La presente investigación tiene como objetivo determinar los criterios para la imputación de la autoría mediata en aparatos de poder con instrumento doloso cualificado en delitos especiales y de infracción de deber, utilizando la metodología cualitativa, sirviéndose de la técnica del fichaje y análisis documental. Al analizar la doctrina comparada, se ha logrado advertir que no existe un desarrollo jurídico sobre la autoría mediata en aparatos de poder con instrumento doloso cualificado, para los efectos de imputar responsabilidad penal a los sujetos que cometen delitos especiales o de infracción de deber. En el Perú tampoco se ha abordado el análisis de la problemática, donde los sujetos investidos con estatus superior a los comunes, cometen delitos especiales y de infracción de deber en la condición de integrantes de una estructura criminal. Por ello, se concluye que el problema deberá ser resuelto considerado la tesis del injusto personal, en la medida que el instrumento cualificado ejecute materialmente la conducta. Asimismo, se deberá recurrir a los criterios del injusto personal, el dominio típico de la organización y el dominio del riesgo típico del resultado, alineándose a la tesis de la unidad del título de imputación. / The objective of this research is to determine the criteria for the imputation of perpetration-bymeans in apparatuses of power with a qualified fraudulent instrument in special crimes and breach of duty, using qualitative methodology, with the use of the technique of documentary analysis. In analyzing comparative doctrine, it has been noted that there is no legal development on perpetration-by-means in apparatuses of power with a qualified malicious instrument, for the purpose of imputing criminal liability to individuals who commit special crimes or breach of duty. Peru has also not addressed the analysis of the problem, where the subjects invested with a higher status than the common ones, commit special crimes and breach of duty in the condition of members of a criminal structure. Therefore, it is concluded that the problem should be solved by considering the thesis of personal wrongdoing, to the extent that the qualified instrument materially executes the conduct. Likewise, the criteria of personal unjustness, the typical dominion of the organization and the dominion of the typical risk of the result should be used, aligning with the thesis of the unity of the title of imputation.

La corrupción se ha convertido en un fenómeno complejo que viene afectando especialmente el goce y ejercicio de los Derechos Humanos. Reconociendo esta correlación, resulta relevante justificar la exigencia de la aplicación de estándares de protección de Derechos Humanos en las políticas públicas anticorrupción fundamentados en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presente investigación tiene como objetivo el estudio analítico y crítico desde una perspectiva jurisprudencial de los principales estándares internacionales sobre Derechos Humanos que son aplicables a contrarrestar la corrupción en nuestro país, así como, el analizar las políticas públicas anticorrupción desde la perspectiva internacional en el ámbito nacional mediante la relación y vinculación del control de convencionalidad. Finalmente, se justificará la exigencia de la aplicación de los estándares internacionales de CIDH en políticas públicas de anticorrupción.

En la presente investigación, se planteó como objetivo principal fortalecer la aplicación de los controles internos y concurrentes para detectar y prevenir los riesgos en la contratación de personal fantasma en las municipalidades, para conseguirlo, se analizó el fenómeno y las causas de corrupción, los casos de contratación de personal fantasma en municipalidades y su afectación al erario público, asimismo, se examinó la normativa del Sistema Nacional de Control, se hizo un breve repaso por los tipos y modalidades de control gubernamental, y se verificó la publicación de informes de control concurrente entre los años 2017 al 2022 en materia de contratación de personal operario municipal. La metodología empleada fue analítica-descriptiva con un enfoque cualitativo de tipo documental, que permitió analizar los puntos de vista de cada autor, conceptos, teorías y estadísticas. Los resultados develan a la corrupción como el principal problema que dificulta el desarrollo del país, su presencia abarca todas las regiones, causando pérdidas millonarias en el erario público de las municipalidades, instituciones en las que además existe una deficiente implementación del Sistema de Control Interno; también, se advierte la escasa realización de servicios de control concurrente en la contratación de personal operario municipal; concluyéndose que el control interno se fortalece e implementa mediante el desarrollo de sus ejes y componentes, y el control concurrente, a través del aumento de metas y la obligatoria programación de estos servicios, así como la aplicación de operativos sectoriales e hitos de control específicos en los servicios de serenazgo y limpieza pública.

