La utilización de la figura conocida como “prisión preventiva” en los actuales ordenamientos procesales resulta ciertamente controversial, ello se debe a que en el modelo que se conoce como Estado Constitucional, se asume que la privación de libertad de una persona sobre quien recae la imputación de un determinado delito reviste un carácter excepcional, de tal manera que se afirma que la regla general es el procesamiento de un individuo en situación de libertad, postura que se ve reforzada con el fenómeno de la constitucionalización del derecho en general y procesal penal en particular. Independientemente de los clásicos presupuestos materiales que se requieren para imposición de la prisión preventiva, la presente investigación se centrará en determinar si los plazos de duración que se han previsto en la legislación peruana para la aplicación de esta figura, guardan correspondencia con el contenido de la garantía del plazo razonable, con especial énfasis cuando el afectado con dicha medida es una persona que pertenece al grupo etario de los adultos mayores, quienes sufrirán las consecuencias propias del régimen carcelario de nuestro país. Estando a lo expuesto, la hipótesis que ensayamos estriba en afirmar la existencia de una contradicción entre los plazos de duración de la prisión preventiva regulados en la ley peruana, cuando ello es confrontado con principios de rango constitucional tales como la presunción de inocencia, necesidad, excepcionalidad, razonabilidad, etc. En ese orden de ideas, realizaremos un análisis a partir de la dogmática procesal penal, así como de las sentencias de Tribunales nacionales y supranacionales en relación al tratamiento del plazo razonable, además de abordar el tópico de la realidad carcelaria y de los adultos mayores en nuestro país, para finalmente terminar concluyendo que debe haber una reducción de los plazos de duración de prisión preventiva por atentar contra la dignidad humana

Este artículo tiene como objetivo analizar los límites del control judicial sobre los acuerdos arribados por las partes dentro de la conclusión anticipada, específicamente, en el supuesto en que el juez rechaza la pena consensuada para establecer una superior, para ello, en base a una metodología dogmática, se ha hecho una revisión de la doctrina, legislación y jurisprudencia vinculada con dicha institución procesal. En esa línea, este trabajo académico se divide en tres partes. En primer lugar, se analizará la figura de la conclusión anticipada para entender sus principales características dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que ahondaremos en su naturaleza jurídica, tipología, regulación y diferencias y similitudes que tengan con otras figuras procesales. En segundo lugar, se hace una revisión del control judicial que se ejercer sobre los acuerdos generados en este contexto, centrándonos en el control del quatum de la pena consensuada. Finalmente, a partir de la facultad que tiene el juez de imponer una pena superior a la acordada por las partes, se analiza los límites de dicha potestad que se vinculan con los principios de legalidad, de proporcionalidad, acusatorio y de congruencia. Esto con el fin de que el juez no emplea dicha facultad de forma arbitraria. / The purpose of this article is to analyze the limits of judicial control over the agreements reached by the parties within the plea barganing, specifically, in the case in which the judge rejects the agreed penalty in order to establish a higher one. To this end, based on a dogmatic method law, a review of the doctrine, legislation and jurisprudence related to this procedural institution. In this line, this academic work is divided into three parts. First, the figure of the plea barganing will be analyzed in order to understand its main characteristics within our legal system, so we will delve into its legal nature, typology, regulation and differences and similarities with other procedural figures. Secondly, we analyze the judicial control that is exercised over the agreements generated in this context, focusing on the control of the quatum of the consensual sentence. Finally, based on the power of the judge to impose a sentence higher than that agreed by the parties, the limits of this power are analyzed, which are linked to the principles of legality, proportionality, accusatory and congruence. The object is to ensure that the judge does not use this power in an arbitrary manner.

El presente artículo busca desarrollar la aplicación del Principio de Razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Servicio Público – OSITRAN, a propósito de la Resolución de Gerencia N° 063-2009-GG-OSITRAN, de fecha 12 de noviembre de 2009, que versa sobre las infracciones cometidas por COVIPERÚ S.A. Para ello, se realiza una breve descripción jurídica sobre el principio de razonabilidad en el Derecho y su desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, uno de los objetivos del presente artículo es buscar una reflexión jurídica sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, el cual contiene intrínsecamente al principio de razonabilidad, en la actividad de fiscalización que realiza el OSITRAN. El presente trabajo académico se justifica en el pronunciamiento administrativo que emite el OSITRAN, en mérito al ejercicio de su potestad sancionadora durante la aplicación del principio de razonabilidad en el momento de la graduación e imposición de una sanción pecuniaria, como una multa. De este modo, el objetivo del presente artículo es realizar un análisis sobre la sanción que impone OSITRAN y de cómo se realiza la aplicación de los criterios de graduación para la imposición de una sanción. Además, si el OSITRAN cumple con la aplicación del principio de razonabilidad, de conformidad con lo dispuesto en nuestro marco normativo Finalmente, después de realizado el referido análisis se obtiene como una de la principales conclusiones del presente artículo que no hay una aplicación exhaustiva del principio de razonabilidad por parte del OSITRAN, durante la imposición de la sanción en la Resolución de Gerencia N° 063-2009-GG-OSITRAN, de fecha 12 de noviembre de 2009.

