Memoria de Pregrado para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El legislador ha incluido en nuestra legislación jurídico-penal la tipificación de un delito que busca castigar a quien incurra en la conducta de “incendiar bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283”, lo que, para propósitos de este trabajo, se considerará como un delito de “incendio forestal”. En cuanto a este delito, su análisis parte por determinar cuál es el bien jurídico que busca proteger. En su conformación primigenia se ha entendido que, al igual que el delito de incendio “común”, buscaba proteger el patrimonio, entendido en términos civilistas, pero aquella concepción ha cambiado, adaptándose a la necesidad de proteger sistemas ecológicos. Se ha cambiado el enfoque, por tanto, para pasar a una protección de la seguridad de bienes colectivos (por el amplio margen de afectación que puede tener un incendio forestal, en cuanto a su magnitud), pasando últimamente a la protección de bienes jurídicos con una raíz más bien moderna, como lo es, el medio ambiente. Para comprender de una mejor manera el delito del que hablaremos, será necesario descomponerlo en todos sus elementos. Luego de haber determinado el o los bienes jurídicos que busca proteger, el análisis se centra en aquello que la doctrina generalmente denomina como “elementos del tipo”. Se determina, por tanto, quienes pueden ser establecidos como autores del delito, cuál es el objeto del delito, y cuál es la conducta típica en que se incurre para ser sujeto de la sanción penal. En este apartado se da cuenta de la dificultad en determinar, por ejemplo, el sujeto pasivo del delito (lo cual está directamente relacionado con el bien jurídico protegido), de la relevancia para la existencia de este delito que tiene el 6 objeto en que recae (determinando su existencia como una variable particular y distinguible del delito de incendio), o lo complejo que es definir correctamente de qué hablamos cuando el legislador utiliza el vocablo “incendiar”, como verbo rector de la acción típica que nos ocupa. Luego, será fundamental entender el aspecto subjetivo de este delito, por cuanto de aquel se colige finalmente la responsabilidad que habrá de determinar un juez frente a una situación calificable típicamente como un “incendio forestal”. Es de particular interés el análisis de las formas “culpables” de este delito, por cuanto la culpa es excepcional en el derecho Penal, y está efectivamente presente en este caso, en legislaciones anexas a la del Código Penal. Finalmente, el análisis dará cuenta de las formas especiales de comisión del delito de Incendio Forestal. Se analiza el Iter Criminis de este delito, determinando desde qué momento podemos hablar concretamente de un incendio forestal, y si existe sanción en etapas previas a su consumación. También se hará referencia a la problemática sobre la existencia de un delito de peligro abstracto dentro de la legislación, y finalmente, cómo interactúa este delito frente a otros que se puedan cometer en el mismo contexto, es decir, se hará referencia a los posibles concursos de delitos que puedan existir.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente investigación se centra en analizar las implicancias que tiene para la protección del patrimonio cultural, su inserción dentro del fenómeno de la constitucionalización del derecho, de tal suerte que en su primer apartado, se identifica cómo se ha desarrollado conceptualmente su objeto de protección, verificando del examen de sus componentes y características, que éste no se circunscribe únicamente a la definición tradicional de bienes culturales. En su segundo apartado, y por medio del análisis histórico de los antecedentes y la evolución de su regulación, se busca determinar qué normas en nuestra carta fundante cumplen un rol particular (como ‘ejes’) en la protección del patrimonio cultural. Para luego en el tercer apartado, examinar cómo se sitúa dicha protección en el contexto de la constitucionalización del derecho, confirmando que los efectos derivados de esta última actúan sobre normas cuyo contenido no se encuentra del todo definido, lo que incide en que la factibilidad de la protección tiende a relativizarse ante la ausencia de un vínculo determinado entre las normas identificadas como ‘ejes de protección’, el que a su vez debe ser desarrollado principalmente por la vía hermenéutica frente a un caso en particular que requiera ser resuelto en derecho. Lo que nos presenta la necesidad de mejorar la coherencia entre tales normas. En su apartado final, se examina brevemente la legislación comparada en aras de ilustrar (a nivel constitucional) las soluciones concebidas en la protección del patrimonio cultural en cuatro países de Iberoamérica.

