Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es así como en materia de generación de ingresos y gastos, es la ley quien como institución fundamental de nuestro ordenamiento otorga las directrices del actuar estatal en la economía, y en lo específico, el derecho tributario respecto del ingreso público tributo. Es aquí donde la regulación en la generación del ingreso público tributo logra una doble faz. Por un lado reconocer una potestad pública y por el otro consagrar derechos fundamentales que, en lo específico, buscan proteger al contribuyente de la actividad del Estado para la provisión de tales recursos. El objeto de este trabajo es analizar precisamente esta doble faz, tomando como punto central los principios constitucionales tributarios, tanto en lo general como en lo particular, su regulación, así como también los diferentes criterios que la doctrina y jurisprudencia nacional han dado al respecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Temas como la libertad de formar una familia para individuos del mismo género, el derecho de esas uniones a ser reconocidas y tuteladas por el Estado, las reformas al sistema político que buscan generar una vinculación más directa entre ciudadanía y representantes, la autonomía de los pueblos originarios (y su alcance), entre varias temáticas de conflicto, están relacionadas con el rol de la CPR en nuestras vidas, y el TC deberá pronunciarse sobre ellas, y necesariamente se van a desarrollar en una discusión a nivel constitucional. Con el nuevo ámbito de actuación otorgado por las reformas aludidas, no es difícil prever una profundización de la constitucionalización de los conflictos. Por ello es que se vuelve imperativo conocer como el TC resuelve los conflictos que se le presentan. Lo descrito en los párrafos anteriores genera una inquietud no solo política, sino que también jurídica. El nuevo TC resuelve y dispone sobre asuntos de la mayor importancia, con efectos importantes en la comunidad nacional y sus resoluciones impactan por su envergadura y complejidad. Puesto en perspectiva, los estudios constitucionales y de Derecho Público han alcanzado una vitrina inusitada y plantea la necesidad de acceder a información relevante y simplificada sobre las formas en que el TC está resolviendo estos asuntos. Este trabajo, entonces, nace bajo la premisa de dar una respuesta a esa necesidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo consiste en un análisis de los fallos del Tribunal Constitucional respecto a la prueba como una garantía mínima e indispensable dentro del debido proceso. Para lograr lo anterior, nuestra memoria comienza con una investigación exhaustiva del debido proceso y sus garantías, rescatando su concepto y regulación, señalados por la doctrina, jurisprudencia y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, estudiamos a fondo una garantía específica que es el derecho a la prueba, tomando en consideración el concepto de prueba, su aplicación en el derecho chileno y su carácter de derecho relativo. Finalmente, el tercer capítulo versa sobre un análisis concreto de diversos fallos del Tribunal Constitucional relativos a materias penales, administrativas, procesales, de quiebra y tributarias, cuyo fin es obtener directrices respecto a cómo esta Magistratura se ha pronunciado respecto a la prueba dentro de un debido proceso, y si procede, ver la evolución histórica de la postura del Tribunal al respecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para llevar a cabo el presente trabajo, se estudiará, en primer lugar, el origen jurídico e histórico del Tribunal Constitucional. Para lo anterior se hará referencia al nacimiento del movimiento constitucionalista, se explicará el principio de supremacía constitucional el que no puede entenderse a cabalidad sin considerar la famosa sentencia Marbury vs. Madison (1803) y se mencionarán los planteamientos de Hans Kelsen sobre el control constitucional. Luego, se realizará una breve exposición de algunos de los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes más relevantes, como el caso de Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Por último se explicarán las distintas formas en que el control de constitucionalidad puede ser ejercido (CAPÍTULO I). Una vez que determinemos cuáles fueron las razones del nacimiento del control constitucional en el mundo y su establecimiento a nivel comparado, se analizará en segundo lugar el control de constitucionalidad de las leyes en nuestro país. Para esto se hará una somera referencia histórica que incluirá la situación bajo el gobierno de la Constitución de 1833, la compleja discusión que se dio para la Constitución de 1925, la instauración de un Tribunal Constitucional en el año 1970 y qué ocurrió luego del golpe militar. Además, señalamos cuáles fueron las modificaciones que hizo la Constitución de 1980 y el sistema de control mixto que existía, finalizando con la regulación que posee el Tribunal Constitucional en Chile tras la reforma de la Ley 20.050 del año 2005, señalando