La situación histórica de los pueblos indígenas y los problemas de la configuración pluricultural del Perú colocan al profesional del derecho en la posición de abandonar el rol jurídico clásico e intentar su tratamiento desde un aspecto más integral, dinámico y vivo. Esta investigación es consecuencia de un esfuerzo por comprender el autocalificado “mundo awajún” o aguaruna, esfuerzo que significó un trabajo en conjunto, con la participación activa y protagónica de este grupo étnico. A propósito del reconocimiento constitucional del ejercicio jurisdiccional de las Autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas en su Artículo 149, el objetivo de este trabajo es presentar y analizar el sistema de administración de justicia que opera en el ámbito de las comunidades aguaruna del Alto Marañón, sistema distinto al oficial que por sus peculiaridades resulta ser una de las expresiones más importantes de la identidad socio-cultural aguaruna. Los alcances y limitaciones de este reconocimiento, así como los factores o particularidades a tomarse en cuenta en la aplicación de este artículo, son analizados a propósito de las características sui generis de este tipo de ejercicio jurisdiccional. / Tesis

Esta tesis doctoral, que se ubica en la provincia de Buenos Aires entre 1853 y 1881, tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. Por ello la investigación, centrada en la Justicia, gira sobre estos tres ejes teniendo siempre presente la relación del poder judicial con el Estado y la Sociedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta Memoria explora los contornos de una nueva justicia constitucional que podría llegar a existir en nuestro país, a partir de las modificaciones que introduciría el Recurso Extraordinario del Proyecto de Ley para un Nuevo Código Procesal Civil. Este trabajo se enmarca en el contexto de la Reforma a nuestro sistema procesal civil, y aborda principalmente la superposición de competencias constitucionales que ha existido y que existe hasta hoy en día entre las máximas Cortes de nuestra nación: la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Asimismo, esta Memoria se aventura en investigar los nuevos conflictos de competencia que surgirán entre aquellas Cortes en caso de entrar en vigencia el antedicho Recurso. Igualmente, este trabajo estudia las condiciones ideales en que el control de constitucionalidad (ex ante y ex post) de la ley ha de practicarse, delimitando las competencias de la judicatura constitucional y ordinaria, de manera que ninguna interfiera en el ejercicio de las facultades de la otra, sino, por el contrario, sea posible confiar en una labor coordinada, de diálogo y mutuo respeto basado en la calidad y persuasión de sus decisiones. Asimismo, este trabajo se refiere al nuevo rol que pasarán a jugar nuestras altas Cortes dentro de la judicatura chilena, gracias a las nuevas competencias interpretativas que se han desarrollado; tanto respecto de aquéllas de los últimos años desarrolladas en sede constitucional a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y de la declaración de inconstitucionalidad de un precepto, así como respecto de aquéllas más recientes, e incluso aún en discusión ante el Congreso, como la función de unificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema en virtud del Recurso Extraordinario y en abandono de nuestro actual recurso de casación. Finalmente, este trabajo plantea la interrogante –tanto respecto de la judicatura constitucional como de la ordinaria- sobre un posible cambio en nuestro sistema de fuentes del derecho, a contar de la valoración de las sentencias judiciales como decisiones vinculantes para nuestra judicatura en forma vertical y horizontal, generándose un potencial e incipiente sistema de precedente.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El propósito de este estudio es revisar la incidencia de la justicia constitucional en políticas públicas, específicamente en la implementación y posible reformulación, con énfasis en los efectos en el gasto público y en la agenda pública. La metodología y el enfoque de investigación son cualitativos, utilizando un estudio de caso único de tipo descriptivo, sobre la incidencia de la justicia constitucional salvadoreña en la política pública de atención a víctimas por accidentes de tránsito. Se realiza revisión legislativa, bibliográfica y de información periodística, con análisis descriptivo de la observación de los datos y efectos analizados. Con la información recabada se identifican cambios ocurridos a partir del accionar de la justicia constitucional, tanto en el proceso como en el discurso público de los principales actores intervinientes. Los hallazgos más relevantes muestran como a partir del pronunciamiento judicial: (1°) se imposibilita exigir el pago de un tributo, afectándose el financiamiento de la política pública, por consiguiente su implementación, y a su vez el gasto público; (2°) además, se genera la necesidad de rediseño de la política pública, y por tanto de instalar nuevamente el tema en la agenda pública.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La presente investigación, busca describir y explicar el proceso de implementación de las Secciones Juveniles en Gendarmería de Chile, realizada por el Estado de Chile -desde la entrada en vigencia del Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) N°20.084-, identificando los factores facilitadores y obstaculizadores en el cumplimiento de su mandato respecto de los acuerdos y normas internacionales en materia de Derechos Humanos. El estudio presenta un relato histórico y un análisis crítico de cómo Chile dio curso a esta Reforma, para cumplir con los mandatos internacionales de las convenciones y tratados asociados a los derechos de los Adolescentes privados de libertad, dando énfasis en las Secciones Juveniles, ya que se trata de jóvenes juzgados por la LRPA, que han cumplido su mayoría de edad, con más de seis meses de su condena pendiente, y que por su mal comportamiento en los centros de reclusión para Adolescentes del Servicio Nacional de Menores (SENAME), deben cumplir el resto de su sanción en centros de reclusión para adultos de Gendarmería de Chile, GENCHI. El Estado de Chile, a través del Ministerio de Justicia, generó una alianza estratégica con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para el acompañamiento técnico y supervisión del cumplimiento de los requerimientos constitucionales e internacionales apegados al derecho de adolescentes en la implementación de esta reforma. Así como, la instalación de mesas técnicas de coordinación intersectorial y de la sociedad civil para el diseño e implementación de una atención integral que apunte a la reinserción socioeducativa de los adolescentes que cumplen una condena. La descripción de los factores que inciden en el logro de la gestión del Estado en la implementación de las Secciones Juveniles de GENCHI, se transforma en un caso relevante, contingente y en pleno desarrollo, entendiendo que a Chile aún le falta avanzar en materia de condiciones carcelarias para los reclusos, según las normativas internacionales de Derechos Humanos, UNICEF (2015). Además, en la actualidad se está evaluando la pertinencia de las Secciones Juveniles de GENCHI, como una medida efectiva que logre la responsabilización de los jóvenes por los delitos cometidos y/o que la aplicación de esta sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

