Esta tesis nace de la necesidad de reflexionar sobre la situación y necesidades de las mujeres indígenas frente a la política de igualdad de oportunidades del Estado peruano. La carencia de información estadística, se ha suplido revisando diversas fuentes que nos permitan tener mejores elementos de juicio sobre su problemática, como los niveles de pobreza, educación, acceso a la salud, opciones de trabajo, la violencia que sufren por ser mujeres. Seguidamente, se explora el estado de la cuestión de la política de igualdad de oportunidades analizando las ventajas y desventajas de este enfoque en contraste con el enfoque de la igualdad. Asimismo, se analiza el marco, argumentación y alcances de la Ley de Igualdad de Oportunidades para situar en este marco la emergencia de las mujeres indígenas como sujeto político. El marco teórico explora categorías que ayuden a entender la dinámica de las divisiones sociales, la distribución de poder en las sociedades y como se construyen las identidades de los grupos sociales principalmente aquellos que se encuentran en desventaja. A su vez, se explora la construcción de su 3 identidad y sus marcadores de ubicación social. El enfoque utilizado es el interseccional para analizar mejor la situación de los grupos sociales no visibilizados, políticas públicas en proceso de ejecución y aportar en la inclusión de éstos, como es el caso de las mujeres indígenas. Finalmente, se analiza el instrumento de la Política de Igualdad de Oportunidades para mostrar los aportes, desencuentros y diferencias de este instrumento respecto a las necesidades y demandas de las mujeres indígenas para encontrar los elementos o las barreras que existen y que podrían ser tomadas en cuenta en un instrumento de este tipo. Concluyendo se muestran elementos para que una política pública sea más inclusiva para las mujeres indígenas. / Tesis

El asesinato de los hermanos Gomez Paqueyauri a manos de efectivos policiales ocurrido en junio de 1991, marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos en el Perú; no existía un sistema de protección de estos derechos, el ciudadano no sentía la protección del Estado frente a las amenazas del propio Estado. Con la Constitución de 1993, se crean instituciones afectándole facultades al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. El nuevo gobierno democrático de Valentín Paniagua, refuerza este sistema de protección y dan mayor presencia a las instituciones autónomas del Estado, al interior de las instituciones armadas se dictan precisas disposiciones para la impartición de la doctrinas de los derechos humanos. El presente trabajo de investigación está basado en tres tipos de enfoque, el enfoque legal o institucional, el enfoque educativo y el enfoque operativo; en cada uno de estos puntos de vista hemos querido analizar por ejemplo como fue la evolución de los derechos humanos en nuestro país, si es que estos fueron introducidos al Sistema Educativo Policial y cuál fue el efecto en el quehacer policial; finalmente hemos encontrado algunas barreras que impiden una total implementación, para lo cual esperamos que esta investigación pueda coadyuvar a nuevas investigaciones en provecho de nuestro querido país. / Tesis

El presente informe tiene como objetivo, analizar el cumplimiento y correcta aplicación, por parte de las autoridades administrativas y judiciales, del principio del Interés Superior del Niño y Adolescente, el mismo que fue recogido, con carácter vinculante para los estados firmantes, por la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente. Al ser este tratado ratificado por el Estado Peruano forma parte de nuestro ordenamiento legal interno. Para el informe hemos elegido como caso concreto, el expediente N° 279-2013-MIMP-DGNNA DIT en el cual la Dirección de Investigación Tutelar del MIMP abre investigación tutelar por presunto estado de abandono de un menor, quien contaba con sus progenitores, vivía con su padre, pero era testigo de las continuas disputas entre estos por su tenencia. Previo a esta investigación administrativa, la madre había demandado la tenencia del menor en la vía judicial. La metodología empleada para el presente informe, es el estudio de cada una de las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa y también el estudio de las principales resoluciones emitidas en el proceso de tenencia, a fin de determinar si en cada una de ellas se resolvió priorizando el Interés Superior del Niño o no se aplicó correctamente, a pesar de ser este término invocado constantemente. Previamente, definimos que se entiende por Interés Superior del Niño de acuerdo a la legislación internacional, nacional y doctrina y, finalmente, analizamos la actual normativa nacional relacionada al cumplimiento del Interés Superior del Niño en los procesos tutelares. Nuestra conclusión principal es que, si bien en la resolución de procedimientos tutelares, las autoridades constantemente invocan el principio del Interés Superior del Niño, en la práctica resuelven sin considerarlo y sin evaluar cuál es la mejor decisión para preservar los derechos del menor, en especial el derecho a la familia. Esto nos lleva a afirmar que los procesos administrativos tutelares subsiste la ya superada doctrina de la “Situación Irregular” en el que las autoridades determinan que es lo mejor para un menor de acuerdo a sus criterios y sin considerar la opinión ni el respeto a sus derechos del tutelado. Respecto al proceso judicial de tenencia, si bien se advierte una mayor comprensión del significado del principio de Interés Superior del Niño, por parte de los jueces, se advierte que la excesiva demora temporal para resolver los procesos, causa una afectación al menor, lo que también atentaría contra su interés superior.

