El objetivo esta investigación fue generar valor en el control de la corrupción al proponer un modelo de gestión de riesgos de tecnologías de información (MGR - TI) para las municipalidades provinciales de la región de Lambayeque. Se ha realizado una investigación de tipo cuantitativa empleando un diseño de investigación experimental - preprueba/posprueba; para ello se procedió a observar y analizar la realidad de las municipalidades provinciales de la región de Lambayeque, lo cual permitió recabar información sobre la realidad de las citadas municipalidades, determinándose que existen problemas en su gestión de riesgos de tecnologías de información (GR-TI) los cuales pueden provocar un acto de corrupción. En tal sentido, se realizó un estudio comparativo de estándares y normas relacionados con la GR - TI, y tomando en cuenta su problemática se generó un modelo apropiado para los gobiernos provinciales de la región de Lambayeque, orientado a generar valor en el control de la corrupción de funcionarios o servidores; modelo práctico, ágil y dinámico según la validación de profesionales expertos.

Some resource-dependent countries experience substantial increases in government revenue during natural resource booms. Recent theoretical and empirical contributions (Robinson et al. 2006, Brollo et al. 2013) have argued that such abundance of windfalls can have a negative effect on the functioning of local institutions. In particular, abundance of windfalls could increase the incidence of corruption because their presence aggravates the moral hazard problem that exists between citizens and their elected authorities. This is so because an increased budget means that officials can appropiate rents illegally without compromising their obligations with the electorate, thus distorting the inferences that citizens make about their authorities’ competence. Furthermore, such agency problem could be aggravated by the self-selection of relatively worse candidates entering politics (assuming rents are more valuable for the relatively less skilled), because incumbent mayors (including corrupt ones) would face weaker competition. Exploiting substantial time and spatial variation in the amount of mining-related transfers received by the districts of Peru during the 2000s commodity boom, I implement a difference-in-differences strategy to put the mentioned theory to test. I find evidence supporting the hypothesis of a non-monotonic effect of windfalls on the incidence of corruption, and a negative effect of windfalls on the quality of candidates drawn to challenge incumbents and compete for public office. I do not find strong evidence of the theorized relationship between the two phenomena, but I propose further research pathways to improve our understanding of the results.

El presente artículo académico aborda desde un enfoque jurídico penal material a la negociación colectiva dentro de la Administración Pública, ello a fin de determinar si la misma bajo supuesto de fraudulencia e ilicitud puede ser sancionada bajo el delito de colusión (art.384° CP). El estudio contempla un desarrollo acerca los elementos configurativos de este delito y la adecuación del suceso fáctico antes descrito, haciendo especial énfasis en dos de ellos: el interesado y el contexto típico. El principal objetivo de este trabajo académico consiste, por un lado, el visibilizar esta nueva modalidad de corrupción inmersa dentro de la Administración Pública, a efectos de formularse nuevos mecanismos de prevención y detención para contrarrestar los posibles espacios de riesgos dentro de la misma; y, por otro lado, lograr la sanción efectiva y adecuada de estos actos ilícitos, para así reducir los niveles de corrupción dentro de nuestro país. Todo ello con el propósito trascendental de luchar contra la impunidad y la corrupción, toda vez que ello representa una vulneración a los derechos humanos.

