Mi experiencia como Jefa de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales del Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre los años de 2007 y 2011, ha sido volcada en el presente trabajo para generar un espacio de reflexión sobre lo difícil que es para las instituciones del Estado, generar una imagen positiva y proactiva ante sus usuarios y la sociedad. Ello, a pesar de su importancia en la generación de una institucionalidad sólida y eficiente para el crecimiento del país. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) fue creado en 1992 con la finalidad de velar por la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, poco a poco fue asumiendo nuevas responsabilidades, como ejercer el rol de autoridad en materia concursal, asumir la lucha contra la existencia de barreras burocráticas a la competencia, y desempeñarse como autoridad de consumo. Con el objeto de descentralizar las funciones de Indecopi, a partir de 1995, se inicia la creación de oficinas regionales en el Perú. Asimismo, la suscripción de Tratados de Libre Comercio desde el 2006 conllevó a la modificación de su normativa. Una institución pequeña fue creciendo. Ello obligó a replantear su identidad e imagen con el fin de adaptarse a los nuevos cambios efectuados. En esta tarea, participé como jefa de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, lo que me ha alentado a llevar a cabo el análisis del proceso de elaboración de la estrategia de comunicación utilizada por el Indecopi después de 18 años de iniciadas sus labores. La finalidad era generar un cambio en su imagen para tornarla más cercana, transparente y amigable; y reforzar su identidad ante sus públicos, para que se representara como una entidad confiable, técnica y previsible. Con esta finalidad, se siguieron los principios del planeamiento estratégico delineados y reconocidos por los estudiosos de las comunicaciones. ii La identidad corporativa es uno de los principales activos intangibles de una institución; es su esencia. Por su parte, la imagen es el conjunto de representaciones mentales que surgen en el público en lo referente a la institución; es la representación mental que tienen los individuos de la organización. Para difundir la identidad institucional entre los diferentes públicos, se requiere de una estrategia de comunicación que integre los recursos de la estrategia corporativa en un diseño institucional de largo plazo. / Tesis

Busca convertir una debilidad en una fortaleza respecto de la vigencia de Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su D.S. 007-2008-VIVIENDA, en la que se aprueba el reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el Área de Control Patrimonial y Almacén de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial del INDECOPI. Al fin del trabajo, se busca demostrar que la implementación de esta investigación, permitirá a nivel nacional incentivar su aplicación en otras instituciones públicas. / Tesis

Las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal están destinadas a separar de un procedimiento concursal a los acreedores que sustentan sus créditos en una sentencia judicial o arbitral u otro acto o convenio a los que la ley haya otorgado el carácter de cosa juzgada obtenidos o creados en base a la simulación de créditos. Dada su importancia, la finalidad del presente trabajo es identificar las razones por las cuales algunas de las mencionadas demandas son desestimadas por la autoridad judicial. En el primer capítulo se describen los procedimientos concursales, así como los aspectos referidos al procedimiento de reconocimiento de créditos. El segundo capítulo aborda las diferencias que existen entre la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta y la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. En el tercer capítulo se analizan los factores que determinan que algunas de las demandas sean desestimadas por los jueces y en el que se plantea una modificación legislativa como una vía para mejorar su aplicación por parte de la autoridad judicial. En el cuarto capítulo se exponen los resultados sobre las consultas realizadas a los especialistas en Derecho Administrativo y Derecho Concursal sobre las hipótesis formuladas en este trabajo de investigación, referidas a la eficacia de la propuesta de modificación legal. La conclusión a la que se arribó es que es necesaria una reforma legal que contribuya a la aplicación efectiva de dicha figura jurídica en la vía judicial y así excluir definitivamente de los procedimientos concursales a quienes simulen créditos. / The lawsuits for nullity of bankruptcy res judicata are intended to exclude certain creditors from a bankruptcy proceeding. These creditors support their claims in a judicial or arbitral decision or other act or agreement to which the law has granted a res judicata character obtained or created based on the simulation of credits. Given its importance, the purpose of this paper is to identify the reasons why some of the mentioned lawsuits are dismissed by the judiciary. The first chapter describes bankruptcy proceedings, as well as aspects related to the credit recognition procedure. Likewise, the second chapter addresses differences that exist between the nullity of fraudulent res judicata and the nullity of bankruptcy res judicata. The third chapter studies factors that determine that some of the lawsuits are dismissed by the judges, as well as a legislative amendment to improve its application by the judiciary. Finally, the last chapter explains the results obtained after consulting specialists in administrative law and bankruptcy law regarding the hypotheses formulated in this study about the effectiveness of the said legislative amendment. The conclusion reached is that a legal reform is necessary. It will contribute to the effective application of the said legal figure in order to exclude those who simulate credits into a bankruptcy proceeding. / Trabajo de investigación

