Las compras públicas en el Estado son parte fundamental para el desarrollo de una sociedad mediante las adquisiciones de bienes, servicios y obras, que tienen como eje trasversal la normatividad que las regula, en razón a ello, algunas Entidades aun no logran alcanzar de manera óptima y eficiente los resultados que se esperan, como cumplir con los plazos establecidos para la atención oportuna de las necesidades hacia sus usuarios internos y externos de la Entidad, en ese sentido la presente investigación se ha enfocado en los diferentes factores que inciden en las compras públicas, en el caso del Programa de Desarrollo Agrario Rural del periodo 2014 al 2017. Así mismo la presente investigación aborda desde la metodología el estudio del campo cualitativo, bajo un enfoque explorativo, investigar la problemática que existe al momento de realizar las compras públicas, y cuyo objetivo es determinar que factores como la burocracia en los actos administrativos, la profesionalización del servidor público, la Institucionalidad inciden en las compras públicas en el caso del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del periodo 2014-2017. En ese sentido la investigación al desarrollar el tema de las compras públicas, y ser un tema muy sensible dentro de la Entidad, se evidenció poca colaboración por parte de los servidores de la Entidad, ya que tenían poca disposición de manifestar abiertamente que es lo que ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural, en ese sentido se apeló a fuentes secundarias como son los las resoluciones de la Entidad referida a aprobaciones expedientes de contratación, plan de desarrollo de personas, información publicada en el portal del SEACE, donde se visualiza las contrataciones públicas, información de Contraloría, con sus informes de control, etc. En ese sentido se buscó contrastar lo que la normativa en contrataciones públicas nos indica, con lo que en realidad ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural en el periodo 2014 al 2017, para ello como ya se ha mencionado se ha utilizado fuentes primarias y secundarias.

En el presente informe jurídico se analiza la Resolución Nº 0116-2018/SEL-INDECOPI, correspondiente al procedimiento de oficio seguido por el Indecopi contra el Colegio de Abogados de Lima. A tal efecto, el autor aborda la metodología del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas a cargo del Indecopi y la evolución normativa del concepto de barrera burocrática en el ordenamiento jurídico peruano, así como los fundamentos constitucionales y legales de los procedimientos seguidos en sede administrativa sobre la materia. / This paper analyze the Resolution Nº 0116-2018/SEL-INDECOPI, related to the ex - officio procedure initiated by the Indecopi against the Lima Bar Association. For that purpose, the author address the methodology of the administrative procedure for the elimination of bureaucratic barriers in charge of Indecopi, and the legal development of the concept of bureaucratic barrier in the peruvian legal framework, as well as the constitutional and legal bases of the administrative procedure.

La tesis plantea que la reforma de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), efectuada durante el período 2011-2015, surge como respuesta a la problemática que afecta a tal punto su labor como administradora del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que, desde el Congreso de la República, el sector privado, y la sociedad civil, surgen propuestas encaminadas a su desaparición institucional. Con vista a superar tal escenario adverso, la entidad pasa del modelo de gestión clásico hacia el modelo de la Nueva Gestión Pública, orientando su esfuerzo institucional hacia la simplificación administrativa, la agilización de la maquinaria institucional y la implementación de una lógica meritocrática, lo cual aúna al fortalecimiento de un cuerpo burocrático incentivado, alineado con los objetivos institucionales y con la nueva matriz cultural de la entidad; esfuerzo que se enmarca en una estrategia técnica y política plasmada en propuestas formales y no estipuladas formalmente que, aun con la presencia de limitaciones, viene consiguiendo resultados favorables a la generación de valor público, aspecto que de mantenerse en el tiempo, sustentaría la sobrevivencia de la ONP, así como su viabilidad a futuro. 2

