Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo constituye una investigación realizada a través de medios escritos, como de la información que se ha recabado desde diferentes sitios de Internet. Con ella se pretende analizar la injerencia que ha tenido la informática y las telecomunicaciones en la vida y el actuar del individuo, como sujeto de derechos y obligaciones; y como todo ello se relaciona entre sí dando lugar a nuevas situaciones de tipo jurídico que hasta hace poco tiempo nos parecían insospechadas. La jurisprudencia que se presenta en algunos pasajes de esta obra viene a demostrar, como han cambiado las relaciones humanas y jurídicas con el advenimiento de la informática y de las telecomunicaciones. Sin pretender sentar bases sólidas, esta investigación pretende despertar el interés de quien la lea, en adentrarse a la informática jurídica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / De acuerdo a lo señalado en nuestro Código Civil en su artículo 20 el significado de la palabra descanso al no tener definición legal, debería buscarse en "su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras", debiendo entenderse por tal "Quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga/causa de alivio en la fatiga y en las dificultades físicas o morales", como lo define la Real Academia Española. La necesidad humana de descanso radica no sólo en aspectos biológicos como el restablecimiento orgánico tanto físico como psicológico sino también en aspectos sociales como son el permitir el desarrollo de la vida familiar, comunitaria y espiritual. Es fundamental este último aspecto el que dio origen del descanso semanal al ser considerado sagrado un día de la semana en la mayoría de los pueblos de la antigüedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se hará una breve referencia a los actores del sistema y se analizará, principalmente desde la perspectiva del derecho común, importantes instituciones del mismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El deporte es un fenómeno social que ha tenido un enorme desarrollo durante el último siglo, debido a que su práctica permite obtener múltiples beneficios para la salud de las personas, creando de este modo una sociedad sana e integrada, razón por la que todos los gobiernos del mundo han desarrollado durante el último tiempo políticas públicas orientadas a su fomento por parte de la población. Lamentablemente nuestro país se ha quedado atrás en éste desarrollo a causa de innumerables factores, los que no han sido resueltos debido a la inexistencia o falta de adecuación de políticas públicas deportivas que regulen esta materia. Por lo que hoy nos vemos enfrentados a un desafío ineludible si realmente deseamos modificar la realidad en la que se encuentra actualmente el Deporte en Chile. El principal inconveniente que podemos observar en esta materia tiene relación con la práctica segura del deporte, ya que en la actualidad no ha existido por parte del Estado una preocupación sobre este tema, generándose de este modo un vacío legal por la falta de políticas públicas deportivas orientadas a regular la práctica segura del deporte. A partir de este análisis surge el objeto de estudio del presente trabajo, el cual se origina a partir de una inquietud fundada en la experiencia personal, obtenida al observar la realidad en la cual se encuentra el deportista que ha sufrido una lesión a causa de un accidente deportivo. Lamentablemente esta realidad es sumamente desalentadora, debido a que podemos observar que el deportista frente a esta situación se encuentra en muchos casos en completa 10 indefensión, puesto que no existe una institución a la cual pueda recurrir y que permita que dicho accidente deportivo sea menos gravoso y facilite su rehabilitación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo constatar la realidad nacional en torno al incumplimiento de sentencias y acuerdos conciliatorios que fijen montos de pensiones de alimentos, para así posteriormente analizar las herramientas otorgadas por la legislación actual para compeler a su cumplimiento y la eficacia de ellas. Especial detención se hará sobre las modalidades de pago y la retención judicial como doble función: modalidad y garantía de pago. Analizado el Derecho Comparado y Proyectado se recurrirá al mecanismo de aseguramiento ideal y eficaz para asegurar el oportuno cumplimiento, conforme la realidad chilena, para su aplicación o reforzamiento. Asimismo, la posición del Estado como garante del pleno ejercicio de los derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de la República como en Tratados Internacionales sobre la materia, exigirán un rol protagónico en la búsqueda de tal mecanismo de aseguramiento de percepción de las pensiones de alimentos. Es así como se dilucidará que el mecanismo más perfecto para asegurar a percepción de la cuota alimentaria, no será su tipificación penal ni el reforzamiento de los métodos punitivos ya existentes, sino que, se constituye por la modalidad de pago exigida y establecida por la Ley 14.908, la retención judicial por el empleador del alimentante.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Tesis (para optar al grado de Magíster en Derecho Tributario) / El objeto de la presente Actividad Formativa Sustitutiva de Tesis es demostrar, apoyándonos en el texto de la Ley de Renta y en la ciencia económica y estadística, que exigir cobranzas judiciales de créditos cuyo monto sea suficientemente bajo tiene un costo social mayor que el beneficio que se obtiene al interponer la acción judicial, incluso para el Fisco que financia el funcionamiento de tribunales, y que, por tanto, no resulta razonable que el SII imponga dicha exigencia para poder rebajar esos créditos, los que debieran ser aceptados siguiendo un criterio más amplio, con el debido resguardo de evitar erosionar la recaudación fiscal. / The purpose of this Thesis is to demonstrate that, based on text of the Internal Revenue Code, and on economic and statistical science, demanding legal actions of credits of a sufficiently low amount has a social cost greater than the benefit obtained by filing said action, including for the Treasury who finances the operation of courts. It is therefore unreasonable for the IRS to impose said requirement to lower the aforementioned credits, which must be approved following a broad criteria, and due safeguard to avoid eroding tax revenues.

