La presente investigación tiene como objetivo determinar si el recurso de anulación de laudo arbitral puede ser considerado, tal y como lo establecen la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, y la jurisprudencia constitucional vigentes, como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la protección de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Para dicho efecto, se determinan, a partir de la experiencia comparada y nacional, los criterios para calificar a un proceso judicial ordinario como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la tutela de los derechos fundamentales. Luego de sustentar la opción por la tesis de la autonomía del arbitraje, se realiza una aproximación teórica al recurso de anulación de laudo arbitral, mecanismo judicial ordinario de control de la regularidad del laudo arbitral y de las actuaciones arbitrales en general. En un tercer momento, se desarrollan las relaciones, no siempre pacíficas, entre el arbitraje y su control constitucional por medio del proceso de amparo. Se estudia las tesis en torno a la posibilidad de que el recurso de anulación puede ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en el curso de un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Finalmente, se determina si el recurso de anulación de laudo arbitral puede, en efecto, ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje. / Tesis

En el momento presente la tendencia marcada de la población es judicializar toda controversia surgida entre partes, provocando congestionamiento en el Órgano Jurisdiccional con los consecuentes efectos de dispendio económico y de tiempo que significan para los utilitarios y servidores de justicia en el país. La idea rectora que motivó el presente trabajo de investigación fue buscar salidas alternas que permitan descongestionar el órgano Jurisdiccional; en esta búsqueda se encontró que nuestro país cuenta con una Norma Jurídica llamada Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación, publicada el 11 de marzo de 1997, cuyo ámbito normativo regula la solución de controversias de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales, antes, en el transcurso o después de intentado un proceso judicial, dentro la gama de derechos que no afecten al orden público. Pero lo curioso del fenómeno observado es que la Ley es desconocida y que casi nadie resuelve sus controversias por esta vía. Para su investigación se partió bajo la premisa “grado de conocimiento de la Ley N.º 1770 de Arbitraje y Conciliación” y las implicancias que derivan de ella. En el diseño metodológico se ha determinado el tamaño de la muestra por muestreo de los cuatro segmentos seleccionados del objeto de estudio: población litigante y no litigante del Juzgado 3ro. de Instrucción en lo Civil Comercial del distrito Judicial de La Paz; estudiantes de quinto año de Derecho de la UMSA; Abogados diplomantes del Instituto de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA. p. 27.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como principal objetivo desarrollar un estudio analítico del panorama actual del arbitraje interno en Chile, con especial énfasis en la labor de colaboración y control desplegada por la judicatura ordinaria estatal en el procedimiento arbitral. El método de investigación empleado involucra el estudio de fuentes académicas –libros, monografías, recopilaciones, revistas, estadísticas y ensayos–, fuentes normativas nacionales e internacionales, y fuentes jurisprudenciales de los Tribunales Superiores de Justicia de Chile. Como resultado de la investigación, se concluye, principalmente, que la intervención de la judicatura ordinaria ha excedido los parámetros razonables de la inevitable interacción con la justicia arbitral, al contrariar los criterios empleados por el árbitro mediante el control del cumplimiento y ejecución de las resoluciones arbitrales y, asimismo, por medio del conocimiento de recursos procesales en contra del laudo arbitral. Constituye entonces uno de los desafíos del legislador en el contexto de la reforma procesal civil, adecuar la normativa arbitral por medio del reconocimiento y protección de la autonomía de la justicia arbitral en la resolución de conflictos de relevancia jurídica.

The present article pretends to explain the new framework designed for the regulation for arbitration on public procurements matter, which will begin to operate since the approval of the Regulation for the integral reform for the Public Procurements Peruvian Law. This new vision will allow appreciating the exceptional legal nature that covers arbitration on public procurements, considering transparency and publicity as essential axis to fight corruption, and also the need to ensure specialization on administrative law, arbitration and public procurement on those who resolve disputes on that field. / El presente artículo propone explicar un nuevo esquema diseñado para la regulación aplicable al Arbitraje en Contrataciones Públicas, vigente a partir de aprobación del Reglamento de la Reforma integral a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225. Esta nueva visión permitirá apreciar la naturaleza jurídica excepcional que posee el Arbitraje en Contrataciones Públicas, por qué se busca fortalecer la transparencia y publicidad como ejes fundamentales para la lucha contra la corrupción, así como la necesidad de exigir, a quienes resuelven controversias derivadas de contratos públicos, especialización acreditable tanto en arbitraje, derecho administrativo y contratación pública, es decir, competencias en esta materia especial.

