Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de investigación aborda la presunción de culpabilidad contenida en el artículo 52 de la Ley Nº 19.300, en el contexto de la responsabilidad por daño ambiental. Sobre el alcance de la presunción, recientemente se ha discutido, tanto en doctrina como en jurisprudencia, si la presunción se restringe a la culpabilidad del autor del daño ambiental o si, por el contrario, la presunción también abarcaría a la relación de causalidad. Al respecto, según se adopte una u otra postura, tiene una importante consecuencia práctica, que a fin de que se declare la obligación de reparación ambiental, y por aplicación de la referida presunción que invierte la carga de la prueba, será el demandado quien tendrá que acreditar no solamente que su acto u omisión no fue culpable, sino que además que no están ligados causalmente con el daño ambiental alegado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación, comienza con la exposición del sistema de responsabilidad civil como mecanismo de prevención y reparación del daño ambiental, comúnmente recogido en diversas legislaciones, e incluida en el Derecho chileno a partir de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley, establece un régimen general de responsabilidad basado en la culpa del autor del daño ambiental, el que contempla ciertos matices, tales como las presunciones de culpabilidad que invierten la carga probatoria en favor de la víctima de un daño ambiental, entre otros. En los capítulos siguientes, se describe y analiza especialmente la presunción de culpabilidad del artículo 52 de la Ley N° 19.300, con el objeto de determinar su alcance normativo, para enseguida estudiar los fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y de los Tribunales Ambientales de Santiago y Valdivia que aplican la presunción, examinando su incidencia práctica y su evolución, para finalmente concluir cuáles son las tendencias jurisprudenciales en la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo general la revisión de la jurisprudencia juridicial de la acción de reparación por daño ambiental, desde el periodo que comprende las demandas ingresadas entre los años 1994 y 2012, en especial, sistematizar los criterios construidos por los tribunales civiles sobre qué han entendido por cada elemento de dicha acción y si éstos han sido uniformes. La importancia de este tópico reside en la futura evaluación que se pueda realizar de la labor de los Tribunales Ambientales, y verificar las diferencias esenciales entre la antigua y la nueva institucionalidad ambiental. En particular, esta investigación tendrá como pilares los siguientes elementos de la acción en comento: 1. La prescripción de la acción y la manifestación evidente del daño. 2. Presunción de culpabilidad del art. 52 de la ley 19.300. 3. Los legitimados activos para la interposición de la acción de indemnización de perjuicios, en especial los fundamentos que suele esgrimir el Consejo de Defensa del Estado para interponerla. 4. Los legitimados pasivos y algunos problemas que pueden suscitarse. 5. El concepto de Medio Ambiente y Daño Ambiental, en particular, el daño “significativo”. Los objetivos específicos se pueden resumir en los siguientes puntos: 1) Sistematizar qué se ha entendido por manifestación “evidente” del daño para determinar desde cuándo comienza a contarse el plazo para la prescripción de las acciones, cómo se determina tal “evidencia” y qué ocurre en los casos de daño continuo. 7 2) Determinar cuál es la forma en que se ha entendido la presunción del artículo 52 de la ley 19.300 y si es necesaria una sentencia condenatoria ejecutoriada previa para su configuración. Por último, si en la práctica se ha logrado desvirtuar esta presunción debido a su carácter simplemente legal. 3) Conocer todos los casos en que el Consejo de Defensa del Estado ha interpuesto acción de indemnización de perjuicios y los fundamentos que ha esgrimido para interponerla; si estos han sido unívocos o diversos; y la respuesta de los tribunales civiles en orden a concederla o rechazarla. 4) Determinar los problemas suscitados a raíz de la legitimación pasiva, en especial, cuando se ha imputado la responsabilidad a más de un sujeto a la vez. De esta forma daremos respuesta a quiénes concurren a la producción de un daño ambiental, cuál es la importancia para efectos de la reparación y cómo ha sido la extensión que han dado los juzgados civiles a este concepto. 5) Conceptualizar qué han entendido los tribunales ordinarios sobre el daño “significativo”, verificar en qué forma este adjetivo ha sido una limitación para la obtención de la reparación del medio ambiente dañado y la tendencia a otorgarle un carácter cualitativo o cuantitativo otorgado a este concepto 6) Por último, elaborar estadísticas en torno a: la duración de la tramitación de las acciones de reparación e indemnización de perjuicios por daño ambiental; el legitimado activo que ha interpuesto la acción; número de causas que terminaron por sentencia judicial; número de causas que terminaron por transacción judicial por parte del Consejo de Defensa del Estado. El objetivo de este último punto, será para utilizarlo como parámetro de comparación con la actividad presente y futura de los nuevos Tribunales Ambientales y verificar los cambios que se puedan producir.