En los últimos años, uno de los aspectos más relevantes y, al mismo tiempo, recientemente tratados en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores llevados a cabo por las entidades de la Administración Pública ha sido la aplicación de sanciones en relación con el principio de proporcionalidad. De modo particular, una de las entidades que en su labor y acciones diarias ha tenido un avance constante y significativo en lo que a su relación con los administrados se refiere y al desarrollo de la relación anteriormente descrita es, sin duda, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), la cual, además de realizar como una de sus actividades principales la actividad de fiscalización sobre las empresas privadas, ejerce también potestad sancionadora sobre estas últimas. No obstante lo anterior, dicha entidad, en lo que se refiere a los procedimientos administrativos sancionadores iniciados y resueltos contra los administrados fiscalizados, ha tenido una forma particular de aplicar sanciones, consistente en una suerte de “fórmula matemática” regulada en su normativa específica que toma como elementos para sancionar la infracción cometida, el tipo de empresa que ha cometido la infracción (MYPE o no MYPE), y la cantidad de trabajadores afectados por dicha conducta. En atención a lo anterior, el presente trabajo tiene como propósito principal cuestionar y formular oportunidades de mejora a la metodología de aplicación de sanciones de la SUNAFIL la cual, si bien se vale de una fórmula a priori objetiva, conlleva a la vulneración de los principios del Derecho Administrativo Sancionador, tales como el principio de proporcionalidad. Entre nuestras conclusiones, tenemos que la aplicación del principio de proporcionalidad por parte de la SUNAFIL –expresado en los criterios de graduación de sanciones (generales y especiales)– en los procedimientos administrativos sancionadores presenta inconvenientes, los cuales pueden afrontarse de manera satisfactoria mediante el uso del criterio de dosimetría sancionadora. Asimismo, y en caso la SUNAFIL decida emplear dicho criterio, consideramos que ello debe realizar de forma progresiva tomando en cuenta sus beneficios y desventajas, así como la posibilidad de su aplicación en cada caso concreto.

En el presente informe analizamos tres problemas jurídicos que posee el Recurso de Nulidad N° 109-2017, Lima. El primero enfocado a que es desconocida la teoría que utiliza la Sala para la determinación de la autoría y participación de los involucrados en el delito de colusión, generando no solo inseguridad jurídica, sino también un eventual caso de impunidad. El segundo está relacionado a determinar en qué consiste el aporte esencial que diferencia a la complicidad primaria y secundaria. El último está vinculado a poner en evidencia que la decisión de la Sala, al momento de imponer la pena misma pena para el autor y cómplice secundario, no solo presenta una clara contradicción jurídica, sino que sirve de utilidad para demostrar que también es inadecuado determinar la misma pena para el autor y cómplice primario en casos de delitos especiales. Ahora bien, para plantear nuestras propuestas de solución, recurrimos a la doctrina nacional y extranjera, como también a la jurisprudencia nacional. Por esta razón, llegamos las siguientes conclusiones. El primero enfocado a que la teoría de infracción de deber es la más idónea para resolver casos de delitos especiales. El segundo relacionado a que el concepto “aporte esencial” debe estar acorde a la combinación de la teoría de los bienes escasos y a teoría de la necesidad referida al “si” y al “cómo” de la ejecución en el caso concreto. Finalmente, que el autor y el cómplice primario no deben tener la misma pena en delitos especiales. / In this report we analyze three legal problems of the Recurso de Nulidad N° 109-2017, Lima. The first one is focused on the fact that the theory used by the Chamber to determine the authorship and participation of those involved in the crime of collusion is unknown, generating not only legal uncertainty, but also a possible case of impunity. The second is related to determine what is the essential contribution that differentiates primary and secondary complicity. The last is linked to highlighting that the decision of the Chamber, at the time of imposing the same penalty for the perpetrator and secondary accomplice, not only presents a clear legal contradiction, but also serves to demonstrate that it is also inadequate to determine the same penalty for the perpetrator and primary accomplice in cases of special crimes. Now, in order to present our proposed solutions, we turn to national and foreign doctrine, as well as to national jurisprudence. For this reason, we reached the following conclusions. The first one focused on the fact that the breach of duty theory is the most suitable to solve cases of special crimes. The second is that the concept of "essential contribution" must be in accordance with the combination of the theory of scarce goods and the theory of necessity referring to the "if" and "how" of the execution in the specific case. Finally, that the perpetrator and the primary accomplice should not have the same penalty in special crimes.