principalmente sus facultades, competencia, composición y funcionamiento actuales. Dentro de la bibliografía que utilizamos para realizar el presente trabajo, nos encontramos con que algunos autores niegan la legitimidad democrática de un control judicial de las leyes, ya sea este ejercido por un órgano perteneciente al Poder Judicial –como la Corte Suprema- o bien bajo la figura de un Tribunal Constitucional o su equivalente. Dado que dichas críticas apuntan al fundamento mismo de la necesidad de un control judicial, se destinará un capítulo completo para debatir a su respecto, mencionado algunas de las teorías más importantes que justifican su existencia, aquellas que no niegan su legitimidad pero sí son escépticos a su poder por sobre otros órganos, y a las que derechamente niegan legitimidad a la revisión jurisdiccional de constitucionalidad sosteniendo que el control debería realizarse mediante un órgano político, como el Congreso (CAPÍTULO III). A continuación se analizarán dos de las facultades más importantes e influyentes del Tribunal Constitucional y que le han sido consagradas tras la reforma del año 2005: la facultad para resolver el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal en relación una gestión concreta, y la facultad para declarar inconstitucional con efectos absolutos una norma declarada previamente inaplicable. Para ello se indicarán cuáles son las principales características de cada recurso, sus requisitos de procedencia y el procedimiento de tramitación. Finalmente se indicarán las consecuencias que conlleva una declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal por parte del Tribunal Constitucional, sin dejar de criticar el modo en que la Constitución se refiere a dichos efectos (CAPÍTULO IV). Por último, se expondrá por qué sería importante que nuestro Tribunal Constitucional contara con una teoría de los vicios de inconstitucionalidad, y se terminará analizando parte de la jurisprudencia reciente más relevante que ha declarado inaplicable un determinado precepto legal y todas las sentencias que han declaradazo la inconstitucionalidad parcial y total de una norma. Esta última parte reforzará la importancia y plena vigencia que tiene actualmente la función del Tribunal Constitucional, tal como lo ha dejado en evidencia estos últimos días el acuerdo para declarar la inconstitucionalidad de los numerales 1, 2, 3 y 4, del inciso tercero, del artículo 38 ter de la Ley 18.933, conocida como Ley de ISAPRES, de lo cual también se hará una breve referencia (CAPÍTULO V).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis elaborada realizará una investigación sobre el primer Tribunal Constitucional chileno, analizando las circunstancias de su creación, su labor y el impacto de su jurisprudencia, su disolución y la trascendencia de su trabajo, desde la perspectiva de la Escuela Polifacética de la Historia del Derecho. Para cumplir con nuestro objetivo analizamos criterios que permiten interpretar la supremacía constitucional desde la Constitución de 1833 en adelante. Esto con objeto de mostrar el precario estado de las cosas desde el estudio de los mecanismos de protección de la constitución y la resolución de los conflictos políticos-jurídicos y, aún más, desde el principio de la supremacía constitucional. Se analizarán las circunstancias en las que se crea el primer Tribunal Constitucional, su debate parlamentario y de las fuerzas políticas que estuvieron a favor y en contra de su creación, así como de la ley de reforma constitucional que le dio existencia, la ley de reforma constitucional N° 17.284. Para estudiar su labor e impacto en la sociedad, analizaremos su jurisprudencia y la cobertura que de ella se realizó en la prensa de la época, particularizando su estudio respectos de los fallos más relevantes dictados, así como también las circunstancias de su disolución. Y, finalmente, para analizar su trascendencia, se tratarán las circunstancias que hicieron necesaria su desaparición. Sólo en este marco de estudio es posible realizar un análisis sobre los orígenes, la consagración y el legado que deja para la institucionalidad el primer Tribunal Constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Hoy existe un amplio consenso en que la fuerza normativa y la supremacía de la Constitución requieren ser salvaguardadas institucionalmente, como una forma de garantizar los derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional es el ámbito donde se ejerce su defensa y se cautela el cumplimiento de sus disposiciones, que tiene por objeto primordial limitar a través de normas constitucionales el poder de los gobiernos. Estas normas se traducen en procedimientos e instituciones dotadas de las herramientas necesarias para ejercer con eficacia el control jurisdiccional de constitucionalidad respecto tanto de los órganos estatales como de particulares.