Siendo la universidad un establecimiento diseñado y abocado ha actividades educacionales. Esta es una etapa optativa, pero la de mayor responsabilidad, ya que se encarga de formar a los futuros profesionales del país; por ello es deber de la universidad velar por la seguridad integral de la comunidad universitaria, el cuidado de su ambiente y la correcta enseñanza. En la actualidad la Universidad Ricardo Palma no cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, ni en temas relacionados al medio ambiental que puedan ser aplicados a su campus universitario. Por consiguiente la Universidad Ricardo Palma no es ajena a ello por lo que en el presente trabajo se Elaborará un Modelo de Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental que pueda ser aplicado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma. Si bien la URP cuenta con 8 Facultades (Ver cuadro 1) se decidió elaborar el modelo para la facultad de ingeniería por los siguientes motivos: • Es la Facultad Ingeniería que reúne la mayor cantidad de estudiantes y cuenta con 2 pabellones. • .Cuenta con Laboratorios de química en la cual emplea como parte experimental y de investigación elementos, sustancias y materiales peligrosos. • Cuenta con laboratorios CIM (Manufactura integrada por Computadora), de cómputo, hidráulica la cual emplea equipos de alta tecnología. Al final del presente estudio la Universidad y la Facultad de Ingeniería tendrían un modelo de Implementación de Gestión para ser aplicado al resto de la universidad que le permita brindar una mayor seguridad y calidad contribuyendo de esta manera al éxito y cuidado de la comunidad universitaria y el ambiente.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere aseso / Diseñar el sistema de presurización para las escaleras de evacuación contra incendios del edificio de la Universidad Tecnológica del Perú de la sede Ate. Calcula el factor de temperatura de la escalera de evacuación N°1 y N°2 contra incendio. Calcula el caudal de aire a puertas abiertas y cerradas en la escalera de evacuación contra incendio. Calcula el caudal total necesario para la presurización de las escaleras de evacuación contra incendio. Dimensiona el damper barométrico para las escaleras de evacuación, en caso de sobrepresión. Determina las especificaciones de la montante de presurización para las escaleras de evacuación contra incendio. Describe la condición de la puesta en marcha del ventilador para satisfacer la necesidad caudal y presión en la escalera de evacuación contra incendio. Describe el balance del sistema de presurización de escaleras a puertas cerradas, con 3 puertas abiertas y balance del damper de gravedad en el edificio de la Universidad Universidad Tecnológica del Perú de la sede Ate. / Trabajo de suficiencia profesional

Objetivo: Este artículo examina la relación entre la percepción del riesgo laboral y el clima de seguridad. Material y métodos: Estudio observacional de corte transversal y alcance correlacional realizado en una empresa dedicada a la construcción de infraestructura. El estudio incluyó un total de 235 participantes, aplicándoseles el cuestionario nórdico de clima de seguridad (NOSACQ 50) y el cuestionario adaptado de evaluación dimensional de riesgos (EDRP-T). Resultados: El promedio de la edad fue igual a 38.1 años ± 10.2 y de ellos el 50.2% (n=118) tuvieron educación secundaria y el resto educación técnica. El tiempo de trabajo del personal en general estuvo en el rango de 1.4 años ± 0 .6. El compromiso de los empleados con la seguridad y la confianza de los empleados en los sistemas de seguridad obtuvieron puntajes que se relacionan con un clima de seguridad a un nivel bastante bueno con una ligera necesidad de mejora. Los dominios cuatro, seis, siete y ocho de la EDRP-T presentaron puntajes por debajo de 4.9 puntos, ligeramente superior a la línea de neutralidad (puntuación = 4). Discusión: No se encontró relación entre el clima de seguridad y la percepción del riesgo laboral, probablemente, debido a que la población estudiada tenía un tiempo de trabajo en la empresa relativamente bajo (1.4 años ± 0.6).