El presente trabajo de investigación pretende analizar brevemente la configuración de la potestad de fiscalización del empleador dentro del régimen laboral del teletrabajo, el cual – como característica principal – es que la prestación de servicios a favor del empleador se realiza fuera del centro de trabajo. La primera parte aborda la configuración legal y doctrinaria de la facultad de fiscalización del empleador, así como el desarrollo del derecho a la intimidad, haciendo énfasis en su contenido esencial, con el objeto de poder establece las limitaciones que le genera el derecho a la intimidad a la potestad de fiscalización del empleador. La segunda desarrolla de forma general la configuración del teletrabajo en el marco normativo peruano, en la doctrina y; finalmente, la última parte aborda el análisis de los límites a la fiscalización del empleador dentro del marco del teletrabajo, analizando la normativa nacional, la doctrina y proponiendo casos en los cuales, basados en el test de proporcionalidad, podremos determinar que la limitación a la fiscalización de los teletrabajadores variará en relación a los casos en concreto, toda vez que tanto normativa como objetivamente, la justificación de la necesidad de fiscalización del empleador varía acorde a la actividad de desarrollar por el teletrabajador.

El presente trabajo pretende proporcionar a los operadores jurídicos, sean las autoridades administrativas, a los mismos administrados o a los órganos jurisdiccionales que ejercen el control sobre las decisiones administrativas, una herramienta que permita, tanto evaluar la razonabilidad de una medida administrativa ex ante, como controlarla ex post. Para ello, presentaremos una metodología analítica y escalonada basada en el test de proporcionalidad empleado por nuestro y diversos Tribunales Constitucionales a lo largo del mundo. De esa manera, utilizaremos el método histórica-descriptivo y analítica, comenzando por comprender los antecedentes del antes mencionado examen y la forma en cómo se emplea en diversos ordenamientos jurídicos; para, luego, delimitar el problema y explicar nuestra metodología. De esa manera, y para poner bajo escrutinio la propuesta que contiene esta investigación, la analizaremos desde un caso concreto que fue conocido por la Comisión de Libre Competencia y, en grado, por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Luego, finalizaremos el presente trabajo con nuestras conclusiones y recomendaciones, a fin de poder encontrar una fórmula discursiva que nos permita elevar el estándar argumentativo actualmente empleado para el empleo del principio de razonabilidad en sede administrativo y facilitar tanto su análisis ex ante como su control ex post. / The purpose of this research is to provide legal operators, whether they are governmental authorities, the citizens or the courts that exercise control over administrative decisions (judicial review), with a method that allows them to assess the reasonableness of an administrative measure ex ante, as well as to control it ex post. To do so, we will present an analytical and step-by-step methodology based on the balancing test used by our and various Constitutional Courts throughout the world. In doing so, we will use ahistorical-descriptive and analytical method, beginning by understanding the background of the aforementioned test and how it is used in various legal systems, and then defining the problem and explaining our methodology to resolve it. In this way, and in order to scrutinise the proposal contained in this research, we will analyse it from a specific case that was decided by the Free Competition Commission and by the Competition Defence Chamber of INDECOPI. Finally, we will end this research with our conclusions and recommendations, in the hope of finding a discursive formula that will allow us to raise the argumentative standard currently used for the use of the principle of reasonableness in administrative proceedings and facilitate both its ex ante analysis and its ex post control

