INDECOPI se ha pronunciado en diferentes resoluciones tales como N° 0703-2017/SDC, 116- 2018/SEL, 117-2018/SEL, 0368-2019/SEL, 0597-2021/SEL, entre otras, mediante las cuales ha resuelto determinar como barrera burocrática tanto los requisitos exigidos para la colegiación como el cobro por la colegiatura. En ese sentido, la presente investigación versa sobre la legitimidad que tiene INDECOPI de fiscalizar las actuaciones de los Colegios Profesionales, respecto a la prevención y eliminación de barreras burocráticas ilegales o irracionales al momento de colegiar a los profesionales, ya que el Decreto Legislativo N° 1256 en el artículo 2 señala que dicha norma es aplicable a las entidades de la Administración Pública. Por ello, el primero objetivo ha sido determinar la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales y si son entidades de la Administración Pública. Asimismo, como segundo objetivo se analizó si los Colegios Profesionales están comprendidos como entidades de la Administración Pública en el inciso 6 u 8 del Texto Único de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por último, se ha determinado si los requisitos de colegiación y cobro son considerados como barreras burocráticas. Al respecto, se ha concluido que los Colegios Profesionales poseen una naturaleza jurídica privado – pública, sui generis, lo cual implica que no son consideradas Administración Públicas en sentido estricto. Ahora bien, la naturaleza pública de los Colegios Profesionales se sustenta en el ejercicio de la función pública, el cual se ejerce cuando se procede a colegiar a los profesionales, ya que ello implica una modificación en la situación jurídica de la persona, pues les habilita ejercer su profesión bajo la comprobación de los requisitos señalados en el ordenamiento jurídico.

El objetivo del presente estudio es: Determinar si la facultad discrecional de la Policía Nacional del Perú en la decisión de cambios generales vulnera los principios de motivación de resoluciones y predictibilidad. La justificación, se destaca en que, ante la facultad discrecional, para que la administración pueda tomar decisiones en función a la oportunidad, la norma faculta a la administración pública otorgándole un margen para que pueda tomar dichas decisiones. Entre los principios que componen la buena administración, que no solo es un principio, sino que es un derecho, que otorga un rango distintivo del deber de toda autoridad de motivar sus decisiones y demostrar y acreditar que dichas decisiones, han sido adoptadas en forma objetiva y congruente con la finalidad de interés público. En la esfera metodológica, se utilizó el enfoque cualitativo, asimismo la técnica utilizada, fue el análisis de la información, que se inició con la recopilación y lectura del material relevante del objeto de la investigación para concluir con su interpretación. La conclusión principal, consiste en que se puede afirmar que los cambios o modificaciones que se han realizado en la esfera de la Policía Nacional del Perú, respecto a las asignaciones de los Oficiales PNP, que se realizan de manera anual, no se viene realizando acorde al Principio de la Buena Administración, ni al cumplimiento de los Principios de Motivación de las Resoluciones y el Principio de Predictibilidad, por ello muchas veces, en los nuevos cambios generales, los profesionales asignados no son los más idóneos, no se tiene en cuenta la meritocracia, incumpliéndose lo precisado en el artículo 166 de la Constitución Política, como es la garantía del orden interno. / The objective of this study is: To determine if the discretionary power of the National Police of Peru in the decision of general changes violates the principles of motivation of resolutions and predictability. The justification stands out in that, given the discretionary power, so that the administration can make decisions based on opportunity, the rule empowers the public administration by granting it a margin so that it can make such decisions. Among the principles that make up good administration, which is not only a principle, but also a right, which grants a distinctive range of the duty of all authorities to motivate their decisions and demonstrate and prove that said decisions have been adopted objectively. and consistent with the purpose of public interest. In the methodological sphere, the qualitative approach was used, likewise the technique used was the analysis of the information, which began with the collection and reading of the relevant material of the object of the investigation to conclude with its interpretation. The main conclusion is that it can be affirmed that the changes or modifications that have been made in the sphere of the National Police of Peru, regarding the assignments of the PNP Officers, which are made annually, have not been carried out according to the Principle of Good Administration, nor to compliance with the Principles of Motivation of Resolutions and the Principle of Predictability, for this reason many times, in the new general changes, the professionals assigned are not the most suitable, the meritocracy, failing to comply with the provisions of article 166 of the Political Constitution, such as the guarantee of internal order.

El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar las reformas legislativas planteadas por el Proyecto de Ley Nº 4407-2018-CR, Proyecto de ley de eficiencia económica por simplificación y reducción de costos administrativos, presentado por un grupo de congresistas miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República el pasado 30 de mayo de 2019. Al respecto, el Proyecto de Ley antes mencionado sugiere dos modificaciones normativas al artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, referido a la inaplicación con efectos generales: (i) la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas declaradas ilegales y contenidas en actuaciones materiales y (ii) la extensión del mandato de inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales materializadas en disposiciones administrativas a todas las entidades de la Administración Pública a nivel nacional. Sobre el particular, luego de un análisis profundo de las mismas, coincidimos con la primera de las reformas toda vez que existen tipos de actuaciones materiales que producen efectos jurídicos generales y que, en consecuencia, pueden ser inaplicadas con efectos generales mientras que, respecto de la segunda reforma, consideramos que la ampliación no debe postularse para el universo de entidades sino tan solo para las municipalidades ya que son éstas las que motivaron la presentación del Proyecto de Ley.

