En el presente trabajo se analizó si resulta proporcional que en el delito de usurpación el cual se encuentra regulado en el artículo 202° del Código Penal, se establezca la misma pena privativa de libertad cuando el hecho delictivo se realiza ejerciendo violencia sobre las personas o sobre los bienes, si tomamos en cuenta que la integridad física de la persona es más valiosa que el patrimonio, por lo que, merecen una sanción diferente, a fin de evitar que existan sanciones y penas injustas en la norma. Por ello, basándose en el principio de proporcionalidad se pretende establecer una menor pena cuando el agente comete el delito ejerciendo violencia sobre los bienes, pues, no es lo mismo atentar contra la integridad física de la persona que dañar o malograr un bien.

La presente tesis tiene como propósito fundamentar la aplicación del principio de proporcionalidad en el proceso de determinación judicial de la pena del extraneus, específicamente en los delitos de infracción del deber, esto debido a la modificación del artículo 25 del Código Penal, estableciendo que la sanción a imponer al autor también le será aplicada al partícipe que intervino en el delito cualificado, aun cuando en él no concurran los elementos que fundamentan la punibilidad del autor. Esto refleja la inexistencia de una adecuada interpretación y aplicación de la norma, conllevando a la transgresión de principios generales del ordenamiento jurídico que constituyen garantías constitucionales dentro de un Estado de Derecho como el somos. Por tanto, ante la relevancia penal de esta situación, resulta imprescindible fundamentar la trascendencia jurídica de la aplicación del principio de proporcionalidad, siendo un principio constitucional, nacido en virtud del Estado Social, Democrático y de Derecho, el cual deberá ser empleado de manera inexorable en el proceso judicial al momento de determinar el quantum de la pena que le corresponde al extraneus que participó en un delito de infraccion del deber, puesto que éste no reúne las condiciones especiales que posee el intraneus, y, si bien es cierto, ambos sujetos se encuentran ligados bajo la unidad delictual del hecho, cada uno deberá responder por su propio injusto cometido, implicando que a cada uno le corresponda un marco punitivo proporcional a su injusto cometido

El presente trabajo de investigación pretende analizar brevemente los peligros de la aplicación del principio de proporcionalidad que existen actualmente, los cuales – al parecer – no han sido tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional peruano al momento de utilizarlo en los diferentes casos que llegan a dicha institución. La primera parte aborda la teoría, la estructura y los subprincipios que integran al principio de proporcionalidad. En la parte final, se desarrollan los peligros y/o críticas existentes en contra de la aplicación de dicho principio; y, asimismo, un caso específico que llegó al Tribunal Constitucional peruano, que quizás no fue resuelto de la manera más racional y objetiva posible, que desde su publicación hasta el día de hoy genera comentarios negativos. Se concluye que si bien el principio de proporcionalidad es – hoy en día - el principal instrumento con el que cuenta el operador jurídico para determinar si la actuación no es arbitraria o irracional, se advierte que los jueces constitucionales no se encuentran en la capacidad para aplicar de manera eficiente el principio de proporcionalidad, pues ajustan los criterios exigidos por éste principio a la subjetividad de cada uno, con lo cual, podemos decir, que no se basan en argumentos jurídicos ni objetivo o racionales, sino en lo que ellos consideran como aceptable.

En el presente trabajo se propone realizar el estudio y análisis de algunas normas o políticas de la regulación de la actividad de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas en el Perú, a través del Test de la proporcionalidad (adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), lo cual conlleva la revisión de los fines que se pretenden alcanzar con las mismas. El estudio abarca distintos tópicos tales como la libertad de empresa, el análisis o ponderación de las políticas regulatorias, constitución económica, y recoge las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en dicha materia. Cabe indicar que la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas se desarrolla en nuestro país bajo algunos costos, y al ser una actividad que el Estado permite de manera excepcional, incluso desincentiva, dichos costos suelen ser muy altos, siendo asumidos no sólo por los empresarios que deseen ingresar en dicho negocio (libre iniciativa privada), sino también por la sociedad y sus usuarios de dichos establecimientos. Dichos costos se sustentan o deberían sustentarse en los fines y objetivos de la regulación. En este sentido, a través del Test de la proporcionalidad se pretende analizar algunos de los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas en nuestro país, y dadas sus características y efectos económicos que involucra, determinar si son idóneos para alcanzar los fines y objetivos que se han propuesto.