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS / Desde que se creó el sistema de seguridad social en Chile en el año 1924, éste por su naturaleza de equidad y solidaridad, siempre consideró que las imposiciones fueran de cargo tanto del empleador como del trabajador. Como dato histórico, el Sistema de Seguridad Social en Chile se inició con imposiciones del orden del 5% del salario del trabajador (2% lo pagaba el trabajador y 3% el empleador). Esta proporción fue aumentando en el tiempo y a su vez el rol del empleador fue cada año más relevante llegando a tasas de imposición superior al 15,7%1. Cuando comenzó el sistema de capitalización individual en Noviembre de 1980 con el DL 3.500, existía en el país grandes expectativas debido a los cambios radicales que éste contemplaba. Lo primero era que el empleador no aportaba a la tasa de cotización de sus trabajadores. Esto fue bien recibido por los empleadores, los cuales apoyaban el nuevo sistema de pensiones ya que les quitaba un peso importante, considerando que el aporte del empleador oscilaba entre el 5% y el 15,7% (según la caja previsional en que haya estado afiliado el trabajador). Otro punto que consideraba el nuevo sistema de AFP era la forma en que se financiaban las pensiones. Por ejemplo, el sistema de reparto la pensión de cada persona se financia en parte con los aportes (cotizaciones) que realizan los trabajadores activos, los empleadores y el Estado, por lo tanto, el dinero aportado va a un fondo común con el cual se financian las pensiones. En el sistema de capitalización individual, cada afiliado posee una cuenta donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones que las administradoras realizan con los recursos de los fondos. Al término de la vida activa, este capital le es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna de las modalidades de pensión2. Otro aspecto relevante que cambió es el porcentaje de cotización, el cual se establecía en un 10% sobre la renta imponible del trabajador. Este cambio se debió principalmente a José Piñera, quien fue el creador de las Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile (AFP), el cual pensaba que con ese monto de cotización se podía alcanzar una tasa de reemplazo (TR)3 del 70%. Así queda estipulado en su libro “El cascabel al gato", el cual indica (se cita textual) que: “En efecto, era preferible fijar el % de la cotización que definir de antemano el monto de la pensión resultante. Si todo iba razonablemente bien, nuestros cálculos indicaban que ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar a montos equivalentes al 70% de ella al final de la vida de trabajo”4. Para definir los parámetros que permitirían alcanzar esta tasa de reemplazo se utilizaron supuestos y bases de proyección para un cotizante promedio que han diferido en gran medida de los casos reales y más aún de los que se proyectan para los años venideros. Aun cuando no existen todavía pensionados que hayan cotizado durante toda su vida en el nuevo sistema (lo que requiere aproximadamente unos 40 años de historia), la información obtenida de quienes se han pensionado cotizando desde los inicios del sistema y proyecciones realizadas indican que las tasas de reemplazo que se están alcanzando se encuentran, en general, por debajo del objetivo establecido. Sumado a lo anterior, el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) del 2013 reveló que la tasa de reemplazo de las pensiones de los trabajadores de ingresos medios ($580 mil pesos) en Chile alcanza el 52% para hombre y 42% para mujeres. En el caso de quienes ganan la mitad del ingreso medio en Chile llega a 62,5% en hombres y a 53,2% en mujeres. Mientras, en el segmento de quienes perciben 1,5 veces más el sueldo promedio, la cobertura es de 47,7% para hombres y 37,2% para mujeres. El dato es menor al reportado por el mismo informe de la OCDE de 2011, cuando la cobertura de pensión local llegaba a 64,3% para los hombres y a 49,9% para las mujeres. Pese a todo lo malo que esto puede llegar a ser, el análisis final fue todavía más lapidario ya que indica que “las jubilaciones futuras serán en general más bajas que las actuales y los sueldos medios sufrirán esta situación”. Dicho estudio de la OCDE saca a la luz una cifra muy alejada del 70% prometido al imponerse el sistema de AFP en 1980, y muy por debajo de las tasas de reemplazo del promedio de los países de la OCDE, que alcanzan 69,1% para hombres y 68,3% para mujeres. Estas cifras representan un fuerte cuestionamiento al estudio realizado por Ricardo Paredes5, según el cual las tasas de reemplazo en Chile superaban el 80%, con lo que el país se encontraba en una situación muy superior a algunos países desarrollados. Las diferencias de los resultados entre ambas metodologías se puede deber a que Ricardo Paredes trabajó con afiliados outliers, quizás afiliados con una densidad de cotizaciones muy superior al 100% entre otras consideraciones.

Se busca identificar las motivaciones de los linchamientos en el Perú actual, particularmente a (presuntos) delincuentes. El artículo señala que hay cuatro posibles motivos que «justifican» los linchamientos para sus participantes: las carencias institucionales materiales, las dificultades del proceso legal, los discursos antagónicos entre policías y vecinos, y el desconocimiento del acusado como sujeto de derechos. Se propone luego que, debido a estos motivos y a las promesas y posibilidades del linchamiento como acto mismo, a diferencia de los mecanismos legales de sanción,estas prácticas logran justamente producir una sensación de justicia en la colectividad, lo cual revitalizaría su (re)producción. Finalmente, el artículo invita a preguntarnos sobre las implicancias de este fenómeno en el desarrollo de la ciudadanía del Perú contemporáneo.

