En esta tesis buscamos: (i) definir la naturaleza jurídica de la relación del indígena asháninka con su territorio; y (ii) analizar el contenido y alcance de la propiedad comunal de las comunidades nativas a fin de definir su naturaleza jurídica. Desde la Constitución Política de 1920, el Perú reconoce la existencia legal de los pueblos indígenas; sin embargo en la práctica estos enfrentan una serie de dificultades para proteger sus territorios debido a la falta de un mecanismo eficiente que reconozca sus derechos sobre estos considerando la especial relación con su entorno y las formas tradicionales de organización y manejo de los mismos. En primer lugar revisamos los conceptos de territorio, pueblo indígena y comunidad nativa; analizamos los alcances de la existencia legal a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Política del Perú vigente y los fundamentos de la propiedad comunal. Luego, hacemos un análisis de la evolución de la legislación peruana sobre pueblos indígenas a partir de la época Republicana, haciendo particular énfasis en la condición legal del indígena amazónico después de la Independencia, así como el desarrollo del derecho privado y las políticas sobre tierras en la Amazonía durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Asimismo analizamos el origen de la comunidad nativa como institución jurídica creada para otorgar personería jurídica a los indígenas de la Amazonía Peruana. Finalmente, a través del análisis del caso de una comunidad asháninka de la Selva Central, identificamos y analizamos los problemas de aplicación del derecho privado como herramienta de reconocimiento y protección de derechos pero sobre todo como instrumento efectivo para la paz y el orden social. Este trabajo busca contribuir al mejor entendimiento de la relación jurídica del indígena amazónico con su territorio ancestral y a la función social de la propiedad comunal. Palabras Claves: Amazonía peruana, comunidad nativa, naturaleza jurídica, pueblos indígenas, propiedad comunal, territorio tradicional. / Tesis

Los procesos de movilidad humana no son fenómenos recientes en la historia del Perú. Tampoco lo son las medidas que el Estado adopta para controlar la movilidad internacional hacia y a través de su territorio. Sin embargo, en la actualidad, se evidencian importantes elementos que influyen directamente en la manera en que este país regula estos procesos, resaltando, una variación en su perfil migratorio, debilidades internas del sistema de gestión migratoria nacional y un contexto de inseguridad ciudadana, que han facilitado que el enfoque de seguridad, actualmente, sea preponderante y transversal en la agenda pública y en el diseño e implementación de mecanismos de control migratorio, teniendo importantes consecuencias en términos de la vigencia y del respeto de garantías de protección de las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos de deportación. Para llegar a dicha conclusión, esta tesis toma como base tres premisas fundamentales que son desarrolladas en el marco teórico: la expulsión de personas en situación de movilidad es una expresión de la facultad de los Estados para controlar las migraciones internacionales; esta facultad no es absoluta, siendo que la protección debida al ser humano es uno de los principales límites de la potestad de expulsión de los Estados; y, el enfoque de seguridad, al colocarse en el centro del sistema de control migratorio, afecta la vigencia de derechos y garantías y consolida “Estados de Excepción Migratorios”, entendidos como una desviación de la facultad de los Estado de establecer “Estados de Excepción”, mediante los cuales se instauran campos de (des)regulación donde el sujeto de derechos se convierte en un objeto de sanción y el Estado suspende el cumplimiento de obligaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional. Bajo dichas premisas, se desarrollan dos capítulos analíticos. El primero está dirigido a evidenciar que el control migratorio, y en ese marco los procesos de expulsión, son herramientas al servicio de la seguridad ciudadana en el Perú. Ello, de por sí, no debe ser entendido necesariamente como un aspecto negativo. Sin embargo, la prevalencia de la agenda de seguridad ha significado un “relajamiento” en cuanto al apego estricto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado respecto a las garantías y derechos de las personas sometidas a estos procedimientos, pudiendo estarse consolidando “Estados de Excepción Migratorios” en nuestro país. Ello será demostrado en el segundo capítulo analítico, el cual analiza las normas, procedimientos y prácticas relacionadas a la expulsión de extranjeros en el país. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se enmarca dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en convergencia con otras ramas del Derecho Internacional que limitan la potestad de los Estados de controlar la movilidad humana, y utiliza sus enfoques y las líneas de análisis para examinar la adecuación de las normas nacionales que se aplican a los procesos de expulsión y la actuación de las autoridades responsables de la aplicación y ejecución de dichas medidas. Asimismo, resalta su carácter interdisciplinario (relaciona diversas ramas del Derecho Internacional con el Derecho administrativo sancionatorio y la Sociología del Derecho) y la combinación de técnicas como la entrevista y la investigación documental con el análisis de fuentes de información secundarias. Se debe tener presente que existe poca literatura nacional especializada en el análisis de los procedimientos de expulsión y un limitado acceso a fuentes de información oficiales que permitan dicha evaluación. / Tesis

