El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar algunos razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la cual extiende su jurisprudencia en relación con la violencia por prejuicio -desarrollada en el caso de Azul Rojas vs. Perú-, pero en esta ocasión referida a la identidad y expresión de género. El caso es sumamente trascendental ya que es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la aplicación de la Convención de Belém Do Pará para la protección de mujeres trans. La Corte declaró a la República de Honduras como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad personal, a la vida privada, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales en perjuicio de Vicky Hernández, así como la violación del derecho a la integridad personal de sus familiares. Una de las principales líneas argumentativas de la Corte IDH se relaciona con el estándar de debida diligencia reforzada exigida para la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres trans. Asimismo, la Corte IDH ordenó reparaciones que, a diferencia del caso de Azul Rojas Marín y otra contra Perú, responden al contexto de discriminación estructural que posibilita la violencia hacia mujeres trans. Sin embargo, la Corte no aplicó un enfoque interseccional en todo su análisis y los votos singulares de la magistrada Odio y el juez Vio Grossi, constituyen una preocupación para el avance del reconocimiento de derechos de las personas trans en la región, debido a su postura esencialista y binaria sobre el sexo.

El presente artículo académico tiene como principal objetivo presentar una propuesta de interpretación en base a tres niveles de protección que pueda servir como herramienta para la consolidación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas. Ello debido a que, hasta el momento, este tribunal internacional ha llevado a cabo un doble estándar dependiendo de si el Estado en cuestión es o no parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado para efectos de esta investigación como bifurcación jurisprudencial. Por ello, en la medida en que nos encontramos en un contexto internacional donde los Estados tienden a una práctica extractivista que reproduce despojos históricos a los territorios de los pueblos indígenas, llegamos a la conclusión de que la Corte IDH debe efectuar una fundamentación más sólida y uniforme respecto al derecho de propiedad colectiva de pueblos indígenas: primero, sobre la base de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH; segundo, una lectura del artículo 21 de la CADH a la luz del el art. 1 común de los Pactos Internacionales de la ONU; y tercero, la jurisprudencia de la Corte IDH

El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Se elige esta sentencia debido a que es el primer caso en el que el mencionado Tribunal utiliza la categoría “orientación sexual” como un criterio protegido por el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, como tal, es la resolución que da inicio a su ya abundante jurisprudencia en materia de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. En esa línea, en atención a lo sucedido con la señora Atala Riffo e hijas, la Corte IDH resalta la trascendencia del principio de igualdad y no discriminación, para la aplicación efectiva de los derechos contenidos en la CADH, tales como la igualdad ante la ley, la vida privada y familiar, las garantías judiciales y la protección específica de las niñas y niños. Es por ello que, a manera de conclusión, se sostiene que en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos: (i) es abierta la lista de categorías protegidas por el mandato de no discriminación, (ii) que la aplicación de la ley no debe dar lugar a diferencias de trato motivadas en la orientación sexual, (iii) que la orientación sexual de la madre o del padre no es relevante en un proceso de tenencia, ni en un proceso disciplinario, y (iv) que el derecho humano de las niñas y de los niños, a ser oídos en todo asunto que les afecta, está debidamente protegido por los artículo 8.1 y 19 de la CADH. / The main objective of this legal report is to analyze the Inter-American Court of Human Rights’ sentence in the case Atala Riffo and Children vs. Chile. This sentence was chosen because it’s the first case in which the Court uses the category “sexual orientation” as a criterion protected by article 1.1 of the American Convention on Human Rights. That resolution began the already abundant jurisprudence on protecting LGBTI people’s human rights. In response to what happened with Mrs. Atala Riffo and her daughters, the Inter-American Court highlights the importance of the principle of equality and non-discrimination for the effective application of the rights contained in the Convention, such as equality before the law, private and family life, judicial guarantees and the specific protection of children. In conclusion, it’s argued that in the Inter- American System for the protection of human rights: (i) the list of categories protected by the non-discrimination is open, (ii) the application of the law shouldn´t give rise to differences in treatment based on sexual orientation, (iii) the sexual orientation of the mother or father is not relevant in custody or disciplinary processes, and (iv) the human rights of the children, to be heard in all matters that affect them, is duly protected by articles 8.1 and 19 of the Convention.