El presente informe jurídico busca analizar la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la improcedencia de la demanda de amparo, presentada por Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Losada La pretensión de la demanda materia de análisis era que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inscriba el matrimonio celebrado por las demandantes en la ciudad de Miami, Estados Unidos. En ese sentido, cuestionamos si la utilización del artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional para declarar la improcedencia de la demanda ha sido válido, tomando en cuenta que el argumento principal de la mayoría de los magistrados ha sido declarar la no existencia del derecho constitucional al matrimonio de las personas homosexuales. La presente investigación se realizó en base a la investigación de fuentes doctrinarias, la comparación de jurisprudencia de países latinoamericanos, y el análisis de las distintas normas que forman parte de nuestro sistema jurídico. A manera de conclusión, señalamos que no fue válida la declaración de improcedencia debido a que el Tribunal Constitucional no motivó de manera suficiente la aplicación del artículo mencionado y, en consecuencia, limitó injustificadamente el alcance de la institución del matrimonio a las demandantes y los derechos y obligaciones relacionados / This legal report seeks to analyze the decision of the Constitutional Court to declare the amparo suit, filed by Susel Ana María Paredes Piqué and Gracia María Francisca Aljovín de Losada, inadmissible. The purpose of the suit under analysis was that the Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) register the marriage celebrated by the petitioners in the city of Miami, United States. In this sense, we questioned whether the use of article 7.1 of the Constitutional Procedural Code to declare the claim inadmissible was valid, taking into consideration that the main argument of the majority of the magistrates has been to declare the non-existence of the constitutional right to marriage of homosexual persons. This research was carried out based on the investigation of doctrinal sources, the comparison of jurisprudence of Latin American countries, and the analysis of the different norms that are part of our legal system. By way of conclusion, we point out that the declaration of inadmissibility was not valid because the Constitutional Court did not sufficiently motivate the application of the aforementioned article and, consequently, it unjustifiably limited the scope of the institution of marriage to the plaintiffs and the related rights and obligations