Los procesos de movilidad humana no son fenómenos recientes en la historia del Perú. Tampoco lo son las medidas que el Estado adopta para controlar la movilidad internacional hacia y a través de su territorio. Sin embargo, en la actualidad, se evidencian importantes elementos que influyen directamente en la manera en que este país regula estos procesos, resaltando, una variación en su perfil migratorio, debilidades internas del sistema de gestión migratoria nacional y un contexto de inseguridad ciudadana, que han facilitado que el enfoque de seguridad, actualmente, sea preponderante y transversal en la agenda pública y en el diseño e implementación de mecanismos de control migratorio, teniendo importantes consecuencias en términos de la vigencia y del respeto de garantías de protección de las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos de deportación. Para llegar a dicha conclusión, esta tesis toma como base tres premisas fundamentales que son desarrolladas en el marco teórico: la expulsión de personas en situación de movilidad es una expresión de la facultad de los Estados para controlar las migraciones internacionales; esta facultad no es absoluta, siendo que la protección debida al ser humano es uno de los principales límites de la potestad de expulsión de los Estados; y, el enfoque de seguridad, al colocarse en el centro del sistema de control migratorio, afecta la vigencia de derechos y garantías y consolida “Estados de Excepción Migratorios”, entendidos como una desviación de la facultad de los Estado de establecer “Estados de Excepción”, mediante los cuales se instauran campos de (des)regulación donde el sujeto de derechos se convierte en un objeto de sanción y el Estado suspende el cumplimiento de obligaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional. Bajo dichas premisas, se desarrollan dos capítulos analíticos. El primero está dirigido a evidenciar que el control migratorio, y en ese marco los procesos de expulsión, son herramientas al servicio de la seguridad ciudadana en el Perú. Ello, de por sí, no debe ser entendido necesariamente como un aspecto negativo. Sin embargo, la prevalencia de la agenda de seguridad ha significado un “relajamiento” en cuanto al apego estricto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado respecto a las garantías y derechos de las personas sometidas a estos procedimientos, pudiendo estarse consolidando “Estados de Excepción Migratorios” en nuestro país. Ello será demostrado en el segundo capítulo analítico, el cual analiza las normas, procedimientos y prácticas relacionadas a la expulsión de extranjeros en el país. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se enmarca dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en convergencia con otras ramas del Derecho Internacional que limitan la potestad de los Estados de controlar la movilidad humana, y utiliza sus enfoques y las líneas de análisis para examinar la adecuación de las normas nacionales que se aplican a los procesos de expulsión y la actuación de las autoridades responsables de la aplicación y ejecución de dichas medidas. Asimismo, resalta su carácter interdisciplinario (relaciona diversas ramas del Derecho Internacional con el Derecho administrativo sancionatorio y la Sociología del Derecho) y la combinación de técnicas como la entrevista y la investigación documental con el análisis de fuentes de información secundarias. Se debe tener presente que existe poca literatura nacional especializada en el análisis de los procedimientos de expulsión y un limitado acceso a fuentes de información oficiales que permitan dicha evaluación.

En el presente estudio buscamos explorar la manera en la que se relacionan en la actualidad los pueblos indígenas con la institucionalidad estatal e internacional a partir del caso de los pueblos nativos de una provincia de la Amazonía peruana en su búsqueda por la anhelada autodeterminación territorial y el derecho a participar en las decisiones políticas que les afectan. En esta lucha los pueblos amazónicos han adoptado un rol activo en la tarea de que los derechos que han venido siendo reconocidos progresivamente a nivel internacional no sean meramente declarativos sino que tengan una vigencia efectiva en la realidad de sus territorios justamente porque perciben que son indispensables para transformar la institucionalidad oficial a su favor. Así, buscamos demostrar que los pueblos indígenas de la selva peruana no solo no reconocen pasivamente las limitaciones de dichas normas, sino que vienen llevando a cabo una serie de acciones colectivas que están dirigidas a superar su insuficiencia / Tesis