El propósito de esta investigación es proponer la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción para garantizar los derechos de control ciudadano, utilizando la metodología cualitativa de revisión documental, obtuvo como resultados que la revocatoria es un derecho de control ciudadano a todas las autoridades de elección popular, pues del modo en que se les legitima en el cargo, es factible de deslegitimarlos, atendiendo a conductas de corrupción, que menoscaban su integridad y dificultan el adecuado funcionamiento de la administración pública. Se ha demostrado que el cargo de congresista debe ser pasible de revocatoria, ante la comisión de actos de corrupción como medida de control ciudadano, no debiendo exceptuarse del control constitucional, más aún cuando a partir de dicho cargo se pueden favorecer animismos, o a terceras personas con quienes tienen vínculo, perjudicando así al Estado. Se propone la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción, para garantizar los derechos de control ciudadano.

La presente investigación tiene como objetivo analizar las relaciones entre ideología política, cinismo político, percepción del sistema normativo, la identidad nacional y la tolerancia a la corrupción en 213 personas, en su mayoría, de niveles socioeconómico medio y medio alto. Para tal propósito, se aplicaron las escalas de medición de Orientación hacia la Dominancia Social (SDO), Autoritarismo de Derecha (RWA), Cinismo Político, Percepción del Sistema Normativo, Identidad nacional (Grado de identificación, autoestima colectiva y autoestereotipos de calidez, competencia y moralidad) y Tolerancia hacia la Transgresión adaptadas al contexto peruano. Los resultados muestran que, la SDO se asocia directamente con la Percepción de Falta de Legitimidad, Desesperanza Política y Laxitud Moral. Además, por intermedio de Laxitud Moral se asocia con los componentes de la Tolerancia hacia la Transgresión. Por su parte, el RWA se asoció directamente con Autoestima Colectiva y Laxitud moral y por intermedio de Autoestima Colectiva con Transgresión de Leyes. Los hallazgos sugieren que el componente ideológico se relaciona positivamente con la tolerancia a la transgresión y el RWA, en cambio, posee una relación ambivalente que resulta positiva cuando la transgresión favorece a alcanzar el orden social deseado; y resulta negativa cuando la transgresión de leyes atenta contra elementos como la confianza interpersonal o la cohesión grupal.

La presente investigación titulada “Campaña de publicidad social para sensibilizar a la población adulta del distrito de Chiclayo sobre los actos de corrupción cotidiana” planteó como objetivos específicos: Diagnosticar los actos de corrupción cotidiana y sus causas en el distrito de Chiclayo, desarrollar un brief publicitario con la información obtenida en el diagnóstico de los actos y causas de la corrupción cotidiana en el distrito de Chiclayo, elaborar una estrategia creativa para sensibilizar sobre los actos de corrupción cotidiana al público objetivo y, por último, identificar los medios de comunicación en los que el mensaje sería recepcionado por el público objetivo. La metodología del estudio fue de tipo cualitativa y presentó un enfoque fenomenológico. Asimismo, se empleó como técnicas de recolección de datos a la encuesta, dirigida a personas que hayan cometido actos de corrupción cotidiana, y a la entrevista, que fue aplicada tanto a sociólogos como a especialistas en publicidad social. Finalmente, se concluyó que el público objetivo de la campaña reconoce que la corrupción se encuentra en la vida diaria y en cualquier sector, sin embargo, desconocen los tipos de esta mala praxis, no sienten culpabilidad por cometerla y señalan que volverían a reincidir en ello. Teniendo como base estos hallazgos, se elaboró una propuesta de publicidad social que se tituló “La protesta que nunca termina” y manejó un tono reflexivo, para su implementación los medios elegidos fueron vía pública y digital (Página web).

El officer compliance aparece como responsable del cumplimiento normativo de una empresa, su alcance complementa los objetivos legales que persigue, pues su trabajo consiste en crear un sistema corporativo responsable. Nuestro objetivo general es implementar la figura del officer compliance en la norma habilitante de las empresas de casino y tragamonedas. Nuestros Objetivos Específicos son: (i) identificar la situación de riesgo que afrontan las empresas de casino y tragamonedas; (ii) analizar la figura del Office compliance como mecanismo que permita reducir el riesgo empresarial (iii) integrar la figura del officer compliance como requisito obligatorio para la constitución de empresas en la ley 27153. Utilizando una metodología de investigación cualitativa para un mejor análisis se logrará demostrar la importancia de la figura del officer compliance en el ordenamiento peruano, permitiendo que la empresa sea segura y transparente ante un mercado económico que se ha vuelto rígido en la actualidad.

