Esta tesis busca estudiar la globalización de la Cooperación Internacional desde 1946 hasta el 2014, haciendo hincapié en sus cambios más notorios e identificando diferentes etapas que ayudan a comprender el rol que tuvieron los procesos políticos, económicos y militares, tanto en el orden de la Guerra Fría, en el orden Unipolar americano y en el orden de ascenso de China. Primero, se realizó un mapeo histórico de cada mecanismo utilizado en la Cooperación Internacional. Segundo, se identificó los casos paradigmáticos tanto de coaliciones, países e instituciones internacionales relacionados a un determinado mecanismo de la Cooperación Internacional. Tercero, se hizo un análisis del contexto político, económico y militar de cada etapa en la que hubo un cambio en los mecanismos de la Cooperación Internacional. Cuarto, se comparó similitudes y diferencias entre las etapas para comprobar la relación entre la competencia de potencias y el régimen de la Cooperación Internacional. La investigación encuentra que los cambios en la Cooperación Internacional están relacionados con el aumento o la disminución de la competencia entre potencias. Cuando aumenta la competencia entre potencias mundiales los mecanismos de la Cooperación Internacional se utilizan para atraer, o mantener, países receptores a la coalición de los países donantes y en los casos en los que la competencia disminuye estos mecanismos se utilizan para imponer disciplina económica en los receptores.

Este estudio evalúa el impacto de un esquema de pago por desempeño a través de Convenios de Apoyo Presupuestario (CAP), entre el Gobierno Nacional de Perú con instancias subnacionales, para mejorar el estado nutricional infantil. Estos convenios se suscribieron con las regiones con mayores tasas de desnutrición crónica infantil, con el fin de transferirles recursos adicionales condicionados al cumplimiento de compromisos de gestión y metas en servicios de salud.A partir de los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2008 a 2014, se estima el impacto de dicho esquema de incentivos sobre indicadores de cobertura de servicios de cuidado infantil (vacunación, controles de crecimiento y desarrollo infantil, suplemento de hierro) y del estado nutricional del niño (desnutrición, anemia, diarrea, infecciones respiratorias), mediante la metodología de diferencias en diferencias combinada con técnicas de emparejamiento para la selección de los grupos de tratamiento y control bajo tres escenarios distintos, con el fin de probar la robustez de los resultados obtenidos. El documento, además, profundiza en las posibles causas de los resultados encontrados y brinda recomendaciones para mejorar el diseño de intervenciones que utilizan un mecanismo de incentivos similar. Los resultados muestran un impacto modesto en el incremento de vacunas durante los primeros años que duró el mecanismo, que podría haber impulsado una reduccion en la incidencia de EDA. Sin embargo, no se sostiene luego del cierre de los CAP. Asimismo, la falta de impactos adicionales atribuibles a los CAP en la cobertura de las prestaciones de controles de crecimiento y entrega de suplementos de hierro puede deberse a que el nivel de la meta fijada para cada indicador no lograba maximizar el esfuerzo de las entidades prestadoras de salud, o a que, a diferencia de las vacunas, donde la cadena de producción vinculada a la oferta resulta crítica para aumentar la cobertura, en las atenciones donde se controla el crecimiento y desarrollo del niño, y donde se entregan los suplementos de hierro, se requiere una mejor interacción entre el personal de salud y el paciente para aumentar la demanda del servicio y, por tanto, su cobertura. Sin embargo, estos aspectos de demanda no fueron recogidos en el esquema de metas establecidos por los CAP.

