos expresando su conformidad como la determinación del rango de ellas”. Supongamos que un propietario desea acumular tres predios, pero estos están hipotecados, situación que complica al propietario, porque no solo requerirá la autorización de los tres acreedores, sino que además, los acreedores deberán ponerse de acuerdo, sobre el rango de cada una de las hipotecas. Ahora bien, nos preguntamos ¿si la sola presencia de una garantía real, limita las facultades que tiene el propietario sobre el bien?, demostraremos que la regulación no ha sido la correcta, porque el acto de acumulación no genera una confusión de los rangos aun cuando sean diferentes acreedores. Podemos presentar dos justificaciones para la presente investigación: en primer lugar, se trata de un tema en el que prácticamente no se han realizado estudios específicos en nuestro país, existiendo por tanto, un sinnúmero de incertidumbres sobre aquellas situaciones, donde las facultades del propietario, se confrontan con las del acreedor. Los métodos a emplear en la presente investigación son: método dogmático, en el que se repensará o reconstruirá la idea de los derechos de propiedad, hipoteca y acumulación de predios. Si bien es cierto, la doctrina ha desarrollado investigación sobre estos derechos, nosotros buscaremos las opiniones de diversos juristas nacionales e internacionales que nos faciliten sostener la posición que hemos presentado. El segundo es el método funcional al revisar y analizar el desarrollo de las figuras jurídicas estudiadas en otras disciplinas, así como la función económica. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Examina los mecanismos jurídicos de calificación registral para la inscripción del plano de trazado y lotización de predios ubicados en zonas arqueológicas o declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, inscripción de la condición de bien integrante, determina la naturaleza jurídica del acto inscribible, conoce cómo se encuentra regulada los centros históricos en otras municipalidades del Perú, la postura de los Tribunales Registrales del Perú y establece cuál es el criterio de clasificación de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación según la Ley Nº 28296 y cómo se relaciona con el Registro Jurídico de Predios, la Ley Nº 27157 – Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común; y, La Ley Nº 29090 – Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones. La visión de la investigación es contar con un registro de propiedad inmueble en el siglo XXI, constituido como un catalizador clave para las ciudades históricas sostenibles e integradoras, por medio de la publicidad erga omnes que sirva de vínculo entre la conservación del patrimonio cultural y el urbanismo contemporáneo, que se percibe como conflictiva, restrictiva y limitadora del ejercicio del derecho de propiedad; en razón que, el paisaje urbano y natural histórico es propia de la representación comunitaria e interactiva en espacios urbanos fragmentados. Esta visión, favorecerá una planificación urbana bien documentada que promueva el respeto a la identidad cultural, el paisaje cultural y al medio ambiente. / Tesis

La presente investigación tiene como objetivo general determinar las características, tendencias y consecuencias de la política criminal legislativa aplicada a la criminalidad patrimonial asociada a los delitos de hurto y robo regulados en los artículos 185º y 188º del Código Penal de 1991, respectivamente; así como sobre sus modalidades agravadas específicas descritas en los artículos 186º y 189º, respectivamente. La investigación abarca el periodo 2006- 2011, quinquenio en el que se produjo la mayor cantidad de modificaciones legislativas a los artículos mencionados La metodología empleada para el desarrollo de la investigación tiene como objeto de conocimiento el análisis legislativo de los tipos penales de robo y hurto, en base a una metodología cualitativa y estadística descriptiva. La información y el análisis se realizó aplicando las siguientes actividades cognoscitivas: i) revisión de proyectos de ley y leyes aprobadas por el Congreso de la República, así como revisión de literatura especializada en los temas de investigación, y (ii) revisión y procesamiento de bases de datos de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Instituto Nacional Penitenciario y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en lo concerniente a robo y hurto. Como resultado de esta investigación se determina que la política criminal frente a los delitos de robo y hurto, en el periodo 2006-2011, respondió a un modelo de seguridad ciudadana y de giro punitivo, en el que las decisiones de sobrecriminalización, de incremento de penas e incorporación de circunstancias agravantes específicas, fueron las más frecuentes. Esta tendencia generó dos tipos de consecuencias negativas: i) formales, vinculadas a los efectos sobre los principios configuradores del Derecho Penal, y ii) materiales, orientadas a los efectos que generan en la sociedad. / Tesis

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET)

