El presente informe expone mi experiencia laboral en la Dirección de Inversiones Descentralizadas (DID) de ProInversión, y en específico, aborda el planeamiento estratégico y gestión institucional llevadas a cabo por el equipo de gestión y planeamiento de la DID. Su importancia radica en el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes operativos y estratégicos, que más allá de obtener los productos (servicios) destinados a sus usuarios (funcionarios y/o servidores de los diferentes niveles de gobierno y representantes de empresas privadas) contribuyen a alcanzar las metas de un plan mayor expresados en el PESEM del Sector de Economía y Finanzas y el PEDN a nivel nacional. Se evidenciará la articulación existente entre los diferentes planes del Estado y los planes institucionales asignados a la dirección, y su contribución en el cierre de brechas en infraestructura social y productiva del país. Mi labor se centró en actividades vinculadas a la fase institucional y de seguimiento del planeamiento estratégico, que permite generar información sobre las deficiencias, fortalezas y oportunidades de mejora para el uso eficiente y efectivo de los recursos públicos en la Dirección.

En las últimas décadas, el Estado Peruano entra en un proceso de modernización, con el fin de mejorar la gestión pública al servicio del ciudadano. Mediante la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021, se establece que esta visión debe traducirse en una gestión pública orientada a resultados, a través del acceso a bienes y servicios públicos de calidad. En línea con lo anterior, la Secretaría de Gestión Pública, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública impulsa una reforma en gestión de la calidad de servicios sobre la base de un diagnóstico efectuado de avances realizados en los últimos años. La presente investigación explora los factores claves que dificultan la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. Para realizar este análisis, se revisa la literatura sobre fallas en la implementación de políticas y reformas, lo cual permite contrastar y problematizar los hallazgos obtenidos en el estudio. El informe encuentra que el contexto y las características de la burocracia son un factor clave a considerar en el diseño y que, en esta experiencia, la ausencia de la misma impacta en los objetivos de la reforma. Producto de este y otros factores que dificultan la aplicación de la norma en las entidades del tramo I, se generan condiciones para la suspensión del instrumento de gestión a fines del año 2021.

El presente artículo analiza el por qué el uso de figuras jurídicas aplicables al derecho administrativo general no puede ser discrecional ni mucho menos arbitrario. Existen reglas de aplicación supletoria que deben ser rigurosamente observadas preliminarmente a efectos de determinar si su uso no desnaturaliza el propósito mismo de la norma en cuestión. La figura de la Eficacia Anticipada del Derecho Administrativo no está pensada para una aplicación general sino para verificar cada caso en particular y sus implicancias. En tal sentido, en el caso de las prestaciones adicionales para la ejecución de contratos de bienes y servicios del Estado deben cumplir con las disposiciones normativas que les son aplicables, no pudiendo utilizar salvavidas jurídicos para regularizar situaciones que ponen en cuestión la legalidad de la decisión adoptada. / This article analyzes why the use of legal concepts applicable to general administrative law cannot be discretionary, much less arbitrary. There are supplementary application rules that must be strictly observed preliminarily to determine if their use does not distort the very purpose of the relevant norm. The concept of Anticipated Effectiveness in Administrative Law is not intended for general application but rather to assess each specific case and its implications. In this regard, in the case of additional obligations for the execution of contracts for goods and services with the State, they must comply with the applicable regulatory provisions, and legal loopholes cannot be used to regularize situations that question the legality of the decision made. / Trabajo académico

