El presente artículo surge a raíz de la deficiente y disgregada regulación de la tutela colectiva en el Perú. Esta regulación conlleva a que la tutela pretendida no sea la adecuada y que el proceso no sirva como instrumento para lograr la protección de los derechos supraindividuales. En este orden de ideas, los objetivos del presente trabajo son, en primer lugar, determinar si es conveniente o no modificar la regulación actual de los procesos colectivos y, en segundo lugar, si se debe optar por un sistema Opt In u Opt Out atendiendo a las circunstancias particulares de la sociedad peruana, así como determinar a qué persona o personas debería corresponder la legitimidad para obrar para participar en los procesos colectivos. Por ello, la tesis central del presente trabajo es que se necesita mejorar la regulación actual y que esta debe estar consagrada principalmente en el Código Procesal Civil, así como incluir algunas características de la regulación de la class action norteamericana. Finalmente, luego de analizar la experiencia comparada de México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, se llega a la conclusión de que, efectivamente, se debe modificar el marco normativo de la tutela colectiva y que esta nueva regulación debe incluir algunas características de la regulación de la class action norteamericana, principalmente acoger un sistema Opt Out. Asimismo, respecto a la legitimidad para obrar activa la conclusión arribada es que se debe permitir que tanto una persona natural como persona jurídica puedan reclamar por la clase, pero siempre cumpliendo requerimientos especiales certificados por el juez dado que en este tipo de procesos están en juego los derechos de un gran número de personas

El presente informe jurídico se centra en el análisis de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias No. 00026-2020-TSC/OSIPTEL con respecto a la controversia suscitada entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Enel Distribución Perú S.A.A. relacionada al acceso y uso compartido de infraestructura eléctrica. La disputa principal versa en el reclamación interpuesta por Azteca contra ENEL en relación a la interpretación de las cláusulas de compensación por la compartición de infraestructura y en la determinación de la entidad competente para resolver la controversia, ya sea mediante arbitraje o a través del organismo regulador OSIPTEL. El estudio examina las resoluciones de OSIPTEL, las obligaciones impuestas a ENEL, y las facultades del regulador para garantizar el cumplimiento de las normativas, incluyendo la imposición de sanciones y multas coercitivas. Además, se analizan las implicancias de las acciones u omisiones que afectan el mercado de los servicios de telecomunicaciones y el rol de OSIPTEL en la resolución de tales conflictos. De esta forma, a lo largo de la investigación se han identificado los tres problemas jurídicos. En primer lugar, se analizará si es materia de arbitraje la contrprestación presente en el Contrato de Compartición. En segundo lugar, se determinará si el OSIPTEL tiene competencia para exigir a ENEL la devolución del monto pagado en exceso. Finalmente, se analizará la capacidad sancionadora de regulador para hacer cumplir sus obligaciones. / The present legal report focuses on the analysis of Resolution No. 00026-2020- TSC/OSIPTEL issued by the Tribunal for the Resolution of Disputes in relation to the dispute between Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. and Enel Distribution Perú S.A.A. concerning access to and shared use of electrical infrastructure. The main dispute revolves around Azteca's claim against ENEL regarding the interpretation of clauses governing infrastructure sharing compensation and the determination of the competent entity to resolve the dispute, either through arbitration or through the regulatory body OSIPTEL. The study examines OSIPTEL's resolutions, the obligations imposed on ENEL, and the regulator's powers to ensure compliance with regulations, including the imposition of sanctions and coercive fines. Furthermore, the report analyzes the implications of actions or omissions affecting the telecommunications services market and OSIPTEL's role in resolving such conflicts. Thus, throughout the investigation, three legal issues have been identified. First, it will be analyzed whether the compensation present in the Sharing Agreement is subject to arbitration. Second, it will be determined whether OSIPTEL has the authority to require ENEL to refund the excess amount paid. Finally, the regulator’s sanctioning capacity to enforce its obligations will be analyzed.