La presente investigación busca destacar el rol que cumplió la Ayuda Oficial al Desarrollo en la región de San Martín entre los años 2003 y 2015. Esto se debe a que la AOD resultó ser una herramienta de transformación definitiva en el proceso de erradicación de hoja de coca para fines ilícitos y su reemplazo por cultivos alternativos en la región. En este sentido, la AOD - compuesta por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y USAID - representó un soporte para el Estado peruano a través de asistencia en producción y marketing de cultivos alternativos, y un proceso de diálogo y socialización para generar una iniciativa integral. Asimismo, con el apoyo y articulación de la AOD con los diversos actores nacionales se generó un clima de bienestar en la región. Por ello, la aproximación teórica considerada en el marco de la investigación es la efectividad condicionada, puesto que la AOD per se no fue suficiente para generar el cambio sino la intervención de diversos factores como la circunstancia temporal, la buena disposición del país receptor, y la predisposición por parte de los agricultores. En este sentido, el éxito de la AOD en la región se debió a un conjunto de factores coyunturales positivos además de la fuerte articulación entre los diversos actores internacionales y nacionales para combatir el problema. En lo que respecta la metodología a usar, para fines del trabajo se revisarán una serie de fuentes primarias y secundarias acerca de cómo se llevaron a cabo los programas de erradicación y sustitución que permiten explicar el el éxito del programa; y acerca de los proyectos desarrollados en la región por la UNODC y la AOD, y sus resultados. Asimismo, se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas con los actores clave del proceso.

El Acuerdo de Escazú es el primer Acuerdo regional, de América Latina y El Caribe (ALC), que promueve el derecho al acceso a la información ambiental, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Este Acuerdo fue negociado entre el 2012 y 2018, año en que se logró el documento final. En este marco, el énfasis puesto en los defensores ambientales llama la atención, debido a que no existía ninguna decisión vinculante previa que obligue a los países latinoamericanos a emprender dicha tarea. Por eso, esta investigación se pregunta ¿Qué razones llevaron al surgimiento del Acuerdo de Escazú? En otras palabras, ¿qué ha llevado a los países latinoamericanos a cooperar para lograr este Acuerdo? A partir de ello, se decidió usar el liberalismo como teoría de las Relaciones Internacionales para explicar el surgimiento de la cooperación en torno al Acuerdo de Escazú. Para ello, se recogieron fuentes primarias y secundarias, que mostraron que las preferencias convergentes de los estados latinoamericanos para realizar el Acuerdo giraron en torno a la necesidad de un tratado regional sobre el Principio 10 de la Declaración de Río y respondieron a la situación de los defensores ambientales en la región.

Este artículo tiene como objetivo proponer una definición completa y actualizada de la naturaleza jurídica de los títulos de carbono forestal y la titularidad de los mismos en el Perú, a la vez que compila los conceptos legales que son de utilidad para los tomadores de decisiones en materia de derecho sobre el carbono forestal y en el marco de los mercados de carbono AFOLU. Para ello, la autora desarrolla los conceptos biofísicos de captura y almacenamiento de carbono, y los relaciona a definiciones legales presentes en la normativa nacional vigente. Luego, sugiere tres fundamentos definidos a nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que, considera, orientan los diferentes matices legales de los títulos de carbono forestal. Finalmente, la autora compila las diferentes interpretaciones jurídicas que han sido redactadas en la materia en el Perú y las revisa sobre la base de los conceptos y fundamentos identificados previamente. Concluye que los procesos de flujo de carbono y almacenamiento de carbono son servicios ecosistémicos inherentes a los recursos naturales. No obstante, los documentos de los títulos de carbono forestal se comportan como bienes muebles que contienen derechos personales de carácter transmisible. En relación a la titularidad, en tanto las autorizaciones, concesiones y permisos que otorgan un derecho de uso sobre los ecosistemas forestales incluyen también los servicios ecosistémicos de carbono, siempre y cuando incluyan el aprovechamiento de estos servicios en sus planes de manejo, estos titulares tienen la capacidad de transferir sus derechos sobre el carbono a un tercero. Por último, cabe precisar que en tanto el patrimonio forestal es Patrimonio de la Nación en el Perú en virtud del artículo 66 de la Constitución, el Estado es titular de los derechos sobre el carbono forestal en las áreas naturales protegidas y los bosques no categorizados de su territorio.