Actualmente, la prisión preventiva, se usa y utiliza irracionalmente, vislumbrándose en las audiencias, un escenario de reproche político, azuzando a diferentes grupos sociales, a fin de generar presión en las decisiones judiciales, lesionando la presunción de inocencia del imputado, a tal grado que estas repercusiones sociales y mediáticas terminan influyendo en las decisiones de los encargados de administrar justicia, muchas veces apartadas de motivación. El presente artículo, se aborda a partir de la injerencia en la libertad personal de un individuo que se presupone que mantiene la calidad de inocente, mientras no haya sido declarada su responsabilidad penal; su estudio y análisis está dentro del ámbito de las ciencias penales y procesal penal y del derecho Constitucional, las cuales constituyen la razón de ser de su enfoque. El requerimiento de prisión preventiva, mediante el principio rogatorio, que el Ministerio Público realiza al Juez de garantías, todas en su mayoría tiene matices irracionalidad, y el otorgamiento de la prisión preventiva con motivaciones aparentes, conlleva a la vulneración de la presunción de inocencia, lo cual se corrobora con la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02534-2019-HC/TC, y la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Exp. 00029-2017-33-5005-JR-PE-03. Los otorgamientos de la prisión preventiva por parte de los administradores de justicia, presentan rasgos de irracionalidad sin la motivación debida, y la proporcionalidad que justifique su otorgamiento. / Currently, it is being observed that, in the field of criminal law, the procedural institution of preventive detention, it is being used and used irrationally, illustrating that they were glaring at the hearings, requesting preventive detention, a scenario of political reproach, inciting different social groups, in order to generate pressure on judicial decisions, damaging the presumption of innocence of the accused, to such a degree that these social and media repercussions end up influencing the decisions of those in charge of administering justice, concretized in the granting of prisons preventive, often separated from motivation. The present article is approached starting from the interference in the personal freedom of an individual that is supposed to maintain the quality of innocent, while his criminal responsibility has not been declared; Its study and analysis is within the scope of the criminal sciences and criminal procedure and Constitutional law, which constitute the raison d'être of its approach. The requirement of preventive detention, through the rogatory principle, that the Public Ministry makes to the Judge of guarantees, all of them mostly have irrational nuances, and the granting of preventive detention with apparent motivations, leads to the violation of the presumption of innocence, which is corroborated with the ruling of the Constitutional Court in Exp. No. 02534-2019-HC / TC, and the ruling of the First Permanent National Criminal Court of Appeals Specialized in Crimes of Corruption of Officials, in Exp. 00029- 2017-33-5005-JR-PE-03. The grants of preventive detention by the administrators of justice, show features of irrationality without due motivation, and the proportionality that justifies its granting.