Tesis (para optar al grado de Magíster en derecho, mención en contratación comparada e internacional) / La hipótesis que servirá como guía para este trabajo es que la ejecución de los laudos anulados, es de carácter excepcional y que esta solo procede cuando se verifican determinadas condiciones, como por ejemplo la ausencia de un tribunal nacional imparcial e independiente que conozca de la nulidad. El trabajo se ha organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se analizará la acción de nulidad como también la procedencia y posible renuncia de los recursos, con el fin de revisar como los principales Estados regulan la materia. En el segundo capítulo se analizarán conceptos básicos para la etapa de ejecución y reconocimiento tales como jurisdicción primaria, secundaria, lex arbitri, para luego analizar cuál es el vínculo que tiene el laudo con la legislación de la sede del arbitraje. El capítulo tercero se dedicará exclusivamente al análisis de la jurisprudencia comparada acerca de la materia, analizando un total de diez casos relevantes para la comprensión de los 6 argumentos esgrimidos por los tribunales para permitir la ejecución de laudos que han sido previamente anulados en la sede del arbitraje. El cuarto capítulo abordará la situación en el ordenamiento jurídico chileno. El último capítulo plantea algunas observaciones finales. Finalmente, debo expresar mi agradecimiento a dos personas que colaboraron en el desarrollo de este trabajo. Al abogado José María Eyzaguirre García de la Huerta, quien tuvo la amabilidad de recibirme permitiéndome tener una interesante entrevista que me ayudó a clarificar algunos aspectos de los temas que he tratado. A mi profesora guía, agradezco la lectura a borradores de este texto que fueron importantes para la ordenación final de las partes del documento y, sobre todo, sus sugerencias para hacer más claros algunos argumentos

Normalmente, se suele considerar (quizá por razones históricas o culturales) que “inmunidad” es igual a “impunidad”. Esta percepción no deja de ser ajena al ámbito del arbitraje, en el cual se sigue difundiendo (hasta cierto punto) la idea de que los árbitros conforman un “club” compuesto por un grupo selectivo de personas, que buscan protegerse a sí mismos. Así, se piensa que, en la medida en que los árbitros participan en la dación de legislaciones arbitrales, tienden a limitar su propia responsabilidad, fijando estándares bastante reducidos (o inmunidad) a favor de ellos mismos. En ese contexto, el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje en el Perú, regula la responsabilidad civil de los árbitros, estableciendo una regla de responsabilidad limitada a supuestos de dolo o culpa inexcusable. En la presente tesis, se busca analizar si dicho estándar limitado de responsabilidad civil resulta adecuado para que el árbitro pueda cumplir con sus funciones de manera independiente e imparcial. Pero, sobre todo, se busca problematizar respecto a si está justificado que dicho estándar aplique por igual para todos los eventuales supuestos en los que el árbitro puede incurrir en responsabilidad frente a las partes. Para tales efectos, en este trabajo se hace una revisión de la forma en que se suele entender la responsabilidad del árbitro a nivel internacional (tanto desde el punto de vista normativo como jurisprudencial), se desarrollan los alcances del “contrato de árbitro” (su calificación, su formación y las obligaciones que emanan del mismo), y se estudia una lista enunciativa de trece (13) supuestos potenciales de responsabilidad del árbitro en los cuales se analiza principalmente si resulta adecuado o no aplicar el estándar recogido en el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1071 antes referido.

