Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Atendida la inexistencia de una norma expresa en nuestra legislación tanto civil como comercial, respecto al plazo de prescripción de las acciones por responsabilidad del porteador en el transporte terrestre internacional de mercaderías que se dirigen desde el extranjero hacia nuestro país, en los últimos años ha surgido controversia respecto al plazo aplicable al caso en comento. El presente trabajo analizará el contrato te transporte en general y en sus particularidades, así como la normativa que regula la prescripción de las acciones por responsabilidad del porteador de mercaderías tanto en el ámbito comercial, como en aquellas materias fuera de éste que pudieren afectar a la aplicación del mismo. Lo anterior circunscribe el marco para analizar dos fallos de la Corte Suprema completamente contradictorios, en los que se aplican diferentes plazos de prescripción para las acciones por responsabilidad del porteador en el contrato terrestre internacional de mercaderías en aquellos casos en que se ha contratado el transporte de las mismas desde un país extranjero hacía territorio nacional, indagando en sus razonamientos jurídicos y extrajurídicos para poder aprehender sus decisiones finales. Con todo, lo que pretende esta memoria, es determinar cuál de las decisiones nos parece armonizar con la legislación chilena y a la práctica del comercio de mercaderías, por medio del estudio y análisis de diferentes elementos y principios que ayudarán a desentrañar cuál de éstos razonamientos debiera primar en lo sucesivo, y la importancia que esta determinación tiene para las relaciones entre los diferentes actores que participan del contrato de transporte terrestre de mercaderías.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objetivo analizar las diferencias doctrinarias existentes entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia -en adelante TDLC- y la Corte Suprema, comparando dichas diferencias con lo propuesto por las doctrinas extranjeras de mayor tradición jurídica en la materia -como el derecho antitrust norteamericano y el derecho comunitario de la Unión Europea-, y revisando la evolución jurisprudencial posterior de ambos entes jurisdiccionales. Todo ello abarcando el periodo desde la entrada en funcionamiento del TDLC el año 2004, hasta finales del año 2015. La metodología de este trabajo será primero estadística, revisando los porcentajes de la actividad jurisdiccional del TDLC y de la Corte Suprema. Luego haremos un análisis de las diferencias jurisprudenciales entre ambos tribunales, y por último utilizaremos un método dialéctico (derecho comparado) con la doctrina extranjera y la jurisprudencia actualizada de ambos organismos. Veremos que en general la Corte Suprema tiende a confirmar la mayoría de los fallos del TDLC, sin embargo, cuando modifica o revoca suele ser más benevolente, en el sentido de disminuir multas o declarar la legalidad de los actos de los que conoce. También advertiremos que las diferencias que existieron en materia de colusión ya han sido superadas por los entes jurisdiccionales, mientras que en materia de abusos de posición dominante existen discusiones que muestran al TDLC en sintonía con el derecho comparado en relación a la Corte Suprema. Por último, hallaremos que la Corte tiene la mayor parte de su actividad revocatoria en lo que refiere al aspecto procesal del sistema, tanto a nivel orgánico como funcional, ordenando el sistema en general. / 01/09/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo corresponde a una investigación jurisprudencial sobre las sentencias dictadas por la Corte Suprema en el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de junio de 2009, respecto de la aplicación del inciso 1° del artículo 62 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Tiene como objetivo encontrar una voz unificadora y uniformadora de la aplicación de la norma a cada caso o modelo de relación, es decir, una correlación sistematizada entre los tipos de casos y la resolución emitida por la Corte Suprema. Para cumplir este objetivo se establecieron tres etapas metodológicas: la primera consiste en la búsqueda de las sentencias a analizar; la segunda corresponde a la elaboración de fichas de las sentencias escogidas, las cuales se analizaron con la finalidad de establecer qué criterios -tipificados y no tipificados por el Artículo 62 de la Ley en estudio- influyeron en la decisión del Tribunal; y la tercera, corresponde a la sistematización de la información y elaboración de conclusiones generales, etapa que constituye el documento de tesis propiamente tal. Habiendo utilizado la metodología descrita, se establecieron una serie de observaciones y conclusiones respecto de la conducta del Tribunal en el estudio de cada elemento. Sin embargo, se logró establecer solo parcialmente una estructura sistematizada de situaciones de hecho y su respectiva resolución.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria aborda un breve análisis de los Tribunales Ambientales en cuanto a su naturaleza jurídica, las razones del legislador para crearlos, su proceso de implementación en nuestro sistema jurídico-legal considerando su naturaleza de Tribunales Especializados de lo Contencioso Administrativo, y las críticas que han surgido respecto de estas nuevas instituciones. Se estudia, en particular, el recurso de casación contemplado en la Ley Nº 20.600 para las sentencias definitivas dictadas por estos nuevos Tribunales y para ello se enfatizarán dos aristas; primero, si el recurso contemplado de casación tanto en la forma y en el fondo cumple con los estándares y finalidades de una casación en su sentido tradicional, es decir, como un recurso de nulidad y no de mera enmienda como el de apelación. Para ello, se estudian los recursos en general desde una perspectiva procesal y dogmática, con especial énfasis en la casación. En segundo término, se investiga si la casación del artículo 26 como actualmente está planteada y su conocimiento en la práctica por la Corte Suprema, permite cumplir los objetivos que la ley se propone acorde con la nueva institucionalidad ambiental, conteniendo entre otros aspectos, un cierto grado de deferencia, respetando prima facie la especialidad técnica de los jueces ambientales. Se efectúa a su vez un análisis de la legislación positiva de la Ley Nº 20.600 utilizando para ello sus fuentes históricas, principalmente las discusiones durante su elaboración, para de esta manera esbozar el espíritu que persiguió plasmar el legislador y determinar si se discutieron adecuadamente los aspectos y consecuencias jurídicas del régimen recursivo establecido. Finalmente, se estudia la experiencia del Tribunal de Defensa de Libre Competencia en cuanto al conocimiento de su recurso de reclamación por parte de la Corte Suprema. Por tanto, la investigación en una primera fase es normativa en cuanto se examina la Ley N° 20.600, dogmática en cuanto a la naturaleza de los recursos procesales, y por último, jurisprudencial en tanto se revisan los fallos que hasta mayo del año 2015 ha emitido la Corte Suprema conociendo de la casación del artículo 26