Recientemente, el cambio climático ha ganado mayor presencia en la política nacional, debido a la fuerte demanda por implementar medidas concretas sobre las soluciones más adecuadas para enfrentar el fenómeno. Surge la pregunta: ¿Es el Estado capaz de responder a esta demanda? Se han producido cambios en las dinámicas de poder para definir el diseño de las políticas climáticas que involucran múltiples actores estatales y no estales. Entonces, ¿quién decide hoy sobre estas políticas? Esta investigación propone analizar esta situación centrándose en el caso del diseño de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, instrumento de política climática más importante en el país. La tesis identifica los factores que explican su diseño, utilizando como herramienta de análisis el marco de coaliciones promotoras, a fin de explicar el papel de los actores involucrados en el proceso, sus redes y conexiones para poder incidir en su elaboración. Se identifican tres coaliciones promotoras: el grupo que participa en el Proyecto PlanCC y que se involucra en el diseño de las NDC, los actores estatales tradicionales (MEF y MEM) acompañados por grupos empresariales y el Grupo “Perú, Ambiente y Clima”; que se involucran en un contexto de baja capacidad del Estado y de fuerte apoyo de la cooperación internacional bajo especiales directrices, que favorecen que la primera coalición se imponga, a través de un proceso que va neutralizando obstáculos y oposiciones, con el mensaje de que éstos contaban con la opción de política que se ajustaba más a las necesidades y el contexto internacional. Sin embargo, esta victoria es limitada debido a que el producto es concebido como medianamente ambicioso e insuficiente, demostrándose que la estrategia de neutralización requirió generar pactos con quienes se oponían, otorgándoles espacios de influencia de la coalición, dentro de un contexto de múltiples intereses y agendas

En 1999, se apertura una doble agenda para la relación bilateral entre Chile y Perú. Por un lado, una de corte conflictiva e histórica, marcada por las percepciones negativas sobre uno y el otro que remontan principalmente a la Guerra del Pacífico; y, además por sucesos conflictivos como las acusaciones de espionaje, el desminado de la frontera y, de manera particular, el litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia. A pesar de este contexto adverso, se puede apreciar, por otro lado, que ambos países han profundizado y extendido el alcance de su cooperación bilateral en distintos ámbitos como el económico y el migratorio. Resulta destacable que esta agenda cooperativa se desarrollara también en un ámbito tan sensible como la seguridad y defensa. Desde el 2001, se aprecia el establecimiento de mecanismos de cooperación que abarcan la amplia agenda de esta materia; no obstante, una revisión del desarrollo de estos nos conduce a afirmar que las Rondas de Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) se han visto menos afectados por el contexto adverso de la relación bilateral en comparación al Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política (Reuniones 2+2) y al Consejo de Seguridad y Defensa (COSEDE).La presente investigación utilizará herramientas del institucionalismo neoliberal de Robert Keohane que conducirá, en base al análisis de cinco indicadores, a indagar en los determinantes que han permitido que algunos mecanismos puedan sobrellevar los sucesos conflictivos de la relación bilateral. Para cumplir con el objetivo señalado, se ha optado por una metodología de carácter cualitativa que supone la recolección de información a partir de fuentes secundarias como las actas y documentos referenciales de los mecanismos, notas diplomáticas y noticias de prensa; así como entrevistas a académicos, diplomáticos y militares de ambos países.Desde un enfoque institucional, esta investigación concluye que los factores que han determinado que las Rondas y el CIDF se vean menos afectados han sido, por un lado, la autonomía en el manejo de su propia agenda y la libertad de discernimiento de las organizaciones participantes en cada mecanismo; y, por otro lado, la adecuación al contexto de cada uno, en términos de la correspondencia entre sus objetivos y resultados esperados y la estructura de su trabajo, que ha permitido brindar una respuesta adecuada a las necesidades y las amenazas que enfrentan las sociedades de ambos países.

