Las naciones de Venezuela y Guyana comparten una histórica diferencia territorial. El 29 de marzo de 2018, Guyana introdujo una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), jurisdicción que no reconoce el Estado venezolano. Esta situación motivó que la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), el American Collage (Nicaragua) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú) organicen el Foro Internacional titulado "La controversia entre Venezuela y Guayan ante la Corte Internacional de Justicia: Fase Preliminar", realizado el 14 de agosto de 2020 con el apoyo de la Fundación Arcadia. Este libro reúne las ponencias de los destacados juristas que participaron de este foro, quienes, desde su perspectiva, abordaron elementos conceptuales de la demanda en cuestión.

Nuestro interés en investigar la capacidad para celebrar tratados en el Perú y la figura de los plenos poderes aplicada a la suscripción de acuerdos comerciales, tiene su origen en el trabajo realizado entre abril de 2012 y mayo de 2014 como funcionario de la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esos dos años tuvimos la oportunidad de participar en algunas negociaciones comerciales, así como en los procesos para la celebración y entrada en vigencia de varios acuerdos de esta naturaleza. La experiencia nos permitió observar que existen algunos aspectos del régimen nacional de los tratados, incluido la autoridad para suscribirlos, que ameritan una evaluación a la luz de la práctica interna

Los Estados a partir de la proclamación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas empezaron a trabajar en la codificación de normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, es así que hoy en día existen 9 (nueve) tratados internacionales fundamentales de derechos humanos1 y 9 (nueve) protocolos facultativos2. Estos tratados tienen la característica particular de contar con un Comité de expertos/as, el cual cumple la función de vigilar la implementación de las disposiciones de la Convención o Pacto que lo haya creado3. Los tratados mencionados y sus respectivos Comités, actualmente existentes4 conforman el Sistema Convencional de Derechos Humanos, o también denominado, Sistema de Tratados de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es asegurar la protección de tales derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. De acuerdo a lo estipulado en los tratados, los comités por ellos creados, tienen asignadas diversas funciones relacionadas con la vigilancia de la manera en que los Estados aplican los tratados en que son parte; una de estas funciones se refiere a los informes que los Estados deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del tratado pertinente5. Esta función desarrollada por los 9 (nueve) Comités existentes crea todo un Sistema de Presentación de informes periódicos, tema sobre el cual versará el presente trabajo de investigación.

El acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca consolidar una serie de leyes con el fin de asegurar medios que permitan una protección a los defensores ambientales, por medio de un acceso transparente a la información, a una participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Perú fue uno de los actores que impulsó la negociación y la suscripción de dicho acuerdo desde sus inicios, sin embargo, en el año 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, votó por rechazar su ratificación a pesar del gran papel que tuvo en la arena política internacional. Sumado a esto, el Perú ha sido uno de los países con índices significativos de defensores ambientales asesinados por año, que, en el 2020, justamente fueron asesinados diecinueve en el primer semestre. Mediante ese contexto, se busca responder a la siguiente pregunta ¿Qué razones llevaron al Perú al rechazo de la ratificación del Acuerdo de Escazú a pesar de ser un actor importante en la negociación? Esto se responderá a partir del accionar de los Poderes del Estado involucrados en este tema de política exterior: por un lado, el accionar del Legislativo, compuesto por diversos actores que representan a diversos partidos políticos pero con una agenda similar; por otro lado, el Ejecutivo, que en dicho año, se presenciaba una crisis de legitimidad hacia el ex presidente Martín Vizcarra, y, por ende a su cartera ministerial, en los que, tanto Fabiola Muñoz como Mariano López Chávarri, Ministros del Ambiente y de Relaciones Exteriores, respectivamente, fueron los encargados de promover el Acuerdo de Escazú, pero que fallaron en dicho objetivo.

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An issue that has sparked heated debate over the years is undoubtedly the hierarchy of international treaties in the Peruvian legal system. the critical point is whether these treaties have Constitutional status. thus, the authors seek the answer based on the hierarchy of laws and how Human Rights Treaties are defined nowadays. Furthermore, they analyze the arguments defending their constitutional status in order to arrive to a firm conclusion that considers the globalization process that Law is going through. / Un tema que ha despertado un gran debate a lo largo de los años, es sin duda el rango de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico peruano. el punto álgido sobre la discusión es si dichos tratados tienen el mismo peso que la Constitución. De esta manera, los autores buscan responder a la interrogante basándose en la jerarquía normativa y cómo se entienden hoy en día los tratados sobre Derechos Humanos. Además, analizan los argumentos que defienden su rango constitucional, para finalmente emitir una sólida conclusión considerando el proceso de globalización por el que transcurre el Derecho en la actualidad.

