Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis trata de dar una solución normativa a la contradicción existente entre el pluralismo informativo como condición de existencia de una sociedad democrática y la concentración del mercado de los medios de comunicación social. Los dos primeros capítulos explican la problemática. El tercer capítulo describe las soluciones que se han dado en Derecho comparado. Y el cuarto y último capítulo, el fundamental, detalla y critica la solución chilena, para luego aportar una solución propia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nos impondremos de cómo la legislación comparada aborda este tema, con el fin de buscar en ella pautas y directrices que permitan iluminar los futuros cuerpos legales que normen la materia que nos convoca en este trabajo. Si bien sabemos que nuestro país adolece de una legislación en materia de suelos, lo que, por cierto, constituye la causa principal de este trabajo, igualmente haremos un esfuerzo por buscar, determinar y analizar aquella normativa que alguna relación tenga, ya sea más o menos directa, con el tema objeto de este estudio, y, asimismo, comprobar qué tan efectiva ha sido ésta en términos de su protección y conservación, la sola descripción del material localizado resulta sumamente gráfica para constatar la total falta de organicidad existente en la materia. A partir de todo ello se intentará proponer el marco jurídico que, a nuestro juicio, resulte ser el más apropiado para regular y proteger, de la mejor forma posible, al recurso suelo; tarea para nada sencilla si se considera la gran variedad de actividades que encuentran en el substrato su base de sustentación, las que hacen virtualmente imposible la creación de un cuerpo legal que sea lo suficientemente abarcativo como para regularlas en su totalidad. En efecto, el suelo, como todo recurso natural, se encuentra a disposición del Hombre para ser usado por éste en los fines que estime conveniente y, como se demostrará a lo largo de este trabajo, está sujeto a la intervención de múltiples sectores y actores de la sociedad, lo que supone, por ende, la coexistencia e interrelación de diversos intereses, los cuales muchas veces chocan y antagonizan entre si. Así entonces, y sin desconocer, por cierto, el rol preponderante que cumple el suelo en el equilibrio medioambiental, aquel aspecto del recurso que concentrará nuestra atención y que ameritará el intento de desarrollar o al menos esbozar una legislación que lo regule, no será otro que su aptitud para servir de base a la actividad silvoagropecuaria. Nos parece que es esta forma de explotación del recurso la que se encuentra más desprotegida y en desmedro respecto de otras actividades desarrolladas a partir de él, ya que día a día va perdiendo terreno frente a aquellos intereses económicos que buscan un mayor y más rápido retorno de capital (vgr. la actividad inmobiliaria), con todo lo que ello implica en materia ambiental, económica y, sobre todo, desde un punto de vista sociocultural, esto es, lo que dice relación con la pérdida de un mundo y de una cultura rural. Debe dejarse constancia que el presente trabajo se complementa con la tesis relativa a los aspectos teóricos del mismo tema desarrollada por don Orlando Muñoz Burgos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio se centra en un completo y critico análisis de este nuevo tipo societario en nuestro país, para lo cual nos aproximaremos en la primera parte al concepto de sociedad, su significado y origen de tal concepto. Se realiza una breve reseña histórica del fenómeno societario, partiendo de código de Hammurabi, que es de las primera legislaciones donde se plasma ya este concepto, pasando por el 2 desarrollo del mismo que hace el Derecho Romano, el nacimiento de la figura de la comenda, que viene siendo la base de la estructura moderna de sociedad, hasta llegar a la estructura social como la conocemos hoy en día que comenzó a manifestarse en las codificaciones de los diferentes países. Se hace también una reseña al desarrollo de la sociedad en nuestra legislación, desde la independencia de la República hasta el día de hoy. Junto con esto, se realizará un análisis de la teoría general de las sociedades, su concepto, naturaleza jurídica, y elementos. Uno de los rasgos que más llama la atención de la Sociedad por acciones, es la posibilidad de que nazca a la vida jurídica con un solo socio, con lo que se introduce en nuestro país la posibilidad de crear sociedades unipersonales. Como esto va contra la concepción de sociedad que tiene fuertemente acuñada nuestra legislación, hay que analizar si esta permite la existencia de una sociedad unipersonal, haciendo un completo desarrollo de las principales características de este tipo de sociedades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar el tratamiento de la publicidad comparativa desleal en la Ley N° 20.169 sobre competencia desleal, publicada en el Diario Oficial de fecha 16 de febrero de 2007. Dicha norma constituye la primera regulación directa de esta modalidad publicitaria en nuestro país, al incluir la publicidad comparativa entre los supuestos de competencia desleal contenidos en su artículo 4°, dado que la publicidad comparativa desleal no mereció una atención particular en el ordenamiento jurídico chileno. Esto, a pesar de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y las comisiones antimonopolios que le antecedieron, conocieron y fallaron en varias oportunidades casos de publicidad comparativa desleal en base a las normas contenidas en el DL N° 211, reconociendo su licitud y los beneficios económicos asociados a ella