El presente informe jurídico analiza la situación estructural del despojo territorial de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya a través de la vulneración de sus derechos fundamentales a la propiedad y aprovechamiento de recursos naturales. Se trata de un proceso constitucional de amparo interpuesto por la Comunidad Nativa en donde se va a determinar si, efectivamente, se han vulnerado estos derechos. De igual modo, el territorio ancestral en cuestión ha sido dispuesto a terceros ajenos a la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya. Fuera de ello, esta disposición de su territorio ha causado gran depredación y degradación de sus bosques, por lo que comuneros han tenido que trasladarse a otras zonas para poder gozar y aprovechar de otros recursos naturales. Asimismo, el informe jurídico enfatiza en las garantías del derecho de propiedad colectiva de pueblos indígenas desarrollada en los estándares internacionales a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, se delimita el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas en el Perú. De esta manera se podrá determinar si el derecho a la propiedad de pueblos indígenas garantiza la ampliación de titulación territorial que solicita la Comunidad Nativa y si este derecho comprende la nulidad de actos concedidos a terceros ajenos a la Comunidad, tales como constancias de posesión que posteriormente fueron títulos de propiedad. Para establecer los resultados del informe jurídico es necesario conocer y distinguir conceptos como pueblos indígenas, tierra, territorio, control de convencionalidad, control de constitucionalidad. Estas definiciones nos facilitarán el análisis del caso en concreto. En suma, el fallo del Tribunal Constitucional en el Pleno 22/2022 vulnera gravosamente los derechos de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya ya que el proceso constitucional de amparo es la vía idónea para garantizar y proteger los derechos de la Comunidad Nativa. Para ello, se debe tener en cuenta que actualmente comuneros siguen experimentando amenazas, intimidación y criminalización por buscar defender sus derechos. Por tal razón, sin gozar con el reconocimiento de ampliación del territorio de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya no cuentan con protección adecuada no solo de sus tierras sino también otros derechos como la subsistencia, al disfrute del medio ambiente sano y equilibrado y aprovechamiento de recursos naturales. Por ello, es importante que el Estado asuma una voluntad política clara y colocar el problema de reconocimiento de tierras de pueblos indígenas en su agenda actual. Abordar el problema de la titulación de tierras como un asunto nacional no solo promovería el bienestar de las comunidades nativas, sino también del país y sus bosques. / This legal report analyzes the structural situation of the territorial dispossession of the Native Community of Santa Clara de Uchunya through the violation of their fundamental rights to property and use of natural resources. This is a constitutional amparo process brought by the Native Community where it will be determined if, indeed, these rights have been violated. Similarly, the ancestral territory in question has been disposed of to third parties outside the Native Community of Santa Clara de Uchunya. Apart from that, this disposition of their territory has caused great depredation and degradation of their forests, which is why community members have had to move to other areas to be able to enjoy and take advantage of other natural resources. Likewise, the legal report emphasizes the guarantees of the right to property of indigenous peoples developed in international standards through the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. In this sense, the constitutionally protected content of the right to property of indigenous peoples in Peru is delimited. In this way it will be possible to determine if the right to property of indigenous peoples guarantees the expansion of territorial title requested by the Community of Santa Clara de Uchunya and if this right includes the nullity of acts granted to third parties outside the Community, such as certificates possession and title deeds. To establish the results of the legal report, it is necessary to know and distinguish concepts such as indigenous peoples, land, territory, control of conventionality, control of constitutionality. These definitions will facilitate the analysis of the specific case. In short, the ruling of the Constitutional Court in Plenary Session 22/2022 gravely violates the rights of the Santa Clara de Uchunya Native Community, since the constitutional amparo process is the ideal way to guarantee and protect the rights of the Native Community. For this, it must be taken into account that currently community members continue to experience threats, intimidation and criminalization for seeking to defend their rights. For this reason, without enjoying the recognition of expansion of the territory of the Native Community of Santa Clara de Uchunya, they do not have adequate protection not only of their lands but also other rights such as subsistence, the enjoyment of a healthy and balanced environment and the use of natural resources. For this reason, it is important that the State assume a clear political will and place the problem of recognition of the lands of indigenous peoples on its current agenda. Addressing the issue of land titling as a national issue would not only promote the well-being of native communities, but also the country and its forests.