El Indecopi, en el ejercicio de sus funciones, realiza diversas acciones con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores. Para ello, a través de la Dirección de Fiscalización (DFI), ejecuta acciones de fiscalización respecto del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a proveedores de actividades económicas bajo su competencia. Debido a que estas acciones de fiscalización coadyuvan al objetivo del Indecopi, se configuran como intervenciones públicas sujetas de ser evaluadas. En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se expone mi experiencia profesional como apoyo especializado en Economía en la DFI, en la evaluación de impacto de las fiscalizaciones realizadas durante el año 2019.1 En específico, se tuvo por objetivo evaluar el impacto de las fiscalizaciones orientativas sobre el nivel de incumplimiento de las obligaciones fiscalizadas. De la evaluación se evidenció que las fiscalizaciones orientativas tienen un impacto efectivo en la disminución del nivel de incumplimiento, es decir, del comportamiento infractor por parte de los proveedores.

El presente informe analiza y desarrolla los principales problemas jurídicos identificados en la Resolución N° 2758-2019/SPC-INDECOPI, mediante la cual, se sanciona a la empresa “La Rosa Náutica S.A.” por infringir el artículo 38° del Código de Protección y Defensa del Consumidor al haberse acreditado que el restaurante entregaba cartas de comida diferenciadas para hombres y mujeres, sin una justificación válida, incurriendo de dicho modo en una práctica discriminatoria contra las consumidoras. El caso revela la existencia de un problema social, como es la discriminación contra la mujer, a través de prácticas estereotipadas que se encuentran presentes en esferas tradicionales y se ocultan en actos comúnmente llamados “galanterías”; una de las razones que justifica la elección de la Resolución radica en la dificultad para demostrar que, el actuar del restaurante, resulta ser lesivo a derechos fundamentales. El objetivo principal del trabajo es demostrar la existencia de la discriminación, para lo cual se ha identificado el marco normativo nacional e internacional pertinente, el contenido de la discriminación en el consumo a través de la jurisprudencia del INDECOPI y, la verificación sobre si el trato diferenciado se encontraba justificado de manera objetiva y razonable; para ello se han revisado diferentes estudios que concluyen que los estereotipos de género generan un impacto negativo en el desarrollo de la persona, incidiendo en distintos aspectos de su vida como el ámbito laboral, existiendo así brechas y diferencias salariales todavía latentes entre hombres y mujeres. A modo de conclusión, se ha identificado que la práctica realizada por el restaurante alienta y repite patrones socioculturales basados en la idea de superioridad del hombre sobre la mujer, replicando la figura del hombre como quien goza de solvencia económica, situación que demuestra la existencia de la discriminación.

El Perú, al ser un país que se rige por el modelo económico de la economía social de mercado, limita al Estado su ingreso a la economía, en donde solo de forma excepcional pueda realizar actividades empresariales y, por el contrario, este debe cumplir un rol garantista; el problema radica en que existe el escenario en donde el Estado está desarrollando actividad empresarial, sin cumplir con los requisitos establecidos en nuestro cuerpo normativo: la Constitución Política del Perú, específicamente en su artículo 60. Este, a su vez, termina siendo un acto de competencia desleal regulado en el artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044; y es aquí donde el organismo público especializado de velar por el buen funcionamiento del mercado (Indecopi) no termina realizando un correcto análisis para determinar si la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) estaría desarrollando actividad empresarial, alineado con los límites establecidos en el artículo 60, y como consecuencia de ello, se estaría permitiendo la realización de actividad empresarial estatal, generando competencia desleal, afectando el correcto desarrollo del mercado económico, en la modalidad de violación de normas. En el presente artículo se busca desarrollar una crítica respecto del análisis esbozado por el Indecopi en la Resolución Nº 0269- 2018/SDC-INDECOPI, para justificar el ingreso de la UNMSM en el mercado económico