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En el proyecto “Propuesta de reducción de riesgos disergonómicos en estiba – producción, de la empresa AGROINDUSTRIA ABANOR S.A.C., para incrementar la productividad” se analizó la situación actual del proceso de fabricación de alimento balanceado para animales; diagnosticando con ello los factores de riesgos disergonómicos a los que se encuentran expuestos principalmente los operarios de estiba, tomando como punto de partida el elemento humano para aumentar la eficacia de la producción. Los datos iniciales indicaron como problema, una caída secuencial en sus registros de producción y congruentemente una pérdida económica significativa para la empresa. La ergonomía es precisamente la que estudia la relación entre hombre-máquina-entorno; por lo que el proyecto busca que el trabajo de los operarios no solo sea más productivo si no más integral y potencial. La metodología de estudio es de tipo investigación descriptiva y el diseño no-experimental. La información se recolecto de fuentes primarias a través de encuestas. La toma de datos se realizó mediante instrumentos como, cronómetro, cinta métrica, cámara fotográfica. La técnica utilizada fue la observación y se aplicó el método ergonómico REBA. Para obtener los datos de riesgos disergonómicos ambientales en el área de producción, se emplearon instrumentos de medición de laboratorio debidamente calibrados: ruido (sonómetro), iluminación (Luxómetro) y partículas respirables (bomba de muestreo personal). El objetivo de la investigación es determinar la influencia de los riesgos disergonómicos que afectan a los operarios de estiba, y que ocasionan la baja productividad en la empresa; aplicando métodos ergonómicos que exploten de manera integral el potencial de los trabajadores y que su vez puedan incrementar las utilidades de la empresa. Al realizar el diagnostico se obtuvo que el 64% de los operarios presentaron molestias que interfirieron en sus labores, correspondiendo el 55% a los operarios de estiba. Los operarios de estiba realizan tareas importantes para el desarrollo del proceso productivo pero que al realizarlo sin las medidas y posturas adecuadas deterioran la salud de los trabajadores; siendo necesario adoptar medidas que impliquen la capacitación de posturas adecuadas así como las buenas técnicas en el transporte y manejo de cargas. / Tesis

Tesis para optar al grado de Magister en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / El 8 de junio de 2007 comenzó a regir en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N° 20.084). Su principal función es generar un marco normativo para el establecimiento de un sistema de justicia especializado, cuyo objetivo es sancionar adolescentes entre 14 y 17 años que han infringido la ley penal; responsabilizarlos y entregarles herramientas que apoyen su reinserción social. Durante más de una década se discutió en el país sobre las características que debía tener un sistema como éste. El tema está cruzado por una serie de tensiones. Entre ellas: - Las crecientes demandas por seguridad ciudadana y acciones concretas contra la delincuencia1. - La necesidad de modernizar la respuesta del Estado frente al delito: hacerla más eficiente, rápida, transparente y justa. - El público objetivo del nuevo sistema y sus sanciones: jóvenes en etapa de desarrollo; hijos de familias pobres y vulnerables, la mayoría2. En cuanto a los objetivos de la nueva ley, se pueden identificar básicamente tres: i) Que los jóvenes a edad temprana (a partir de los 14 años) se responsabilicen y reciban una sanción por los delitos que cometen. ii) Que la sanción esté acorde a la etapa de desarrollo del infractor (la normativa contempla un catálogo distinto al de los adultos, y diferenciado entre quienes tienen 14-15 años y 16-17). iii) Que junto con cumplir una sanción, el joven reciba herramientas (educación, capacitación) que faciliten y apoyen su reinserción social. Para los adolescentes, la puesta en marcha de esta normativa implica una serie de cambios. En primer lugar, se reforma radicalmente la respuesta del Estado ante los crímenes o simples delitos cometidos por menores de 18 años. Se pone fin al trámite de discernimiento y se garantiza el acceso a una defensa profesional. Se modifica, en suma, la relación del sistema penal con los jóvenes infractores. Pero también se persigue cambiar la forma en que cumplen una sanción y la calidad de los programas y talleres que reciben. Todo esto, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que da origen a la nueva normativa. La administración central de esta Nueva Justicia Juvenil recae en el Sename (Servicio Nacional de Menores), pero comprende la interacción de todas las instituciones que funcionan en el marco de la administración de justicia en Chile. Estas son: Policías (Carabineros e Investigaciones), Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile. La Reforma Penal Adolescente se enmarca en un proceso de transformación general de la administración de justicia en Chile, llevado adelante tras el retorno a la democracia. Sobre este se pueden distinguir tres etapas. Una primera fase contempla la creación del Consejo de la Magistratura y la Academia Judicial, instituciones cuyo objetivo es apoyar la labor que realiza la Corte Suprema y los distintos escalafones del Poder Judicial. El segundo hito es la transformación del sistema criminal de justicia, con la puesta en marcha en forma gradual, a partir de 1995, de la Reforma Procesal Penal. La tercera etapa, aún en proceso, contempla una extensión de las reformas de la justicia criminal en las siguientes áreas: tribunales de familia, justicia juvenil, justicia laboral y, finalmente, las cortes civiles. La propuesta de este trabajo es diseñar una estrategia de seguimiento y evaluación de impacto de la Nueva Justicia Juvenil3. Hay razones de política pública general que lo justifican: contar con información y cifras en torno a un programa mejora la calidad de la discusión, orienta la gestión hacia el logro de resultados y permite aprender de la experiencia. Contar con un sistema de monitoreo y evaluación también es pertinente en el marco de una política criminal especializada que introduce cambios normativos y de procedimiento; privilegia las sanciones en el medio libre e incorpora un nuevo grupo etario (los adolescentes de 14 y 15 años) entre los responsables penalmente. La evidencia internacional en materia criminal señala que la privación de libertad (la cárcel) genera altas tasas de reincidencia. Al mismo tiempo, la Reforma Penal Adolescente tiene entre sus objetivos no solo la aplicación de sanciones sino también entregar herramientas para contribuir al proceso de reinserción de los jóvenes infractores. Ambos elementos constituyen factores de interés para contar con una propuesta metodológica de evaluación. Para los fines de este trabajo, se entiende la evaluación de impacto como parte de un sistema integral que incluye monitoreo y evaluación de procesos. La idea es generar un modelo que permita contar con información estadística sobre el nuevo sistema de justicia (aprehensiones, delitos, sanciones que se aplican a los adolescentes), como asimismo que proporcione instrumentos para evaluar la operación de la reforma y su impacto. La idea es aportar elementos de análisis y diseño para la evaluación de impacto de una política criminal. Pero también se busca contribuir al desarrollo de una de las áreas que presenta más déficit en los países en desarrollo, como es la evaluación de impacto. Al respecto, Esther Duflo afirma: “los beneficios de evaluar el impacto de programas en desarrollo, y saber cuáles funcionan y cuáles no, superan a los programas mismos y a las agencias que los implementan. Una evaluación de impacto creíble es un bien público en el sentido de que puede ofrecer una guía confiable para organizaciones internacionales, gobiernos y ONG’s”4. Es también sabido que los costos de las evaluaciones de impacto pueden ser significativos, en cuanto requieren el levantamiento de encuestas especiales. Por ello, el presente trabajo se concentra en la propuesta de un diseño para la evaluación del impacto de la reforma