¿Están las decisiones de política pública siempre determinadas por las élites empresariales? ¿Hasta qué punto el Estado peruano está capturado por estos actores? Esta tesis aboga por una reevaluación de la teoría de captura del Estado tan difundida en el contexto peruano y propone una explicación alternativa para entender el éxito o fracaso del poder empresarial en avanzar sus intereses de política pública. Se argumenta que este depende de tres factores: (i) la cohesión de los actores empresariales, (ii) la presencia (o ausencia) de opositores capaces de hacerles frente, y (iii) el tipo de arena de competencia en el que se desempeñen, invisible o visible, y el grado de relevancia que posea el tema de política pública en controversia en esa arena. Usando una metodología cualitativa, esta tesis analiza el caso de la aprobación de la ley de moratoria a los transgénicos en el Perú (2011) para demostrar esta dinámica de fracaso empresarial. Las élites económicas durante la administración derechista de Alan García no lograron triunfar en sus intentos de aprobar una ley permisiva para la siembra de semillas transgénicas a pesar de su poder y de estar bien representados en el Ejecutivo. Su involucramiento modesto y su incapacidad para articular un frente unificado enfrentó a una movilizada oposición de los grupos de la sociedad civil económicamente débiles que obligaron a las élites a pasar de un campo cerrado de competencia a uno abierto. En este nuevo espacio, la coalición de la oposición ganó ventaja, pues que las fuentes tradicionales de poder de los actores empresariales ya no eran determinantes. Las estrategias de movilización altamente simbólicas utilizadas por la coalición le permitió frustrar los intereses de los actores empresariales y, en última instancia, tener éxito en aprobar la moratoria a los transgénicos. Además, la tesis explora dos otros casos de fracaso y éxito del poder empresarial, la regulación de las franjas de pesca de anchoveta (2012-2013) y la “Ley Pulpín" (2014-2015), para dotar de validez externa a la teoría propuesta. / Tesis

Las políticas de control migratorio que han adoptado los Estados en los últimos años, a fin de hacer frente a la grave crisis de movilidad humana, se han traducido en la adopción de medidas que transgreden el derecho a la no devolución, pese a que este derecho goza de un amplio reconocimiento y aceptación universal en diversos instrumentos internacionales. En este contexto, existe la necesidad urgente de efectivizar y armonizar la protección de no devolución en los procesos de movilidad humana. Por esta razón, proponemos la aplicación de estándares jurídicos en los procedimientos de devoluciones o expulsiones en el marco del SIDH. Esencialmente, estándares que consideren las necesidades particulares de las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad; ya sea por la concurrencia de un factor o de la intersectación de diversos factores de vulnerabilidad, como el género, la edad, la orientación sexual, el origen técnico, religión, discapacidad, opinión política, entre otros. A fin de conocer y comprender los estándares jurídicos para garantizar el derecho a la no devolución en el marco del SIDH, partimos de la premisa que el principio de no devolución no es único. Por el contrario, actualmente, en el DI co-existen el “principio de no devolución de los refugiados”, el “derecho a la no devolución causal” y el “derecho a la no devolución ampliado”. Además, en el caso de las personas en situación de especial vulnerabilidad, el derecho a la no devolución (de refugiados, causal y ampliado) presenta un contenido reforzado; por lo que, constituye una herramienta adicional para garantizar el goce de sus derechos humanos.

En esta tesis buscamos: (i) definir la naturaleza jurídica de la relación del indígena asháninka con su territorio; y (ii) analizar el contenido y alcance de la propiedad comunal de las comunidades nativas a fin de definir su naturaleza jurídica. Desde la Constitución Política de 1920, el Perú reconoce la existencia legal de los pueblos indígenas; sin embargo en la práctica estos enfrentan una serie de dificultades para proteger sus territorios debido a la falta de un mecanismo eficiente que reconozca sus derechos sobre estos considerando la especial relación con su entorno y las formas tradicionales de organización y manejo de los mismos. En primer lugar revisamos los conceptos de territorio, pueblo indígena y comunidad nativa; analizamos los alcances de la existencia legal a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Política del Perú vigente y los fundamentos de la propiedad comunal. Luego, hacemos un análisis de la evolución de la legislación peruana sobre pueblos indígenas a partir de la época Republicana, haciendo particular énfasis en la condición legal del indígena amazónico después de la Independencia, así como el desarrollo del derecho privado y las políticas sobre tierras en la Amazonía durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Asimismo analizamos el origen de la comunidad nativa como institución jurídica creada para otorgar personería jurídica a los indígenas de la Amazonía Peruana. Finalmente, a través del análisis del caso de una comunidad asháninka de la Selva Central, identificamos y analizamos los problemas de aplicación del derecho privado como herramienta de reconocimiento y protección de derechos pero sobre todo como instrumento efectivo para la paz y el orden social. Este trabajo busca contribuir al mejor entendimiento de la relación jurídica del indígena amazónico con su territorio ancestral y a la función social de la propiedad comunal. Palabras Claves: Amazonía peruana, comunidad nativa, naturaleza jurídica, pueblos indígenas, propiedad comunal, territorio tradicional.