El plagio es la acción de copiar las ideas que le pertenecen a otro sujeto, transgrediendo su derecho de autor; desde el punto de vista administrativo, se castiga como una infracción, pues se afecta derechos patrimoniales y morales recogidos en la ley de derecho de autor, decreto legislativo N° 822. Pese a lo útil que resulta la Ley, esta nos conduce a un conflicto normativo, pues el código penal, en su artículo 219° recoge el “delito de plagio”, regulando la acción de “plagiar”, no como infracción sino como un delito. Por ello, se debe contextualizar cuándo nos hallamos ante una infracción administrativa y cuando frente a un delito. Como resultado de la interrogante, se plantea como solución que cuando se afectan derechos patrimoniales- reproducción, comunicación pública, distribución, traducción e importación- nos encontramos frente a una sanción administrativa; muy por el contrario, cuando se ven vulnerados derechos morales, se comete el delito de plagio, pues se está atentado directamente contra la apropiación ilícita de ideas que por la originalidad de su manifestación en el mundo exterior le pertenecen a otro sujeto. Con lo precedente, podemos decir que, conforme a la actual regulación del delito de plagio, resulta ser un delito de propia mano, es decir, para su realización exige la ejecución personal o corporal del sujeto que se encuentre de manera inmediata a realizarlo, excluyéndose a otros. Por tanto, la persona que copia de forma total o parcial el texto, o trata de disimularla mediante ciertas alteraciones, y posteriormente lo divulga adjudicándose la autoría, será el único autor. Por ello, al incorporar el delito de plagio a la categoría de los delitos de resultado, se está abarcando vacíos que la norma, por la forma en la que el legislador la redactó, dejó mecanismos de evasión de responsabilidad penal, por citarlo de forma literal, solo será responsable aquel sujeto que realicé de forma conjunta las acciones “divulgar y copiar o reproducir”; siendo por ello, que la presente tesis, busca que las acciones propias del delito sean excluyentes. / Tesis

Estudio de caso para optar al grado de Magister en Estrategia Internacional y Política Comercial. / El presente Estudio de Caso tiene como propósito estudiar el rol que tuvieron en Chile los grupos de interés en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), específicamente en materia de Propiedad Intelectual en Chile. Para ello, se estudiará los objetivos de dichos grupos en la posición de Chile, para luego contrastar ambas posiciones, en este caso la posición asumida por Chile y la postura establecida de los grupos de interés y concluir.

Tesis no disponible en línea / Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercia / Los acuerdos de la OMC, y en especial el acuerdo sobre aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC, incluyeron una serie de regulaciones inéditas, que trajeron como consecuencia la necesidad de los países signatarios de adecuar sus legislaciones, modificando o incluyendo nuevas disciplinas en su normativa interna. La institución analizada en este informe, nace de esas directrices, y se denomina “Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”, ubicada en la sección cuarta de dicho acuerdo. El presente estudio examina los efectos de la reforma legal chilena, materializada en la ley 19912, y que en su título II, regula las medidas en frontera para la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (MFPODPI), a 10 años de su entrada en vigencia. Desde el punto de vista Metodológico se busca describir la problemática y analizar el proceso de reformas legales, desde un plano formal y material. El primer aspecto apunta a establecer si existe coherencia entre la disciplina internacional y la legislación chilena, con el objeto de develar que parte del título II de la ley 19912 infringe derechamente los acuerdos OMC, cual cumple con el marco base, y cual ha logrado tener un marco de acción más amplio que el texto internacional. Desde el punto de vista material se establece a través de estadística proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas y por medio de entrevistas a una serie de actores y usuarios del sector público y privado, la efectividad de la reforma en la fiscalización de la piratería y la falsificación, en las zonas de control a cargo del Servicio Nacional de Adunas. El trabajo comienza mediante el planteamiento de la problemática a través de su análisis teórico en base a doctrina científica y al acuerdo ADPIC, luego se analizan las distintas variables operativas entregadas por el SNA y otros estamentos públicos, y se concluye en base a la interpretación de los resultados considerando la opinión de los actores y usuarios del sistema. En general se pudo determinar, que tanto para el Servicio Nacional de Aduana, como para los representantes de las marcas, esta ley constituye un avance, al entregar un marco jurídico adecuado, a situaciones que muchas veces no tenían solución, o que debían ser resueltas por medio de interpretaciones forzadas, en base a normas aduaneras o de propiedad intelectual aisladamente.

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