¿Es posible imaginar el centro de la ciudad de Lima sin congestión vehicular? ¿Qué sucedería si en algún momento se decidiera quitar todo tipo de señalización urbana como los semáforos, borrar la cruzada de los peatones, las señalizaciones de pare o cruce, etc.? ¿Podría imaginarse que el centro de Lima u otros distritos interactúen conductores, combis y peatones sin señalización alguna y que esto funcione? Hace muchos años atrás en algunas ciudades de Holanda pusieron a prueba las anteriores interrogantes, e iniciaron un proyecto llamado “calles desnudas” (naked streets), con lo cual crearon el concepto de ciudades sin señales. Su creador, el ingeniero Hans Monderman, tenía como objetivo que estas calles sin señales, crearan un ambiente de una ciudad o de calles sin seguridad, con lo cual las personas (tanto peatones, conductores y ciclistas) al sentir esto, reforzaban sus propias medidas de seguridad teniendo mucho más cuidado (conocida también como la campaña unsafe is safe).1 Es decir, contrariamente a lo que se pudo haber pensado en un primer momento. Las calles sin señales, a pesar de aparentar ser una ciudad insegura, creaba el efecto inverso, de ser una ciudad -o al menos las callesmás seguras ¿por qué? La única regla, para la ejecución de este proyecto es que tanto los conductores como los peatones son iguales. Por lo que se origina un centro de negociación entre éstos para determinar quien cruza, así, los conductores tienden a reducir la velocidad y estar al tanto de lo que realiza el peatón, y éste pone atención a lo que hará el conductor. Este espacio compartido, está regido por el respeto y la atención de lo que hace el otro (esto es lo que llaman los expertos como psicológica conductiva) para reducir el tráfico, y los accidentes de tránsito, lo cual efectivamente se verificó en la realidad. Los índices de accidentes bajaron notablemente, y este esquema de ciudades sin señales fue replicada en otras ciudades de Europa con bastante éxito.

El Decreto Legislativo N°1224 entró en vigencia el 25 de setiembre de 2015 y derogó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM. Esta nueva ley mantiene el artículo que dispone que se podrán someter a arbitraje nacional o internacional las controversias de carácter patrimonial derivadas de las concesiones y establece en su artículo 23°: / Trabajo académico

Un alumno de la Facultad de Derecho ingresa a un aula y observa, con cierta sorpresa, al profesor encargado de la clase desarrollando una serie de fórmulas y un par de bi-matrices en la pizarra. ¿Cuál cree usted que será su primera reacción? Probablemente, el alumno creerá que el aula no es la correcta y, habiéndose asegurado que sí lo es, se cuestionará la necesidad de aprender a desarrollar tales herramientas debido a que, habitualmente, la ciencia jurídica se encarga de determinar las conductas sociales que deben ser promovidas y prohibidas a efectos de fomentar la convivencia armónica entre los ciudadanos sin emplearlas. Sin embargo, sin éstas, los legisladores no pueden estar completamente seguros si las normas legales que emiten fomentan la conducta social que desean promover de manera óptima, los ciudadanos no comprenden por qué deben cumplir determinada norma legal y los abogados no pueden estar seguros que la solución que plantean para un caso específico se mantendrá estable a futuro, entre otros. En tal sentido, la utilización de ciencias puras en el análisis del razonamiento legal de ciudadanos, legisladores y otros operadores podría permitir contar con una mayor certeza respecto de los resultados de sus decisiones. Así, decidí elaborar una tesis basada en teoría de juegos aplicada al Derecho a fin de fomentar el aprendizaje y aplicación de ésta al análisis de la ciencia jurídica entre alumnos y profesores / Tesis