El presente informe jurídico tiene por objetivo analizar la denuncia por la supuesta existencia de una barrera burocrática, interpuesta por Geo Supply S.A.C., una empresa de telecomunicaciones dedicada a la prestación del servicio público móvil por satélite, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entidad administrativa encargada del cálculo y cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La referida denuncia tiene por finalidad que el Indecopi declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon a su caso concreto, al considerar que esta constituye una barrera burocrática ilegal e irracional. El caso bajo análisis presenta una cuestión jurídica compleja, que parte por determinar la naturaleza del cobro del canon efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dependiendo de la postura que se asuma, las consecuencias jurídicas serán diametralmente distintas. De esta forma, se presentan problemas relativos a la conceptualización del tributo, sus características, los límites de la potestad tributaria, las competencias de los órganos administrativos, la interpretación constitucional y la vía idónea para cuestionar el carácter confiscatorio de un tributo. Estas materias tienen implicancias de significativo valor económico y jurídico, dado que los criterios que resuelven este caso son aplicables a similares cobros que hace el Estado por otro tipo de recursos naturales. En ese contexto, el presente caso invita a explorar las conexiones entre el derecho tributario, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho administrativo, ello enmarcado en la teoría de un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario utilizar las herramientas de la teoría general del derecho. En ese sentido, la hipótesis del presente informe sostiene que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, específicamente califica como una tasa, de la especie derecho, que se distingue de los precios públicos. En consecuencia, en el presente informe se sostendrá que la forma de cuestionar la razonabilidad del cobro es mediante un control de constitucionalidad (confiscatorio), que no forma parte de la competencia del Indecopi, toda vez que existen otras vías pertinentes, tales como el proceso contencioso tributario o los procesos constitucionales de acción popular o amparo. / The objective of this legal report is to analyze the complaint for the alleged existence of a bureaucratic barrier, filed by Geo Supply SAC, a telecommunications company dedicated to the provision of the public mobile satellite service, against the Ministry of Transport and Telecommunications, an administrative entity in charge of the calculation and collection of the fee for the use of the radioelectric spectrum. The aforementioned complaint is intended for Indecopi to declare the non-application of the fee calculation methodology to its specific case, considering that it constitutes an illegal and irrational bureaucratic barrier. The case under analysis presents a complex legal issue, which starts by determining the nature of the collection of the fee made by the Ministry of Transportation and Communications. Depending on the position taken, the legal consequences will be diametrically different. In 2 this way, there are problems related to the conceptualization of the tax, its characteristics, the limits of the tax authority, the powers of the administrative bodies, the constitutional interpretation and the ideal way to question the confiscatory nature of a tax. These matters have implications of significant economic and legal value, since the criteria that resolve this case are applicable to similar charges made by the State for other types of natural resources. In this context, the present case invites us to explore the connections between tax law, telecommunications law, administrative law, framed in the theory of a Constitutional State of Law, so it is necessary to use the tools of the theory general of law. In this sense, the hypothesis of this report maintains that the fee for the use of the radioelectric spectrum has a tax nature, specifically it qualifies as a rate, of the right kind, which is distinguished from public prices. Consequently, in this report it will be argued that the way to question the reasonableness of the collection is through a constitutionality control (confiscatory), which is not part of Indecopi's competence, since there are other relevant channels, such as the process tax litigation or constitutional processes of popular action or protection.

La Constitución de 1993 reconoce la participación de las personas en la economía nacional a través de la puesta en práctica del derecho de libertad de empresa bajo un contexto en el que la iniciativa es privada y se mueve en el marco de la economía social de mercado, donde el Estado establece políticas y regulaciones que velan por proteger tales derechos; sin embargo, resultará necesario que sea limitado o restringido con el objetivo de velar por el interés público. Las condiciones establecidas y emitidas por el Estado imponen barreras burocráticas que limitan dichas libertades, cuya validez se basará en principios de legalidad y razonabilidad; debido a que de lo contrario, se causaría un perjuicio a la actividad privada con los requisitos, exigencias, cobros y/o prohibiciones que imponen las Entidades como las Municipalidades, en virtud de su autonomía constitucionalmente reconocida y desarrollada mediante leyes como la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, debe ser ejercida observando todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, las condiciones establecidas por las Municipalidades que limitan la libertad de empresa, a través de la imposición de un horario de apertura y/o cierre a los establecimientos comerciales, son barreras burocráticas que podrían ser declaradas ilegales o irrazonables por la entidad competente para ello. / The 1993 Constitution recognizes the participation of people in the national economy through the implementation of the right to free enterprise in a context where free private initiative moves within the framework of the social market economy. The State establishes policies and regulations that ensure the protection of such rights; however, it will be necessary to be limited or restricted to protect the public interest. The conditions established and issued by the State impose bureaucratic barriers that limit the freedom of enterprise and free private initiative. Its validity will be based on principles of legality and reasonableness. Failure to comply with these conditions would jeopardize the liability to private activity involving requirements, demands, prohibitions, and charges imposed by an Entity, such as municipal offices, under the autonomy constitutionally recognized and developed through laws such as Law No. 27783, Decentralization Bases Law and Law No. 27972, Organic Law of Municipalities, Law No. 28976, Framework Law for Operations License and Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. Nevertheless, the observation of the entire legal system must be exerted. In this sense, he conditions established by de local government that limit the freedom of business through the imposition of opening and closing hours on commercial establishments are bureaucratic barriers that could be declared illegal or unreasonable by the competent entity.