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta presentación señalaré los objetivos del trabajo, la metodología usada y las dificultades que tuve para confeccionarlo. Dentro de los objetivos buscados, están el saber acerca de la vida personal del Senador González Madariaga, su labor como parlamentario, específicamente su aporte y su visión en los problemas limítrofes entre Chile y Argentina. Además, su aporte, primero como diputado en la agrupación de departamentos de Ancud, Castro y Quinchao, y después como Senador por las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes y sus homenajes a distintas personalidades y naciones.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / El presente estudio tiene por objeto analizar la estructura y los elementos más relevantes que componen el Derecho Administrativo Sancionador chileno. En concreto, se exhibirá al lector un estudio acerca de la Potestad Sancionatoria Administrativa, la Teoría General de la Infracción Administrativa y la Teoría General de la Sanción Administrativa. Asimismo, se dedicarán palabras acerca de los Procedimientos Administrativos Sancionatorios y examinaremos la fisionomía jurídica del Acto Administrativo. Para llevar a cabo estas labores, se ha investigado la más reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, información que ha sido complementada y revisada críticamente en base a las ideas aportadas por los más distinguidos autores doctrinarios, tanto nacionales como extranjeros. Además, se han extraído ejemplos desde la realidad legislativa nacional, con el objeto de conocer la materialización normativa de los criterios más importantes

Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad / Las constituciones en la modernidad han cumplido la función de separar el derecho de la política, brindando a ambos criterios de legitimidad procedimental en su operar. Por un lado, el derecho puede dictaminar en base a la ley decisiones sobre lo legal/ilegal utilizando al poder para llevar su dictamen más allá de sus límites; por otro, la política se desprende del problema de la soberanía al constituir la idea de pueblo soberano, asignando el uso del poder anclado a la ley. Todo lo anterior, se entiende en el marco de la creación de derechos fundamentales contenidos en las constituciones que buscan reglamentar los derechos inalienables de cada ciudadano, tanto en su relación con el Estado como con otros actores sociales. De esta manera, derechos como habeas corpus, a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la autodeterminación individual, a la salud, a la educación, entre otros, se vuelven relevantes. En los años veinte del siglo pasado, Hans Kelsen sostuvo la necesidad de crear tribunales especializados, que mantuvieran la Constitución como la suprema norma del sistema jurídico. Debían tener la potestad de legisladores negativos, capaces de expulsar cualquier precepto legal que fuera en contra de la norma primera. Así en su Austria natal se creó el primer Tribunal Constitucional (TC) del mundo, diseminándose la idea después de la II Guerra Mundial a raíz del trauma de las experiencias fascistas italiana y alemana. Así, la tarea de estos tribunales es resguardar la Constitución como norma primera, asegurando el goce de los derechos fundamentales contenidos en ella. El actual Tribunal chileno existe desde la aprobación de la Constitución de 1980. Con la última reforma constitucional del año 2005, se ha visto enfrentado a casos de alta connotación pública que representan una novedad en el derecho constitucional vigente. Procesos que se relacionan con los derechos homosexuales, la relación entre privados y particulares en el derecho a la salud, la privacidad de la información o políticas públicas relacionadas con la fertilidad han sido materia de sentencia. En otras palabras, existen derechos especialmente sensibles para la población que son factor de decisión judicial. De esta manera, se construye una relación entre decidores y afectados, donde los primeros deben considerar los impactos de su decisión. Esta última tensión en el Tribunal Constitucional –decidores/afectados- no ha logrado ser especificada conceptual y operacionalmente. En general, al Tribunal lo han considerado una herencia anti-democrática o un organismo de control de los poderes del Estado, olvidando su relación con el aseguramiento de los derechos fundamentales. Por ello esta investigación busca caracterizar al Tribunal Constitucional chileno como organización y su operación en casos de alta connotación pública relacionados con derechos fundamentales socialmente sensibles, considerando la forma de procesar el riesgo de los impactos de las decisiones relacionadas con estos derechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Por la trascendencia que tiene en la interpretación de la constitución política y especialmente por los alcances en el desarrollo del derecho internacional, es que en esta memoria se analizará la sentencia del Tribunal Constitucional dictada el día 28 de enero de 1999 y que vino a resolver este conflicto, delimitando las atribuciones de los diferentes poderes públicos en el sistema de tratados en la constitución política de la república.