Tesis

El presente trabajo de investigación busca analizar el nuevo mecanismo de solución de controversias conocido como Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) que ha sido recogido en la actual Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Se parte de la hipótesis que la JRD nació como un mecanismo de solución de controversias que busca cubrir las desventajas del arbitraje, dado que los que intervienen en la JRD son especialistas que conocen la controversia desde antes de su surgimiento formal, por lo que tienen mayor alcance del problema. Este tema resulta sumamente relevante de investigar en tanto se trata de un nuevo mecanismo en el cual las controversias son resueltas durante la ejecución de la obra, significando así aparentemente una prontitud en la decisión. En esta investigación, se parte del análisis del sector de la construcción y del contrato de obra pública para posteriormente analizar la experiencia de la JRD en el ámbito internacional y de cómo este mecanismo ha sido recogido en el ámbito nacional. Se concluye que pese a todos los beneficios propios de la JRD, éste resulta ser solo un mecanismo pre-arbitral, toda vez que la decisión de la Junta no tiene carácter de cosa juzgada como sí lo tiene el laudo arbitral, por lo que como está diseñada la JRD, se obtendrá una decisión susceptible de ser examinada y revisada en un arbitraje, lo que podría significar un efecto contrario al que se busca con la aplicación de la JRD. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar el ejercicio del derecho de defensa del administrado cuando la Administración, por causas concretas, pretende declarar la nulidad de oficio de un acto, concretamente, de un Contrato Público. Este tema resulta sumamente relevante, debido a que permite asegurar el interés y la seguridad jurídica del contratista, dado que, cuando la Administración le corra traslado del oficio o documento donde se manifieste la intención de declarar la nulidad del acto, este podrá realizar su descargo en el plazo de cinco (5) días, para que, posterior a ello, corresponda el pronunciamiento determinado, debidamente motivado por parte de la Entidad respectiva. En este análisis se trabaja desde el ámbito de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, específicamente en cuanto a los dispuesto en su artículo 211°, y aterrizando a las Contrataciones del Estado y a su normativa especial, así como, además, a lo señalado en nuestra Constitución Política, y legislación comparada. Se concluye que el contratista puede ejercer su derecho de defensa –derecho protegido constitucionalmente-, antes de la declaración que realiza la Entidad respecto a la nulidad de oficio de un contrato público suscrito, en virtud a que dicha nulidad recae sobre la resolución mediante la cual se le adjudica la buena pro, y no a una relación contractual propiamente dicha. Por ello, es posible precisar que el contratista, antes de que la decisión de declarar la nulidad sea firme, puede presentar sus argumentos de defensa a fin de hacer preservar su derecho legítimamente obtenido, asegurar su derecho constitucional a un debido procedimiento, derecho de defensa, y debida motivación de manera antelada. / Trabajo académico

Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo. Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia. / Trabajo académico

Contribuições de campanha afetam decisões públicas ou a atuação pós-eleitoral de atores políticos? Cientistas Políticos debruçam-se sobre esta questão há bastante tempo. No entanto, as respostas obtidas foram sempre ambíguas. Argumenta-se aqui que esta ambigüidade é em parte resultado de dificuldades metodológicas, muitas vezes malendereçadas, enfrentadas pelos analistas, como os problemas relativos a simultaneidade, a variáveis omitidas, geralmente não-observáveis, e ao estabelecimento do contrafatual adequado. Neste trabalho procuraremos contornar estes problemas através da utilização do método quase-experimental de regressão descontínua. Especificamente, iremos examinar a relação entre contribuições de campanha e a alocação de contratos públicos no Brasil. A pergunta a ser respondida é: existiu efeito de se exercer o mandato de deputado federal sobre os contratos públicos futuros recebidos por doadores dos candidatos na eleição de 2006? A conclusão a que se chegou foi de que a análise realizada nos permite afirmar que ter exercido ao menos um ano do mandato de deputado federal parece ter influenciado a quantidade de contratos públicos recebidos pelos doadores de candidatos eleitos por pequena margem na eleição de 2006, no Brasil, se consideramos apenas empresas que doaram para eleitos e apenas empresas que doaram para não-eleitos. / Do campaign contributions affect public decisions or the post-election actions of political actors? Political Scientists have battled this issue for a long time. However, the responses achieved have always been somewhat ambiguous. In this work it is argued that this ambiguity is partly the result of methodological difficulties, poorly addressed at many occasions, faced by the analysts, such as the problems of simultaneity, omitted variables, generally unobservable, and the establishment of the appropriate counterfactual. In this work we will try to circumvent these problems by using the quasi-experimental method of regression discontinuity. Specifically, we will examine the relationship between campaign contributions and the allocation of public contracts in Brazil. The question to be answered is whether there was an effect of exercising the mandate of federal deputy on future contracts received by donors to federal deputy candidates in the 2006 election? The conclusion reached was that the analysis allows us to affirm that having exercised at least one year of office for a federal deputy seems to have influenced the amount of contracts received by the donors of candidates elected by small margins in the 2006 election, in Brazil, if we consider companies who donated only to elected candidates and only to non-elected candidates.