La presente investigación tiene como propósito contribuir al estudio de la extensión del convenio arbitral, así como a la teoría de los contratos conexos, vistas de manera conjunta; y pretende responder a la interrogante referida a si es posible extender los efectos de un convenio arbitral a un contrato distinto al que lo contiene, pero siendo ambos contratos conexos entre sí. Esta interrogante surge de la revisión de arbitrajes en los que, al analizar la posibilidad antes mencionada, a pesar de examinar los mismos hechos, tribunales arbitrales arribaron a conclusiones diversas y opuestas; lo que denotaría una inadecuada aplicación de la extensión del convenio arbitral y de los contratos conexos. Los principales objetivos de esta investigación son: (i) analizar los supuestos en los que procede la extensión del convenio arbitral; (ii) establecer los requisitos para determinar la existencia de contratos conexos y (iii) analizar si la extensión de un convenio arbitral puede ser aplicada cuando nos encontremos frente a contratos conexos. Como hipótesis de trabajo se propone, que el convenio arbitral se puede extender a aquellos que no lo suscribieron, siempre que se cumpla con una serie de supuestos; que la extensión del convenio arbitral sí puede ser aplicada cuando se verifique la existencia de contratos conexos, analizando las circunstancias específicas de cada caso; y que para determinar si corresponde aplicar la extensión de un convenio arbitral a contratos conexos se debe realizar un análisis integral de ambas figuras. La principal conclusión de este trabajo es que la extensión del convenio arbitral sí puede darse en supuestos de contratos conexos. Los métodos aplicados para esta investigación son el dogmático, exegético y funcional, así como una revisión comparada del tratamiento del tema.

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it

La presente investigación trata sobre el estudio de la posibilidad de clasificar el inicio del proceso arbitral como una causal o factor de paralización de la ejecución de una obra pública; para ello, hemos contextualizado la investigación en el Gobierno Regional de Huánuco. Es evidente que en determinados casos en los que el inicio de un proceso arbitral ha sido usada como una justificación causalista para arribar a la conclusión de que la ejecución de la obra se encuentra paralizada por causa culpa imputable al desarrollo del proceso arbitral, o dicho en otras palabras, la única justificación para que no se continúe con la ejecución de esta es simplemente el inicio del proceso arbitral y sus demás actuaciones arbitrales hasta el momento de que llegue a resolver la controversia en sede arbitral; debido a ello, fue necesario que en la presente investigación planteemos la posibilidad de identificar la regulación de esta figura en la Ley o en Reglamento de Contrataciones del Estado. Partiendo de ello, se propuso indagar mediante la interpretación teórica, el estado del arte y los instrumentos cualitativos de recolección de datos sobre la posibilidad de que el arbitraje sea una causal previa o una causal durante la ejecución del contrato para la paralización del mismo; sumado a ello, así también, se indagó sobre la posibilidad considerativa de tres árbitros de derecho y de dos administradores de obra de la Región de Huánuco, si comparten el criterio desarrollado por la Contraloría de la República. Por dicho motivo, con la finalidad de preservar los objetivos y metas que se tiene para un contrato público, resulta inviable que la ejecución continúe hasta que se resuelva las falencias detectadas dentro de la etapa de ejecución de obras; asimismo, la norma señala la manera de resolver dichas falencias a través del Arbitraje, por ende, su aplicación no puede ser entendida como un factor que paralice la ejecución de la obra, ya que, por actuaciones de los elementos que intervienen desde la planificación hasta la suscripción del contrato. / The present investigation deals with the study of the possibility of classifying the beginning of the arbitration process as a cause or factor of paralysis of the execution of a public work; For this, we have contextualized the research in the Regional Government of Huánuco. It is evident that in certain cases in which the beginning of an arbitration process has been used as a causal justification to reach the conclusion that the execution of the work is paralyzed due to fault attributable to the development of the arbitration process, or in other words In other words, the only justification for not continuing with the execution of this is simply the beginning of the arbitration process and its other arbitration actions until the moment the dispute is resolved in arbitration; due to this, it was necessary that in the present investigation we raise the possibility of identifying the regulation of this figure in the Law or in the State Contracting Regulation. Based on this, it was proposed to investigate through theoretical interpretation, the state of the art and qualitative data collection instruments on the possibility that arbitration is a prior cause or a cause during the execution of the contract for its suspension; In addition to this, as well, the considerable possibility of three legal arbitrators and two construction administrators from the Huánuco Region was inquired about, if they share the criteria developed by the Comptroller of the Republic. For this reason, in order to preserve the objectives and goals of a public contract, it is unfeasible for the execution to continue until the shortcomings detected within the works execution stage are resolved; likewise, the norm indicates the way to solve said shortcomings through Arbitration, therefore, its application cannot be understood as a factor that paralyzes the execution of the work, since, due to the actions of the elements that intervene from the planning to the signing of the contract.