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es analizar el principio de protección del trabajador, directriz fundante del Derecho del Trabajo, cuyo alcance y reconocimiento ha sido cuestionado por una parte de la doctrina y jurisprudencia nacional. Para ello examinaremos teóricamente qué es lo que se entiende por principio del Derecho, además de las numerosas interpretaciones que la doctrina nacional y comparada han dado al respecto. Luego estudiaremos la jurisprudencia laboral que va entre el 2010 y 2015 de los -a nuestro juicio- tribunales más importantes de Chile: Corte Suprema y Tribunal Constitucional. La elección de dicho lustro no es al azar, en el podremos distinguir marcados cambios en la forma de realizar la exegesis, restringiendo o ampliando la aplicabilidad del principio. Terminamos concluyendo que el principio de protección del trabajador, se encuentra garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N° 16, el cual es complementado con la cláusula de apertura del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, la cual obliga al Estado de Chile, respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana, que se encuentren consagrados en tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo contribuir a la prácticamente inexistente doctrina relativa al tema que trata, a saber, los remedios o medidas de mitigación que pueden imponer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema al conocer de una operación de concentración o de un abuso de posición dominante. El método utilizado es inductivo. Se basa casi en su totalidad en el análisis de sentencias, tanto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como de la Corte Suprema, en casos que han sido relevantes por su fecha, cuantía o procedimiento. La conclusión del trabajo es que la jurisdicción cuenta con una potestad amplísima para la imposición de remedios, que estos constituyen regulación económica y cumplen objetivos distintos en las dos sedes mencionadas. No se hacen recomendaciones normativas pues cualquier regulación que pueda hacerse en esta materia necesariamente sería redactada en términos amplios, por lo que la certeza solo será posible mediante el análisis de la jurisprudencia, tal y como ocurre hoy

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo persigue revisar, de forma breve, los cimientos y vicisitudes prácticas y teóricas de uno de los medios de impugnación más relevantes que tocan a la administración de justicia en el Derecho laboral: el recurso de nulidad laboral. Con este fin, el trabajo presenta dos ejes principales. El primero de ellos, es un análisis proveniente de un marco teórico, que propiciará una revisión normativa y doctrinaria del recurso, dejándose guiar por la siguiente ruta: (i) un vistazo a consideraciones generales previas, como un somero repaso al contexto de la reforma procesal laboral, el concepto de debido proceso y el derecho a impugnar; (ii) una caracterización del sistema recursivo laboral actual, pasando por los principios del proceso laboral y los demás recursos que le componen; y (iii) un análisis más detallado del recurso mismo, su concepto, requisitos, causales y las problemáticas relacionadas que se observan. El segundo eje es un análisis jurisprudencial de fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, todos dictados durante los años 2016 y 2017, a fin de hacerse una idea de cuáles son los asuntos que motivan conflictos jurídicos y qué interpretaciones son comunes pero destacables en los tribunales superiores, con un especial énfasis en entender las tendencias que han seguido los jueces en los últimos años. Finalmente, se concluirá el presente trabajo con una propuesta normativa, a la luz de lo aprehendido de los dos ejes anteriores, que constituye un humilde intento por proponer un mayor ajuste del sistema recursivo laboral y, en particular, del recurso de nulidad, al estándar del debido proceso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación, comienza con la exposición del sistema de responsabilidad civil como mecanismo de prevención y reparación del daño ambiental, comúnmente recogido en diversas legislaciones, e incluida en el Derecho chileno a partir de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley, establece un régimen general de responsabilidad basado en la culpa del autor del daño ambiental, el que contempla ciertos matices, tales como las presunciones de culpabilidad que invierten la carga probatoria en favor de la víctima de un daño ambiental, entre otros. En los capítulos siguientes, se describe y analiza especialmente la presunción de culpabilidad del artículo 52 de la Ley N° 19.300, con el objeto de determinar su alcance normativo, para enseguida estudiar los fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y de los Tribunales Ambientales de Santiago y Valdivia que aplican la presunción, examinando su incidencia práctica y su evolución, para finalmente concluir cuáles son las tendencias jurisprudenciales en la materia.

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