El presente informe gira en torno a una controversia jurídica originada por el precedente vinculante que se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional en el contexto del Caso Salazar Yarlenque. En aquel precedente vinculante, se legitimó la posibilidad de que los órganos administrativos que reparten justicia puedan inaplicar normas infra constitucionales que se manifiesten como incongruentes con relación a valores garantizados constitucionalmente y que reflejan el ordenamiento jurídico dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho. No obstante, pasado varios años, otra sentencia del sumo interprete constitucional decide dejar sin efecto el precedente vinculante materia de esta controversia, en tanto arguye que se ha distorsionado la interpretación del alcance de las funciones jurisdiccionales en el Estado según el cual esta función correspondería exclusivamente al Poder Judicial y sus órganos adscritos. En ese sentido, este artículo académico profundiza en la discusión constitucional respecto de los límites y alcances de las funciones jurisdiccionales de la administración pública como una de las entidades clave para el adecuado funcionamiento del aparato estatal. En consecuencia, se analizará la validez de la aplicación del control difuso, como herramienta jurídica legitimada por el artículo N.º 138 de la Constitución, por parte de los órganos administrativos que reparten justicia para decidir por la inaplicación de normas jurídicas que, aunque sean lícitas, representen un elemento potencialmente perjudicial para el interés general y la defensa de los derechos fundamentales de los administrados. Finalmente, se evaluará si en la actualidad sería posible regresar a la línea jurisprudencial que legitima el control difuso en sede administrativa. / In this article, a legal controversy arises regarding the binding precedent established by the ruling of the Constitutional Court in the context of the Salazar Yarlenque case. In the above-mentioned binding precedent, it was legitimized the possibility that the administrative agencies that impart justice can disregard infra-constitutional rules that are contradictory to the principles and values constitutionally guaranteed and that define legal system under a Social and Democratic State of Law. Nonetheless, many years later, a different ruling of the Constitutional Court decided to overturn the binding precedent that is subject of this controversial case, as it argued that the interpretation of the scope of the jurisdictional functions in the government has been misinterpreted, whereby these powers would exclusively concern Judiciary Branch and its associated institutions. In that regard, this article of professional sufficiency deepens in the constitutional discussion regarding the boundaries and scope of the jurisdictional functions of public administration as one of the key entities for the proper functioning of the state administration apparatus. Consequently, this paper will analyze the legitimacy of the application of diffuse control, as a legal tool authorized by article 138 of the Constitution, for administrative institutions that administer justice in order to rule on the inapplication of legal norms that, regardless of being lawful, represent a potentially harmful component to general interest and to the protection of fundamental rights of those who are subject to the administration. Finally, it will be evaluated whether it would be possible to return to the jurisprudential position that legitimizes diffuse control in the administrative courts. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca proponer criterios para la objetivación del informe jurídico del abogado consultor. En la actualidad, se han visto casos en los que la profesión jurídica se ha relacionado a casos de megacorrupción. Sin embargo, la jurisprudencia peruana ha tratado de resolver estos casos sin un mayor análisis de fondo del elemento central de la imputación fiscal, el informe jurídico. Es así que se desarrolla una serie de ideas que podrían aportar a la justicia peruana para identificar si un abogado, externo a la Administración Pública, puede ser responsable por su participación en delitos de corrupción en contextos de contratación pública. No solo se proponen criterios normativos para objetivar la neutralidad del informe jurídico del abogado consultor, sino que también se aterrizan estos criterios en su aplicación dentro del proceso penal argumentando que es posible que se utilicen estos criterios tanto en la etapa de enjuiciamiento como en los medios técnicos de defensa (excepción de improcedencia de acción) que pueden deducirse en las etapas previas. Así, es posible afianzar un proceso penal ligado directamente a al Derecho penal generando mayor certeza de justicia frente a la lucha contra la corrupción. / The present research work seeks to propose criteria for the objectification of the consulting lawyer's legal report. Currently, there have been cases in which the legal profession has been linked to cases of megacorruption. However, Peruvian jurisprudence has tried to resolve these cases without a greater substantive analysis of the central element of the tax imputation, the legal report. Thus, a series of ideas are developed that could contribute to the Peruvian justice system to identify whether a lawyer, external to the Public Administration, can be responsible for his participation in corruption crimes in public contracting contexts. Not only are normative criteria proposed to objectify the neutrality of the legal report of the consulting lawyer, but these criteria are also grounded in their application within the criminal process, arguing that it is possible that these criteria are used both in the prosecution stage and in the media, defense techniques (exception of inadmissibility of action) that can be deduced in the previous stages. Thus, it is possible to strengthen a criminal process directly linked to criminal law, generating greater certainty of justice in the fight against corruption. / Trabajo académico

El estudio siguiente tiene por objetivo evaluar ergonómicamente el área con mayor nivel de riesgo en una institución estatal encargada de la administración de justicia a nivel nacional, a través de sus órganos jerárquicos, así como proponer alternativas de mejora a fin de optimizar las condiciones laborales de los trabajadores, además de elevar la imagen institucional. Para completar la evaluación ergonómica de los puestos de trabajo primero se llevó a cabo la toma de datos de las áreas presentes en la institución, utilizándose cuestionarios y matrices de riesgo para detectar los puestos críticos. Seguidamente se aplicaron las metodologías ergonómicas REBA, NIOSH, OWAS y OCRA para evaluar las condiciones actuales de los operarios e identificar los principales problemas en los puestos más críticos. Una vez obtenidos los puestos de trabajo con alto grado de requerimiento de atención, así como detectados los principales problemas en cada uno, se procedió a proponer las alternativas de mejoras pertinentes para cada problema. Entre estas mejoras se encuentran el cambio de anaqueles defectuosos por unos más resistentes, así mismo se adecua de mejor manera el equipo de oficina y la zona de anaqueles para mejorar la comodidad de los trabajadores, también, se plantea la instauración de equipo de protección personal para los operarios específico para el caso, entre otras mejoras. Por último, se realizó un análisis económico a fin de evaluar la rentabilidad de las propuestas de mejora a través de los indicadores VAN y TIR, obteniendo un porcentaje de 23% de TIR frente a un índice COK de 10%, dándonos un monto de rentabilidad adicional mayor a los S/.7 605.37 soles. Finalmente se presentaron conclusiones y recomendaciones relevantes para implementar el estudio.