El presente trabajo se dirige a analizar la Casación 248-2017 LIMA que trata del control judicial de la motivación en los laudos arbitrales. Así, debido a las distintas posiciones tanto doctrinarias como jurisprudenciales a nivel nacional que permiten una alta tasa de demandas de anulación de laudo arbitral sustentadas en algún defecto de motivación, es pertinente analizar el problema consistente en la identificación del estándar de control judicial de la debida motivación en el arbitraje. Para ello, se analiza la replicación y adaptación del derecho fundamental de la debida motivación en el arbitraje; y, posteriormente, se busca determinar un parámetro de control judicial de este derecho. De esta manera, se realiza un análisis dogmático para identificar la naturaleza de la debida motivación como derecho fundamental y replicarlo en el arbitraje considerando sus especiales características, por lo que se puede obtener un parámetro que puede ser utilizado para su control judicial. Es así como se puede recurrir al análisis de la justificación interna y externa de la decisión arbitral, tal que solo sería posible controlar judicialmente la justificación interna de la misma en el caso de una demanda de anulación de laudo sustentada en algún defecto de motivación. Adicionalmente, entre los hallazgos de la investigación, se concluye que la Corte Suprema, como corte de vértice, perdió una oportunidad de fijar criterios respecto a este problema que contribuyan a dotar de seguridad jurídica al sistema y evitar que se solicite un control sobre el fondo de la decisión arbitral, así como se propone una modificación al Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje que incluya a la indebida motivación como causal de anulación de laudo arbitral

En el presente Informe se analizará la Sentencia emitida por la Primera Sala Comercial sobre el recurso de anulación de laudo presentado por KS DEPOR S.A contra el Club Sporting Cristal, el cual fue tramitado bajo el Expediente No. 00022-2016-0-1817-SPCO-01. En específico, se hará un análisis respecto a la primera causal de anulación de laudo presentada por la demandante, vinculada a la supuesta vulneración al deber de independencia e imparcialidad por parte de dos de las árbitros al no haber revelado -de manera oportuna- hechos que atentaban contra estos principios del arbitraje y de los cuales la demandante tomó conocimiento una vez culminado el arbitraje. Esta causal fue declarada improcedente por la Sala Comercial al no haber presentado un reclamo previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley de Arbitraje. Tomando como base ello, y en primer lugar, el presente informe analizará si el requisito de formular reclamo previo, a efectos de demandar la nulidad del laudo bajo las causales b) y c) previstas en el artículo 63.1, se debe cumplir incluso cuando la falta de independencia e imparcialidad se descubre de manera posterior al arbitraje. En segundo lugar, se analizarán los alcances de los deberes de los árbitros de imparcialidad e independencia. Y, finalmente, se determinará si es que, efectivamente, las árbitros vulneraron o no los principios de independencia e imparcialidad y si es que correspondía anular o no el laudo. / This Report will analyze the Judgment issued by the First Commercial Chamber on the claim for annulment of the award filed by KS DEPOR S.A. against Club Sporting Cristal, which was processed under File No. 00022-2016-0-1817-SP-CO-01. Specifically, an analysis will be made with respect to the first cause for annulment of the award presented by the claimant, linked to the alleged violation of the duty of independence and impartiality by two of the arbitrators by not having disclosed -in a timely manner- facts that violated these principles and of which the claimant became aware once the arbitration was completed. This cause was declared inadmissible by the Commercial Chamber for not having filed a prior claim, in accordance with the provisions of Article 63.2 of the Arbitration Law. On this basis, and in the first place, this report will analyze whether the requirement of having to file a prior claim, for the purpose of claiming the nullity of the award under the grounds b) and c) provided for in Article 63.1, must be met even when the lack of independence and impartiality is discovered after the arbitration. Secondly, the scope of the principles of impartiality and independence will be analyzed. And, finally, it will be determined whether or not the arbitrators did indeed violate the principles of independence and impartiality.

