La Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalización con el objetivo de generar riesgo y asegurar el cumplimiento tributario. Sin embargo, para el Perú, es escasa la evidencia empírica del impacto que pueden tener las medidas fiscalizadoras en el comportamiento de los contribuyentes, sobre todo en el de los más pequeños. En ese sentido, el presente estudio tiene como objetivo medir el impacto de las fiscalizaciones basadas en cartas inductivas sobre el cumplimiento tributario de los contribuyentes del Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS). El impacto positivo en el cumplimiento tributario implica en que un contribuyente pasa a ser un buen contribuyente ante el hecho de haber sido fiscalizado. Para medir ello, se utiliza su información mensual tributaria y de fiscalización, a nivel nacional, para los 24 meses del periodo 2013 – 2014. Asimismo, se plantean tres formas alternativas para definir la calidad del contribuyente del Nuevo RUS, variable necesaria para analizar el cambio en el comportamiento. De manera específica, un contribuyente se define como bueno si: i) no ha sido fiscalizado, ii) no presenta inconsistencias en el pago de sus impuestos o iii) muestra la intención de pagar sus intereses por retraso de pago. Mediante un modelo de probabilidad Logit para datos de panel, se logra identificar que el hecho de haber sido fiscalizado con cartas inductivas tiene un impacto positivo en el cumplimiento tributario de los contribuyentes del Nuevo RUS, pero no lo suficientemente fuerte como para cambiar el comportamiento de la mayoría de estos, debido a que tienen una alta capacidad de evasión y a la baja frecuencia de fiscalizaciones inductivas existentes en el país. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la naturaleza jurídica de la interpretación y jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Valores y Seguros, su rol como fuente del Derecho Administrativo, y en particular como fuente de regulación de los gobiernos corporativos. Para ello se definirá y caracterizará el concepto de gobierno corporativo, para luego exponer el debate doctrinal que gira en torno a la aceptación de la jurisprudencia administrativa como fuente formal de derecho, para finalizar analizando los casos más relevantes de resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores y Seguros que aportan elementos normativos a la regulación de los gobiernos corporativos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objetivo desarrollar uno de los temas más controversiales que se han suscitado en nuestro ordenamiento: El Derecho Administrativo Sancionador. La calificación de controversial se debe a que, en cada etapa de su reciente desarrollo, existen voces disidentes. En un primer momento, una parte de la doctrina calificó las potestades sancionatorias de la Administración como inconstitucionales, mientras otros abogaban por su legitimidad. Luego, la discusión se refirió a los principios y normas que informan esta disciplina y, al respecto, mientras algunos se inclinan por situarla dentro del Derecho Penal, otros afirman que se trata de una disciplina autónoma que, por su escaso desarrollo normativo, puede ser integrada por los principios del orden punitivo. Actualmente, el estado de la discusión no ha progresado sustancialmente, a pesar de algunas notables contribuciones desde la doctrina y la jurisprudencia. En efecto, hoy la discusión se encuentra entrabada en el alcance de la aplicación de dichos principios penales. Por estas consideraciones, este trabajo se configura como un intento por colaborar en la sistematización del Derecho Administrativo Sancionador y entenderla como una rama específica, estableciendo su distancia con el Derecho Penal, abordando particularmente la manifestación de la actividad punitiva de la Administración ejercida por la Superintendencia de Valores y Seguros, respecto de la cual se han suscitado ciertos debates y ciertas controversias que no tienen una posición pacífica en la doctrina, ni en la jurisprudencia nacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nos encontramos al inicio de la puesta en marcha de la reforma a la institucionalidad ambiental, si bien la publicación de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales completó el nuevo panorama institucional que ya había modificado la ley 20.417, el hito decisivo para la plena aplicación de ambas normas fue la reciente puesta en marcha del segundo Tribunal Ambiental, el pasado 28 de diciembre del 2012. Esto pues, si bien la ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, introdujo una serie de cambios sustanciales a la normativa ambiental vigente, el artículo noveno transitorio de la misma puso como condición para que surtan efecto las principales modificaciones la entrada en funcionamiento del tribunal ambiental, el cual a su vez sólo adquirió fecha límite para el inicio de sus funciones con la publicación de la ley 20.600 y su artículo primero transitorio que estableció el plazo (recientemente transcurrido) de seis meses a contar desde su publicación .