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria que se titula “Correo Electrónico del trabajador y su relación con el Derecho del Trabajo”, trata precisamente acerca de este tema tan complejo y de escasa regulación. De esta manera hemos planteado como objetivo determinar cual debe ser la protección del ordenamiento jurídico, cuando se ven enfrentadas dos garantías constitucionales, a saber: por una parte, la privacidad de toda forma de comunicación y por otra, el derecho de propiedad del empleador sobre los bienes de la empresa que pone a disposición del trabajador para que este realice su trabajo. En la parte introductoria, realizamos una necesaria referencia a temas básicos, como lo es Internet, correo electrónico, el estudio de las garantías constitucionales ya mencionadas y normas legales aplicables por analogía. Luego continuamos con el primer Capitulo, titulado “Utilización personal del correo electrónico, herramienta entregada por el empleador”, en el cual se realiza una exposición mas acabada del problema planteado en la hipótesis, y nos referimos a los limites que en la practica se presentan al empleador para regular y conocer el contenido de los correos electrónicos del trabajador. El segundo Capitulo acerca de la “Regulación formal, sobre el uso de la red Internet dentro de la empresa”, trata acerca de los medios formales con que cuentan las partes del contrato de trabajo para regular el uso de los medios informáticos, como lo son: contrato individual de trabajo, contrato y convenio colectivo de trabajo, fallos arbitrales, reglamento interno de la empresa. En el Capitulo tercero, “Regulación Material, sobre el uso de la red Internet dentro de la empresa”, tratamos acerca de las normas aplicables a los distintos casos que se pueden presentar. El Cuarto capitulo “Sanciones y fiscalización”, se refiere a las sanciones que puede traer aparejado el incumplimiento del contrato pactado entre las partes y la forma en que se puede hacer efectiva. Finalmente, consta de una parte conclusiva en que llegamos al acuerdo de que las partes pueden regular el uso de la correspondencia electrónica, mediante los instrumentos que el derecho del trabajo pone a su disposición, pero el empleador de todas formas debe respetar la privacidad de la correspondencia del trabajador, en otras palabras, puede regular la frecuencia, oportunidad y uso de los medios informáticos y del correo electrónico de la empresa, pero en ningún caso puede pretender enterarse del contenido de los mismos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El desarrollo de esta Memoria tiene como hipótesis preliminar que las remuneraciones participativas en el Derecho Laboral chileno – entendiendo por tal la participación y la gratificación – se aplican por el empleador de manera discrecional, toda vez que éste puede eximirse del pago de las mismas. El análisis de las remuneraciones participativa, junto con su regulación, deja entrever que su efectiva aplicación se hace en exceso difícil. En el caso de la participación, el Código del Trabajo solamente se limita a definirla en su artículo 42 letra d), sin regular su forma de aplicación, siendo ésta, por lo tanto, convencional y voluntaria, ya que no existe norma en el Código del trabajo que haga obligatorio su pago. En cuanto a la gratificación, ésta sí se debe pagar obligatoriamente, ya que el artículo 47 establece la obligatoriedad del pago del 30% de las utilidades o excedentes que obtengan los establecimientos que detalla la norma y siempre que se cumplan los requisitos que este mismo artículo dispone. Sin embargo, el Código en su artículo 50 exime de esta obligación al empleador que abone o pague a sus trabajadores el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, “sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere . En este caso, la gratificación de cada trabajador no excederá de cuatro y tres cuartos (4,75) ingresos mínimos mensuales (…)”. Con este último pago, la utilidad deja de ser una base de cálculo de la gratificación y las demás remuneraciones pasan a ser su base de cálculo. En definitiva, el sistema chileno permite que el empleador evite distribuir el treinta por ciento de sus utilidades entre sus empleados, compensándolos con un aumento del veinticinco por ciento de sus remuneraciones. En la práctica, entonces, la única posibilidad de que existan remuneraciones participativas en el Derecho Laboral chileno es que el empleador decida voluntariamente pagar la gratificación del artículo 47 del Código del Trabajo , no