La resolución materia de estudio es la Resolución N° 10 del Expediente No 00382-2019-0-1817-SP-CO-01. El cuestionamiento a dicha Resolución es por un defecto en la debida motivación que transgrede el reconocimiento de la debida motivación como derecho y garantía constitucional en la Constitución Política del Perú. Es así como es posible examinar tanto la justificación interna como externa de la decisión judicial y los vicios en la motivación. El defecto de la Resolución es la motivación aparente porque la decisión no cumple con justificar el proceso para llegar a su decisión, sino por el contrario realiza meras referencias al Laudo Arbitral sin pronunciarse sobre los argumentos de las partes en la demanda de anulación de laudo. Asimismo, el laudo objeto de cuestionamiento presenta cuestiones respecto al concepto y procedimiento de recepción de obra que ameritan un desarrollo de análisis, conforme la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento vigentes al momento de celebrar el Contrato (Ley No. 26850 y Decreto Supremo Nº 084-2004). Al respecto se desarrolla sobre la posibilidad de modificar por acuerdo el procedimiento de recepción de obra, la entrega física como cumplimiento de procedimiento de recepción de obra y sobre la relevancia de las observaciones en el procedimiento de recepción de obra. En conclusión, el presente trabajo plantea un análisis sobre aspectos fundamentales relacionados con el derecho a una debida motivación, al mismo tiempo que se plantea una reflexión crítica en torno al proceso establecido para la recepción de obras según lo estipulado en la Ley de Contrataciones. Las cuestiones que se abordan en este estudio resultan de suma importancia, ya que se trata de garantizar el derecho a la debida motivación y que las decisiones en el contexto de la contratación y recepción de obras estén debidamente fundamentadas y basadas en criterios razonables. Esta reflexión invita a replantear y analizar críticamente los mecanismos y normativas existentes, con el objetivo de fortalecer los derechos y garantías de las partes involucradas en los contratos de obra y fomentar la calidad y cumplimiento de los proyectos en beneficio de la sociedad en su conjunto. / The resolution under study deals with Resolution No. 10 of File No Exp. 00382 2019-0-1817-SP-CO-01. The challenge to say Resolution is due to a defect in the due motivation that transgresses the recognition of the due motivation as a constitutional right and guarantee in the Political Constitution of Peru. Thus, it is possible to examine both the internal and external justification of the arbitration decision and the defects in the motivation. The defect of the Resolution is the apparent motivation because the decision does not comply with justifying the process to reach its decision, but on the contrary, it makes mere references to the Arbitral Award without pronouncing on the arguments of the parties in the claim for annulment of the award. Likewise, the award in question raises issues regarding the concept and procedure for the reception of the work that merit a further analysis, in accordance with the Law on State Contracting and its Regulations in force at the time of the execution of the Contract (Law No. 26850 and Supreme Decree No. 084-2004). In this regard, the possibility of modifying the work acceptance procedure by agreement, the physical delivery as compliance with the work acceptance procedure and the relevance of the observations in the work acceptance procedure are developed. In conclusion, this paper presents an analysis of fundamental aspects related to the right to due motivation, and at the same time, a critical reflection on the process established for the reception of works as stipulated in the Law on State Contracting. The issues addressed in this study are of the utmost importance, since the aim is to guarantee the right to due motivation and that decisions in the context of contracting and receiving works are duly grounded and based on reasonable criteria. This reflection invites to rethink and critically analyze the existing mechanisms and regulations, with the aim of strengthening the rights and guarantees of the parties involved in works contracts and to promote the quality and compliance of projects for the benefit of society as a whole.