This paper analyzes from a constitutional perspective, applying the test of proportionality about limiting rights, the impediment to hiring those associated corporations, through individuals, with those legal persons which has imposed a sanction temporary or permanent disqualification from government contracts. From this framework of study, the author finds that the interference on freedom of contract is disproportionate because it violates the principle of causality and strict liability, by attributing to a third party (legal person linked) consequences for the actions made to it by a different legal entity. / El presente trabajo analiza desde una perspectiva constitucional, aplicando el test de proporcionalidad en la limitación de los derechos, el impedimento para la contratación de aquellas personas jurídicas vinculadas, a través personas naturales, con aquellas personas jurídicas a las cuales se las ha impuesto una sanción de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado. A partir de dicho marco de estudio, la autora considera que la injerencia sobre la libertad de contratación es desproporcionada en razón a que vulnera el principio de causalidad y la responsabilidad objetiva, al atribuirle a un tercero (persona jurídica vinculada) las consecuencias por las acciones realizadas por una persona jurídica distinta a ella.

Submitted by Edileide Reis (leyde-landy@hotmail.com) on 2013-04-11T20:26:31Z No. of bitstreams: 1 Silva.pdf: 1177884 bytes, checksum: 38af74c16d2fbbcf60f9d1454f981762 (MD5) / Approved for entry into archive by Rodrigo Meirelles(rodrigomei@ufba.br) on 2013-05-09T17:34:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Silva.pdf: 1177884 bytes, checksum: 38af74c16d2fbbcf60f9d1454f981762 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-05-09T17:34:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva.pdf: 1177884 bytes, checksum: 38af74c16d2fbbcf60f9d1454f981762 (MD5) Previous issue date: 2011 / A presente investigação destina-se a fundamentação da teoria do bem jurídico penal na teoria dos direitos fundamentais. A doutrina penal já converge há certo tempo para a compreensão de que há uma necessária relação entre bem jurídico penal e Constituição, divergindo somente quanto o caráter positivo e/ou negativa das limitações por ela impostas. Uma análise crítica de qualquer uma destas linhas, conclui pela insuficiência das fundamentações e as explanações até então desenvolvidas por déficit de argumentativo, em especial de cariz da teoria constitucional. Propõe-se teoria dos direitos fundamentais como fonte e ferramenta devida para construção desta relação, mais do que justificada pelo fato de as normas penais incriminadoras serem normas restritivas de direitos fundamentais. Desta maneira, se mostram vitais conceitos-chave da dogmática dos direitos fundamentais, principalmente a teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade. A partir deles se faz possível conceber um a relação bem jurídico penal e Constituição como decorrente da estrutura normativa dos princípios constitucionais (mandamentos de otimização). Esta constatação implica em conceber que o Direito Penal somente pode tutelar bens jurídicos previstos por princípios constitucionais e sempre através das determinações da máxima da proporcionalidade. Bem jurídico penal possui como estrutura fundamental bem jurídico previsto por princípio constitucional e proporcionalidade. A existência de um bem jurídico penal somente pode ser determinado a partir de um caso concreto por meio da avaliação da proporcionalidade da intervenção penal incriminadora. Consta-se, inclusive, que muitas das diretrizes da tutela de bens jurídicos que a doutrina penal concebia sob a alcunha de princípios (proteção de bens jurídicos, intervenção mínima, fragmentariedade insignificância) são questões tratadas e instrumentalizadas pela proporcionalidade, o que leva a concebê-las como inerentes ao bem jurídico penal e derivadas dos princípios constitucionais. / Salvador

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tiempo que transcurre desde el inicio del proceso administrativo hasta su terminación con la dictación de una resolución final, puede ir en detrimento de los derechos involucrados en el caso concreto, e incluso hacer peligrar la eficacia de la potencial resolución final. La herramienta de que dispone la Administración para responder con celeridad a la necesidad de proteger los intereses en riesgo, durante la tramitación del proceso administrativo e incluso antes de que éste inicie, son las medidas provisionales, contempladas de manera general en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. Desprovistas de una regulación exhaustiva en la mayoría de las áreas del Derecho Administrativo, el desafío principal es dilucidar si la Ley de Bases habilita de manera general a los órganos de la Administración para la adopción de las medidas provisionales; considerando además, que las autoridades competentes han venido decretando medidas provisionales guiadas por su discrecionalidad, en un terreno donde conceptos tan indeterminados como el riesgo, la proporcionalidad, y la proyección del eventual contenido de la resolución final, son los parámetros de su decisión, resulta fundamental el establecimiento de los aspectos centrales de las medidas provisionales, y avanzar hacia la generación de una norma de aplicación general que se baste a sí misma, eliminando todo atisbo de arbitrariedad.