La importancia de la existencia del Estado es que sus acciones generan valor para la sociedad. Sin embargo, la necesidad de estandarizarlas al interior de las organizaciones públicas, a fin de aplicar medidas de control sobre el uso de los recursos públicos y permitir el escrutinio de la población. Uno de estos procedimientos estandarizados es el de abastecimiento el cual representa el conjunto de insumos (bienes y servicios), normas y personas que requieren las entidades para desempeñar sus funciones y así generar valor público1. Las compras públicas representan el mecanismo que emplea el Estado para obtener bienes y servicios, en la cantidad y calidad necesarias y en el momento en el que se les requiere, con la finalidad de asegurar los insumos para que los funcionarios realicen sus actividades. Es así que las áreas de contratación al interior de las entidades requieren procesos de compra eficientes pues emplean los recursos económicos de la población. Con el desarrollo de las TIC‟s, la función de compras en las organizaciones cambió. En el sector público este cambio generó la implementación de modalidades de compra electrónicas que ayudaron a la reducción costos tanto para las entidades y para los proveedores. En el caso peruano se incluyeron las modalidades de Subasta Inversa Electrónica y Convenio Marco. Esta última es cuestión de la presente investigación. El Convenio Marco es una plataforma virtual en la cual es posible vincular la oferta y demanda de bienes de baja complejidad, gran demanda y poco precio. Entre los beneficios del Convenio Marco para los funcionarios públicos se encuentran: menores costos administrativos, ahorro en tiempo del proceso, el fomento de la competencia, discrecionalidad al comprador público para que elija al proveedor del bien que requiere sopesando sus necesidades de calidad, precio y oportunidad en la compra. Además, busca trasladar el costo de almacenaje al proveedor, ya que se puede comprar varias veces sin incurrir en fraccionamiento. Para el 2011 el gobierno central peruano gastó cerca de 250 millones de nuevos soles en útiles de escritorio, lo cual representa el 1.05% del total de compras públicas. Luego le siguen las Entidades del FONAFE con 16.71% y finalmente la Instancia Descentralizada con 11.57%, según los datos del OSCE2. En el año 2007, la primera experiencia del Perú aplicando el Convenio se adjudicaron cerca de 19,730 miles de soles mientras que el 2012 se adjudicaron casi 110,670 miles de nuevos soles3, lo cual muestra la tendencia creciente en la aplicación de la modalidad al interior de las entidades. Se aplica la investigación explicativa a través de las entrevistas realizadas a los actores clave en la cadena de compras de útiles de escritorio. Su importancia radica en el conocimiento estratégico y operativo que poseen acerca de este proceso en las entidades seleccionadas para la investigación (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Fuerza Aérea del Perú y ESSALUD). Por otro lado, la investigación cuantitativa se basa en el análisis de datos secundarios de mayor confiabilidad a nivel sistémico considerando todas las entidades públicas y en el análisis de la duración de proceso de compra al interior de las entidades seleccionadas. Asimismo, la investigación cualitativa considera solo a las seis entidades pues representan el 19% de compras de útiles de escritorio en el Convenio Marco para el período febrero de 2011 a febrero de 20124. La investigación cuantitativa y cualitativa muestra que hay mayor eficiencia en tiempo y costos administrativos, así como eficacia y satisfacción respecto al cumplimiento de los requerimientos de calidad, cantidad y descripción del producto. A partir de esto se apoya la disposición a seguir usando la modalidad. Sin embargo, se mantiene la insatisfacción en la distribución de los materiales, mas no en el tiempo de compra. / Tesis