La política de apertura comercial al mundo adoptada por el Perú desde hace alrededor de 20 años significó un paso importante hacia el crecimiento económico del país. Producto de esta apertura comercial, el país ha sido capaz de atraer inversiones, generar empleos e incrementar el flujo de exportaciones. Uno de los sectores que ha impulsado este progreso ha sido el sector agrícola, el cual cuenta con una diversidad importante de productos, reconocidos hoy en día, por su calidad. Actualmente, existe un mercado más cambiante, con consumidores más exigentes y que buscan productos más desarrollados y que otorguen un valor adicional. Los nuevos hábitos de consumo hacia lo saludable y nutritivo que se vienen generando, principalmente en Europa, brindan al Perú una ventana de oportunidades para la exportación de estos productos. Dentro del sector agrícola, el Perú presenta una amplia oferta de productos naturales y orgánicos. El crecimiento exportador de estos productos se ha visto desarrollado por la excelencia en cuanto a calidad y la implementación de buenas prácticas en todo el Perú para la producción libre de químicos y fertilizantes sintéticos. Sin embargo, estos productos aún no han logrado posicionarse en los mercados más exigentes y sofisticados, como los mercados nórdicos. En la presente investigación se identificarán las principales oportunidades existentes para los productos naturales peruanos con valor agregado en los países nórdicos y las estrategias necesarias para que los exportadores peruanos tengan la capacidad para exportar y posicionarse en dichos mercados.

Siendo la obligación de sumisión un tema muy poco estudiado, sobre todo a nivel nacional, la presente investigación tiene como objetivo estudiar la obligación de sumisión y determinar su eficacia a partir del análisis del comportamiento del Estado peruano en relación con esta obligación durante el periodo 2012-2016 / Tesis

El objetivo del presente trabajo es identificar cuáles serían los desafíos que enfrenta el Estado peruano para armonizar el Convenio núm. 190 a nuestra normativa interna, a partir de la ratificación que ha realizado el Perú el 8 de junio de 2022, teniendo como plazo para adecuar la misma hasta el 8 de junio de 2023. De este modo, a fin de determinar cuáles serían los retos que enfrenta el Estado Peruano, realizaremos, en primer lugar, un análisis de los antecedentes del Convenio núm. 190 y su Recomendación núm. 206, con el objetivo de demostrar que sí existía una necesidad de contar con un instrumento internacional en el mundo laboral que definiera el acoso y violencia. En segundo lugar, analizaremos nuestras normas internas, tales como la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual – Ley No. 27942, el Decreto Legislativo No. 14140 y demás pertinentes señalando el ámbito de aplicación de cada una de las referidas normas y su respectivo contenido, así como la diferencia entre las diferentes modalidades de acoso. Finalmente, con la información anteriormente señalada se identificará los desafíos que presenta adecuar el ámbito de aplicación, regulado en el artículo 2 del Convenio núm. 190, a nuestra legislación interna. / The purpose of this paper is to identify the challenges Peru faces in adopting Convention No. 190 into its national legislation, following Peru's ratification on June 8, 2022, with a deadline of June 8, 2023. Consequently, to determine the challenges faced by the Peruvian State, we will first analyze the background of Convention No. 190 and its Recommendation No. 206, with the aim of demonstrating that there was a need for an international instrument in the world of work that defines harassment and violence. Secondly, we will analyze our internal norms, such as the Law for the Prevention and Punishment of Sexual Harassment - Law No. 27942, Legislative Decree No. 14140 and other relevant laws, pointing out the scope of application of each of the referred norms and their respective content, as well as the difference between the different modalities of harassment. Finally, with the information, the challenges of adapting the scope of application, regulated in Article 2 of Convention No. 190, to domestic legislation will be identified.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se adoptó en 1969 (CVT 69) con la finalidad de codificar determinadas normas del Derecho de los Tratados generalmente aceptadas en la práctica estatal. Así, la CVT 69 regula la formulación de reservas a los tratados multilaterales entre Estados; sin embargo, una de las materias que no aborda es la cuestión sobre las consecuencias jurídicas de las reservas inválidas, las cuales se definen como aquellas reservas carentes de valor jurídico por no satisfacer los requisitos sustantivos y formales para su formulación. En ese sentido, la presente investigación tiene como propósito determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de las reservas inválidas en el marco de la CVT 69, planteando como hipótesis principal que las reservas inválidas son nulas de pleno derecho y esta nulidad será declarada por un tercero imparcial con la competencia para hacerlo. Asimismo, dicho pronunciamiento determinará la divisibilidad de la reserva con respecto a la manifestación de consentimiento; es decir, el Estado estará obligado por el tratado sin el beneficio de su reserva. La presente investigación abordará la práctica estatal sobre la materia así como la práctica de los órganos que fungen como terceros imparciales a fin de determinar las consecuencias jurídicas de las reservas inválidas. Adicionalmente, se analizará el pronunciamiento de la Comisión de Derecho Internacional en su Guía de la Práctica sobre las reservas a los tratados multilaterales (2011) a efectos de sustentar nuestra posición sobre la problemática jurídica presentada.