En los últimos años, numerosas investigaciones se han centrado en la transición del pensamiento aditivo al pensamiento multiplicativo, y en particular, en el papel del razonamiento proporcional en esta transición. Una característica de esta transición es la dificultad de los estudiantes para diferenciar situaciones con estructura multiplicativa (y en particular, situaciones proporcionales) de situaciones con estructura aditiva. Esta dificultad ha sido manifestada por el uso abusivo de estrategias aditivas erróneas para resolver situaciones proporcionales y, al mismo tiempo, por el uso abusivo de estrategias proporcionales para resolver situaciones de estructura aditiva. Recientes estudios han identificado un fenómeno que se da a lo largo de la educación primaria y secundaria: los estudiantes transitan desde un uso abusivo de estrategias aditivas a un uso abusivo de estrategias proporcionales, sin identificar la estructura matemática del problema. Además, estas investigaciones previas sobre el fenómeno han indagado también acerca de ciertas variables del problema que influyen en el uso de una estrategia u otra. Así, se ha demostrado que si las relaciones multiplicativas entre las cantidades son enteras (independientemente de si la situación es proporcional o aditiva), los estudiantes tienen a usar más las estrategias proporcionales. Si las relaciones multiplicativas entre las cantidades son no enteras los estudiantes tienen a usar más las estrategias aditivas independientemente también de la situación. Otra variable que parece influir es la naturaleza discreta o continua de las cantidades. Sin embargo, no hay resultados claros con relación a esta variable y si influye en el fenómeno estudiado. Nuestra investigación se enmarca en el estudio de este fenómeno con estudiantes de Ecuador de entre 11 y 16 años. Los participantes fueron 360 estudiantes distribuidos desde 6.° curso de Educación Básica Media hasta 10.° curso de Educación Básica Superior. El instrumento de recogida de datos fue un cuestionario formado por problemas proporcionales y aditivos. Los problemas presentan características específicas para el estudio de la influencia de dos variables: la presencia o no de razones/relaciones multiplicativas enteras/no enteras y la naturaleza discreta o continua de las cantidades. Se analizan los niveles de éxito y las estrategias utilizadas. Además, se estudia la influencia de las variables sobre los niveles de éxito y las estrategias. Además, se lleva a cabo un análisis clúster con el objetivo de identificar perfiles de comportamiento de los estudiantes. Los resultados muestran que el éxito en los problemas proporcionales aumentó en la Educación Básica Media pero después disminuyó durante la Educación Básica Superior. El éxito en los problemas aditivos aumentó de 6.º a 8.º, disminuyendo en 9.º curso y aumentando en 10.º curso. Además, los estudiantes tuvieron más éxito en los problemas aditivos con relaciones multiplicativas no enteras y en los proporcionales con razones enteras. Por otra parte, se observaron diferencias significativas con la variable naturaleza de las cantidades: los estudiantes tuvieron más éxito con las cantidades discretas en los problemas proporcionales y más éxito con las cantidades continuas en los problemas aditivos. Los resultados del análisis clúster determinaron seis perfiles o comportamientos de los estudiantes: perfil proporcional, perfil aditivo, perfil aditivo condicionado a la naturaleza de las cantidades, perfil condicionado al tipo de razón/relación multiplicativa, perfil condicionado al tipo de razón/relación multiplicativa y a la naturaleza de las cantidades y perfil incorrecto. Los resultados obtenidos tienen implicaciones importantes en la enseñanza y aprendizaje de la proporcionalidad en la Educación Básica Media y Superior, ya que facilitan información para el diseño de trayectorias de aprendizaje. Estas trayectorias de aprendizaje son información útil para el desarrollo del currículo, y la formación de maestros y profesores de matemáticas, ya que permiten tener referencias sobre el grado de desarrollo de la competencia matemática en el dominio matemático considerado.

El 23 de julio del 2020, se emitió la sentencia 468/2020 por el Tribunal Constitucional del Perú, la cual desconoció las competencias de las Rondas Campesinas Autónomas toda vez que se consideró que la Ronda Campesina del Caserío Las Malvinas no tenía competencia para sancionar a uno de sus miembros de su Comunidad. Posterior a esta sentencia, se emitió la sentencia 154/2021 por el Tribunal Constitucional del Perú, mediante la cual se reconoció competencias de las Rondas Campesinas Autónomas a raíz del Acuerdo Plenario 1-2009/CJ116, de fecha 13 de noviembre de 2009; sin embargo, todavía no queda precisa la forma de determinar las competencias de las Rondas Campesinas. Al respecto, el objetivo general del presente trabajo académico es determinar las competencias de las Rondas Campesinas en aplicación del Test de proporcionalidad conforme el Acuerdo Plenario, para lo cual es importante el análisis de la normativa internacional y nacional. Asimismo, los principales instrumentos empleados son las sentencias del Tribunal Constitucional en atención a los conflictos en las Rondas Campesinas en el año 2020 y 2021, como el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema. Por lo tanto, se concluye que, para la determinación de las competencias de las Rondas Campesinas Autónomas, es importante la aplicación del Test de proporcionalidad para evitar la criminalización de las Rondas Campesinas en relación a las competencias que tienen dentro de su ámbito social. / On July 23, 2020, the Peruvian Constitutional Court issued ruling 468/2020, which disregarded the competencies of the Rondas Campesinas Autónomas since it considered that the Ronda Campesina del Caserío Las Malvinas did not have the competence to sanction one of its community members. Subsequent to this judgment, the Constitutional Tribunal of Peru issued ruling 154/2021, which recognized the competencies of the Rondas Campesinas Autónomas as a result of Acuerdo Plenario 1-2009/CJ116, dated November 13, 2009; however, it is still not clear how to determine the competencies of the Rondas Campesinas. In this respect, the general objective of this academic work is to determine the competencies of the Rondas Campesinas in application of the Proportionality Test in accordance with the Acuerdo Plenario, for which the analysis of international and national regulations is important. Likewise, the main instruments used are the rulings of the Constitutional Court regarding the conflicts in the Rondas Campesinas in 2020 and 2021, as well as the Plenary Agreement of the Supreme Court. Therefore, it is concluded that, for the determination of the competences of the Rondas Campesinas Autónomas, it is important to apply the proportionality test to avoid the criminalization of the Rondas Campesinas in relation to the competences they have within their social sphere.

