Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es determinar el estándar de control de legalidad que pueden aplicar los tribunales ambientales al conocer y fallar las reclamaciones en contra de actos administrativos. Para ello, se analiza la Ley N° 20.600, con su correspondiente Historia de la Ley, la doctrina nacional y comparada respecto del contencioso administrativo y el control de legalidad en las acciones de nulidad, para finalmente analizar el estándar de control efectivamente aplicado por el Tribunal Ambiental de Santiago, desde su instalación hasta el año 2015.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La justificación ética del óptimo de Pareto consiste en que, entre dos situaciones sociales cualesquiera, se considera superior aquella en que todos sus miembros están mejor o en la que alguno, al menos está mejor, sin que ninguno esté peor. La solución económicamente eficiente (en términos del óptimo de Pareto) varía según la distribución inicial de los derechos. La titularidad de un derecho es riqueza, si A es titular del derecho a contaminar, es más rico que B, quien no tiene derecho a aire limpio. De ahí la importancia de la asignación inicial de los derechos a favor de quienes tienen menos recursos, por ejemplo; de los vecinos y no de la empresa contaminante del barrio, pues es más probable que esta última este en condiciones de asumir los costos de la contaminación (indemnizando a los vecinos a cambio de contaminar), que los primeros pagar a aquella para que no contamine. Y si bien, puede aceptarse que una libre actividad que produzca bienestar aunque a un solo individuo sin empeorar el bienestar de los otros sea una realidad deseable, incluso como expresión de libertad, no aparece descontado que el mismo juicio pueda hacerse si para realizar el bienestar de la libre actividad de un sujeto, sea necesario un comportamiento de mayor cuidado por parte de todos los otros sujetos, como comportamiento de prevención jurídicamente debido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo analiza los vicios que pueden afectar al acto administrativo, atendido que por primera vez una ley de la República, la ley N° 19.880 de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, los menciona y regula expresamente. Aunque si bien está circunscrita al procedimiento administrativo, establece cómo debe ser el vicio para adquirir connotaciones de relevancia. Dicho trabajo tiene por objeto proponer una tipología de los vicios del acto administrativo en relación a los elementos que lo integran, de modo de no recurrir a la vinculación tradicional entre los vicios y la sanción a estos. Para ello se analizará de qué manera incide el principio de legalidad que rige a la Administración en la configuración de los vicios, particularmente, mediante el examen de los elementos del acto administrativo y de los atributos especiales que lo caracterizan, como también mediante el estudio de la forma en que se ha abordado la visión de los vicios del acto administrativo en el Derecho Comparado y en nuestro Derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Administración Pública tiene por objeto buscar satisfacer el bien común también conocido como interés general. Sin embargo para ello debe hacerlo cumpliendo dos requisitos: la administración debe actuar con sujeción a la ley y además debe cumplir con eficiencia y eficacia los fines que busca. El problema es que son requisitos contrapuestos: sujetarse estrictamente a la ley implica no cumplir eficaz y eficientemente con la satisfacción del bien común. Por el contrario, el afán de una eficaz y eficiente satisfacción de los intereses generales podría implicar una infracción a la ley y en consecuencia la declaración de nulidad de derecho público del acto administrativo dictado para ello. El principio de conservación de los actos administrativos propone una solución que es un término medio entre ambos requisitos, cuestión que no era solucionada por las teorías tradicionales sobre la nulidad de derecho público en Chile. El estudio del principio de conservación revelará distintas herramientas jurídicas que la Administración Pública puede utilizar para cumplir con la satisfacción del interés general de una forma eficiente y eficaz, sin infringir la ley. El método de estudio utilizado es deductivo, estableciendo cuáles son los elementos teóricos que sustentan el principio de conservación de los actos administrativos y cómo éstos se reflejan en su aplicación práctica tanto en la legislación comparada y nacional como la jurisprudencia ordinaria y administrativa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema que abordaremos, adquiere importancia, toda vez que actualmente nuestro país cuenta con un gran número de personas que se encuentran sujetas a la supervigilancia de Gendarmería de Chile. Así por ejemplo, al 31 de marzo de 2014, el total de atendidos (hombres y mujeres) por la administración penitenciaria ascendió a la suma de 121.506 personas6. Todas estas personas pueden ser objeto de una sanción disciplinaria, cuando se cumplen los supuestos estipulados en el Reglamento Penitenciario para que ello ocurra. Adoptaremos una posición crítica de nuestro sistema Disciplinario Penitenciario actual, dado que éste no resulta ser coherente con los estándares internacionales y que han sido aceptados por nuestro país, pues es posible evidenciar que ciertas características del marco normativo vigente, propician la violación de determinados derechos que deberían tener un mayor grado de protección. Además, se intentará dejar en evidencia ciertos problemas que nuestro sistema penitenciario actual presenta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La liberalización y la privatización de la economía ha significado la ampliación de los márgenes de libertad de los particulares y el impulso al Estado para redefinir su rol en este nuevo contexto. Debido a esto, aquellos órganos que realizan actividades regulatorias y fiscalizadoras, han sido dotados de una serie de potestades, dentro de las cuales se encuentra interpretar administrativamente la ley como mecanismo de regulación, control y vigilancia. La vinculación entre la facultad de interpretar y la de fiscalizar permite conocer la forma en que el fiscalizador entiende la ley le permite no exponerse a un incumplimiento de ésta. Esto también les da la seguridad de que están actuando de acuerdo con la Legislación. La finalidad del órgano administrativo permite —en ciertos casos donde el sentido de la ley no es especialmente claro— llevar a cabo interpretaciones que tengan un efecto acorde con los propósitos con los que el legislador mandata al órgano administrativo. Esta función debe ser ejercida mediante un acto administrativo destinado a interpretar las leyes o reglamentos; por tanto, su realización debe provenir de un procedimiento administrativo que, según los principios que lo guían, produzca un acto administrativo terminal. Este acto consiste en el apropiado entendimiento con que el servicio público juzga el sentido que le dio el legislador a determinada norma que se encuentra dentro del ámbito de su potestad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 31/10/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tiempo que transcurre desde el inicio del proceso administrativo hasta su terminación con la dictación de una resolución final, puede ir en detrimento de los derechos involucrados en el caso concreto, e incluso hacer peligrar la eficacia de la potencial resolución final. La herramienta de que dispone la Administración para responder con celeridad a la necesidad de proteger los intereses en riesgo, durante la tramitación del proceso administrativo e incluso antes de que éste inicie, son las medidas provisionales, contempladas de manera general en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. Desprovistas de una regulación exhaustiva en la mayoría de las áreas del Derecho Administrativo, el desafío principal es dilucidar si la Ley de Bases habilita de manera general a los órganos de la Administración para la adopción de las medidas provisionales; considerando además, que las autoridades competentes han venido decretando medidas provisionales guiadas por su discrecionalidad, en un terreno donde conceptos tan indeterminados como el riesgo, la proporcionalidad, y la proyección del eventual contenido de la resolución final, son los parámetros de su decisión, resulta fundamental el establecimiento de los aspectos centrales de las medidas provisionales, y avanzar hacia la generación de una norma de aplicación general que se baste a sí misma, eliminando todo atisbo de arbitrariedad.