Los procedimientos de eliminación barreras burocráticas en la actualidad han ganado relevancia, al considerar la diversidad de barreras establecidas en las entidades de la Administración, las cuales influyen en la interacción realizada por el administrado. El Decreto Legislativo 1256, busca solucionar ello en su artículo 8, ante la inaplicación general de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas, evitando que la administración tenga que llevar a cabo procedimientos idénticos, a razón del fondo y la forma, variando tan solo por el administrado que lo solicitado. No obstante, tal competencia ejercida a través de mandatos de la CEB y la Sala al declarar la ineficacia de una disposición administrativa, conlleva el mismo efecto – la ineficacia de la norma vigente – al dado en las competencias exclusivas reconocidas a los jueces, de poder un control concentrado y con ello, llevar a cabo derogaciones o nulidades, que al fin de cuentas, genera la ineficacia con efectos generales de la norma cuestionada. Es el poder determinar si se atenta contra la competencia de los jueces y con ello, el considerar si el artículo 8 del Decreto Legislativo 1256 es inconstitucionalidad, lo que permite establecer si se puede considerarse como tal, ante la vulneración dada por medio el control de legalidad ejercido por la CEB y la Sala, frente a las competencias otorgadas por la Constitución a los jueces en poder generar ineficacia con efectos generales en las disposiciones. En ese sentido, si bien es admisible el que la CEB y la Sala puedan ejercer un control de legalidad, mas es el efecto de ello – similar al dado en la derogación y la nulidad en sus procedimientos respectivos– es lo que vulnera la Constitución, al reconocer y atribuir una competencia que es exclusiva de los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

El informe jurídico analiza principalmente dos problemas jurídicos principales identificados en virtud de la Resolución Nº 0278-2015/SDC-INDECOPI1, que declaró barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la disposición administrativa contenida en el numeral 34 del artículo 2º, artículos 4º y 33º del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, que exigen a los propietarios titularse como químicos farmacéuticos para denominar “farmacia” a sus establecimientos farmacéuticos. El primer problema jurídico principal refiere a la pertinencia de la entidad a exigir el cumplimiento de disposiciones administrativas contenidas en normas reglamentarias los cuales transgreden la finalidad de su ley primigenia; y, el segundo, sobre la viabilidad de que Indecopi proceda con ordenar la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas irrazonables materializadas en disposiciones administrativas. Para el análisis de los problemas jurídicos reseñados, tomé como referencia su base legal, exposición de motivos, proyectos de ley y documentos internos de Indecopi en el cual realizan críticas a las modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1256, aprobadas mediante la Ley Nº 31775; así como, la doctrina nacional correspondiente. Finalmente, las conclusiones son las siguientes: en primer lugar, sobre relevancia que el reglamento cumpla con las formalidades necesarias a fin de que guarde concordancia con su ley primigenia; y, en segundo lugar, respecto la importancia que Indecopi declare la inaplicación con efectos generales de las barerras burocráticas irrazonables contenidas en disposiciones administrativas. / The legal report mainly analyzes two main legal problems identified by virtue of Resolution No. 0278-2015/SDC-INDECOPI, which declared illegal and/or unreasonable bureaucratic barrier the administrative provision contained in numeral 34 of Article 2, Articles 4 and 33 of the Regulation of Pharmaceutical Establishments, which require owners to be licensed as pharmaceutical chemists to call their pharmaceutical establishments "pharmacy". The first main legal problem refers to the pertinence of the entity to demand compliance with administrative provisions contained in regulatory norms which transgress the purpose of its original law; and, the second, on the viability of Indecopi to proceed with ordering the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers materialized in administrative provisions. For the analysis of the legal problems reviewed, I took as a reference their legal basis, explanatory memorandum, draft laws and internal documents of Indecopi in which they criticize the amendments to Legislative Decree No. 1256, approved by Law No. 31775; as well as the corresponding national doctrine. Finally, the conclusions are the following: firstly, on the relevance that the regulation complies with the necessary formalities in order to be in accordance with its original law; and, secondly, on the importance of Indecopi declaring the non-application with general effects of the unreasonable bureaucratic barriers contained in administrative provisions.