El presente artículo académico tiene como finalidad realizar un análisis sobre el elemento normativo “caso judicial o administrativo” del tipo penal de Tráfico de influencias, el mismo que ha sido objeto de varias interpretaciones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Para abordar el objetivo planteado, el artículo académico se dividirá en tres capítulos. En el primero, se realiza un análisis del tipo penal, en el que se da cuenta de su evolución normativa, el bien jurídico protegido y los elementos del tipo objetivo. En el segundo, después de un recuento por los instrumentos internacionales, la legislación comparada y la jurisprudencia nacional, se propone la interpretación del elemento “caso judicial o administrativo”. En el tercero, se aborda el principio de legalidad penal y la interpretación teleológica del elemento normativo en cuestión. Finalmente, se concluye que la interpretación del elemento “caso judicial o administrativo” debe ser amplia. Por lo que, “caso judicial” debe comprender no solo los procesos del ámbito jurisdiccional, sino los previos a este (investigación policial y fiscal), mientras que “caso administrativo” debe entenderse como procedimiento administrativo. La metodología empleada tiene como base la revisión de conceptos dogmáticos, los principios del derecho penal y constitucional, así como los conceptos del derecho administrativo y procesal; para lo cual, se recurrió a la doctrina nacional e internacional, así como a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. / The purpose of this academic article is to analyze the normative element "judicial or administrative case" of the criminal type of influence peddling, which has been the subject of several interpretations in both doctrine and jurisprudence. To address the proposed objective, the academic article will be divided into three chapters. The first section analyses the criminal nature of the offence, the evolution of regulations, the protected legal asset and the elements of the objective type. In the second, after a review by international instruments, comparative legislation and national jurisprudence, an interpretation of the element "judicial or administrative case" is proposed. The third explains the principle of criminal legality and the teleological interpretation of the normative element. Finally, it is concluded that the interpretation of the element "judicial or administrative case" should be broad. Thus, "judicial case" should include not only the judicial processes, but also those prior to this (police and fiscal investigation), while "administrative case" should be understood as an administrative procedure. The methodology used is based on the revision of dogmatic concepts, the principles of criminal and constitutional law, as well as the concepts of administrative and procedural law; to this end, national and international doctrine was used, as well as the jurisprudence issued by the judiciary and the Constitutional Court.

El delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 400 del Código Penal Peruano ha sido objeto de diversas discusiones en el Derecho, en principio por la literalidad del artículo mencionado, así como las consecuencias que podría conllevar a los agentes que se encuentran dentro de la estructura del delito. Al respecto, como es sabido, este delito se configura cuando una persona acepta la invocación de influencias propuesta por el traficante de influencias, elemento del tipo penal al que conocemos como “pacto de intercesión”, por lo cual el presente informe se enfocará en otorgar una propuesta de calificación al tercero interesado como cómplice primario. En razón de lo mencionado, en primer lugar, hablaremos de los delitos contra la administración de manera general; en segundo lugar, desarrollaremos los elementos del delito tráfico de influencias, a través de lo cual probaremos que este delito corresponde a un delito de peligro abstracto. En consecuencia, de ello, en tercer lugar, procederemos a desarrollar algunos puntos de vista en torno al tercero interesado en este delito finalizando con nuestra postura frente al Acuerdo Plenario N° 3-2015/CIJ-116, en el que se dispone que este tercero interesado solo podría responder a título de instigador y de cómplice en el caso ayude a la realización de alguno de los verbos rectores; es decir, colabore directamente con el autor del delito y no necesariamente con el hecho punible. / The crime of influence peddling, contemplated in the article 400 of the Peruvian Criminal Code has been the subject of various discussions in the Law, in principle due to the literalness of the aforementioned article, as well as the consequences that could lead to the agents who are within the structure of the crime. In this regard, as is known, this crime is configured when a person accepts the invocation of influence proposed by the invocation of influence proposed by the influence peddler, an element of the criminal type that we know as an “intercession pact”, for which this report will focus on granting a proposal to qualify the interested third party as a primary accomplice. Due to the aforementioned, in the first place, we will talk about crimes against the administration in general way; secondly, we will develop the elements of the influence peddling crime, through which we will prove that this crime corresponds to a crime of abstract danger. Consequently, in third place, we will proceed to develop some points of view regarding the third party, interested in this crime, ending with our position regarding Plenary Agreement N° 3-2015/CIJ-116, which provides that this third party could only respond as an instigator and an accomplice in the case that helps to carry out any of the guiding verbs; that is, collaborate directly with the perpetrator of the crime, and not necessarily with the punishable act.

