El presente trabajo busca identificar las oportunidades de mejora que permitan fortalecer la gestión en el proceso de acciones de fiscalización, mediante la evaluación del grado de madurez del control interno y la propuesta de acciones para el cierre de las brechas determinadas, lo que permitiría obtener una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo de dicho proceso.

Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información / La publicación de la Ley Nº 20.529, el 27 de agosto del 2011, trata sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SAC), y tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación para que los niños y jóvenes de Chile puedan tener igualdad de condiciones en la educación. El SAC se encuentra conformado por el Ministerio de Educación como ente rector, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación (SIE). Para lograr este objetivo, la SIE debe estar atenta a las necesidades de la comunidad educativa y atenderlas de forma oportuna y efectiva. La SIE a nivel nacional pone a disposición de la ciudadanía los canales de atención web, telefónico y presencial que permiten resolver diferentes tipos de requerimiento tales como consultas, sugerencias, Ley de Transparencia, reclamos al servicio por la atención, felicitaciones, solicitudes de mediación y denuncias. El Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de la SIE, busca implementar un modelo de atención que permita gestionar requerimientos de menor complejidad, como son las consultas, a través de canales de atención remotos y requerimientos más especializados, como son las denuncias, a través del canal presencial. Para el año 2016 se tuvo un promedio de 20.000 consultas entre sostenedores, ciudadanas y de educación Parvularia; sin embargo, con este nuevo modelo de atención propuesto, para el 2017 se espera que las solicitudes crezcan en más de un cien por ciento. En el contexto del nuevo modelo, se hace necesario mejorar los canales de atención y avanzar en el desarrollo de procesos o herramientas que permitan reducir la demanda por requerimientos. A esto último, se le conoce como gestión de demanda. Una forma de lograrlo es aumentando el autoservicio para los usuarios en internet de forma que puedan encontrar respuesta a sus inquietudes sin necesariamente tener que utilizar otros canales de atención. Esto ayudará a disminuir los tiempos de respuesta y permitirá a la ciudadanía acceder de forma más rápida a las solicitudes presentadas a través de los canales de atención.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objeto analizar los distintos criterios utilizados por dos Superintendencias del Estado a la hora de determinar específicamente una sanción monetaria. De este modo se realizará una breve descripción general del sistema regulatorio de las dos Superintendencias en que se centrará el estudio, para posteriormente realizar un análisis profundo, por cada Superintendencia, de cada uno de los criterios establecidos por las leyes respectivas. Además, veremos cómo fueron aplicados en casos concretos, mediante el estudio de resoluciones emanadas de los mismos organismos, con especial énfasis en aquellas donde se haya realizado un ejercicio interpretativo destacable y, en ciertos casos, en que se haya creado un nuevo criterio no establecido por la ley. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación permitirá otorgar una mayor comprensión sobre la forma en que estos organismos aumentan o disminuyen los montos de sus sanciones para, así, enriquecer cualquier discusión sobre las potestades sancionatorias de los distintos órganos administrativos del estado chileno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto comprobar si las sanciones administrativas aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (desde ahora, Superintendencia o SMA) son eficaces en cuanto a la finalidad u objetivo principal de dicha institución, es decir, respecto a la protección del medio ambiente y la salud de las personas, y el fomento al cumplimiento de la legislación ambiental. La metodología utilizada para dilucidar dicha eficacia consiste en la definición del concepto de eficacia; un análisis crítico de las bases metodológicas para la determinación de sanciones administrativas, adoptadas por la Superintendencia; y el análisis de las fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios, sanciones administrativas e infractores reincidentes que han existido, desde el año 2013 hasta mediados del año 2016. En este sentido, en base a los datos recolectados, se concluye que las sanciones administrativas aplicadas por la Superintendencia son eficaces, en relación al cumplimiento de la legislación ambiental por parte de los sujetos no infractores. Empero, no es posible afirmar la eficacia de dichas sanciones en relación a la reincidencia de los sujetos infractores, por la baja cantidad de fiscalizaciones posteriores realizadas a los mismos. Además, a juicio del autor, es factible el perfeccionamiento del sistema administrativo sancionador, mediante diversas alternativas y recomendaciones