El fin de la Guerra Fría desencadenó una drástica transformación en las relaciones internacionales, no sólo en el mercado global y en el estado debido a la expansión de negocios y al verse disminuido el rol del estado, sino que también en organizaciones criminales internacionales. En 1994, durante la conferencia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con respecto al crimen organizado mundial que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 1994 en Washington, D.C., se discutió sobre cómo las dimensiones del crimen organizado mundial representan, para la seguridad internacional, un desafío mayor que cualquiera que hubiera tenido que enfrentar durante la Guerra Fría. Arnaud de Borchgrave, Director de Proyecto para el CSIS, defendió esta afirmación explicando que "…hemos sido testigos de una alarmante proliferación de sindicatos del crimen organizado y las alianzas globales que han establecido. Al igual que los negocios legítimos, las organizaciones criminales internacionales entendieron y se ajustaron a las complejidades del nuevo mercado global." Y agrega que, "Los líderes criminales internacionales están ocupados moldeando nuestro planeta en santuarios privilegiados para todo desde falsificación y adulteración de tarjetas de crédito a lavado de dinero y contrabando…a inmigrantes ilegales”. Era un momento para celebrar no sólo los avances del mundo, sino también para evaluar y prevenir acerca de las redes criminales recientemente formadas

El presente estudio es una investigación secundaria con la metodología enfermería basada en evidencias; tiene como objetivo: demostrar cuál es el impacto del cumplimiento de la aplicación del listado de verificación de seguridad quirúrgica para garantizar la seguridad del paciente. La investigación tiene una legítima relevancia científica porque ayudará a mejorar la seguridad del paciente a través del cumplimiento del listado de verificación de seguridad quirúrgica, lo que permitirá brindar continuidad en el cuidado de enfermería. Formulándose la pregunta clínica: ¿cuál es el impacto del cumplimiento del listado de verificación de seguridad quirúrgica en los pacientes para garantizar la efectividad y seguridad de una intervención quirúrgica? Las estrategias de búsqueda se desarrollaron mediante la elección de las palabras clave, accediendo a la base de datos de Pubmed. Se seleccionaron diez artículos a través la lista de chequeo de validez aparente de Gálvez Toro. Para realizar el comentario crítico se utilizó la lista de Caspe. El nivel de evidencia es 1+ y el grado de recomendación es moderada. La respuesta de la pregunta clínica es que el impacto del cumplimientodel listado de verificación de seguridad quirúrgica es el bajo nivel de morbi - mortalidad, disminuye los errores operatorios, aumenta la seguridad del paciente y mejora la comunicación entre el personal de salud. / Trabajo de investigación