Tesis (magister en derecho ambiental) / Hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, las Normas de Calidad eran una materia poco promovida y escasamente monitoreada. Sin embargo, los nuevos énfasis regulatorios, que la anterior y actual administración han impulsado respecto a la dictación de normas de calidad relativas al recurso hídrico, han traído como resultado la existencia en la actualidad de 14 expediente de elaboración de normas. Lo anterior sumado a la entrada en vigencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, hacen necesario (re)tomar el tema de las normas de calidad, desde la arista de su fiscalización y monitoreo. La Superintendencia del Medio Ambiente fue ideada como el brazo fiscalizador de la nueva institucionalidad ambiental, entregándosele la potestad exclusiva de sancionar los incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental regulados por la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, creando para éstos fines la herramienta subprogramación de las actividades de fiscalización ambiental para los distintos instrumentos bajo su tutela, sin considerar en forma expresa dicha herramienta para Normas de Calidad Ambiental, lo que se esboza como un inconveniente a la hora de su fiscalización. Por otra parte, si bien la Superintendencia tiene por ley la fiscalización de las Normas de Calidad y demás instrumentos de gestión ambiental, existen variadas interrogantes de como, en la práctica, serán ejercidas la potestad fiscalizadora, y sobre toda la sancionadora, dado que todo el modelo fiscalizador-sancionador creado por el legislador se enfoca en la corrección de conductas por parte de sujetos regulados, tanto en forma punitiva como de promoción al cumplimiento, y no en la verificación del cumplimiento de instrumentos que no cumplen con esta figura. En otras palabras, en virtud de las características de fiscalización y sanción ambiental el modelo fiscalizador-sancionador en ejercicio no sería idóneo de ser aplicado sobre instrumentos que no presenten un sujeto, natural o jurídico, privado o público, plenamente identificado, como son las Normas de Calidad. ¿Cómo fiscalizar un instrumento que no tiene sujeto fiscalizador?, ¿Cómo encajan las Normas de Calidad en el modelo fiscalizador-sancionador?, ¿Cómo, en la práctica, pueden ser fiscalizadas?. Éstas, entre otras cuestiones, serán abordadas en la presente Actividad Formativa Equivalente a Tesis, mediante la identificación y análisis de los potenciales conflictos detectados 5 en el nuevo esquema de fiscalización que la reforma ambiental ha planteado para estos instrumentos de gestión ambiental, a modo de proponer soluciones que ayuden en la práctica a ejecutar de forma eficiente y coordinada dicha tarea. Para lograr lo anterior se indaga en la naturaleza tanto de las normas de calidad, como de los instrumentos de política pública llamados a resguardar el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como también el origen y sentido del nuevo modelo fiscalizador-sancionado, encabezado por la Superintendencia del Medio Ambiente y su relación con otros organismos del Estado llamados a colaborar con dicha función. Se investiga respecto a las distintas aristas que implica la aplicación del modelo fiscalizador-sancionador sobre las Normas de Calidad Ambiental, revisando aspectos legislativos-administrativos, políticos y prácticos para los distintos organismos involucrados en la dictación y fiscalización de dichas normas, para concluir que la aplicación de las distintas herramientas y procedimientos propuestos por el legislador respecto a la fiscalización de las Normas de Calidad, genera una desviación al propósito último del modelo diseñado en la ley, impidiendo que éste actúe en forma eficaz y eficiente respecto a eventuales incumplimientos ambientales (superación de límites máximos permitidos) y en una ineficacia absoluta respecto a la implementación de los incentivos al cumplimiento. Por otra parte, se identificaron una serie de inconvenientes para la ejecución de las actividades de fiscalización, debido que la ley no entrega explícitamente la herramienta de encomendación en lo referido a las Normas de Calidad. En vista de los antecedentes revisados, se identifica como necesaria una modificación a la Ley N° 20.417, en el sentido de excluir de los instrumentos de gestión ambiental de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente a las Normas de Calidad. No obstante lo anterior, se explora también una solución alternativa referida a utilizar elementos normativos existentes, en particular lo referido a los artículos 3° literal ñ) y 16° literal g) de dicha ley, los que permitirían a la Superintendencia la creación de subprogramas de fiscalización para éstos instrumentos, de manera tal que pueda encomendar sin impedimentos actividades de fiscalización ambiental tanto, a organismos sectoriales ya contemplados en las normas vigentes, como a otros involucrados en normas futuras de diversas índoles