Los Gabinetes Binacionales son un novedoso mecanismo de negociación bilateral que se implementó por primera vez en el 2007 entre el Perú y Ecuador y, desde entonces, se ha venido aplicando por los distintos gobiernos peruanos buscando ampliar su ejecución al resto de sus países vecinos. Por ello, se hace cada vez más importante estudiar esta nueva política de Estado para evaluar su real impacto y el cumplimiento de sus objetivos. En ese contexto, la presente investigación de tesis busca determinar si los Gabinetes Binacionales entre el Perú y Ecuador contribuyeron en el desarrollo de las políticas de infraestructura de la región Tumbes. Para responder a esta pregunta de investigación, se usó la metodología de Barzelay y Cortázar (2004) para estudios de caso haciendo un seguimiento al ciclo de políticas públicas de una obra en particular: el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) del Eje Vial N° 1. Desagregando éste ciclo por etapas y determinando los actores claves involucrados en cada una, se podrá analizar el rol e influencia de los Gabinetes Binacionales en cada una de las mismas. La conclusión a la que se llegó es que los Gabinetes Binacionales si tuvieron un impacto positivo en la implementación y monitoreo de esta obra, aunque se podrían realizar mejoras futuras en la coordinación de los acuerdos y plazos a los que se llegue en los Gabinetes Binacionales dadas algunas deficiencias en los mecanismos de asignación de recursos, formulación e implementación de la inversión en infraestructura identificadas por los actores.

El presente trabajo trata sobre cómo la inteligencia electrónica, que en el Estado peruano se obtiene a través del sistema Constelación, influyó en la capacidad de la DIREAD, institución encargada de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID), para realizar sus acciones de interdicción desde el 2014 al 2016. A través de entrevistas con distintos actores que participan de la aplicación de la inteligencia electrónica en esta institución, se llega a comprobar que, a pesar de las dificultades que ella tiene para aplicarse debido a que las leyes vigentes basadas en el derecho internacional impiden interceptar llamadas sin existir pruebas claras contra el sujeto investigado, esta tiene una influencia positiva, pues ha permitido que se realicen acciones más efectivas contra el TID. Asimismo, esta investigación estudia la capacidad de la DIREAD para cumplir sus funciones, comprobando que existe una dependencia de esta institución hacia organizaciones extranjeras o internacionales como la DEA. Esto se debe a que desde el Estado peruano no se le da suficiente apoyo, lo que limita en gran medida su capacidad. Sobre este punto se discute brevemente cómo influye la cooperación internacional en la DIREAD y qué tan positiva resulta, considerando que el apoyo de la DEA permite que las agencias que tienen cooperación con esta posean más recursos y sean más profesionales en relación a sus pares apoyadas exclusivamente por el Estado.

La crisis humanitaria en Venezuela ha generado la movilización masiva de sus ciudadanos, quienes han migrado sobre todo a los países latinoamericanos; siendo el Perú uno de los países más impactados por la migración. Ante esta situación, desde el 2018, la Organización Internacional para la Migración (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han trazado una estrategia conjunta, y han complementado y apoyado la respuesta del Estado peruano frente a la migración venezolana. Ambas organizaciones internacionales (OI) como líderes del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) desde el 2018, han dirigido y coordinado la colaboración de las otras las entidades participantes del GTRM con el Estado peruano en diversos ejes como la salud, educación, seguridad alimentaria, entre otros. Así, a pesar del activo rol de ambas OI, aún no se ha investigado sobre su cooperación con el Estado peruano en torno a la migración venezolana. De este modo, la investigación busca analizar y profundizar sobre el rol desempeñado por ambas OI en el Perú desde el 2018 hasta el 2019; desde la perspectiva teórica del liberalismo, puesto que se hace énfasis en la cooperación internacional y la importancia de actores no estatales. La metodología a usar será el análisis de fuentes secundarias y primarias, así como la elaboración de entrevistas semiestructuradas a miembros de la OIM, del ACNUR, del GTRM, de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de la Comisión Especial para Refugiados. De este modo, a través de la investigación sobre la cooperación de ambas OI y su activo rol en la gestión de la migración venezolana, se podría demostrar que han sido importantes y activos colaboradores del Estado peruano, que han contribuido a mejorar las condiciones de migración de los ciudadanos venezolanos y la gestión de la misma.