El uso de incentivos monetarios en la administración pública ha sido aplicado en varios países desde la década de los noventa en el marco de los procesos de reforma del Estado, a fin de buscar resultados para mejorar la provisión de los servicios públicos. A pesar de la experiencia desarrollada, los resultados sobre la efectividad de los incentivos monetarios muestran ciertas limitaciones en los países en los cuales fue implementada esta política pública. / Tesis

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objeto principal analizar, desde la perspectiva sociojurídica, la relación que existe entre la práctica y desarrollo de las Unidades de Justicia Vecinal, dependientes del Ministerio de Justicia; y su contribución en el acceso a la justicia. Para cumplir con dicho fin, parte con un análisis general del panorama del acceso a la justicia en el país (I), luego se aboca al estudio de las necesidades jurídicos y sociales que justificaron la instauración de dichas Unidades (II), posteriormente se explicarán los fundamentos procesales orgánicos y funcionales de las Unidades (III), para en un cuarto capítulo efectuar un análisis crítico de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en el marco del Programa de Unidades de Justicia Vecinal (IV), y finalmente formulamos un balance de la actividad efectiva y productos alcanzados por esta Política Pública, a partir de casos reales (V).

Los Jueces de Paz son ciudadanos no instruidos en el Derecho que son elegidos por su comunidad y administran justicia en zonas rurales promoviendo la conciliación y resolviendo ciertos casos menores. La Oficina Distrital de apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) fue creada en el año 2008, como parte del Plan Integral de Reforma del Sistema de Justicia, y tiene como objetivos fortalecer la Justicia de Paz, a través de capacitaciones e implementar logísticamente a los Juzgados de Paz. Esta tesis busca evaluar, desde el enfoque de la Gerencia Social, si la ODAJUP Cajamarca viene cumpliendo con sus objetivos durante el año 2016. Para ello se han analizado cuatro variables: primero, la cobertura y acceso que tiene los Jueces de Paz a los servicios que brinda la ODAJUP; segundo, la participación e involucramiento que tienen tanto los Jueces de Paz como la Gerencia de Corte con los servicios que brinda ODAJUP, tercero el grado de involucramiento de los actores con la Justicia de Paz; y finalmente, la percepción de los usuarios de los Jueces de Paz que han sido capacitados. La metodología que se empleó es de tipo cualitativo y cuenta con una muestra significativa de cuarenta y ocho Jueces de Paz de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Chota. De igual modo, se hicieron ocho entrevistas a Jueces Ordinarios de provincias que tienen a su cargo apoyar a los Jueces de Paz y al Gerente de la Corte Superior de Cajamarca. Esta información fue contratada con reportes y notas de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz durante todo el año 2016. Los resultados indican que las capacitaciones que brindó ODAJUP se dieron principalmente en las capitales de las provincias estudiadas; sin embargo, fue escasa en centros poblados. Las limitaciones del acceso a los servicios son distancia y costo de desplazamiento para asistir a las capacitaciones. En el mismo análisis, para el fortalecimiento de capacidades, el diseño curricular de las capacitaciones que hace ODAJUP no toma en cuenta las necesidades especiales de los jueces de cada provincia. Por otro lado, la dotación de bienes logísticos como computadoras o útiles de escritorio, a la fecha no cuenta con una partida 3 presupuestal para los mismos. Sin embargo, ODAJUP Cajamarca y los Juzgados Ordinarios de Chota y Hualgayoc les entregan materiales que les son destinado para sus funciones. La participación de los Jueces de Paz en los servicios que brinda ODAJUP varía según la provincia, una mayor participación e involucramiento se registra en las provincias de Hualgayoc, Chota y Cajamarca a razón de la entrega de materiales de oficina y el mayor apoyo que brindan los Jueces Ordinarios. Asimismo, el involucramiento de la Gerencia y Presidencia de Corte es limitado al no ser la Justicia de Paz una prioridad dentro de la gestión. En la misma línea, el involucramiento de los Jueces Ordinarios varía según la idea que deben desempeñar la Justicia de Paz, para algunos esta es un aliado del Poder Judicial en áreas rurales, mientras que para otros los Jueces de Paz son simples notificadores. Finalmente, la percepción que tienen los pobladores de la justicia de paz varía por provincia. Para las poblaciones de Cajamarca y Chota las capacitaciones que reciben los Jueces de Paz son beneficiosas por cuanto son mejor atendidos y no confunden los casos que si pueden revisar. Para Celendín y Hualgayoc, las capacitaciones son beneficiosas, pero si en caso sus asuntos no son resueltos, acuden a otros operadores de justicia como la policía o las rondas campesinas. En las cuatro provincias, existe una sensación generalizada de poco control sobre el actuar de los Jueces de Paz. Las recomendaciones que se propone son: primero, hacer alianzas estratégicas con los Jueces Ordinarios de las diferentes provincias a fin de tener más capacitaciones no solo en las capitales de provincia sino en distritos y centros poblados; segundo, elaborar un diseño curricular para las capacitaciones de acorde a las necesidades de los jueces de cada provincia, tercero, iniciar el ciclo de actividades con una partida presupuestada que permita la compra de bienes de oficina; cuarto, establecer un centro de atención para las quejas de la población, que permita a ODAJUP o a los Jueces Ordinarios asesorar a los Juzgados de Paz. / Tesis