Tesis(para obtener el grado de riamagíster en derecho ambiental) / En este trabajo, me propongo contrastar el marco constitucional y legal que nuestro ordenamiento jurídico fija, para el desarrollo de actividades económicas en el espacio litoral chileno, con la presencia de una cada vez mas compleja trama de instrumentos de gestión y ordenamiento de los recursos naturales costeros y bentónicos, explorando los grados de eficacia de los referidos instrumentos, proponiendo además las vías mas expeditas para su perfeccionamiento. La investigación se iniciará con una introducción, donde se realizara una presentación general del problema que nos ocupa así como de su relevancia jurídica, económica y ambiental, a continuación en el capitulo primero se analizará el marco jurídico de las actividades pesquera extractiva y acuícola en Chile, en el Derecho Internacional y la Unión Europea. En el capitulo segundo se analizara el marco jurídico de las áreas protegidas del estado en general y las marinas en particular, para luego en el capitulo tercero, detenernos en un análisis a diversos instrumentos de política publica aplicables al borde costero, como la política nacional de uso del borde costero, con sus procesos de zonificación y la política nacional de áreas protegidas. Por su parte, en el capítulo cuarto realizaremos una descripción pormenorizada de los instrumentos de conservación y preservación aplicables a las zonas costeras y ecosistemas bentónicos, para luego analizar en el capitulo quinto los efectos concretos que pueden generar para la industria acuícola y pesquera la constitución de áreas protegidas marinas de múltiples usos y la implementación de procesos de zonificación del borde costero

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Magister en Derecho, mención en Derecho Penal / En este trabajo, partiendo de consideraciones generales sobre la criminalidad económica, y diferenciando conceptualmente entre libre concurrencia y libre competencia, es la protección del mercado y sus precios naturales, como bien jurídico protegido del artículo 285 del Código penal, junto a la sinonimia entre los medios fraudulentos, que el tipo requiere para alterar los precios, y los medios ilícitos, aquellos que permiten incluir en esta abrazadera típica a los acuerdos colusorios de precios al estilo del conocido caso farmacias. Y más aún, no solo es posible establecer, como vía alternativa de punición, la estafa basada en un engaño concluyente por parte de aquel que, como agente económico que oferta en el mercado, está obligado a cumplir y no incurrir en atentados contra la libre competencia, considerados como presupuesto de contratación, sino también, descartar cualquier impedimento que por vía del ne bis in idem prohíba la punición de estos acuerdos, al no concurrir sus requisitos y existir alternativas de sanción.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El contexto de esta investigación se enmarca en la nueva institucionalidad que introdujo a la legislación nacional la ley 19.947, que vino a reformar las normas que hasta el año 2004 regulaban el matrimonio civil en Chile. Dentro de las modificaciones mas importantes al régimen anterior está la introducción del divorcio con disolución del vínculo, que permite a quien ostente dicho estado civil contraer matrimonio nuevamente, la figura de la separación judicial, y mas importante, al menos para este estudio, la creación de un nuevo efecto patrimonial del matrimonio, que tendrá efecto sólo ante la terminación del mismo, a saber, la compensación económica. Este efecto patrimonial tiene como finalidad primordial la protección al cónyuge más débil luego del término de la relación marital, atendido a que generalmente, los años de entrega por parte de uno de los cónyuges al desarrollo de la familia terminan por posicionarlo en una situación considerablemente desmejorada respecto al otro cónyuge, cuando de rehacer su vida se trata. La ley no podía alienarse a este efecto propio del término de un matrimonio, y por tanto, la segregación del núcleo familiar, por lo cual incorpora esta nueva institución en el derecho nacional, a fin de dar una solución a tan grave predicamento: que hacer cuando ya no puede dependerse económicamente del cónyuge para mantenerse a sí mismo y a la familia común, atendido los años que duró el matrimonio y la dedicación a las labores del hogar. Esta nueva institución, luego de un intenso debate legislativo, en el cual se discutió profusamente sobre cual sería su fundamento, naturaleza jurídica, y régimen legal, termina por considerarse como la obligación de uno de los cónyuges al cumplimiento de una prestación a favor del otro, por el menoscabo económico que este último sufre por el hecho de terminar el matrimonio, además de otros requisitos que se analizarán en su oportunidad. Siendo así las cosas, es de sumo interés conocer que se entiende efectivamente por menoscabo económico, a la luz de las sesiones legislativas, lo que la doctrina ha entendido por éste, tanto a nivel nacional como comparado, y como ha sido entendido este concepto por la jurisprudencia nacional. Como se verá, el menoscabo económico viene a ser la piedra angular de esta nueva institución, atendido a que luego de los citados debates parlamentarios, se dejó de lado la concepción que sí recogen otras legislaciones, en cuanto a otorgar al cónyuge mas débil una acreencia alimentaria sobre el cónyuge deudor, para recoger un concepto, no de indemnización, pero si de compensación por el menoscabo que el primero haya sufrido. Y precisamente en la forma de entender el menoscabo que parte de la jurisprudencia debiera reorientar su forma de entender la institución, por cuanto en una gran parte de los casos se limita a considerar los requisitos del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, cuando, por expresa disposición de la ley, para que proceda la acción será siempre necesario ahondar todos los elementos del artículo 62, muchas veces aplicado sólo para efecto de cuantificar el monto, pero no como parte integral de los requisitos de procedencia. Es por ello que este estudio pretende dar luces sobre los elementos que lo componen y cual debiera ser su correcta interpretación, como a su vez ver como éstos se relacionan, y se limitan entre sí.