Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objeto determinar en qué medida los denominados actos de autoridad quedan sometidos a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N°211 y sus posteriores modificaciones. Asimismo, se pretende exponer cómo interactúan el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”) y la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) con los Órganos de la Administración del Estado (“OAE”), tanto en su rol de defensa como de promoción de la libre competencia. Finalmente, se realizan algunas recomendaciones para mejorar el cumplimiento de dicho cometido. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizó un método cuantitativo consistente principalmente en la recolección de antecedentes y criterios relevantes a partir de resoluciones judiciales y administrativas seleccionadas, para luego pasar a una etapa de análisis lógico-jurídico que, finalmente, permitió agrupar y describir cómo se han desarrollado las potestades del TDLC y la FNE en su relación con los OAE. Como resultado de la investigación, se encontraron algunos lineamientos jurisprudenciales respecto a la materia, sin perjuicio de que se develaron vacíos y problemáticas tanto jurídicas como prácticas, cuya puesta de relieve esperamos sea un aporte a la mejor comprensión de esta materia

Seminario para optar al grado de Ingeniero en Información y Control de Gestión / Hasta la dictación de la Ley 19.857 el 11 de febrero del presente año, solo existía la “Sociedad de Responsabilidad Limitada” aceptada por la Ley 3.918 del 14 de marzo de 1923, estableciendo la responsabilidad personal de los socios que queda limitada a el monto de capital que ha aportado o a un monto mayor que se especifique en el Contrato Social el que se reduce en la Escritura Pública. Por definición del artículo 2053 del Código Civil, la sociedad requiere pluralidad de socios, es decir “ La Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provenga”, es decir durante 80 años sólo dos o mas personas podrán limitar su responsabilidad patrimonial en los negocios, es decir al momento de cumplir con una obligación, se distingue entre la responsabilidad de los socios y al responsabilidad ilimitada de la sociedad. Por el contrario, los empresarios individuales al comenzar un negocio asumían un alto riesgo ya que no tenía ningún tipo de limitación de responsabilidad, como persona natural se le aplica el principio de “derecho de prenda general”, donde la persona debe responder con el total de su patrimonio al total de sus obligaciones, es decir, deberá responder tanto con los bienes de la empresa como con los bienes personales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar y puntualizar el impacto de la red social Facebook sobre el derecho a la vida privada y la protección de datos personales, haciendo énfasis en el estudio de las prácticas invasivas que ponen en peligro estos derechos. Para ello, en el primer capítulo se pormenoriza cuáles son los derechos protegidos, sus dimensiones y alcances, poniendo énfasis en la legislación nacional. En el segundo capítulo se describe en que consiste Facebook, sus principales características y aplicaciones, e identificando los posibles problemas que conllevan su mecanismo de funcionamiento. El tercer y último capítulo, detalla los principales problemas que afectan directamente a la vida privada y protección de datos personales de los usuarios, determinando su impacto y exponiendo las posibles soluciones o mejoras.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo del presente trabajo es abordar el Contrato de Concesión de Obra Pública desde el punto de vista del Derecho Administrativo, con detalle de su regulación positiva, tanto en la actual Ley de Concesiones como en el Reglamento particular, y analizando sus fundamentos últimos, que consideramos vinculados estrechamente al principio constitucional de la Servicialidad del Estado y a las finalidades de promoción del Bien Común y satisfacción eficiente del interés público existente en el servicio prestado por las obras dadas en concesión.

El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo ello puede interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. Palabras clave: inversión extranjera, lavado de activos, corrupción, arbitraje de inversiones, persecución penal