Actualmente, en materia de Protección al Consumidor, de acuerdo con la postura del Indecopi, los centros educativos no pueden retener las libretas de notas como una medida que obligue a los padres de familia a realizar el pago de las pensiones, sin embargo esta interpretación constituye un cambio de criterio de la institución, pues previamente el Indecopi sostuvo que dicha medida era permitida por los colegios siempre y cuando fuese informada de manera previa y oportuna a los padres de familia. Como consecuencia del mencionado cambio de criterio, en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados, los centros educativos argumentaron, de manera expresa o tácita, el Principio de Confianza Legítima; ello principalmente por la publicación de los Lineamientos de Protección al Consumidor del 2006 que recogía el antiguo criterio. Sin embargo, el Indecopi descartó que dichos lineamientos acrediten el mencionado principio, bajo el argumento de que son vinculantes, razonamiento con el cual no nos encontramos de acuerdo pues el Principio de Confianza Legítima no se aplica solo a pronunciamientos que sean vinculantes.

El presente trabajo de investigación busca analizar la problemática que constituye el fenómeno de la sobrerregulación municipal en el Perú. Se parte de la hipótesis de que las municipales distritales y provinciales de nuestro país son los principales promotores del excesivo marco regulatorio que somete a los agentes económicos del mercado. Este tema resulta sumamente relevante en tanto esta tendencia sobrerregulatoria de los gobiernos locales contradice lo dispuesto por la Constitución Política del Perú de 1993 que prioriza la libre iniciativa privada y la libre competencia con el fin de facilitar el ingreso y subsistencia en el mercado de sus participantes, razón por la cual el marco regulatorio debería simplificarse y hasta reducirse dentro de lo posible. Se concluye que si bien el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) se muestra como una herramienta bastante efectiva frente a un escenario como el que constituye la sobrerregulación, consideramos que su principal desventaja radica en que se trata de un control ex post, razón por la cual planteamos y recomendamos como una herramienta complementaria el Análisis de Calidad Regulatoria, demostrando que dicho control no supondría una vulneración a la garantía constitucional-institucional de la autonomía municipal.

La tecnología, como herramienta, ha establecido un nuevo entorno en la esfera económica, social, cultural, política y por ende dentro de las administraciones públicas, a nivel del orbe. Nos encontrarnos inmersos en la llamada sociedad de la información y del conocimiento. Esta nueva sociedad plantea nuevos retos y usos que contribuyen con la construcción de estados que ponen en el centro de sus decisiones a los ciudadanos

En razón de la emisión del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, (en adelante, “D.L.1256”) y el encendido debate respecto del tipo de procedimiento administrativo que este procedimiento representa, el presente trabajo intentará plantear la posición del autor a la luz de lo señalado en la doctrina nacional. En ese sentido, el marco teórico a ser desarrollado presentará los principales conceptos de los tipos de procedimientos administrativos existentes, vale decir, a entender del optante, el general y los especiales, para que podamos definir qué tipo de procedimiento se sigue ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”), en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (en adelante, “Comisión”) y la Sala de defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI (en adelante, “Sala”). Posteriormente, a manera de propuesta nos enfocaremos en el precepto definido en el artículo 1° del D.L. 1256, el cual, al establecer la finalidad del procedimiento bajo análisis, refiere que las competencias otorgadas a la Comisión y la Sala se supeditan a la supervisión del cumplimiento del marco legal en lo que se relaciona con los derechos a la libre iniciativa y la libertad de empresa que puedan restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, así como la supervisión de las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa buscando procurar la eficiente prestación de servicios a los administrados por parte de la administración pública. La definición del tipo de procedimiento, consideramos, será fundamental para determinar el tipo de reglas que han de ser aplicadas en el procedimiento de Barreras Burocráticas, el cual, creemos, es un procedimiento especial, al que habrán de aplicarse las reglas del procedimiento administrativo general, denominado Control de Legalidad, entendido como aquel cuya finalidad es la realización de una actividad de supervisión del cumplimiento del marco legal a cargo de una entidad administrativa respecto de otra, para lo que se encuentra plenamente facultada, definición a la que arribaremos en el presente trabajo y que se condice con lo establecido en el D.L. 1256. Manos a la obra.