El presente trabajo académico, servirá para determinar como ha venido funcionando la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República, cuando éstos cometen delitos comunes; para ello se abordará desde una perspectiva histórica esta institución jurídica, así como también se analizará su tratamiento legal y procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, como también se revisará las cifras de cuantas solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, han sido aprobadas por el Congreso de la República, a fin de determinar si estas instituciones generan o no impunidad para los congresistas y si se han convertido en privilegios personales, que generan riesgos o focos de corrupción dentro del Parlamento Peruano. Por ello, se podrá evidenciar que existen diferentes modelos de cómo se regulan estas instituciones constitucionales en el Derecho Comparado, siendo los más importantes el modelo de control ex post del Congreso, el modelo de control ex ante por parte del Poder Judicial y el modelo abolicionista. Por lo cual, dentro de la presente investigación, se ha concluido que los fundamentos por lo cual nació esta prerrogativa constitucional, ha perdido vigencia con el advenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual el mantenimiento de la misma ya no es necesario ni fundamental, y más bien por el contrario, en la actualidad esto ha provocado un clima de impunidad a favor de los congresistas, una desigualdad ante la ley y ha generado riesgos importantes de corrupción dentro del Parlamento Peruano, en la cual se negocia a través de prebendas políticas o consignas partidarias, el voto a favor o en contra de determinado pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el artículo 401° del CP; esta situación ha llevado no solo a restar suficiencia y aptitud a la pericia que determina el desbalance patrimonial, sino a desnaturalizar el injusto penal contenido en la semántica del delito de enriquecimiento ilícito. Además, la Corte Suprema ha ensayado una misma repuesta respecto a la aptitud del medio de prueba referente a la pericia de desbalance patrimonial, en lo concerniente al delito de lavado de activos, negando que un mismo medio de prueba puede ser visto desde diversos ángulos y no obstante versar sobre un mismo fin -licitud del patrimonio-, los diferentes momentos de la aparición y movimiento del bien, pueden constituir la probanza de diversos tipos penales; esta afirmación, ocurre respecto del delito de enriquecimiento y lavado de activos, pues en determinado momento la situación de la posesión directa o indirecta de un patrimonio que no se justifica en los ingresos legítimos del agente público, puede configurar plenamente el delito de enriquecimiento ilícito, en tanto, el someter posteriormente dichos bienes ilícitos al circuito de la dinámica económica con la finalidad de legitimarlo, constituye en ámbito de reproche del delito de lavado de activos. Esta situación supone entender que el delito contenido en el artículo 401° del CP, es un delito especial de posesión, donde se configura con la sola posesión de un patrimonio que no se corresponde con las fuentes legitimas del agente público, y no se trata de actos de abuso de atribuciones o de acreditación del prevalimiento del cargo que derive luego en el incremento patrimonial; sino que al ser parte de la administración pública durante el ejercicio de la función, tiene el deber de incrementar su patrimonio de manera transparente y proba, mediante fuentes lícitas.

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer el nivel de eficacia que la producción normativa generada en nuestro país, ha tenido respecto a la lucha contra el fenómeno de la corrupción administrativa, teniendo en consideración que es considerado como uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestro país. El trabajo desarrolla en primer término un esfuerzo teórico por establecer el fondo de cuadro respecto al concepto, naturaleza, características, clasificación y materialización del fenómeno de la corrupción, de forma tal que el desarrollo del mismo responda a los conceptos o lineamientos generales esbozados y pueda ser comprendido a la luz de dichos criterios. A continuación, el trabajo de investigación centra su enfoque en la corrupción administrativa, su definición, así como la forma como el fenómeno se presenta al interior de la administración estatal, para luego proceder a enfocar los alcances de la responsabilidad administrativa que es susceptible de generarse como resultado de la acción de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. En el segundo capítulo se aborda fundamentalmente la acción del Estado frente a la corrupción, analizándose la producción normativa generada, los conceptos desarrollados por las Convenciones Internacionales, el papel de las organizaciones involucradas en el combate de la corrupción, un breve enfoque sobre la percepción del fenómeno a la luz de la opinión pública y un breve análisis sobre la jurisprudencia nacional e internacional en torno al problema de la corrupción y la aplicación del procedimiento administrativo sancionador. Este capítulo concluye con un análisis crítico sobre los esfuerzos desplegados en materia normativa frente a la corrupción administrativa. Finalmente, nuestro trabajo en su tercer capítulo plantea a la luz del análisis previo, lo que consideramos deben ser las líneas maestras a seguir para articular un eficaz esquema normativo y operativo para enfrentar a la corrupción administrativa.