que nacen del análisis crítico de la investigación realizada, sumado a opiniones Doctrinales y experiencias del Derecho comparado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto recopilar y ordenar en forma sistemática la jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, que se refiere a la calificación de accidentes del trabajo, en el período comprendido entre los años 1992 y 2002, para lo cual este organismo interpreta la Ley 16.744, de 1968, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en materia del concepto de accidente del trabajo. La Ley 16.395, ley orgánica de la Superintendencia, en su artículo 38 letra f, faculta a este organismo para interpretar las leyes de previsión social. En el mismo sentido, el artículo 30 se remite expresamente a la ley de accidentes del trabajo, al entregarle la fiscalización de los organismos administradores del seguro social contemplado en ella. Por su parte, la propia Ley 16.744 otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la atribución de controlar su aplicación y funcionamiento. De esta manera, las normas citadas otorgan a la entidad mencionada la competencia necesaria para conocer de las materias que digan relación con los accidentes del trabajo y, en consecuencia, pronunciarse sobre su ix calificación, dando lugar a una importante jurisprudencia administrativa a través de sus dictámenes. En cuanto a la forma como se estructurará el desarrollo de la presente memoria, cabe señalar que se ha dividido en dos partes. La primera contiene una introducción al tema, refiriéndose a la evolución que ha tenido la legislación sobre accidentes del trabajo en nuestro país. La segunda parte contiene la recopilación de la jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Seguridad Social referida a la calificación de accidente del trabajo, para establecer el criterio que utiliza este organismo para interpretar la Ley 16.744, en lo que dice relación con el concepto de accidente del trabajo. Para ello, esta segunda parte se ha dividido en cinco capítulos. El primer capítulo contiene la definición del concepto de accidente del trabajo que nos da la Ley 16.744; sus elementos y su clasificación. El segundo capítulo, contiene la jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Seguridad Social referida al concepto de accidente del trabajo. Aquí se encuentra recogida jurisprudencia que ha calificado los accidentes ocurridos como común, a causa y con ocasión del trabajo. El tercer capítulo, contiene la definición que nos da la ley de los accidentes que la doctrina asimila a los del trabajo como son los accidentes de trayecto, los sufridos por dirigentes sindicales, los accidentes concausales, los ocurridos mientras se ejecuta una labor impropia y los accidentes a causa o con ocasión de la capacitación ocupacional. El cuarto capítulo, contiene la jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Seguridad Social referida a los accidentes asimilados a x los del trabajo definidos en el capítulo anterior. El quinto capítulo contiene las conclusiones y la bibliografía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La información y su conexión con el mercado de valores es un tema que desde un tiempo a esta parte ha generado un gran interés a nivel mundial. La expansión de los mercados, y en general de la actividad financiera como motor de la economía mundial, es un fenómeno que ha repercutido en mayor o menor medida en que haya una mayor atención en torno a los fenómenos que los rodean. Entre ellos las anomalías relativas a la información. A nivel mundial escándalos financieros como los de las empresas Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine Systems han derivado en regulaciones más fuertes y políticas fiscalizadoras más eficientes en pos de proteger la economía y en particular a los inversionistas como principales afectados durante las crisis . Quizás una de las razones que explican esta especial atención en nuestro país es la aparición de algunos casos de gran connotación pública, como fue el denominado “Caso Piñera”, el caso “D&S- Falabella” o el reciente caso “La Polar” . Ello junto a la expansión del mercado de valores, en tanto medio de transferencia de recursos financieros de gran relevancia para la economía de nuestro país, han hecho que tanto el debate académico, como la regulación y control del mismo hayan aumentado considerablemente en el último tiempo . En efecto, el mercado de valores se erige como una de las zonas más vitales de una economía de mercado , ya que proporciona a las empresas acceso a capital, al mismo tiempo que otorga a los inversores una parte de la propiedad en la empresa junto con un potencial de ganancias sobre la base del rendimiento futuro la misma . En otras palabras, el mercado de valores lo que hace es combinar las variables de ahorro y de inversión de modo que aquellos recursos que ciertos sujetos poseen en exceso, no se queden inmóviles, sino que se utilicen como herramienta para generar más riqueza, y por lo tanto se destinen a determinadas actividades de manera más eficiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En Chile, el desarrollo del Derecho Medio Ambiental es reciente, manifestación de ello es que sólo en 1980 se consagro el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a través del artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, aún más reciente es la concepción de derecho administrativo sancionador ambiental, noción que está indisolublemente ligada a la idea de derecho administrativo sancionador. De manera que, el objetivo que guía a la presente memoria es analizar y establecer los fundamentos que avalan la existencia de un derecho administrativo sancionador ambiental, así como los límites establecidos al ejercicio de la potestad sancionatoria radicada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El Estado a través de órganos denominados Superintendencias realiza la labor de supervigilancia que le encomienda la Constitución. En particular, en materia de pensiones esta labor es realizada por la Superintendencia de Pensiones la que en términos generales, controla, fiscaliza, resuelve los conflictos en el ámbito administrativo y regula la actuación, de las entidades públicas, y especialmente privadas que intervienen en la gestión del sistema, y sanciona. El presente estudio se centra en la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Superintendencia de Pensiones, analizando en primer lugar, a la Superintendencia desde un punto de vista de su estructura orgánica, continuando con el análisis del procedimiento a través del cual se concretan dichas funciones; y finalizando con la exposición de los principales criterios utilizados por la jurisprudencia administrativa y judicial en casos concretos de aplicación de sanciones por parte de dicha entidad

Partiendo de un análisis histórico del control difuso como prerrogativa de los órganos jurisdiccionales, hasta su incorporación paulatina al ordenamiento jurídico peruano, se pretende sentar así, las bases teóricas que permitirán comprender la importancia de su aplicación en el ámbito de la administración pública moderna. Encontrados así, sitios comunes entre ambos conceptos, veremos, hasta qué punto, prerrogativas pensadas en principio únicamente para los fueros judiciales, impactan positivamente en la función moderna de la administración pública y especialmente, desde la óptica del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, órgano administrativo que constituye la segunda instancia dentro del procedimiento registral y que no ha sido ajeno a los vaivenes producidos por las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el control difuso en sede administrativa. El estudio que se realiza a continuación, nos aproximará a detectar, a través de casos concretos, si una potestad de ese tipo, ha sido eficiente en su contribución de forjar una jurisprudencia registral más próxima a los preceptos constitucionales, o si por el contrario, la potestad de inaplicación de las normas por parte de estos Tribunales, no es tan necesaria, si en defecto de ello existen otros mecanismos de control constitucional. / Tesis

La investigación se encuentra dentro del marco del análisis de políticas públicas en la década de 1990, en una de las organizaciones del Estado: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. El problema público investigado es: “La utilización de las tecnologías de la información y comunicación y su relación con un mejor servicio registral y la determinación de los factores que permitieron la utilización de estas tecnologías en los servicios registrales”. Su importancia radica en documentar y conocer la evolución de una organización estatal en el rubro de servicios públicos, en un marco de avances tecnológicos y crecimiento de la sociedad de la información. El tipo de investigación es explicativa, a partir del uso de siete marcos proporcionados por la ciencia política: Procesamiento de la información, marco gerencial, enfoque del institucionalismo, análisis de la determinación de políticas públicas, marco explicativo, los contextos de la definición del problema y de la tipología de la política pública. Se parte de un marco conceptual basado en cuatro temas: Servicio Público, Administración y Gestión Pública, Reforma del Estado, Gobierno Electrónico y el uso de las TIC. Se determina que el problema público es originado por las siguientes causas: Excesiva duración de procedimientos, falta de interconexión entre oficinas registrales, sistema inadecuado de procesamiento de información, falta de registro de información fundamental, inadecuada manipulación e inseguridad de la información, fragilidad de los sistemas de información. Concluyéndose que a partir de 1990 se incorporan nuevos servicios y técnicas en la forma de brindar el servicio, basadas en tecnología de la información, cuyas causas de estos cambios son: Haberse dado en un contexto de modernización del Estado, con una necesidad creciente de buscar mecanismos de aseguramiento de la información, en la búsqueda de ampliación de la cobertura del servicio y mejora de los niveles de calidad del servicio. / Tesis