optando por el pago del artículo 50, o convenga individual o colectivamente con sus trabajadores un sistema de participación, tal como lo permite el artículo 42 letra d) del Código del Trabajo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La tesis propuesta tiene como objeto de estudio las normas que nos permitan elaborar un régimen de atribución de responsabilidad civil por elaboración o comercialización de productos en la legislación nacional. Como primer acercamiento, analizaremos y reflexionaremos en torno 8 a la aplicación de las reglas de atribución de responsabilidad civil del vendedor por incumplimiento contractual por vicios redhibitorios presentes en el Código Civil, así como también aquellas que surgen de la responsabilidad extracontractual del empresario. ¿Son estas las normas a las que debemos acudir para dar solución a las demandas y reclamaciones por productos? O más bien ¿Son las normas del Código Civil por incumplimiento contractual o por responsabilidad extracontractual la mejor alternativa que ofrece la legislación chilena al consumidor para la reparación civil de los daños provocados por productos? En segundo lugar abordaremos las normas que contiene la Ley de Protección al Consumidor sobre responsabilidad civil del fabricante o proveedor como consecuencia de actos de consumo. La pregunta será ¿Cuáles son las normas de la Ley de Protección al Consumidor a las que debemos acudir para perseguir la responsabilidad civil del fabricante o del proveedor? ¿Son estas parte de un sistema unitario de atribución de responsabilidad civil al fabricante o al proveedor, o son más bien normas dispersas que debemos conjugar para obtener una reparación integra en casos de daños por productos? ¿Son las normas de la Ley de Protección al Consumidor un régimen propio de atribución de responsabilidad civil al empresario, o más bien son una aplicación de las normas generales de atribución de responsabilidad civil presentes en el Código Civil? En ambos casos, la exposición será sustentada en fallos tanto de los Tribunales Superiores de Justicia, para graficar cómo han abordado esta temática los Tribunales nacionales y el desarrollo que ha experimentado la jurisprudencia nacional en este sentido.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 1.- El espectro radioeléctrico (al que nos referiremos también simplemente como “el espectro”) es un recurso natural, de carácter ilimitado, consagrado en algunos ordenamientos jurídicos como un bien nacional de uso público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. Es asimismo, un medio intangible que se utiliza como medio para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Al encontrarse materialmente en la atmósfera, el espectro radioeléctrico es materialmente ilimitado. Sin embargo, su uso (la habilitación para servicios de telecomunicaciones) se encuentra de alguna forma determinado por el avance de la tecnología, toda vez que, a medida que ésta avanza y evoluciona, se van descubriendo mayores posibilidades de uso para este elemento. En el ordenamiento jurídico nacional, el espectro radioeléctrico se encuentra bajo la regulación y administración de la SUBTEL. Sin perjuicio de ello, ejercen además potestad sobre el espectro la Dirección General de Aeronáutica Civil en lo que respecta a la navegación aérea, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, estos dos últimos, en las causas sometidas a su conocimiento. Dentro del amplio abanico de servicios de telecomunicaciones que se valen del espectro radioeléctrico destaca, tanto por el volumen de clientes como por su complejidad tecnológica, el de la telefonía móvil, el que hoy más bien se encuentra identificado con los servicios de Banda Ancha Móvil. En efecto, gracias al avance tecnológico de los últimos 10 años, el servicio de telefonía propiamente tal (es decir, el envío y recepción de señales de voz) ha sido complementado por el servicio de Banda Ancha Móvil, es decir, el envío y recepción de paquetes de información a través del espectro radioeléctrico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta constitucional de los derechos de sindicalización y de huelga, en el contexto de la reforma a la Constitución Política de la República de 1980, y teniendo como principal directriz el parámetro internacional que existe actualmente en la materia. La propuesta se realizó en base a los elementos comunes extraídos de una comparación constitucional que reunió doce textos constitucionales (tres europeas y nueve latinoamericanas), en su primera parte, y un marco internacional que contempló diez instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en su segunda parte. El trabajo concluyó con la elaboración de la propuesta, enunciando los elementos considerados y su justificación

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho económico) / El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo ello puede interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. Palabras clave: inversión extranjera, lavado de activos, corrupción, arbitraje de inversiones, persecución penal