El presente trabajo tiene como finalidad el analizar si los servicios veterinarios (consulta veterinaria, corte de uñas, limpieza de oídos, aplicación de inyectables, desparasitación externa con ivermectina, desparasitación oral interna, desparasitación externa con antipulgas, acto eutanásico, castración canina o felina, registro municipal de canes y/o felinos, albergue temporal de canes que se encuentran en estado de abandono, cirugía de otohematoma, fluidoterapia, adiestramiento canino y alquiler de campo agility) pueden ser calificados como actividad empresarial realizada por la Municipalidad de la Molina a través de la Veterinaria Municipal, ser considerados como parte del ejercicio de funciones del ius imperium por parte de la autoridad edil, o si corresponde considerar a estos servicios como actividades asistenciales. Para ello, el método empleado para desarrollar el presente trabajo es el socio-jurídico. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante considerar los pronunciamientos a nivel administrativo y/o constitucional que coadyuvarán a realizar el análisis del presente caso. Finalmente, la presente investigación concluye que no todos los servicios veterinarios realizadas por la Municipalidad de La Molina a través de su Veterinaria Municipal deben ser consideradas como actividad empresarial, ya que estos servicios pueden considerarse como un reflejo de como el Estado realiza sus deberes frente a la comunidad al proteger su salud, asimismo podrán tratarse de actividades asistenciales en la medida que los servicios veterinarios preventivos se brinden hacia aquellos sectores más necesitados, o bien podrían tratarse de servicios veterinarios que forman parte del ius imperium del Estado

El presente informe analiza la resolución Nª 2025-2019/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor donde se resuelve sancionar al Banco Interamericano de Finanzas por infringir el mandato de no discriminación en el consumo en su servicio de otorgamiento de créditos hipotecarios y el deber de idoneidad en su servicio de tarjetas de crédito. La presente es una resolución importante porque aplica un cambio de criterio en la jurisprudencia del Indecopi de cómo ha de interpretarse la institución de la no discriminación en el consumo. Por ello, además de analizar la infracción al deber de idoneidad y si era o no competente el Indecopi para fiscalizar y sancionar, analizo, principalmente, si existe un adecuado manejo de la no discriminación en el consumo y sostengo como opiniones principales que el trato diferenciado del Banco no responde a una causa objetiva y razonable y que el cambio de criterio en la jurisprudencia del Indecopi no es adecuado para tutelar el mandato de no discriminación. Finalmente, concluyo, principalmente, que sí se ha constituido una infracción al mandato de no discriminación en el consumo porque se ha menoscabado el goce o ejercicio de un derecho en razón de un motivo prohibido de discriminación y sin existir una causa objetiva y razonable que explique el trato diferenciado del Banco.

La discriminación en el consumo es un hecho lamentable que aqueja a diversos sectores de la población. La comunidad trans no es ajena, sin embargo, tienen una mayor limitación para acceder a la protección como consumidores. Por ello, el presente informe jurídico analiza la Resolución N° 3444-2012/SPC-INDECOPI, que revocó la resolución emitida por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi al considerar que no había medio probatorio que acredite el trato discriminatorio hacia una consumidora transgénero. En ese sentido, el trabajo contará con un marco teórico que permitirá explicar el concepto de la discriminación en el consumo; la importancia del reconocimiento de la identidad de género; y, si la normativa incluye la protección del consumidor trans. Luego de ello, se analizará si denegar el perifoneo a una persona trans por el nombre que se identifica debió ser considerado un acto de discriminación a la luz de la Ley de Protección al Consumidor (actualmente derogada) y bajo el Código de Protección al Consumidor. Asimismo, se señalarán las falencias en el razonamiento del voto mayoritario, toda vez que consideramos se habría constituido una infracción al mandato de no discriminación al no existir una causa objetiva y razonable que justificase un trato diferenciado para limitar sus derechos como consumidora. Finalmente, se plantearán recomendaciones para complementar futuros razonamientos de la Sala; así como, prácticas en los establecimientos comerciales para asegurar el reconocimiento a la identidad de los consumidores trans, y reafirmar su pertenencia en el mercado

El caso materia de desarrollo del presente informe es de relevancia; dado que, permite analizar y abordar los criterios que a lo largo de los años el INDECOPI y el Tribunal Constitucional han desarrollado vinculados a la discriminación. Asimismo, el caso permite abordar el estudio y desarrollo de derechos fundamentales tal como el de igualdad, el mandato de no discriminación y el respeto a la dignidad de todo ser humano, para lo cual se recurre a nuestra Constitución Política del Perú de 1993 y disposiciones internacionales. Además, permite desarrollar si corresponde que la discriminación en el consumo se distinga del trato ilícito, con lo que expongo mi postura debidamente fundamentada empleando los criterios esbozados a lo largo de estos años. Finalmente, es necesario señalar que el caso materia de informe se rige bajo el Decreto Legislativo N° 716 (derogada y el precedente del actual Código de Protección y Defensa del Consumidor), que incorpora lo estipulado en la Ley N° 27049, Ley que precisa el derecho de los ciudadanos a no ser discriminados en el consumo, que entró en vigencia en 1998 y fue la norma que por primera vez estableció en nuestro país de manera expresa a nivel legislativo la prohibición de discriminar a los consumidores.