Contribuições de campanha afetam decisões públicas ou a atuação pós-eleitoral de atores políticos? Cientistas Políticos debruçam-se sobre esta questão há bastante tempo. No entanto, as respostas obtidas foram sempre ambíguas. Argumenta-se aqui que esta ambigüidade é em parte resultado de dificuldades metodológicas, muitas vezes malendereçadas, enfrentadas pelos analistas, como os problemas relativos a simultaneidade, a variáveis omitidas, geralmente não-observáveis, e ao estabelecimento do contrafatual adequado. Neste trabalho procuraremos contornar estes problemas através da utilização do método quase-experimental de regressão descontínua. Especificamente, iremos examinar a relação entre contribuições de campanha e a alocação de contratos públicos no Brasil. A pergunta a ser respondida é: existiu efeito de se exercer o mandato de deputado federal sobre os contratos públicos futuros recebidos por doadores dos candidatos na eleição de 2006? A conclusão a que se chegou foi de que a análise realizada nos permite afirmar que ter exercido ao menos um ano do mandato de deputado federal parece ter influenciado a quantidade de contratos públicos recebidos pelos doadores de candidatos eleitos por pequena margem na eleição de 2006, no Brasil, se consideramos apenas empresas que doaram para eleitos e apenas empresas que doaram para não-eleitos. / Do campaign contributions affect public decisions or the post-election actions of political actors? Political Scientists have battled this issue for a long time. However, the responses achieved have always been somewhat ambiguous. In this work it is argued that this ambiguity is partly the result of methodological difficulties, poorly addressed at many occasions, faced by the analysts, such as the problems of simultaneity, omitted variables, generally unobservable, and the establishment of the appropriate counterfactual. In this work we will try to circumvent these problems by using the quasi-experimental method of regression discontinuity. Specifically, we will examine the relationship between campaign contributions and the allocation of public contracts in Brazil. The question to be answered is whether there was an effect of exercising the mandate of federal deputy on future contracts received by donors to federal deputy candidates in the 2006 election? The conclusion reached was that the analysis allows us to affirm that having exercised at least one year of office for a federal deputy seems to have influenced the amount of contracts received by the donors of candidates elected by small margins in the 2006 election, in Brazil, if we consider companies who donated only to elected candidates and only to non-elected candidates.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente tesis es enseñar el contrato administrativo como un instrumento jurídico que ha acompañado a la Administración del Estado, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, para que ésta pueda materializar su función administrativa. Transformándose ésta -la función administrativa- en el elemento configurador de la sustantividad de aquel, y a la luz del ordenamiento jurídico vigente, le entrega un contenido que hace al contrato administrativo sinónimo de las expresiones ‘contrato público’ o ‘contrato de la Administración’, e incluye a los llamados ‘contratos civiles de la Administración’. Para ello iniciaré con los antecedentes históricos de la contratación pública en general, que nos permitan dimensionar cómo llegaron a complementarse en equilibrio jurídico dos instituciones de orígenes completamente opuestos y desiguales: contrato, del ámbito privado, versus Estado, del ámbito público. Continuaré con el estudio de la relación que existe entre el contrato celebrado por la Administración, sea contrato administrativo u otro, y la función administrativa, describiendo el rol que el primero ha jugado al alero de la función administrativa nacional del Estado Liberal, primero; y del Estado Social, después. Para terminar con su análisis a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual, descubriendo los planteamientos que nos conducirán a la redefinición del contrato administrativo y, por ende, de la contratación pública nacional

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Actividad formativa equivalente a tesis (magíster mención derecho internacional) / Es relevante señalar, que con el presente análisis comparativo de la contratación pública de Colombia y la Unión Europea, se presentan las divergencias y convergencias de los dos sistemas de contratación pública vigentes, para así establecer la viabilidad respecto a la armonización y plantear aportes conceptuales en el marco de un posible Acuerdo de Colombia con la Unión Europea, que permita integrar armónicamente instituciones básicas de las dos partes, dándole una dinámica y operatividad requeridas en tan importante materia. La metodología del presente trabajo, corresponde a la investigación jurídica documental, propia de la dogmática jurídica, cuyo objeto de estudio es el análisis crítico comparativo, entre el sistema de contratación pública en Colombia, consagrado en Leyes y Decretos Reglamentarios, la doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, efectuándose su análisis comparativo respecto al sistema de contratación pública de la Unión Europea, contenido en las Decisiones del Parlamento y Consejo Europeo, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Se pretende con estas reflexiones, que se erigen en el tema esencial de la actividad formativa equivalente a tesis, formular y analizar unos elementos jurídicos que constituyen las herramientas conceptuales, para viabilizar la implementación de un Acuerdo supranacional, regulador de la contratación pública entre la Unión Europea y Colombia, que permita dar seguridad jurídica a los actores y protagonistas de esta nueva realidad económica negocial transnacional.

Las entidades del Estado peruano llevan a cabo la contratación de bienes, servicios y obras, a través de distintas modalidades de contratación, con la finalidad de proveer a sus sistemas administrativos de herramientas en la búsqueda de ejecutar sus actividades para el cumplimiento de los objetivos. Al respecto, en el 2018 el Poder Judicial ejecutó diversas contrataciones de bienes y servicios a través de la modalidad de contratación directa, modalidad de selección prevista en la normativa de contrataciones vigente (Ley N° 30225), que tiene como finalidad agilizar el procedimiento de contratación a través de la ejecución de determinada cantidad de actividades, exonerándolas del cumplimiento de las tres fases que toda contratación pública debe observar: programación, procedimiento de selección y ejecución contractual. Sin embargo, de acuerdo con el análisis efectuado en el trabajo de investigación, se ha encontrado que la ausencia de un sistema de control interno (sin visión ni misión definidas, con procesos no plenamente implementados, sin la adecuada distribución de la carga laboral, sin métodos para captar personal idóneo que desarrolle los procesos, con mal clima laboral entre el personal e insuficiente personal de apoyo), directamente relacionado a la ejecución de sus contrataciones directas, no permite realizar la contratación de bienes, servicios y obras, de acuerdo a la normativa de contrataciones vigente. Según la literatura revisada, como se aprecia en el marco conceptual del trabajo, se percibe que la alternativa de solución para los problemas de gestión de contrataciones directas en el Poder Judicial es orientarla a la implementación de un sistema de control interno en la Subgerencia de Logística, orientado a la ejecución de sus contrataciones directas. En este sentido, la investigación propone su implementación, considerando los cinco componentes del Sistema de Control Interno: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, actividades de información y comunicación, y supervisión.