Ingeniera Civil Industrial / El tema propuesto se enmarca en la Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO, en específico en la Gerencia de Administración y Servicios a Proyectos, en su Dirección de Contratos. Esta Vicepresidencia se ocupa, a grandes rasgos, de gestionar y ejecutar la cartera de proyectos de la corporación. Cada uno de los proyectos involucra la participación de variados actores, cuyas tareas y responsabilidades se definen a través de una estructura específica dependiendo del monto de inversión involucrado, a su vez, a cada proyecto se vinculan variados documentos asociados a las distintas etapas y procedimientos que regulan el desarrollo del proyecto. La Dirección de Contratos se ocupa de gestionar y coordinar estos documentos y procedimientos que regulan las 3 etapas de la "vida" de los contratos: Formación, Administración y Cierre. Actualmente se generan descoordinaciones y atrasos en los subprocesos asociados a cada una de las etapas mencionadas. Se utilizan documentos físicos que se someten a largos procesos de aprobación, a causa de lo cual surgen variados problemas, como enlentecimiento de los procedimientos, pérdida de documentos, incumplimientos de plazos, además de que los actores involucrados no cuentan con información actualizada acerca de la real situación en que se encuentra cada documento o cada procedimiento. Los problemas mencionados tienen importantes repercusiones de distinta índole en la organización, como pérdida de clientes y grandes sumas de dinero. El proyecto consiste entonces en proponer un rediseño en el sistema de gestión de los contratos de la Vicepresidencia de Proyectos. El objetivo es proponer un cambio que genere mayor eficiencia en los procedimientos que actualmente se desarrollan. Se analizaron distintas posibilidades, y la solución propuesta consiste en una combinación de Sistemas de Gestión Documental, la utilización de documentos electrónicos en un formato XML y la incorporación de documentos tributarios electrónicos en el sistema de gestión documental.

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Este estudio sobre las evaluaciones del Comité Evaluador en la aplicación de los principios de transparencia y libre concurrencia y competencia, propone cambios sustanciales en los procesos de selección cuyos argumentos se basan en las situaciones reales de tratamiento entre la empresa privada y el estado.

El estudio de investigación tiene como objetivo, determinar si el Sistema de Programación de Bienes y Servicios influye en la Eficiencia de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo, el tipo de investigación fue el Explicativo y el nivel Aplicado. La población estuvo conformada por los 184 trabajadores del área de programación de bienes y servicios del Instituto Nacional de Salud del Niño. La muestra fue de 125 trabajadores, a los cuales se les aplicó el instrumento que constó de 18 preguntas, utilizando la escala de likert con alternativas de respuesta múltiple. Se procedió a analizar los resultados, luego se realizó la contrastación de hipótesis, utilizando la prueba estadística conocida como coeficiente de correlación de SPEARMAN, debido a que las variables de estudio son cualitativas. Finalmente, se pudo determinar que el Sistema de Programación de Bienes y Servicios influye significativamente en la Eficiencia de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. / The purpose of the research study is to determine if the Program of Goods and Services Influences the Efficiency of the Execution of the Annual Plan of Contracting of the National Institute of Child Health. Regarding the methodological aspects of the work, the type of research was the Explanatory and the Applied level. The population was made up of the 184 workers of the area of programming of goods and services of the National Institute of Child Health. The sample consisted of 125 workers, to whom the instrument consisting of 18 questions was applied, using the Likert scale with multiple response alternatives. We proceeded to analyze the results, then we tested the hypothesis, using the statistical test known as the SPEARMAN correlation coefficient, because the study variables are qualitative. Finally, it was determined that the Program for the Programming of Goods and Services significantly influences the Efficiency of the Execution of the Annual Contracting Plan of the National Institute of Child Health. / Tesis

El precio constituye la condición de mayor complejidad para las partes en los contratos de obra pública, asumiendo el Estado y el contratista distintas obligaciones y riesgos según el sistema de contratación o modalidad de ejecución contractual por la que se haya optado. Si bien en el aspecto teórico y doctrinario existen condiciones que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, los únicos supuestos que serán atendibles en sede administrativa son los previstos en nuestra normativa de contratación pública (típicos); es decir: (i) las prestaciones adicionales de obra y presupuestos deductivos, (ii) el sistema de reajuste de precios, (iii) los mayores gastos generales por ampliación de plazo, (iv) los mayores metrados de obra en contratos a precios unitarios y (v) los intereses por retraso en el inicio de obra o en el pago de valorizaciones. No obstante, se advierten diversos problemas en su aplicación, como la carencia de una metodología y criterios uniformes para la evaluación de prestaciones adicionales; ausencia de normativa específica que regule las condiciones, requisitos y procedimientos para la aprobación de reducciones de obra o presupuestos deductivos; la indefinición del trámite de los mayores metrados superiores al 15% del monto del contratado, entre otros que detallamos en nuestra investigación. Adicionalmente a los supuestos regulados (típicos), concurren otras circunstancias que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, tales como: (i) los sobrecostos por mayor permanencia de equipos en obra, (ii) la disminución de los rendimientos por situaciones imprevisibles, (iii) las partidas de ejecución continua no susceptibles de ser paralizadas y, (iv) los hechos imprevisibles y mayores metrados en los contratos sujetos a modalidad que incluyen la elaboración del expediente técnico. Si bien dichos supuestos no tienen acogida en sede administrativa, ello no obsta para que sean reclamados en otros fueros, en cuyo caso el Estado no solo se verá obligado a reconocer los mayores costos de la obra (sin que el monto se encuentre necesariamente justificado), sino que deberá asumir las costas y costos del proceso, perjudicándose además el normal desarrollo de la obra. En torno a estos supuestos, analizamos los aspectos que deberían considerarse para su regulación. Como corolario de nuestro trabajo, proponemos adoptar un nuevo enfoque respecto la modificación del precio en los contratos de obra, que privilegie el logro de los objetivos y metas, ampliando los supuestos de hecho y estableciendo mecanismos de control basados en incentivos, evitando márgenes de previsión que generen controversias entre las partes. De la mano con ello, se deberá mejorar la calidad de los estudios y expedientes técnicos, incorporar instrumentos que orienten la asignación de riesgos a la parte que se encuentre en mejor posición para gestionarlos, así como fortalecer los órganos encargados de la administración de los contratos y el personal que en ellos laboran. / Tesis