El presente informe gira en torno a una controversia jurídica originada por el precedente vinculante que se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional en el contexto del Caso Salazar Yarlenque. En aquel precedente vinculante, se legitimó la posibilidad de que los órganos administrativos que reparten justicia puedan inaplicar normas infraconstitucionales que se manifiesten como incongruentes con relación a valores garantizados constitucionalmente y que reflejan el ordenamiento jurídico dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho. No obstante, pasado varios años, otra sentencia del sumo interprete constitucional decide dejar sin efecto el precedente vinculante materia de esta controversia, en tanto arguye que se ha distorsionado la interpretación del alcance de las funciones jurisdiccionales en el Estado según el cual esta función correspondería exclusivamente al Poder Judicial y sus órganos adscritos. En ese sentido, este trabajo de suficiencia profesional profundiza en la discusión constitucional respecto de los límites y alcances de las funciones jurisdiccionales de la administración pública como una de las entidades clave para el adecuado funcionamiento del aparato estatal. En consecuencia, se analizará la validez de la aplicación del control difuso, como herramienta jurídica legitimada por el artículo N.º 138 de la Constitución, por parte de los órganos administrativos que reparten justicia para decidir por la inaplicación de normas jurídicas que, aunque sean lícitas, representen un elemento potencialmente perjudicial para el interés general y la defensa de los derechos fundamentales de los administrados. / In this article, a legal controversy arises regarding the binding precedent established by the ruling of the Constitutional Court in the context of the Salazar Yarlenque case. In the above-mentioned binding precedent, it was legitimized the possibility that the administrative agencies that impart justice can disregard infra-constitutional rules that are contradictory to the principles and values constitutionally guaranteed and that define legal system under a Social and Democratic State of Law. Nonetheless, many years later, a different ruling of the Constitutional Court decided to overturn the binding precedent that is subject of this controversial case, as it argued that the interpretation of the scope of the jurisdictional functions in the government has been misinterpreted, whereby these powers would exclusively concern Judiciary Branch and its associated institutions. In that regard, this article of professional sufficiency deepens in the constitutional discussion regarding the boundaries and scope of the jurisdictional functions of public administration as one of the key entities for the proper functioning of the state administration apparatus. Consequently, this paper will analyze the legitimacy of the application of diffuse control, as a legal tool authorized by article 138 of the Constitution, for administrative institutions that administer justice in order to rule on the inapplication of legal norms that, regardless of being lawful, represent a potentially harmful component to general interest and to the protection of fundamental rights of those who are subject to the administration.

La gestión por procesos es un pilar de la modernización del Estado peruano y su importancia radica en la mejora de la producción de bienes y servicios encargados a distintas entidades, por ello tiene como fin último el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el avance de las entidades en su implementación ha sido poco pese a la existencia de un marco normativo y metodológico. En ese sentido, esta investigación tiene por objetivo identificar los factores críticos que limitan la implementación de la gestión por procesos en entidades públicas del Poder Ejecutivo; específicamente, en ministerios. Por ello, el estudio tiene un alcance exploratorio-descriptivo con enfoque cualitativo, y tiene por estrategia general un primer acercamiento a los factores a través de la revisión bibliográfica que permita establecer un listado teórico de los factores, y posteriormente, un estudio de tipo fenomenológico para el cual se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos en gestión pública (validación) y a funcionarios de las entidades (exploración). Los factores críticos identificados fueron: gestión del cambio cultural, transformación de la estructura organizacional, integración de la tecnología, servicio civil con capacidades, orientación al ciudadano; y, la normativa flexible y soporte del ente rector que viabilice el avance de la implementación.

El caso “Pura Vida Nutrimax” – hasta el día de hoy –nos lleva a reflexionar sobre el alcance que tiene una decisión del Indecopi en el mercado y, como a su vez, genera un impacto en los proveedores, consumidores y en la misma Administración Pública. Si bien es cierto mucho se cuestiona acerca de la naturaleza del producto, lo cierto es que Gloria S.A. contaba con un título habilitante otorgado por la autoridad técnica competente quien autorizaba la comercialización de su producto, además de su denominación la misma que se trasladó de forma precisa y detallada en la etiqueta. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿Gloria S.A. habría cometido realmente un acto en la modalidad de engaño con la publicidad del producto “Pura Vida Nutrimax”?. El objetivo del presente Informe Jurídico es demostrar que la actuación de Gloria S.A. es conforme a derecho y no es susceptible de generar el acto de engaño que se denuncia. Además de ello, comprobar que existe una vulneración al Principio de Confianza Legítima al momento en que la propia Administración Pública induce a error a Gloria S.A. y no reconoce su registro sanitario otorgado válidamente. Finalmente, determinar que la medida correctiva ordenada no restablece los efectos del acto de engaño alegado. Así pues, a través de un análisis interpretativo de la normativa vigente, de la diversa bibliografía relacionada a la materia del presente Informe, así como de la definición de algunos conceptos generales, se podrá concluir que la publicidad del producto “Pura Vida Nutrimax” no es susceptible de inducir a error al consumidor y que, por el contrario, existe un eximente de responsabilidad administrativa al momento de inducir a Gloria S.A. a error.

