Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al reflexionar sobre el significado jurídico de la pasividad o inactividad del legislador, parece necesario analizar primeramente, si existe un deber jurídico de legislar en situaciones donde este comportamiento omisivo provoca consecuencias que vulneran el espíritu y la razón del ordenamiento jurídico. En un primer momento del análisis, al referirnos al contenido formal de la estructuración del Estado, podemos dar cuenta de la existencia de ciertas normas y principios que tienen a bien ordenar, dirigir y limitar los poderes que a su turno validan.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El monopolio estatal de la posesión y tenencia de armas está garantizado en el artículo 103 de la Carta Fundamental, el cual entrega regulación de su control a una ley de quórum calificado: ésta es la Ley Nº 17.798 de Control de Armas, que establece una serie de delitos con el fin de limitar al máximo el acceso a las armas por parte de la población. Esta investigación trata sobre dos reformas específicas que la referida Ley sufrió en el año 2015: la que elimina la posibilidad de aplicar las reglas generales de determinación de la pena, en especial, las reglas referidas a las agravantes y atenuantes, en las condenas por los delitos contemplados en esta Ley y; la que establece un catálogo de delitos respecto de los cuales no será procedente la aplicación de penas sustitutivas. Se analizarán los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional tanto para acoger como para rechazar los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a que han dado lugar estas dos modificaciones de la Ley, y se cuestionará la legitimidad de dichas prohibiciones a la luz de diversos principios del Derecho penal, para finalmente proponer la conveniencia de declarar su inconstitucionalidad o, derechamente, instar por su derogación. / 26/04/2020

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / El presente trabajo analizará el origen, naturaleza y efectos del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno, identificando las diferencias existentes entre ambos, proponiendo que en nuestro país ambos controles normativos no son asimilables y, por tanto, no pueden ser aplicados de manera simultánea por el Tribunal Constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La inactividad legislativa inconstitucional corresponde a aquel comportamiento pasivo del legislador frente a un deber de desarrollo legislativo que produce efectos contrarios a la eficacia de algún precepto constitucional. En dicha definición se subsumen diversos aspectos susceptibles de analizar: por una parte, las fuentes de dicho mandato de desarrollo legislativo que encontramos tanto en los principios generales de la Constitución, como en normas de derecho internacional. Por otra parte, cuando dicha inactividad se expresa, generando un efecto adverso a la norma fundamental y se hace visible en el ordenamiento social corresponde aplicar algún mecanismo de control de dicha omisión, que puede abarcar una solución normativa o jurisprudencial al efecto. La finalidad de dichos mecanismos es salvar temporal o definitivamente la norma incompleta a fin de que sus efectos dañosos se reduzcan al mínimo y pueda darse cumplimiento a las normas constitucionales, principalmente a aquellas que versan sobre derechos fundamentales. Nuestro país no ha estado exento de situaciones normativas anómalas donde no existe el mecanismo formal para suplir la omisión legislativa. Es allí donde el Tribunal Constitucional, en estricto respeto a sus facultades ha optado por efectuar recomendaciones al legislador, las cuales evidencian el potencial transgresor a la Constitución que tienen dichas omisiones, pero que no son exigibles, quedando al mero compromiso legislativo. Dicho compromiso ha sido en veces insuficiente para solucionar ciertas situaciones problemáticas a la luz de la norma fundamental; tal es el caso de la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal referido acerca del articulo 38 ter de la Ley de ISAPRES que regulaba la denominada “tabla de factores” donde establecía criterios de sexo y edad para aumentar los precios de los planes de salud. Con dicha expulsión del ordenamiento jurídico de la norma en cuestión, se solucionó el efecto inconstitucional de la disposición, sin embargo, subsistió el daño que dicha situación causaba en los particulares: dicha falta de regulación sigue pesando en la creciente judicialización de causas contra las ISAPRES las que se originan a todas luces por la inactividad del legislador al no dictar un cuerpo normativo completo que regule las potestades y limitaciones tanto de los operadores de salud privada como de la Superintendencia de Salud. / 