En el Perú, la contratación pública se rige por un amplio número de reglas y procedimientos técnicos y sumamente complejos de entender. Para facilitar esta labor, presentamos el libro Temas de contratación con el Estado. Perspectiva jurídica, un texto de consulta especializado en las diversas fases de la contratación con el Estado peruano, reguladas por el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 30225.

El tema que aborda el presente proyecto gira en torno a la necesidad de la empresa Laboratorios del Sur S.A. de contar con un manual de procedimientos para la elaboración de expedientes para contrataciones estatales. Mediante el proyecto se comprueba que la elaboración de un manual de procedimientos para la elaboración de expedientes para contrataciones estatales permite generar expedientes que contienen propuestas técnicas y económicas que cumplen adecuadamente con los parámetros de evaluación de las instituciones estatales, lo cual, permite una mejora en la productividad del área de ventas de la empresa Laboratorios del Sur impactando positivamente en los resultados económicos de la misma. Este trabajo esta divido en cuatro capítulos. En el primero, se describen los conceptos relacionados a las contrataciones estatales y los procesos de contrataciones estatales a nivel mundial y en Perú, así como los organismos encargados de realizar el control de los mismos en los distintos países. En el segundo, se evalúa y analiza el desempeño de la empresa Laboratorios del Sur SA en relación a la elaboración de los expedientes para los procesos de contrataciones estatales. En el tercer capítulo se establece la propuesta de mejora para la empresa. Y finalmente, en el cuarto capítulo se detalla el impacto económico de la aplicación del manual para la empresa Laboratorios del Sur S.A y otros beneficios no económicos relacionados a su implementación. De este modo, se llega a la conclusión de que el presente proyecto genera beneficios muy importantes que no pueden ser desaprovechados por la empresa.

El presente trabajo de investigación estudia la Junta de Resolución de Disputas (JRD) como un mecanismo alternativo para resolver controversias derivadas de contratos de obras públicas suscritos bajo la normativa de contratación estatal. Sobre el particular, se realiza un análisis a partir del estudio del contrato de obra y la problemática vinculada durante los proyectos de infraestructura pública, así como la naturaleza de la JRD establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las modificatorias realizadas a través del Decreto Supremo N° 250-2020-EF. De igual forma, se revisan las experiencias de países que han utilizado este mecanismo tales como Honduras, Chile, Brasil y Estados Unidos, y la implementación paulatina de la JRD en nuestro país. A partir de dicha revisión y los análisis obtenidos del desarrollo de la investigación, se concluye que si bien la JRD se presenta como una herramienta más eficaz dada la inclusión de profesional técnico para resolver estos conflictos, la implementación de este mecanismo en nuestro país viene dándose una forma muy pausada, razón por la cual y dependiendo de las necesidades y/o acuerdos a los que puedan arribar las partes, resulta necesario acudir al panel de expertos cuando se requiera una resolución a partir de un análisis técnico o la obra necesite una permanente asistencia. En ese sentido, resulta prioritario la promoción del uso de la JRD a través de un marco legislativo que resulte óptimo para las partes y cuya implementación sea factible a fin que los proyectos puedan ejecutarse en buenas condiciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante este trabajo se pretende analizar las vías de revisión y de impugnación existentes en los procedimientos preparatorios de contratos administrativos regidos por la Ley N° 19.886 que establece las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, poniéndose énfasis en los mecanismos de naturaleza administrativa que la Administración y los particulares disponen en nuestro ordenamiento jurídico. Esta tesis plantea que pese a la desconfianza que se ha tenido respecto a la vía administrativa de revisión, al ser la propia Administración la llamada a resolver las reclamaciones que recaen sobre sus resoluciones en procedimientos de compras públicas, aparece como una alternativa útil, expedita y que en ocasiones podría presentarse incluso más conveniente que incoar un proceso de carácter jurisdiccional ante el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, se plantean eventuales ventajas de la vía administrativa de revisión sobre la vía jurisdiccional en base a cuatro ejes, éstas son las competencias que detentan las entidades licitantes en comparación con las del Tribunal de Contratación Pública, los plazos de resolución ante la Administración, la complementariedad de ambas vías de impugnación y por último aspectos de carácter económico. No obstante las posibles ventajas que puede presentar esta vía administrativa de impugnación, también presenta algunos puntos críticos que deberían ser considerados al momento de inclinarse por el ejercicio de recursos administrativos o acciones jurisdiccionales

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE). / Tesis