Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con fecha 5 de abril de 2011 fue ingresado a tramitación al Congreso Nacional de Chile, con el número de Boletín 7567-07, un proyecto de ley que viene en introducir reformas sustanciales al régimen de sociedad conyugal que actualmente rige en nuestra legislación. Así, a la tradicional estructura de administración matrimonial se le proponen importantes cambios que, en lo medular, persiguen dar aplicación del principio de igualdad ante la ley, otorgar una efectiva y real capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal respecto del marido y por último, mejorar aún más la protección económica al cónyuge que se ha dedicado al cuidado de los hijos o del hogar y que no ha desempeñado un trabajo distinto, o bien, que habiéndolo desempeñado lo ha hecho en menor medida de lo que quería o podía. De acuerdo a lo señalado en la parte introductoria del proyecto presentado, el objetivo general pretendido es la adecuación del régimen a las exigencias del siglo XXI, fundamentalmente en los aspectos que más críticas han motivado en los últimos años, que dicen relación con la administración de los bienes y la titularidad del patrimonio reservado. A la luz de nuestra legislación civil y especialmente del derecho de familia, la reforma que se plantea asoma como de gran relevancia, pues su incorporación a la agenda legislativa es consecuencia de haber percibido la autoridad la necesidad de actualizar las normas que rigen patrimonialmente al matrimonio, poniéndolas a tono con una realidad social que es diametralmente distinta de la que se consideró al momento de la redacción del Código Civil, y distinta también a la que se tuvo a la vista en las reformas posteriores, siendo por consiguiente este proyecto resultado de cierto consenso académico y político que entiende necesaria la actualización de la ley a las nuevas formas de vida.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro de una sociedad se identifican puntos de reconocimiento o encuentro, como la idiosincrasia, cultura, rasgos, origen, entre otros, una realidad que debe reflejar el derecho por medio de todas sus fuentes, y además debe adecuarse a los cambios de la sociedad misma, en conjunto con las necesidades de esta. La seguridad social como régimen viene a satisfacer o paliar las contingencias de la sociedad, refiriéndose a las necesidades que normalmente afectaran de una forma cierta e indeterminada en el tiempo a todos los integrantes de la sociedad, es por ello que se crean estructuras que pueden prever estas situaciones, como es la vejez, la enfermedad, los accidentes entre otros aspectos de la vida. Estudiando los orígenes de la seguridad social se advierten sus fines, los que son inmutables en el tiempo, pero que se concretizan de forma diferente con el avance o cambios de la sociedad, lo que ante una ley que no cambia, que no se adecua a los nuevos cambios, termina transformándose en una regulación insuficiente y contradictoria con sus propios principios. En el ordenamiento jurídico de Chile uno de los criterios usados para determinar el acceso a las prestaciones de seguridad social es la edad de los beneficiarios. Mediante un análisis de las distintas áreas de la materia, se puede determinar el grado de incidencia de este factor, y si este en la forma que está regulado actualmente, perjudica o favorece a los beneficiarios. Por último identificar si de acuerdo al dinamismo de la sociedad y del derecho mismo, la regulación de la seguridad social desde el punto de vista del factor de la edad es suficiente para satisfacer las necesidades o contingencias sociales que se pretende paliar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A casi 5 años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis crítico de las hipótesis de acceso a las fichas clínicas contempladas en dicha ley y los demás cuerpos normativos vigentes en nuestro ordenamiento, con el objeto de ver cómo ellos se corresponden o no con los principios mínimos establecidos desde el mundo del derecho, la bioética y los otorgados en derecho comparado, proponiendo respecto de cada uno de dichos escenarios, las necesarias reformas para adecuar nuestra normativa a los estándares antes señalados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el año 2008 Chile promulgó la más importante reforma al sistema previsional desde el cambio estructural que se vivió en 1980; la reforma introducida por la ley 20.255 viene, entre otras a cosas, a consagrar la obligatoriedad de los trabajadores independientes a cotizar en el sistema de las Administradora de Fondos de Pensiones, a efectos de analizar si dicha medida en general y sus consecuencias en particular fueron o no un avance, esta investigación propone el análisis del nivel de cumplimiento de los principios de Seguridad Social que emanan de las convención y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en particular, las recomendaciones 131 y 202 y las convenciones 102 y 128. Con este propósito en primer lugar, se realizará primeramente un análisis histórico-jurídico de las regulaciones a nivel de derecho a la Seguridad Social que tuvieron los trabajadores independientes, con especial atención en tratar de definir lo que ha de entenderse hoy como trabajador independientes, luego se describirán lo que a nuestro juicio son los principios jurídicos, su importancia y enumeraremos un decálogo de principios que pueden recogerse de los instrumentos internacionales mencionados, finalmente se analizara si este nuevo sistema de pensiones a los que se ven obligados los trabajadores independientes a ingresar, representa un avance en materia