El presente trabajo está relacionado con el control jurídico de la Administración por parte de los órganos jurisdiccionales, esto a partir de sus antecedentes más concretos (Código Procesal Civil) y con la posterior introducción del proceso de plena jurisdicción a partir del 2001 (Ley N° 27584). El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de tres capítulos para luego establecer algunas conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo, abordo la fundamentación teórico-constitucional de la función de la Administración y de su facultad discrecional en el Estado de Derecho. En el segundo capítulo analizo los fundamentos que sustentan la necesidad de la existencia de controles respecto del desarrollo de la actividad administrativa y el equilibrio que es necesario alcanzar entre el principio de división de poderes y el principio a la tutela judicial efectiva. Asimismo detallo los tipos de controles ideados por la legislación para evitar la arbitrariedad de la Administración (internos y externos). Por último se hace un recuento de las diversas técnicas creadas y establecidas para efectuar el control de la facultad discrecional de la Administración y la posibilidad que existe respecto a que un Juez pueda sustituir a la Administración al momento de juzgar un acto arbitrario generado a partir de la aplicación de su facultad discrecional. En el tercer capítulo, presento lo que considero el sistema de control mixto que existe en nuestro país, explicando las razones por las cuales estimo la presencia de tal situación en nuestro sistema. Analizo la manera como se realiza el control de la Administración por parte de nuestra Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y la posición adoptada por nuestra jurisprudencia (judicial y constitucional) respecto a la posibilidad de sustitución de la Administración, por parte de un Juez, al momento de juzgarla cuando ésta ha ejercitado su facultad discrecional. / Tesis

El objetivo de nuestro estudio estuvo orientado a analizar si las sentencias emitidas por los Juzgados Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ayacucho reúnen las condiciones establecidas por el precedente Villasis, para lo cual se utilizó el enfoque cualitativo de la investigación en la medida que considera procesos interpretativos en el procesamiento de la información. La muestra considera el análisis y evaluación de expedientes emitidos por los juzgados penales de primera instancia referido a la comisión de diferentes delitos, por lo mismo el diseño de investigación utilizado corresponde al estudio de caso. La metodología empleada se ciñe a los procedimientos metodológicos del análisis de contenido y el procesamiento de la información apela a técnicas. Los resultados de nuestro estudio demuestran que las sentencias judiciales emitidas por los Juzgados Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ayacucho no reúnen las condiciones establecidas por el precedente Villasis, relacionados a los criterios de orden, claridad, coherencia, congruencia y adecuada fundamentación jurídica contenidos en la Ley de la Carrera Judicial. / The aim of our study was aimed to analyze whether the judgments issued by the Criminal Courts of First Instance of the Judicial District of Ayacucho meet the conditions set by the preceding Villasis, for which the qualitative research approach was used to the extent it considers interpretative processes in the information processing. The exhibition considers the analysis and evaluation of dossiers issued by criminal courts of first instance referred to the commission of various crimes, therefore the research design used corresponds to the case study. The methodology used is limited to the methodological procedures of content analysis and processing of information appeals to techniques. The results of our study show that judgments issued by the Criminal Courts of First Instance of the Judicial District of Ayacucho do not meet the conditions set by the Villasis above, related to the criteria of order, clarity, coherence, consistency and adequate legal basis content the Law on the Judiciary. / Tesis