El presente artículo tiene como intención demostrar la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad como criterio hermenéutico para la argumentación de las decisiones producidas como resultado de las Sanciones Administrativas en materia Socio Laboral, respaldando esta postura con argumentos legales y dogmáticos que permitirán justificar acertadamente su empleo, logrando demostrar que la aplicación de este principio conlleva al ejercicio eficiente de la potestad sancionadora en materia laboral, logrando un adecuado cumplimiento de la finalidad misma de las inspecciones laborales, que es la protección a los derechos del trabajador; para lograr este objetivo, nos detendremos no solo a realizar una interpretación sistemática de las normas laborales realizaremos un análisis detallado de las resoluciones administrativas emitidas por el órgano de inspección laboral , lo que nos permitirá verificar que las autoridades inspectivas en la mayoría de casos omiten la valoración de este principio como fuente de argumentación limitándose a desarrollar una interpretación literal de la norma y omitiendo el estudio de las condiciones especiales de cada caso, lo que da lugar a pronunciamientos indebidamente motivados y que puede poner en riesgo aun naciente sector empresarial y al propio derecho de los trabajadores; este estudio en su conjunto, nos permitirá establecer el momento legalmente válido para la aplicación del Principio de Proporcionalidad como criterio para la determinación de sanciones laborales, dentro del sistema de determinación de sanciones administrativas empleados por la autoridad laboral hasta el día de hoy, lo que brinda relevancia práctica al estudio desarrollado

Este informe jurídico analiza tres problemas centrales que se abordan dentro de la Casación 113-2017, Áncash, en el marco de la conclusión anticipada: 1) qué rol cumple el juez cuando las partes han arribado a un acuerdo, 2) en qué supuestos el juez puede rechazar dicho acuerdo, conforme al Art. 372º, inciso 5, del CPP, y 3) cuáles son los límites que tiene el juzgador al momento de imponer una pena superior a la acordada. Por ello, dentro del presente trabajo se ha concluido lo siguiente. En primer lugar, se ha establecido que el juez debe cumplir un rol activo cuando las partes han llegado a un acuerdo, en el marco de la conclusión anticipada, por lo que este debe realizar un control judicial de dicho consenso, con el fin de determinar si este acuerdo se encuentra conforme a derecho. En segundo lugar, se sostiene que, si bien no hay una mención expresa dentro del Art. 372º, inciso 5, del CPP, sobre si el juez puede rechazar la pena consensuada por las partes para imponer una superior, esta facultad se encuentra implícita debido a la exigencia que tiene el juzgador de imponer una pena de acuerdo a los principios de legalidad y proporcionalidad. Finalmente, hemos concluido, en la misma línea que la Corte Suprema, que el juez tiene 3 límites que tomar en cuenta al imponer una pena superior a la acordada por las partes, los cuales se vinculan con el respeto a los principios de: legalidad, proporcionalidad, acusatorio y congruencia. / This legal report analyzes three central problems addressed within Cassation 113-2017, Áncash, in the framework of the anticipated conclusion: 1) what role does the judge play when the parties have reached an agreement, 2) under what assumptions the judge can reject such agreement, according to Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, and 3) what are the limits that the judge has when imposing a penalty higher than the agreed one. Therefore, this paper has concluded the following. Firstly, it has been established that the judge must play an active role when the parties have reached an agreement, within the framework of the anticipated conclusion, so the judge have to carry out a judicial control of such consensus in order to determine whether the agreement is in accordance with the law. Secondly, it is argued that although there is no express mention in Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, on whether the judge can reject the penalty agreed upon by the parties to impose a higher one, this power is implicit due to the requirement of the judge to impose a penalty in accordance with the principles of legality and proportionality. Finally, in the same line as the Supreme Court, we have concluded that the judge has 3 limits to take into account when imposing a higher penalty than the one agreed upon by the parties, which are linked to the respect for the principles of: legality, proportionality, accusatory and congruence

This  article  has  as  aim  to  reflect  about  the  protection  of economic, social and cultural rights before the regressive measures adopted by governments in Latin America, as well as of the different levels of jurisdictional tutelage that those receive. The document develops the concept of a regressive measure and the scope of the non-regression principle, furthermore, it shows the experience of the Constitutional Courts from Peru and Colombia and the organs of the Interamerican System of Human Rights regarding the protection of social rights. / El presente artículo tiene por propósito plantear una reflexión sobre la protección jurisdiccional que reciben los derechos sociales frente a la adopción de medidas regresivas en Latinoamérica por parte de los Estados, así como de los diversos grados de tutela jurisdiccional que aquellos reciben. El artículo desarrolla la noción de regresividad y los alcances del principio de prohibición de regresividad, así como la experiencia  de las Cortes Constitucionales de Perú y Colombia y de los órganos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en torno a la protección de los derechos sociales.

La tesi doctoral Publicidad comercial y libertad de expresión analitza les conseqüències jurídiques de la protecció de la publicitat i d'altres formes de comunicació comercial mitjançant la llibertat d'informació i d'expressió prevista en els articles 20.1 a) i d) de la Constitució. S'examina, en primer lloc, la jurisprudència dictada pel tribunal Suprem Federal dels Estats Units, el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal Europeu de Justícia i el Tribunal Constitucional Alemany. En segon lloc, la tesi analitza els fonaments econòmics, socials i legals que advoquen per la protecció constitucional de la publicitat comercial. Les conclusions bàsiques del treball apunten a què les comunicacions comercials compleixen les funcions que tradicionalment s'associen a la llibertat d'expressió entre d'altres, promoció de l'autogovern democràtic i foment de l'autonomia individual i que els límits a la seva realització han d'enjudiciar-se d'acord amb el principi de proporcionalitat. / La tesis doctoral Publicidad comercial y libertad de expresión analiza las consecuencias jurídicas de la protección de la publicidad y otras formas de comunicación comercial mediante la libertad de información y expresión prevista en los artículos 20.1 a) y d) de la Constitución. Se examina, en primer lugar, la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal Constitucional Alemán. En segundo lugar, la tesis analiza los fundamentos económicos, sociales y legales que abogan por la protección constitucional de la publicidad comercial. Las conclusiones básicas del trabajo apuntan a que las comunicaciones comerciales cumplen las funciones que tradicionalmente se asocian a la libertad de expresión entre otros, promoción del autogobierno democrático y fomento de la autonomía individual y que los límites a su realización deben enjuiciarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad. / The PhD dissertation Publicidad comercial y libertad de expresión explores the legal consequences of protecting advertising and other forms of commercial speech through freedom of information and expression set forth in articles 20.1 a) and b) of the Spanish Constitution. It discusses, on the one hand, the case-law by the U.S. Supreme Court, the European Court of Human Rights, the European Court of Justice and the German Constitutional Court. On the other hand, the dissertation analyses the economic, social and legal underpinnings which support the constitutional status of commercial speech. The basic conclusions of the research assert that commercial communications perform functions traditionally associated to freedom of expression among others, fostering democracy and promoting individual autonomy and that limitations to commercial speech ought to be scrutinized with resort to the principle of proportionality.