En los últimos años, dentro de mi práctica laboral he tenido la posibilidad de revisar diversos casos por investigaciones de delito de colusión y negociación incompatible; sin embargo, siempre me he cuestionado el por qué los Fiscales inician sus investigaciones con la siguiente frase: “Abrir investigación preliminar por el delito de colusión y de forma subsidiaria el delito de negociación incompatible”, dándome a interpretar que cualquiera de los dos delitos pueden ser propios de la investigación; siempre y cuando se encuentren los medios de prueba suficientes. Con el pasar del tiempo y los procesos observados, he podido notar que muchos casos terminan siendo archivados, en tanto nuestros operadores de justicia no terminan encontrando medios de prueba o indicios suficientes que pudieran acreditar la comisión de esos delitos, siendo cada uno de ellos, procesos cuestionables por las motivaciones de las sentencias que, con normalidad, se suelen dar. Mi cuestionamiento incrementó cuando analicé para mi examen de grado el caso Petroaudios, en donde la Corte Suprema confirmó la sentencia absolutoria contra Rómulo León y otros integrantes de PetroPerú por la comisión del delito de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho; debido a que no se contaban con todos los medios de prueba que pudieran acreditar tales delitos. Es así como nace el presente artículo, con la finalidad de analizar la jurisprudencia que la Corte Suprema ha emitido respecto a los delitos de colusión y negociación incompatible, y sobre todo, tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios que tiene la Corte Suprema para poder establecer que una conducta es pasible de ser sancionada por delito de colusión o negociación incompatible?

Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente para aquellos sectores de alto riesgo, como salud, específicamente, para aquellos actores relacionados con la compra pública de medicamentos. ¿Qué herramientas tienen los funcionarios públicos para cumplir su función libre de un conflicto de intereses? ¿cómo lo identifican? ¿a quién pueden acudir en caso tengan una duda de carácter ético o moral? ¿qué hace el Estado por prevenir situaciones de conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos? ¿la regulación vigente es suficiente? Son solo algunas de las interrogantes que se presentan. Con el propósito de contribuir a dilucidar una alternativa de solución, esta tesis propone una restructuración de la infraestructura institucional a cargo de la ética e integridad pública. Esto a partir de la aplicación de una serie de buenas prácticas de prevención y gestión adecuada de los conflictos de intereses al interior de las entidades vinculadas a la compra, enfocadas en el funcionario o servidor público. Arribo a esta conclusión, después de haber revisado los aspectos teóricos de diversos autores, la experiencia en otros países, así como del análisis práctico de una encuesta realizada a los funcionarios y servidores públicos del Perú vinculados a la compra pública de medicamentos. La propuesta permitirá una efectiva mitigación de riesgos de corrupción, así como una herramienta de medición periódica de quienes toman decisiones en el sector materia de la investigación.

La corrupción en el Perú viene constituyéndose en una práctica frecuente en los tres niveles de gobierno del Aparato Estatal, el cual tiene efectos muy negativos sobre el desarrollo social de una nación, afectando incluso la propia gobernabilidad de un país, siendo considerado como un problema histórico y es interpretado como el abuso del poder de funcionarios públicos en beneficio de terceros. Una de las modalidades de la corrupción es la colusión ilegal, el cual es sancionado por el Código Penal Peruano mediante la aplicación de castigos a los funcionarios públicos que conciertan con terceros para obtener un beneficio particular en perjuicio del Estado. Bajo ese contexto, resulta importante conocer los mecanismos y procedimientos que se producen en los casos de corrupción, lo cual brindará insumos para definir medidas de intervención. Por ello, el objetivo planteado para el presente fue el de comprender la organización de los mecanismos de colusión ilegal en los procesos de selección llevados a cabo en Entidades del Poder Ejecutivo del nivel local, regional y nacional de casos sentenciados en la Corte de Superior de Justicia de Lima. Se parte de los supuestos que los casos de corrupción se producen en las unidades administrativas más críticas para la gestión institucional tales como Administración, Contabilidad, Tesorería y Almacén, aunque no se descarta la participación de las áreas de Supervisión. Del mismo modo, se prevé que, para el desarrollo de estas acciones, son los propios funcionarios quienes buscan infringir las normas en aras de obtener un beneficio particular. Producto de estos, las consecuencias son múltiples, entre los que destacan el deterioro de la confianza en las Entidades Públicas, afectando la gobernabilidad y democracia de un país. Para alcanzar los objetivos propuestos se hace necesario aplicar técnicas y métodos cualitativos, que permitan comprender el objeto de estudio partiendo del análisis de la información disponible. Se concluye que la corrupción no solo afecta la gobernabilidad, sino qué además perjudica la entrega de bienes y servicios que los ciudadanos requieren.