¿Están las decisiones de política pública siempre determinadas por las élites empresariales? ¿Hasta qué punto el Estado peruano está capturado por estos actores? Esta tesis aboga por una reevaluación de la teoría de captura del Estado tan difundida en el contexto peruano y propone una explicación alternativa para entender el éxito o fracaso del poder empresarial en avanzar sus intereses de política pública. Se argumenta que este depende de tres factores: (i) la cohesión de los actores empresariales, (ii) la presencia (o ausencia) de opositores capaces de hacerles frente, y (iii) el tipo de arena de competencia en el que se desempeñen, invisible o visible, y el grado de relevancia que posea el tema de política pública en controversia en esa arena. Usando una metodología cualitativa, esta tesis analiza el caso de la aprobación de la ley de moratoria a los transgénicos en el Perú (2011) para demostrar esta dinámica de fracaso empresarial. Las élites económicas durante la administración derechista de Alan García no lograron triunfar en sus intentos de aprobar una ley permisiva para la siembra de semillas transgénicas a pesar de su poder y de estar bien representados en el Ejecutivo. Su involucramiento modesto y su incapacidad para articular un frente unificado enfrentó a una movilizada oposición de los grupos de la sociedad civil económicamente débiles que obligaron a las élites a pasar de un campo cerrado de competencia a uno abierto. En este nuevo espacio, la coalición de la oposición ganó ventaja, pues que las fuentes tradicionales de poder de los actores empresariales ya no eran determinantes. Las estrategias de movilización altamente simbólicas utilizadas por la coalición le permitió frustrar los intereses de los actores empresariales y, en última instancia, tener éxito en aprobar la moratoria a los transgénicos. Además, la tesis explora dos otros casos de fracaso y éxito del poder empresarial, la regulación de las franjas de pesca de anchoveta (2012-2013) y la “Ley Pulpín" (2014-2015), para dotar de validez externa a la teoría propuesta.

Los músicos son un grupo que, históricamente, se han visto relegados por el propio Estado, tanto en lo que respecta a la generación de empleo como a la conservación del mismo. Ello ha desembocado en que, entre otros derechos, el correspondiente a la Seguridad y Salud en el Trabajo haya sido pasado por alto en reiteradas ocasiones, especialmente para el caso de los intérpretes y ejecutantes. En ese sentido, el presente trabajo busca abordar, primero, un planteamiento teórico sobre lo que el régimen laboral de los artistas, de modo que el lector cuente con los fundamentos suficientes para comprender el contexto en el que se encuentran. Luego, nos adentramos a lo que es la materia pertinente, verificar si es que existe, tanto en la norma positiva como en la práctica, un verdadero reconocimiento y eficacia de tal derecho. Finalmente, nos centraremos en lo reseñado en instrumentos internacionales, además de presentar legislación comparada, lo cual provoca un escenario generalizado y de perjuicio en contra de los artistas, posicionando al Estado peruano como principal responsable de lo ocurrido. Con ello, proponemos que se expida una regulación técnica especializada para los artistas intérpretes y ejecutantes, debido a la muy particular prestación de servicios que realizan. / Musicians are a group that, historically, have been relegated by the State itself, both in terms of job creation and job preservation. This has led to the fact that, among other rights, that corresponding to Safety and Health at Work has been repeatedly overlooked, especially in the case of performers. In this sense, this work seeks to address, first, a theoretical approach to the work regime of artists, so that the reader has sufficient foundations to understand the context in which they find themselves. Then, we delve into what is the relevant matter, verifying whether there exists, both in the positive norm and in practice, a true recognition and effectiveness of such right. Finally, we will focus on what is outlined in international instruments, in addition to presenting comparative legislation, which causes a widespread and damaging scenario against artists, positioning the Peruvian State as the main responsible for what happened. With this, we propose that a specialized technical regulation be issued for performers, due to the very particular provision of services they perform. / Trabajo académico