Ingeniero Comercial, Mención Administración / En Chile, más allá de las crisis económicas, el acceso al crédito se ha incrementado en forma notable y sostenida desde la década de los 80’ en adelante. Ello ha permitido que las familias de todos los estratos aumenten sus niveles de consumo, modificando considerablemente sus condiciones de vida, pero esto acompañado de un aumento de su nivel de endeudamiento. Los créditos tienen su origen en nuestro país en los años 70’, vinculados a las políticas gubernamentales de liberalización de fondos, reorganización de la Banca y potenciamiento de la inversión. Sin embargo, su expansión se sitúa fundamentalmente en la década de los 80’ y está vinculada a la crisis bancaria. Esta crisis gatilla el ingreso al mercado de nuevas instituciones financieras, las que complementan y diversifican la oferta de créditos a nivel nacional. Este crecimiento acelerado de los créditos se mantiene e intensifica durante los años 90’ y pasa a formar un indicador más del sostenido crecimiento económico del país. La deuda es un elemento que esta presente en la gran mayoría de los hogares Chilenos: Según cifras obtenidas en la Encuesta Financiera de Hogares del 2007 realizada por el centro de Microdatos de la Universidad de Chile y por encargo del Banco Central, se desprende que del total de hogares de nuestro país al menos el 61% tiene algún tipo deuda. Por otra parte, el 57% de los hogares tiene deudas exclusivamente de consumo y un 46% tiene deudas de consumo adquiridas en casas comerciales. Es destacable, también, de este estudio que los quintiles de ingresos medios tienden a ser los con mayor número de deudas en cualquiera de las categorías consideradas, salvo en relación a las deudas Bancarias e Hipotecarias, que aumentan a medida que aumenta el ingreso. El aumento del consumo y el fuerte endeudamiento, se presentan entonces como dos importantes consecuencias que este mayor acceso al crédito ha tenido a nivel de la experiencia cotidiana de las familias chilenas. Por el lado positivo se puede decir que hay mayor acceso a bienes que con el solo ingreso presente no se podría financiar. Pero este mayor acceso al crédito también trae aparejados efectos negativos sobre la vida familiar. Como dice el dicho “no hay rosas sin espinas”, la realidad es que las personas se embarcan crecientemente en deudas para cubrir sus necesidades y deseos pero este endeudamiento genera importantes niveles de angustia y ansiedad para estas personas y al interior de los hogares, especialmente entre los sectores de menores ingresos y los más desprotegidos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente investigación se ha realizado una esquematización y descripción del sistema nacional de protección de los derechos de los consumidores, sus antecedentes y regulación actual, de la forma más pedagógica posible, a fin de poder representar los principios rectores y principales derechos y deberes, tanto de los proveedores como de los consumidores, para luego abordar las materias propias del consumo electrónico habiendo adquirido un previo entendimiento de la legislación que lo contiene. En ella, se aborda también la relación de la informática con el derecho, a fin de diferenciar los diversos puntos de encuentro de las mencionadas disciplinas e identificar y comprender las características y categorías jurídicas de los contratos electrónicos, hasta llegar a los contratos de consumo perfeccionados por medios electrónicos. Asimismo, son expuestos los fundamentos económicos, tecnológicos y sociales que hacen necesaria la regulación de los aludidos contratos en un sistema jurídico como el chileno, para luego pasar a señalar las disposiciones legales que sirven para regular las materias referidas al consumo electrónico. Finalmente, para aterrizar parte de los elementos teóricos analizados durante el cuerpo de la investigación, se exponen algunos casos de consumo electrónico con mira a identificar en términos prácticos algunas de las características que consideramos deficiencias del sistema de protección de los derechos de los consumidores electrónicos en nuestro país, para luego pasar a realizar algunas observaciones respecto del funcionamiento del sistema y proponer ciertas posibles soluciones a los problemas analizados o sentar bases para eventuales soluciones futuras.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria trata respecto a la evolución del derecho a la intimidad en Chile y el derecho comparado. En primer acápite, se toma en consideración tanto los fundamentos filosóficos del derecho a la intimidad como el desarrollo de un concepto por parte de la legislación tanto nacional como extranjera, y su relación con otros derechos fundamentales. En segundo término se analiza la evolución de la sociedad y de la información, por lo que se observa cómo se protege y promueve la intimidad ante el desafío de las nuevas tecnologías, y su contextualización ante la red internet. Esto permite analizar la evolución del derecho a la intimidad, en relación a su especificación como derecho a la protección de datos personales, y observar la contextualización del derecho al olvido por la doctrina y jurisprudencia comparada, en especial por la labor ejercida por el Tribunal Europeo y la Agencia de Protección de Datos Personales de España, además de analizar límites que el legislador debe considerar al momento de regular esta nueva institución. Por último, se procede a observa estado actual de legislación Chilena en asunto, y la posible construcción del derecho al olvido como medio de protección de la intimidad con las normas actuales de constitución política, y primeras respuestas del legislador ante esta materia reciente

Tesis presentada para obtener el grado de Magíster en Antropología y Desarrollo / El tema central de la presente Tesis es observar el tratamiento del sistema jurídico nacional al adulto mayor como sujeto de derecho, mediante la reconstrucción jurídica de la persona desde la perspectiva de la edad, como variable que establece distinciones que crean clases de edad, entre otras, la adultez mayor. Se propone la observación de las clases de edad como construcciones sociales que reflejan el envejecimiento de las personas generado desde el Estado (status y roles expresados en semánticas que fluyen de las descripciones legales) en tanto distinciones de edad que se imponen mediante las decisiones de la autoridad pública (como operaciones válidas de la actividad estatal).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación efectúa un análisis de la situación normativa y fáctica en la que se encuentran los datos biométricos en Chile. Para esto, el trabajo se desarrolla a través de diversos capítulos. El primero de ellos explica a grandes rasgos en qué consisten y para qué se utiliza la información biométrica, tomando en consideración los avances tecnológicos e informáticos desarrollados a nivel mundial. En segundo lugar, se abordan las problemáticas jurídicas que estos datos representan, enfocado principalmente en las diversas relaciones que estos tienen con derechos fundamentales. El tercer capítulo analiza cuál es la protección que nuestro ordenamiento jurídico ofrece a este tipo de información, para finalmente pasar a analizar, en el cuarto y último capítulo, acerca de la situación y protección ofrecida por otros países de América y Europa, a esta problemática específica.