12/04/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria corresponde a un análisis constitucional del artículo 365 del Código Penal, que tiene como fundamente el fallo Rol 1683-2010 pronunciado por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, se plantea dicha norma como una disposición transgresora de la Constitución, por lo que para enmarcar el análisis propuesto y a fin de abordar con mayor claridad el tema, se expone primeramente un marco conceptual en torno a la justicia constitucional y la sodomía, que permitirá finalmente poder elaborar una crítica al Tribunal Constitucional y repasar los argumentos en torno a la legitimidad del control constitucional. / 14/12/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es analizar el principio de protección del trabajador, directriz fundante del Derecho del Trabajo, cuyo alcance y reconocimiento ha sido cuestionado por una parte de la doctrina y jurisprudencia nacional. Para ello examinaremos teóricamente qué es lo que se entiende por principio del Derecho, además de las numerosas interpretaciones que la doctrina nacional y comparada han dado al respecto. Luego estudiaremos la jurisprudencia laboral que va entre el 2010 y 2015 de los -a nuestro juicio- tribunales más importantes de Chile: Corte Suprema y Tribunal Constitucional. La elección de dicho lustro no es al azar, en el podremos distinguir marcados cambios en la forma de realizar la exegesis, restringiendo o ampliando la aplicabilidad del principio. Terminamos concluyendo que el principio de protección del trabajador, se encuentra garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N° 16, el cual es complementado con la cláusula de apertura del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, la cual obliga al Estado de Chile, respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana, que se encuentren consagrados en tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria, es realizar un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad, respecto de la protección del trabajo. Con esta finalidad, se ha determinado plantear previamente algunos aspectos teóricos, a saber: El trabajo, su caracterización, evolución histórica y su centralidad en la sociedad; antecedentes de la protección del trabajo, tanto en el derecho internacional, como a nivel constitucional comparado y en textos constitucionales chilenos anteriores; el análisis del texto constitucional vigente, la relación entre protección y libertad de trabajo en el artículo 19 N° 16 CPR; la configuración de la protección del trabajo como derecho fundamental; el rol del Tribunal Constitucional y el recurso de inaplicabilidad. Posteriormente, a partir de los elementos teóricos incorporados, se realiza el análisis detallado de los fallos del Tribunal Constitucional relativos a la protección del trabajo. Esta investigación concluye afirmando la existencia del derecho fundamental a la protección del trabajo. Asimismo, se determina que se trata de un derecho fundamental de naturaleza social. Junto a lo anterior, se desprende del análisis jurisprudencial que los casos conocidos por el Tribunal Constitucional, hasta el momento, implican una lesión severa del derecho fundamental a la protección del trabajo. Por otra parte, se expone que un eventual cambio constitucional requeriría en esta materia una redacción que otorgue mayor certeza respecto del contenido del derecho fundamental y tienda a robustecer el derecho del trabajo. Por el contrario en caso de no modificarse el texto constitucional la vía de la inaplicabilidad podría resultar insuficiente para resguardar el derecho fundamental a la protección del trabajo.

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es hoy una de las acciones constitucionales más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico. A raíz de la reforma constitucional introducida por la Ley Nº 20.050 se modificó sustancialmente, desde el órgano llamado a conocerla hasta sus legitimados activos. En la presente tesis nos centraremos en identificar el procedimiento y particularidades de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad cuando ha sido deducida por órgano legitimado, para lo cual nos referiremos a la acción en sí misma, al procedimiento establecido para su sustanciación y evolución histórica, realizando un análisis pormenorizado en las diferencias teóricas que presenta cuando el legitimado activo es un tribunal, así como una revisión de la jurisprudencia emanada desde año 2006 a 2017, respecto de requerimientos deducidos por órgano legitimado, a fin de determinar si, efectivamente, existen diferencias teóricas en la acción, y si, de existir, estas se manifiestan en la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional / 8 mayo de 2020