Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En un mundo globalizado en el que las relaciones comerciales internacionales han aumentado de manera considerable, cobra gran importancia el arbitraje comercial internacional, por los beneficios que éste representa para las partes contratantes a la hora de resolver un eventual conflicto. Teniendo presente la dificultad que representa para las partes el hecho de pertenecer a distintos Estados, con leyes y principios divergentes, el arbitraje comercial internacional parece ser una buena alternativa para las partes, de contar con algunas certezas a la hora de enfrentarse a una posible controversia, evitando tener que someterse a una legislación y jurisdicción que puedan resultarles desconocidas. La Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional es un fiel reflejo de este fenómeno, esta ley está formulada para ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral a fin de que se tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del comercio internacional. Se caracteriza por regular todas las etapas del arbitraje, desde el acuerdo de arbitraje, hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. En Chile se ha acogido esta idea con la dictación de la Ley 19.971, cuyas normas se orientan a adaptar y armonizar las reglas del comercio internacional, todo esto, con una gran flexibilidad procedimental. La decisión de Chile, demuestra una intención de unirse en la búsqueda de un consenso universal, con miras a un derecho comercial internacional más uniforme.

Tesis (magister en derecho internacional) / The recent globalized economy, and the substantial number of bilateral and multilateral agreements that have been signed, have become a constant incentive to foreign investors willing to invest in a host State. For its part, the host State is also concerned with investments, specifically with the restraint on its regulatory powers when it is in compliance with its treaties. Many countries today receive a great amount of foreign direct investment (FDI). It is this substantial level of FDI that is part of the source of the rapid development of countries we see these days. The idea of State expropriation is an act which is recognized in the international plane, which it is established pursuant the public interest and its requirements. The problem arises when the act does not regard a direct taking which is “more noticeable”, but appears certain conducts of the State disguised as “measure pursuant the public interest”, when actually is trying to control or deprive the investor form its peaceful enjoyment of its assets without the proper compensation. I will deal with the different concepts of expropriation, indirect expropriation in its different forms, such as regulatory takings, creeping expropriation, and measures tantamount to expropriation in order to establish how government’s measures take place and harm private owners. I will analyze the current treaties on investment, the principles that can be extracted in today’s BIT and Regional Agreements such as NAFTA, and the main problem of the lack of a concrete definition of expropriation, which today is saved by the principles of international customary law. Then I will analyze the denominator problem, which deals with the dilemma Courts face when determining the extent of damage to the property owner’s assets, which may regard a compensable act of expropriation, the way courts try to define the relevant parcel affected by the government’s measure, and if that harm amounts a damage to the investment, great enough to be compensable, or simply regards a burden, the investor must bear, in order for the State to fulfill the public interest. Finally I will analyze the recent jurisprudence regarding foreign investor claims against outright deprivations by the host State, and the evolution of the diverse concepts and principles extracted of those awards. To summarize I will establish when the State has the legitimacy to affect foreign private property, under what circumstances can do so, when privates have been affected in their property, in a way that entitles them to compensation for the harm caused by the State, when can we talk about expropriation or indirect expropriation of investment (affectation of property at its core and to its periphery), and finally what are the principles that can be extracted through the different treaties signed, the diverse concepts regarding indirect expropriation and of the recent jurisprudence on these muddied matters judges are somewhat reluctant to address in the international plane.

Tesis (magíster, con mención en derecho internacional) / En este trabajo se analizó la factibilidad de creación de La Cámara Latinoamericana de Arbitraje, tomando para ello como base la regulación de tratados internacionales, legislaciones de algunos países latinoamericanos, los diversos reglamentos de los centros de arbitraje internacional más relevantes del mundo, así como las opiniones de diferentes autores, cumpliéndose de esta manera con los objetivos planteados al inicio de la investigación. La presente investigación es monográfica a nivel descriptivo, para lo cual se utilizó la técnica de análisis de contenido, análisis comparativo, inducción y síntesis, lo cual permitió hacer un análisis deductivo-inductivo que permitirá enfocar el tema de acuerdo a sus propios criterios, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones, teniendo una apreciación general sobre el problema objeto de estudio. Con la realización de esta investigación se logró formular una propuesta para la creación de un organismo efectivo que permita administrar la resolución de conflictos en Latinoamérica, determinando que aunque existen diversos organismos de índole internacional de reconocida prestancia, estos no cumplen a cabalidad la función de ser medios idóneos para la solución de conflictos en la región, tampoco cumplen esta función los tribunales arbitrales regionales del MERCOSUR, lo que nos hace proponer la creación de una Cámara Latinoamericana de Arbitraje.

Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales / Esta investigación jurisprudencial surge a raíz de ciertas interrogantes planteadas por el denominado “Caso Clarín” (Víctor Pey Casado y Fundación Salvador Allende c. República de Chile). Específicamente, el objeto investigado alude a la decisión de postergar tomada por su Tribunal. Se pretende indagar qué argumentos ha esgrimido la jurisprudencia internacional en arbitraje sobre inversión al momento de posponer la resolución de una objeción jurisdiccional. En concreto, comprobar si es cierto que adjudicar en jurisdicción corresponde al ejercicio de una facultad primeramente preliminar, exponer además qué circunstancias se han invocado para desviarse de dicha regla y excepcionalmente realizar el examen pertinente junto con el fondo de la controversia Desde luego, el lenguaje del Artículo 41(2) del Convenio CIADI parece expresar cierta neutralidad, cuando faculta al Tribunal para determinar si ha de resolver en jurisdicción como “cuestión previa o conjuntamente con el fondo”. Sin embargo, este informe procura demostrar que, según jurisprudencia contemporánea al “Caso Clarín”, por regla general el aspecto jurisdiccional debe ser resuelto preliminarmente. Dicha afirmación tiene como justificación principal la tensión que existe entre posponer y el principio de consensualidad. De acuerdo con este último, las partes en conflicto arbitral pueden ser compelidas a litigar solo en la medida de su consentimiento, y en términos prácticos postergar supone una imposición arbitraria del proceso sobre la parte demandada. Se ha concluido que el carácter ambivalente de algunas defensas preliminares impide resolver en jurisdicción como cuestión previa. Circunstancia que, a su vez, se manifiesta a partir de hechos o argumentos legales sobre hechos con una doble pertinencia normativa. Que de modo simultáneo pueden ser referidos tanto al aspecto jurisdiccional como al fondo controvertido, de forma tal que una decisión al respecto supone una exposición del proceso al riesgo de prejuzgar la controversia / 31 mayo de 2020

En la tutela de derechos que nos brinda un Estado, los derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al juez natural o predeterminado por ley, derecho al juez imparcial, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, entre otros, son de vital importancia porque sin el ejercicio pleno de éstos no se pueden demandar el cumplimiento de otros derechos llamados materiales. El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos muy importante en el país, y su estudio continúa despertando interés en el ámbito jurídico alrededor del mundo. El presente informe tiene por objeto analizar una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió un proceso de anulación de laudo arbitral y busca determinar si el tribunal arbitral trasgredió los principios de imparcialidad e independencia. Luego de narrar los hechos sobre los que versa la controversia, el análisis se sostiene en un marco conceptual citando destacados aportes doctrinales, como los de Carlos Matheus López, John Bishop, Francisco González de Cossío; y además en jurisprudencia arbitral, judicial nacional e internacional. Algunos de los conceptos desarrollados en el presente informe son: principio de independencia e imparcialidad, principio de flexibilidad, deber de revelación y recusación.

En la presente investigación se pretende realizar un análisis al artículo 48 de la Ley de Arbitraje, sobre la ejecución de las medidas cautelares en las contrataciones con el Estado, bajo el contexto de las normas constitucionales, Ley de Contrataciones con el Estado y el Reglamento de la misma Ley. Con la finalidad de determinar la forma cómo debe regularse la ejecución de las medidas cautelares en los procesos de arbitraje en contrataciones con el Estado para asegurar su cumplimiento. La presente investigación en el primer capítulo analiza el arbitraje en la legislación peruana y comparada, sus características, los tipos de arbitraje: el Institucional y al ad hoc; En el segundo capítulo, entra a tallar en las medidas cautelares en los procesos de arbitraje en las contrataciones con el Estado; en el tercer capítulo se desarrollará el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos en las contrataciones estatales y la ejecución en las medidas cautelares. Llegando a la conclusión, que no es conveniente que las medidas cautelares tengan que ser ejecutadas por el Poder Judicial, sino por el contrario, deben ser obligatoriamente cumplidas de forma inmediata cuando el Tribunal Arbitral las ejecute. Para ello, es necesario que el Tribunal Arbitral cuente con el Ius imperium al igual que el Poder Judicial. De contar con el poder coacionador, mermaría la carga procesal del Poder Judicial.