de Seguridad Social a la luz de los principio previamente descritos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos ha sido objeto de estudio en gran parte de los ordenamientos jurídicos del mundo, siendo ampliamente desarrollada tanto en el plano jurisprudencial, como doctrinario y legislativo. Por el contrario, en Chile sólo se han dado tímidos avances en el ámbito de protección al consumidor y no existe claridad respecto al cambio de visión requerido para brindar una solución adecuada a los afectados. En el primer capítulo del presente trabajo, desarrollaremos la evolución del tema en Derecho Comparado. El esquema de dicho análisis involucrará el estudio de regulación, concepto, daños indemnizables, imputabilidad, legitimación activa, legitimación pasiva y estatuto aplicable. El segundo capítulo, estructurado de igual forma que el anterior, tratará sobre el estado de la materia en nuestro país. Planteado el panorama general, el tercer capítulo se centrará en los que, a nuestro parecer, son los principales puntos que se deben trabajar: el elemento de la imputabilidad y la legitimación pasiva de la acción indemnizatoria. El análisis de cada uno implicará reseñar en detalle lo analizado en Derecho Comparado, lo que se ha realizado en Chile –tanto en el ámbito de la ley nº 19.496 como el de derecho civil común– y lo que proponemos para mejorar el desarrollo de la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos en nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 31/12/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestros días el deporte se avizora como una de las realidades más complejas que existen en la sociedad actual chilena, siendo cada vez más difícil definir el termino deporte como concepto, por que es algo que cambia sin cesar ampliando continuamente sus significados. Así el deporte, queramos o no, involucra los mas diversos y diferentes ámbitos de nuestro quehacer diario, no solo circunscribiéndose a la realización de un actividad especifica y determinada, sino que hoy mas que nunca, afectando las diversas relaciones sociales que nos rodean. Es por lo anterior que el deporte necesita diversas herramientas para regular los diferentes escenarios en que se ve involucrado, ya que las normas que regulan su propio desarrollo no bastan para poder ordenar los diversos ámbitos en que el deporte se desenvuelve en el mundo moderno. Desde una perspectiva sociológica, derecho y deporte, son ineludiblemente conceptos socialmente trascendentes que van desarrollándose y ampliándose conforme nuestra cultura y sociedad van cambiando, teniendo ambas instituciones un rol permanente sobre las personas o individuos que son parte de la actividad deportiva. El rápido cambio de las sociedades contemporáneas, la diversificación de las practicas deportivas, la motivación creciente en aspectos como la salud o la recreación, el deporte como instrumento de marketing, el incremento del mercado laboral y profesiones relacionadas con el deporte y un conjunto de otros ejemplos mas, nos hacen hoy pensar cuan importante es tener en nuestro país una regulación sólida, bien pensada y que se condiga con la realidad y fines que buscamos en la practica del deporte

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las modificaciones más importantes que se ha introducido al sistema de la seguridad social en Chile en la última década fue la realizada a través de la ley 19.728, de mayo de 2001, que introdujo en nuestro medio el denominado “Seguro de Cesantía” (o “Seguro de Desempleo”), el cual importa una institución cuyo objetivo principal es proteger las condiciones de vida del trabajador y su familia frente a la eventualidad de la pérdida del empleo, así como facilitar las condiciones para que éste pueda encontrar una nueva ocupación acorde a sus habilidades y destrezas. Aún cuando en término generales, este sistema de seguro había sido objeto de una evaluación positiva, ya que hasta el año 2008 más de 5 millones de trabajadores se habían incorporado al sistema, y se habían otorgado beneficios a cerca de 3 millones de personas, luego de 6 años de funcionamiento se estimó necesario realizar algunas modificaciones al sistema original, a fin de perfeccionarlo; cuestión en la que estuvieron de acuerdo no sólo el mundo político, sino también el sindical y el empresarial. Dado esto, es que en agosto de 2008 se envió al Parlamento un proyecto que tenía por objeto modificar el sistema de seguro de cesantía consagrado en la ley 19.728, que entre otros objetivos, buscaba ampliar su cobertura y el acceso a sus beneficios, aumentar el monto de las prestaciones, así como incorporar mecanismos que permitieran una protección más adecuada e integral al trabajador desempleado. Dado el consenso suscitado por las modificaciones que se esperaba realizar a la ley sobre seguro de cesantía, el proyecto tuvo un pasó muy rápido por el Parlamento, transformándose en enero de 2009 en ley de la República bajo el número 20.328, entrando en plena vigencia el 1º de mayo de 2009. A continuación, expondremos los principales defectos que se detectaron en el antiguo régimen, así como la forma en que estos trataron de ser subsanados por parte del legislador. En particular, nos detendremos en aquellos ámbitos en los cuales la ley 20.328 introdujo novedades respecto del sistema imperante hasta mayo de este año.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación. El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación. Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente. El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria. Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.