Memoria (para optar al grado de magíster en derecho con mención en Contratación Comparada e Internacional) / La Organización Mundial del Comercio (OMC), sucesora del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), es un foro de negociación multilateral donde los Estados Miembros buscan disciplinar el comercio mundial acordando concesiones recíprocas, relacionadas principalmente con la reducción de aranceles y la eliminación de toda barrera no arancelaria como los subsidios, entre otros. La OMC regula todo el comercio de bienes y servicios entre los Estados Miembros y cuenta con un Mecanismo de Solución de Diferencias donde los Miembros pueden dirimir cualquier conflicto relacionado con los acuerdos abarcados de la OMC. En el año 2002, Brasil presentó ante el Consejo General de la OMC (en sus funciones de Órgano de Solución de Diferencias) la solicitud del establecimiento de un panel contra los subsidios otorgados por los Estados Unidos al algodón americano (Upland) por considerarlos ilegítimos y contrarios a las disposiciones de los acuerdos de la OMC. Este caso fue considerado fundamental para el análisis de la adecuación de la normativa americana en materia de subsidios, conocida como la Farm Bill, a los compromisos internacionales y representa un antecedente jurisdiccional para atacar futuros abusos en la aplicación de la normativa referente a los subsidios agrícolas. El presente trabajo consiste en una Actividad Formativa Equivalente a Tesis en la que se estudia la creación de la Organización Mundial de Comercio, la regulación de los subsidios a los productos agrícolas, el Mecanismo de Solución de Diferencias y se analiza la disputa presentada por Brasil contra los subsidios otorgados por Estados Unidos al algodón americano (Upland). Los objetivos específicos de este trabajo fueron identificar la normativa que regula los subsidios a los productos agrícolas, estudiar el Mecanismo de Solución de Diferencias, analizar la corrección de los informes en virtud de las normas analizadas y determinar la eficacia del sistema multilateral de comercio y de su mecanismo para la solución de diferencias. El trabajo está estructurado en cinco capítulos, a saber: i) el comienzo del sistema multilateral de comercio, ii) la regulación de los subsidios a los productos agrícolas, iii) la solución de diferencias en la OMC, iv) el caso del algodón, y v) conclusiones. La metodología utilizada fue la investigación y el estudio hermenéutico del conjunto de normas que compone el Sistema Multilateral de Comercio, en especial los acuerdos referentes a la agricultura, a los subsidios en general y al proceso de solución de diferencias para verificar las interpretaciones realizadas y las conclusiones adoptadas en la solución de la diferencia entre Brasil y los Estados Unidos relativa a los subsidios al algodón americano (Upland) y confirmar su importancia como precedente jurisprudencial para futuros casos relativos a subsidios ilegales otorgados a productos agrícolas.

Mediante el presente trabajo, el autor nos ofrece dos propuestas para lograr que el arbitraje peruano sea más atractivo para el inversionista. La modificación del rol subsidiario estatal, es decir, el papel del Poder Judicial en la adopción de las medidas cautelares previas al arbitraje y la necesaria publicidad de los laudos arbitrales. La presente investigación no dejará de ser polémica para toda persona que se dedique al estudio del arbitraje.

El autor nos explica la relevancia que tiene actualmente en distintas Instituciones y Cortes de Arbitraje la figura del árbitro de emergencia y la utilidad práctica que implicaría regular esta institución en nuestra legislación. Sin embargo, para lograr la eficacia de su aplicación no solo se debe tomar en cuenta las experiencias internacionales, sino que se debe analizar nuestra legislación y la forma de administración del arbitraje por las instituciones nacionales. Asimismo, señala que gran parte del éxito de esta figura, dependerá de la forma de regulación de losCentros e Instituciones acerca de la posibilidad de acceder al inicio del procedimiento, el cuidado de la confidencialidad de las medidas, y la experiencia e imparcialidad de los árbitros designados.