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / En el presente trabajo se analiza en qué proporción el proyecto Hotel Punta Piqueros cumple con las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático en la zona costera propuestos por el desarrollo sustentable, según los postulados del Informe “Camb io Climático y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe” de Rosalva Landa, Brenda Ávila Flores y Mario Hernández1 y cuál es el tratamiento de dicho principio en nuestro país. Para esto se analizan los riesgos que presenta el proyecto ante los efectos del cambio climático conocidos a partir de su procedimiento de aprobación, las observaciones ciudadanas y los pronunciamientos de los servicios competentes respecto de su Resolución de Calificación Ambiental. En este trabajo se revisa el tratamiento del desarrollo sustentable, desde su carácter antropocentrico, en el caso Proyecto Hotel Punta Piqueros, analizando el actuar de la Corte Suprema, el Segundo Tribunal Ambiental y el Servicio de Evaluacion Ambiental. Se analizan las limitantes a la aplicación del principio y se revisan diversas alternativas para su aplicación, entre ellas los Planes de Emergencia y Contingencia que debe presentar el titular del proyecto que se somete a evaluacion en el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental, los Instrumentos de Planificacion Terriorial aplicables a la zona costera chilena y la Evaluacion Ambiental Estratégica como instrumento de gestion ambiental que vela por la aplicación del desarrollo sustentable. Tras el estudio realizado, se concluye que ninguno de los órganos e instituciones aquí mencionados tiene la obligacion y, en la practica, vela por que se aplique el principio del desarrollo sustentable desde su carácter antropocentrico. Ademas, de los resultados obtenidos se desprende que el proeycto no cumple con las medidas de adaptacion a los efectos del cambio climatico antes descritas, sobreexponiendo la salud de la poblacion a sufrir daños por los impactos de este fenomeno

Tesis (Magister en Derecho ambiental) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca identificar el régimen jurídico aplicable a los humedales tipo turbera y pomponales (o humedales de musgo sphagnum) y a la actividad extractiva de sus recursos. Se intentará identificar sus características, fortalezas y falencias para determinar, primero, si es necesario regular y, luego, cuáles serían los principios y normas que deberían regir esa nueva regulación, en pos de conservar estos recursos y dar continuidad a los servicios ecosistémicos que ellos prestan, especialmente en el Archipiélago de Chiloé donde cumplen un rol crucial como reserva de agua potable para la producción y consumo humano, además de otros servicios como el almacenamiento de grandes cantidades de carbono y reserva de biodiversidad. Se revisarán, además, regulaciones de recursos similares, así como la forma en que el derecho comparado se hace cargo de la necesidad de conservarlos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de carácter descriptivo en relación a la legitimación activa en materia de justicia ambiental, especialmente vinculado a las nuevas exigencias del Acuerdo de Escazú y a la figura del ombudsman o Defensor del Pueblo Ambiental como posible respuesta en Chile. Para llevar a cabo lo anterior, se comenzará por la descripción del Acuerdo de Escazú y de aquellos planteamientos en relación al acceso a la justicia ambiental que constituyen un nuevo estándar de exigencia a nivel regional. A continuación, se realizará un estudio de la normativa y doctrina nacional más importante en materia de acceso a la justicia ambiental y las diversas acciones que consagra el ordenamiento jurídico chileno, para lo cual se realizará una descripción de dichas acciones con sus características más relevantes mencionando brevemente sus elementos y finalidades. En tercer lugar, se llevará a cabo una lectura detallada de la institución del ombudsman, revisando aquellos estándares propuestos por las organizaciones internacionales para la institución y de manera más concreta para el estudio de sus funciones y características principales en la implementación a través de la revisión de la normativa legal de algunos países como Argentina, Costa Rica, Perú o Venezuela para este órgano. Así, luego del estudio del Acuerdo de Escazú, de nuestro ordenamiento jurídico en materia de legitimación en el acceso a la justicia ambiental y el análisis de la institución del ombudsman, se pudo concluir en relación al aporte que tendría la figura del ombudsman ambiental de acuerdo al proyecto de ley actualmente en tramitación en nuestro país.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Actualmente la racionalidad de nuestro sistema regulatorio cuenta con un déficit importante, a saber, no es posible tener información fidedigna respecto a cómo es que operan en la realidad las normas dictadas para regular una determinada actividad, en particular para el caso de estudio, los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Lo anterior es drámatico si comprendemos que estos planes son instrumentos de gestión ambiental que buscan prevenir un impacto significativo en el medio ambienta y la salud de las personas, operativizando el mandato contenido en la garantía del artículo 19 n°8 de la Constitución Política de la República. A su vez, dinamizadores de regulación posterior, además de tener un fuerte contenido económico. Es por lo anterior que este trabajo se propone analizar cómo dotar de mayor racionalidad a nuestro ciclo de política regulatoria en el sentido de que éste debe ser completado, constatando la necesidad de incluir una evaluación ex post de la regulación secundaria en material ambiental para, pero muy particularmente de los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Para efectos de lo anterior se presenta una conceptuación de la evaluación regulatoria ex post, se hace hincapié en su contenido (particularmente en el análisis de costo-beneficio), se presenta las experiencias comparadas, además de estudiar los ejemplos y resultados que ha tenido en Chile respecto a otras regulaciones. Finalmente, se propone una serie de contenidos mínimos que debería tenereste tipo de evaluaciones para ser idóneamente operativa en nuestro país