Por medio del presente documento hemos avizorado diversos problemas jurídicos que giran en torno a un caso de discriminación en el consumo ocurrido en el 2016, y por el cual principalmente hemos considerado pertinente realizar un análisis robusto en lo referido a temas como: 1) la diferencia entre el trato diferenciado ilícito y un trato discriminatorio, 2) aspectos legales referidos a la actividad inspectiva de la Administración Pública; y, por último, 3) la pertinencia y necesidad de la imposición medidas correctivas. En ese sentido, luego de realizar un análisis extensivo de los hechos, hemos consultado variada doctrina nacional y extranjera con respecto a los puntos antes señalados, así como una revisión de temas desarrollados por nuestro Tribunal Constitucional y otros precedentes de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI que han sido de utilidad para esclarecer el panorama del contexto en el cual se desarrolló dicho caso, y que a su vez, nos permite observar el panorama actual con una óptica más crítica, y lo que nos ha permitido llegar a distintas conclusiones con respecto a los problemas jurídicos planteados, algunos de los cuales ya han venido siendo regulados; no obstante, aún observamos puntos de mejora en la regulación, a efectos de desalentar este tipo de infracciones que suponen una especial afectación a los derechos humanos de los consumidores.

El presente trabajo académico tiene por objeto principal analizar la naturaleza de la competencia otorgada a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI respecto a la posibilidad de que pueda declarar con efectos generales la inaplicación de una barrera burocrática ilegal contenida en una ordenanza municipal, norma con rango de ley; ello en virtud a la controversia surgida respecto a la posibilidad de que dicha eliminación en la realidad encuentre su punto de sustento en la eliminación y/o expulsión de la norma legal del Ordenamiento Jurídico; en esa misma línea, el presente trabajo abordará si es que se está cumpliendo realmente con el objetivo propuesto por la norma, la cual es brindar a los administrados la debida celeridad para la eliminación de trabas que afecten su derechos constitucionales económicos. Dichos ejes de investigación, a la fecha, no han sido abordados en mayor detalle, lo cual genera que la controversia referida aún tenga cabos sueltos que deben ser investigados y justificados; es por ello, la importancia del desarrollo del presente trabajo, el cual ha podido concluir que la naturaleza de las competencias de la CEB del INDECOPI es totalmente legales y constitucionales; no obstante, a la fecha, dichas competencias no cumplen con los fines por las cuales fueran dadas.

La corrupción pública es uno de los más graves problemas que enfrentan los Estados Modernos debido a que dificulta el desarrollo económico, desestabiliza la gobernabilidad democrática e imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando el desarrollo humano y atentando contra el fin supremo del Estado: garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el bienestar general. En esta última década, el Estado Peruano ha venido implementando medidas de “lucha” contra la corrupción fundamentalmente coercitivas a través del ejercicio del Ius Puniendi. Sin embargo, dichos esfuerzos han resultado insuficientes para reducir los altos niveles de corrupción que aún persisten. Para ello, el presente trabajo académico tiene como objetivo enfatizar la urgencia de contar con “nuevas estrategias anticorrupción en las administraciones públicas” que sean de calidad y eficientes, orientadas a prevenir y detectar casos de corrupción, fundamentadas a partir del desarrollo de los principios jurídicos y constitucionales de buena administración y el deber de lucha contra la corrupción; y proponer la implementación del compliance público como una novedosa herramienta anticorrupción que promueve el mejoramiento la gestión pública, permitiendo optimizar los recursos públicos (económicos y humanos) e incrementando la eficiencia en el ejercicio de la función pública

La presente exposición recoge mi experiencia como asistente administrativa de la oficina de administración y finanzas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, cargo que desempeño hace dos años y cuatro meses en dicha institución. Dentro de las funciones atribuidas a mi persona, está la atención de los documentos remitidos a esta oficina por parte de las unidades orgánicas, específicamente de la unidad de control patrimonial, como de las otras direcciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En este sentido, esta experiencia muestra cómo nace la idea de presentar un proyecto que modifique el reglamento de organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como de los percances surgidos en el camino que traen como resultado un mayor entendimiento del ámbito en el que se desenvuelve la entidad.