La presente investigación sostiene como hipótesis que resulta válido establecer un control ex-ante a las ordenanzas municipales que determinen sanciones pecuniarias, a efectos de cautelar la observancia al principio de razonabilidad. Esta medida responde a que, si dichas sanciones no se encuentran debidamente sustentadas en ese marco normativo interno, los efectos de su aplicación podrían resultar ilegales e inconstitucionales, al permitir alcanzar sumas manifiestamente desproporcionadas, vulnerando así derechos fundamentales del administrado. Cuando nuestra hipótesis utiliza el término de validez, es en el sentido de demostrar que se justifica o resulta necesario establecer ese control ex ante; así como que, resulta técnica y jurídicamente viable; esto es sin vulnerar la autonomía municipal. Como metodología se utiliza la argumentación jurídica constitucional, el análisis normativo, el estudio de casos; entre otros, para evidenciar que el marco normativo general al cual las municipalidades se encuentran sujetas resulta insuficientemente desarrollado, dejando gran parte de la regulación a su normativa interna, lo que permite ampliar los ámbitos de su discrecionalidad, lo que deviene en incumplimientos, contradicciones y/u omisiones a la norma general. Esto mismo sucede cuando se regula en su facultad sancionadora; lo que permite por parte de los operadores municipales, escasa rigurosidad en el sustento técnico para establecer los valores determinados como sanción en su normativa e imposibilita la aplicación efectiva de criterios de gradualidad previstos en la ley, lo que no coadyuva en garantizar la obtención de sanciones justas. Es con ese objetivo que, en el presente trabajo se desarrollan alternativas de propuesta regulatoria.

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El objeto perseguido por el presente estudio se conseguirá a partir del método dogmático, basado en la distinción entre la vigencia y extensión del principio de proporcionalidad y su eficacia práctica, a la luz de los criterios jurisprudenciales aplicados en ciertos fallos judiciales, desde donde podrán extraerse los conceptos y relaciones útiles para sustentar nuestra hipótesis. De tal forma, a través de la axiomatización de sentencias judiciales, pretendemos llegar hasta los cimientos más esenciales del principio de proporcionalidad a la luz de la facultad disciplinaria del empleador. En suma, esta investigación propone establecer criterios de aplicación del principio de proporcionalidad como requisito del ejercicio de las facultades disciplinarias del empleador, mediante el análisis jurisprudencial de los fallos emanados de la jurisprudencia de los tribunales de primera y de segunda instancia, así como de aquellos procedentes de nuestro máximo tribunal de justicia. La hipótesis en que se sustenta nuestra tesis, es la siguiente: El principio de proporcionalidad es un requisito exigido por los tribunales de justicia en torno al ejercicio de las facultades disciplinarias del empleador, sin embargo, no se encuentra lo suficientemente delimitado como para cumplir con el estándar de seguridad jurídica en su aplicación, de donde surge la necesidad de extraer criterios de v ejecución que permitan determinar los márgenes y alcances de su función limitadora del poder empresarial

El presente trabajo de investigación analiza si la compensación de oficio de deudas tributarias no exigibles, efectuada por la Administración Tributaria durante un proceso de verificación y/o fiscalización, al amparo de lo establecido en los artículos 39 y 40 de nuestro Código Tributario; es consistente con los principios constitucionales de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y del debido procedimiento administrativo, en su vertiente relacionado al derecho de defensa. Para lo cual, se simula un test de ponderación en el cual se evalúa la razonabilidad y proporcionalidad; la idoneidad de la medida; la necesidad y la comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional; y, la intensidad de la intervención en el derecho fundamental. A partir de este análisis se concluye que este tipo de compensación se fundamenta en los principios del deber de contribuir y de solidaridad, así como en los principios vinculados a la eficiencia del Estado; no vulnera el derecho de defensa de los deudores tributarios, al tener éstos la opción de impugnar el acto administrativo que contiene la compensación; así como, no vulnera el derecho de igualdad de los deudores, por cuanto la medida adoptada es idónea, necesaria y proporcionada con el fin constitucional que se pretende conseguir; constituyendo un trato legal diferenciado con base en justificaciones objetivas y razonables. El tema ha tenido un escaso desarrollo en la doctrina nacional, siendo la presente investigación una oportunidad para establecer una posición sustentada respecto a la procedencia de la compensación de oficio de deudas tributarias no exigibles.