El derecho a la igualdad y no discriminación constituye un pilar importante para el Derecho y para institucionalidad democrática de los Estados. Es, además, esencial para una sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las diferencias que nos hacen únicos y valiosos. Una sociedad que respeta las diferencias y garantiza igualdad para todos y todas es una sociedad más cercana a la protección de la dignidad del ser humano. Debido a esto, la presente investigación se centra en la aplicación de este derecho en relación con una población vulnerable en específico, me refiero a las personas no heterosexuales y a las relaciones de pareja que forman y que, actualmente, no tienen forma jurídica de protección en el Perú. A diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas que no lo son no tienen ningún tipo de institución jurídica que les garantice derechos y obligaciones, pues han sido excluidos de las formas jurídicas existentes que otorgan estos derechos. Esto ha redundado en la discriminación de las que son víctimas en la sociedad, ahondado en las formas de invisibilización, desvaloración y falta de reconocimiento que sufren como individuos y como parejas. En este sentido, he analizado las obligaciones que tiene el Estado peruano derivadas del sistema universal de derechos humanos y del sistema interamericano, comparando estas obligaciones con las normas existentes y las medidas actuales a nivel nacional que se refieren en específico a la igualdad y no discriminación aplicadas al matrimonio como institución jurídica. Luego de un extensivo y profundo análisis de las normas y pronunciamientos a nivel universal, interamericano y nacional, puedo concluir que el Estado peruano tiene una obligación específica de protección sobre las personas que sufren de discriminación en la sociedad y, por lo tanto, deben adecuar la normativa nacional para hacer efectivos los derechos de todos y todas y garantizar que los puedan ejercer en un marco de igualdad. Por esto, el Estado peruano, a través de sus instituciones y normas, está obligado a respetar este derecho y modificar o crear los medios necesarios para hacerlo real, incluyendo en esto la normativa de todo tipo. Esta obligación implica necesariamente que no exista institución jurídica alguna que genere diferencias no objetivas basadas en la orientación sexual de las personas, el matrimonio no puede escapar a esta obligación. Se debe tener en cuenta que, tanto la Constitución peruana como las obligaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos, indican una noción de familia amplia y más allá del modelo tradicional. Es, entonces, consecuencia directa de las obligaciones de igualdad y de la noción amplia de familia que concluyo en la necesidad de adaptar las normas internas peruanas para eliminar las restricciones de las parejas no heterosexuales a instituciones como el matrimonio para garantizar los derechos que les corresponde como familia y que les han sido negados por tanto tiempo. Es hora de que la sociedad y el Derecho avancen de la mano y se busque la protección de todos los seres humanos por igual.

En el presente estudio buscamos explorar la manera en la que se relacionan en la actualidad los pueblos indígenas con la institucionalidad estatal e internacional a partir del caso de los pueblos nativos de una provincia de la Amazonía peruana en su búsqueda por la anhelada autodeterminación territorial y el derecho a participar en las decisiones políticas que les afectan. En esta lucha los pueblos amazónicos han adoptado un rol activo en la tarea de que los derechos que han venido siendo reconocidos progresivamente a nivel internacional no sean meramente declarativos sino que tengan una vigencia efectiva en la realidad de sus territorios justamente porque perciben que son indispensables para transformar la institucionalidad oficial a su favor. Así, buscamos demostrar que los pueblos indígenas de la selva peruana no solo no reconocen pasivamente las limitaciones de dichas normas, sino que vienen llevando a cabo una serie de acciones colectivas que están dirigidas a superar su insuficiencia

Desde la elaboración del Protocolo de Palermo (2000) se ha consolidado un movimiento global anti-trata que responde a las definiciones y contenidos de ese documento, con énfasis en la persecución penal del delito. En el centro de la persecución penal aparece “la víctima”, como fuente de información para incriminar las conductas delictivas. Esto se ha traducido en política criminal que, en el Perú, ha implicado una construcción jurídica y social de la víctima, muchas veces idealizada como una mujer explotada sexualmente, caracterizada por su inocencia, falta de agencia, vulnerable y que colabora con el sistema de justicia. Este estudio muestra una aproximación a este fenómeno a través del análisis exhaustivo de la literatura especializada y la exploración cualitativa a través de entrevistas a quince operadores del sistema de justicia y otros actores en Lima realizadas durante el 2016. Los resultados muestran: i) un discurso idealizado de la víctima ii) que contrasta con el reconocimiento de una amplia y compleja fenomenología del delito de trata de personas, donde las victimas que no siempre se identifican como tales, ejercen diversas formas de agencia, asumen comportamientos de riesgo, demandan y se resisten a colaborar durante el proceso penal. El análisis de datos da cuenta de un mecanismo de focalización penal concentrado en víctimas que cumplen las características de la figura ideal y se identifica la aplicación de mecanismos de distinción y discriminación que descuidan la protección de los derechos de las víctimas.