El derecho a la igualdad y no discriminación constituye un pilar importante para el Derecho y para institucionalidad democrática de los Estados. Es, además, esencial para una sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las diferencias que nos hacen únicos y valiosos. Una sociedad que respeta las diferencias y garantiza igualdad para todos y todas es una sociedad más cercana a la protección de la dignidad del ser humano. Debido a esto, la presente investigación se centra en la aplicación de este derecho en relación con una población vulnerable en específico, me refiero a las personas no heterosexuales y a las relaciones de pareja que forman y que, actualmente, no tienen forma jurídica de protección en el Perú. A diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas que no lo son no tienen ningún tipo de institución jurídica que les garantice derechos y obligaciones, pues han sido excluidos de las formas jurídicas existentes que otorgan estos derechos. Esto ha redundado en la discriminación de las que son víctimas en la sociedad, ahondado en las formas de invisibilización, desvaloración y falta de reconocimiento que sufren como individuos y como parejas. En este sentido, he analizado las obligaciones que tiene el Estado peruano derivadas del sistema universal de derechos humanos y del sistema interamericano, comparando estas obligaciones con las normas existentes y las medidas actuales a nivel nacional que se refieren en específico a la igualdad y no discriminación aplicadas al matrimonio como institución jurídica. Luego de un extensivo y profundo análisis de las normas y pronunciamientos a nivel universal, interamericano y nacional, puedo concluir que el Estado peruano tiene una obligación específica de protección sobre las personas que sufren de discriminación en la sociedad y, por lo tanto, deben adecuar la normativa nacional para hacer efectivos los derechos de todos y todas y garantizar que los puedan ejercer en un marco de igualdad. Por esto, el Estado peruano, a través de sus instituciones y normas, está obligado a respetar este derecho y modificar o crear los medios necesarios para hacerlo real, incluyendo en esto la normativa de todo tipo. Esta obligación implica necesariamente que no exista institución jurídica alguna que genere diferencias no objetivas basadas en la orientación sexual de las personas, el matrimonio no puede escapar a esta obligación. Se debe tener en cuenta que, tanto la Constitución peruana como las obligaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos, indican una noción de familia amplia y más allá del modelo tradicional. Es, entonces, consecuencia directa de las obligaciones de igualdad y de la noción amplia de familia que concluyo en la necesidad de adaptar las normas internas peruanas para eliminar las restricciones de las parejas no heterosexuales a instituciones como el matrimonio para garantizar los derechos que les corresponde como familia y que les han sido negados por tanto tiempo. Es hora de que la sociedad y el Derecho avancen de la mano y se busque la protección de todos los seres humanos por igual. / Tesis

La violencia, la represión y los conflictos armados son por desgracia habituales en la vida de muchos niños en el mundo. Su vulnerabilidad en esos contextos se ve intensificada. Particularmente, hay un grupo de niños que se ven envueltos en roles de combatientes, espías, mensajeros, vigilantes, “suicide bombers”, entre otros. El Derecho Internacional afronta esta realidad estableciendo disposiciones que buscan prevenir y proteger a los niños soldados. Esta investigación analiza los estándares que emergen de ellas y sostiene que son diferenciadas, incoherentes y limitadas. No toman en cuenta el interés superior del niño sino favorecen, con su terminología y lenguaje impreciso, el margen de discrecionalidad de los Estados en aras de la necesidad militar.

Desde la elaboración del Protocolo de Palermo (2000) se ha consolidado un movimiento global anti-trata que responde a las definiciones y contenidos de ese documento, con énfasis en la persecución penal del delito. En el centro de la persecución penal aparece “la víctima”, como fuente de información para incriminar las conductas delictivas. Esto se ha traducido en política criminal que, en el Perú, ha implicado una construcción jurídica y social de la víctima, muchas veces idealizada como una mujer explotada sexualmente, caracterizada por su inocencia, falta de agencia, vulnerable y que colabora con el sistema de justicia. Este estudio muestra una aproximación a este fenómeno a través del análisis exhaustivo de la literatura especializada y la exploración cualitativa a través de entrevistas a quince operadores del sistema de justicia y otros actores en Lima realizadas durante el 2016. Los resultados muestran: i) un discurso idealizado de la víctima ii) que contrasta con el reconocimiento de una amplia y compleja fenomenología del delito de trata de personas, donde las victimas que no siempre se identifican como tales, ejercen diversas formas de agencia, asumen comportamientos de riesgo, demandan y se resisten a colaborar durante el proceso penal. El análisis de datos da cuenta de un mecanismo de focalización penal concentrado en víctimas que cumplen las características de la figura ideal y se identifica la aplicación de mecanismos de distinción y discriminación que descuidan la protección de los derechos de las víctimas. / Tesis