En lo que se refiere al desarrollo del trabajo este se ha dividido en tres capítulos. En el Capítulo I se da a conocer a la SVS en término de los objetivos que persigue, su relación con el entorno, las funciones que cumple y la estructura interna que posee. El objetivo que posee este capítulo es dar a conocer el ámbito externo en el cuál se mueve la SVS, y el ámbito interno al cuál pertenecen los funcionarios de ésta. En el Capítulo II se hace una caracterización del RRHH de la SVS, ocupando cómo referencias distintos tipos de categorías tales como el número del personal, el tipo de contrato, edad, género, escalafón, antigüedad, grados, rotación, y remuneraciones. El objetivo de éste es conocer de qué tipo es el recurso humano que posee la institución. Y así poder entender de mejor manera los sistemas de incentivos que posee ésta. En el Capítulo III se analizan los sistemas de incentivos que existen en la SVS, los cuales corresponden básicamente al tipo de contrato, las remuneraciones, las promociones y la capacitación. También se alude al servicio de bienestar y a la asociación de funcionarios, considerándose aparte por ser su afiliación totalmente voluntaria por parte del funcionario. Sin embargo, éstos también cumplirían una función dentro de los sistemas de incentivos considerándose como factores higiénicos, ya que ayudarían a evitar la insatisfacción laboral. Por último se hace referencia al clima organizacional, observando los factores que la determinan. Si bien, para analizar éste también hay que considerar la percepción que tienen los funcionarios de dichos factores mediante la aplicación de un cuestionario, este no se pudo aplicar por razones de tiempo, sin embargo, se realizó una entrevista con el jefe del departamento de RRHH, en la cuál se pudo concluir que el clima organizacional de la SVS se caracteriza por tener un personal motivado por las funciones que cumplen, existiendo una comunicación abierta entre jefes y subordinados, además de existir una identificación por parte de los funcionarios con la institución, ya que para la mayoría de éstos sienten que es un privilegio trabajar en la SVS, por el prestigio con que cuenta ésta.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente estudio de caso es de carácter exploratorio y descriptivo realizado en la División de Fiscalización (DFZ) de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Para su desarrollo, principalmente, se realizaron reuniones de trabajo con las distintas secciones de la DFZ, se recopiló información relevante para conocer el estado actual de la DFZ en materia de gestión y se realizó un análisis de la información y documentación obtenida. El objetivo del estudio de caso, correspondió a: Diseñar un instrumento de gestión basado en el Balanced Scorecard, que permita contar con una herramienta de medición del grado de logro de las definiciones estratégicas de la División de Fiscalización , para lo cual se aplicó el modelo Balanced Scorecard (BSC) en dicha División, en consideración a las virtudes que entrega el modelo, especialmente al vincular la gestión de corto plazo con la mirada estratégica de largo plazo. Para el desarrollo del BSC principalmente se realizó un diagnóstico de la DFZ que consideró un análisis interno y externo, el análisis del marco legal aplicable, y de la planificación estratégica desarrollada por el Servicio. A su vez, se realizaron reuniones de trabajo con las distintas secciones de la División de Fiscalización, lo que permitió la elaboración del BSC de dicha División, en base al modelo modificado de Paul Niven, el cual utiliza las cuatro perspectivas que se vinculan con la Misión que se encuentra en la cúspide del modelo, para posterior presentar las recomendaciones y conclusiones del trabajo realizado. Una de las principales conclusiones del estudio de caso, es que una de las perspectivas más relevantes del modelo para la División, es la perspectiva de Desarrollo y Aprendizaje, lo que es consistente con el factor más relevante de la DFZ, el factor humano. Lo que se relaciona directamente con el alto nivel de especialización y profesionalismo del mismo. Por lo señalado, se recomienda que al igual que en el diseño del BSC, durante su implementación, se debe involucrar como un agente activo y de cambio al personal de la DFZ, para efecto de lograr el nivel de compromiso y mejora que requiere el modelo definido, permitiendo con ello, adoptar las acciones necesarias para que la División alcance los objetivos propuestos y con ello, la misión definida.

el presente trabajo de investigación se propone mejorar la información y gestión del Procedimiento Contencioso Tributario (PCT) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a través de las TIC. De este modo, se plantea mejorar el acceso y disponibilidad de la información del expediente del PCT a favor del contribuyente y colaboradores de la Sunat, a la vez permitir que los ciudadanos cuenten con mayor trazabilidad a fin de conocer los diferentes estados de su expediente y aquellos que intervienen en cada etapa del PCT. Así también, se propone la automatización de la verificación de los requisitos de admisibilidad de los recursos impugnatorios de reclamación y apelación, con fines de reducir los tiempos en la validación de los mismos, y trasladar dicha función a los contribuyentes.