El presente artículo analiza como problema principal a la legitimidad de las influencias simuladas en el delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, en la primera sección describimos las principales características del delito, como la conducta típica y la consumación del delito. Asimismo, conceptualizamos y se diferencian sus modalidades; y posteriormente, se elabora un detalle de las posturas más importantes respecto a cuál es el bien jurídico protegido. En el segundo apartado comenzamos por brindar alcances del principio de lesividad, continuamos con el principio de mínima intervención y con lo explicado analizamos la jurisprudencia y doctrina en relación a la legitimidad de las influencias simuladas para tomar una postura al respecto de si superan el riesgo penalmente permitido. / This article analyzes the legitimacy of simulated influences in the crime of influence peddling as the main problem. Therefore, in the first section we describe the main characteristics of the crime, such as typical behavior and the consummation of the crime. Likewise, we conceptualize and differentiate its modalities; and subsequently, a detail of the most important positions is elaborated regarding which is the protected legal asset. In the second section we begin by providing scope of the principle of harm, we continue with the principle of minimum intervention and with what has been explained we analyze the jurisprudence and doctrine in relation to the legitimacy of simulated influences to take a position on whether they overcome the criminal risk permitted. / Trabajo académico

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre la SDO, Laxitud Moral Política, Percepción del Sistema Normativo, Confianza en las Instituciones, Tolerancia a la Transgresión Normativa y Tolerancia a la Corrupción en abogados peruanos. Se evaluó a 105 abogados, 62 hombres (59%) y 43 mujeres (41%), entre los 25 y 62 años (M = 33.54, DE=6.59). Los resultados muestran una relación significativa y directa entre Laxitud Moral Política con SDO, con Tolerancia a la Transgresión Normativa y con Corrupción como un mal menor. La dimensión de Percepción de falta de legitimidad se relacionó con la dimensión de Corrupción como un fenómeno normalizado y con Corrupción como un fenómeno necesario. Tolerancia a la Corrupción correlacionó directamente con Tolerancia a la Transgresión Normativa. Se encontraron relaciones significativas e inversas entre Percepción de Falta de Legitimidad, Percepción de Transgresión y Percepción de Debilidad Normativa y algunas dimensiones de Tolerancia a la corrupción con Confianza en ciertas instituciones. Por último, se encontraron tres modelos de regresiones. El primer modelo de regresión estableció que la variable de Laxitud Moral Política explica en un 15.2% la Tolerancia hacia el uso de dinero en beneficio propio/soborno. El segundo modelo de regresión estableció que la dimensión de Percepción de Debilidad Normativa explica en un 13% la Corrupción como un fenómeno normalizado. El ultimo modelo de regresión estableció que la tolerancia a la corrupción es explicada en un 40% por la tolerancia a la transgresión normativa. / The aim of this research was to study the relationship between SDO, Political Moral Laxity, Perception of the Regulatory System, Trust in Institutions, Tolerance to Regulatory Transgression and Tolerance to Corruption in Peruvian lawyers. A total of 105 lawyers were evaluated, 62 men (59%) and 43 women (41%), between 25 and 62 years of age (M=33.54, SD=6.59). The results show a significant and direct relationship was found between Political Moral Laxity with SDO, with Tolerance to Normative Transgression and with Corruption as a lesser evil. The dimension of Perception of Lack of Legitimacy was related to the dimension of Corruption as a Normalized Phenomenon and to Corruption as a Necessary Phenomenon. Tolerance to Corruption correlated directly with Tolerance to Normative Transgression. Significant inverse relationships were found between Perception of Lack of Legitimacy, Perception of Transgression and Perception of Normative Weakness and some dimensions of Tolerance to Corruption with Trust in certain institutions. Finally, three regression models were found. The first regression model established that the Political Moral Laxity variable explains 15.2% of the Tolerance to the use of money for personal benefit/bribery. The second regression model established that the Normative Weakness Perception dimension explains 13% of Corruption as a normalized phenomenon. The last regression model established that tolerance to corruption is explained by 40% by tolerance to normative transgression.