El presente informe jurídico analiza el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, el cual resuelve la denuncia interpuesta por la empresa ENERGIGAS S.A.C. contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería por la presunta imposición de dos barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, materializadas en los párrafos segundo, así como tercer y cuarto del artículo 17A del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 191-2011-OS/CD. El análisis desarrollado en el presente informe tiene como objetivo dar respuesta a tres problemas jurídicos que consisten, en primer lugar, en determinar si las barreras burocráticas materia de cuestionamiento son ilegales dentro de aspectos establecidos en la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. En segundo lugar, se tiene el problema jurídico de si correspondía o no que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi analice la razonabilidad de la primera barrera burocrática, materializada en el segundo párrafo del artículo 17A. Por último, el tercer y último problema jurídico consiste en establecer si la primera barrera burocrática carecía o no de razonabilidad. Para dar respuesta a los problemas jurídicos antes mencionados, se analizará el cumplimiento de la normativa aplicable en Derecho Administrativo, en lo referente a actos administrativos, requisitos que puede solicitar la Administración Pública, así como normativa transversal a todo el ordenamiento jurídico como es la aplicación de la normativa en el tiempo. De igual manera, se consideran criterios de interpretación jurídica como el criterio teleológico y el método de interpretación sistemática, así como los principios que sustentan fundamentalmente el procedimiento administrativo. Todo ello, tomando en consideración la realidad y los efectos que tiene en la práctica la regulación en los agentes que desarrollan actividades de hidrocarburos.

En el presente artículo, el autor señala y describe las limitaciones burocráticas que afectan la labor de detección de irregularidades administrativas en las entidades estatales. Así, para el autor, el entendimiento de las limitaciones burocráticas es fundamental para poder comprender cómo ha operado el Órgano de Control Interno de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 2 del Ministerio de Educación en la detección de irregularidades en los procesos de adquisición de bienes y servicios entre los años 2008 y el 2012. Ello conlleva, luego del análisis exhaustivo de nuestro estudio, a demostrar la falta de implementación de una política pública de control de recursos. / In this article, the author highlights and describes the bureaucratic limitations that affect the work of detecting administrative irregularities in public entities. Thus, for the author, the understanding of red tape limitations is fundamental in order to understand how the Internal Control Office of the Local Education Authority No. 2 of the Peruvian State Department of Education has operated in the detection of irregularities in the procurement of goods and services between the years 2008 and 2012. This seeks, after the exhaustive analysis of our study, to demonstrate the lack of implementation of a Public Policy regarding resource control. / Trabajo de investigación

Este documento presenta un estudio sobre el proceso de mejora de las políticas públicas. Este se desarrolla a través de un estudio de caso de la experiencia del Ministerio de Educación y la política educativa, en el año 2016. La relevancia de este tema de estudio se sustenta en las siguientes razones: de un lado, en el mundo existe la necesidad de conocer experiencias sobre cómo los Estados en países en desarrollo pueden mejorar el desempeño de sus políticas, dada la situación de “atasco” en la que se encuentran, por la normalización de políticas de pésima calidad (Andrews, 2017), mientras que, de otro lado, en la ciencia política existe una demanda por estudios sobre el funcionamiento positivo de las burocracias, particularmente cuando se la ubica, como campo de estudio, en el Perú (Dargent, 2012). El estudio concluye que las burocracias pueden emplear como estrategia, entre otras, el fortalecimiento de sus sistemas de asesoramiento para mejorar sus políticas. Asimismo, el estudio propone que, para ello, pueden servirse de dos elementos: el primero es buscar que estas cuenten con un equipo independiente a las oficinas responsables de su diseño e implementación, que tenga el rol de examinarlas e identificar problemas en sus diseños y procesos de implementación (lo que permite mejorar el análisis sobre las políticas), y, el segundo, es emplear los momentos de decisión sobre la asignación del presupuesto para impulsar las decisiones de rediseño de las políticas en base a los problemas identificados en ellas (lo que permite dar uso a los análisis generados). / This document presents a study of the process of public policy improvements. This develops through a case of study of the experience of the Ministry of Education and the education policy in 2016. The relevance of this topic relies on the following two reasons: on the one hand, there is a need to learn about how developing countries can improve the quality of their policies, given the normalization of low performance policies (Andrews, 2017), while, on the other hand, there is a demand for studies about the positive functioning of bureaucracies, particularly if it entails increasing the theoretical knowledge in the field in Peru (Dargent, 2012). This study concludes that bureaucracies can strengthen their policy advisory system as a strategy among others to improve policies. Moreover, the study proposes that there are two elements that bureaucracies can apply to improve their advisory systems: first, a team in charge of the examination of policies to identify problems in their designs and implementation processes, that works independently from units in charge of the design and implementation of policies; and the second, the moments where decisions of budget allocation are taken, to trigger decisions regarding the redesign of policies.