Este artículo realiza un análisis de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de admitir o rechazar la reapertura de juicios penales como medida de reparación en casos de violencia basada en género. El texto revisará casos de violencia basada en género en los que la Corte IDH ha otorgado y no ha otorgado dicho remedio en particular, con el fin de identificar los criterios que utiliza para tomar postura. De una evaluación comparada, se extrae que la Corte IDH ha adoptado una tendencia a estimar procedente la reapertura cuando medien situaciones de violencia basada en género en el marco de graves violaciones de derechos humanos durante épocas de conflicto armado no internacional, y como parte de políticas estatales de violencia sistemática. En cambio, en aquellos casos de violencia basada en género donde no se cumplan tales condiciones de hecho, la respuesta de la Corte IDH ha sido de oponerse a dicha solicitud de remedio. Concluiré que la Corte IDH otorga una mayor importancia de afianzar el derecho a la verdad para los casos del primer tipo; y, consecuentemente, se permite limitar ciertas instituciones del derecho penal que entran en tensión en dichos escenarios. / This article analyzes the decisions of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) to admit or reject the reopening of criminal trials as a measure of reparation in cases of gender-based violence. The text will review cases of gender-based violence in which the IACtHR has granted or refused to grant this particular remedy, in order to identify the criteria it uses to take a position. From a comparative evaluation, it can be seen that the IACtHR has adopted a tendency to consider reopening to be appropriate in situations of gender-based violence in the context of gross human rights violations during times of non-international armed conflict, and as part of state policies of systematic violence. On the other hand, in those cases of gender-based violence where such de facto conditions are not met, the response of the IACtHR has been to oppose such request for reparation. I will conclude that the IACtHR attaches greater importance to upholding the right to the truth in cases of the first type; and, consequently, allows itself to limit certain institutions of criminal law that come into tension in such scenarios. / Trabajo académico

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se enfoca en las victimas durante todo el procedimiento contencioso pero aun es poco el esfuerzo para medir el impacto de la implementación de las decisiones adoptadas por la Corte en materia de reparaciones, si bien el propio sistema creó un mecanismo de seguimiento, este se ha convertido en un nuevo procedimiento contencioso muchas veces centrado en el estricto cumplimiento de la decisión de fondo pero olvidando la razón de ser del sistema: el interés en promover derechos en la victima. Es en este interés, de esta investigación hacer uso del enfoque de capacidades para poder describir cual es el impacto de las reparaciones en las victimas. La utilidad de este enfoque radica en que permitirá verificar el impacto que tienen las reparaciones en la vigencia de los derechos de las víctimas y así visualizar si efectivamente las reparaciones han logrado hacer pleno capacidades centrales en las victimas que haga reales los derechos convencionales Para lograr este propósito, se propone una metodología de análisis a la luz de la teoría de las capacidades, la cual es aplicada en 4 casos contenciosos seguidos contra el Perú, con la intención de medir como afectaron las reparaciones en el ejercicio de capacidades centrales en las victimas. Además, se explican las ventajas de medir el impacto de las reparaciones a la luz de este enfoque a la luz de los resultados obtenidos de los 4 casos materia de estudio. Al ser este estudio aproximativo y ser pionero en el análisis de impacto desde el enfoque de capacidades se espera que las conclusiones aquí desarrolladas sirvan como punto de partida para otros estudios, aunque como se verá a lo largo de la investigación, la posibilidad de este enfoque abre mayores puertas a otros tipos de análisis multidisciplinarios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El presente artículo versará en el análisis de dos sentencias de la Corte IDH en el que se detalla el caso dos mujeres fueron torturadas sexualmente por agentes militares en el periodo del Conflicto Armado Interno. En este análisis se analizará los hechos jurídicamente relevantes del caso, así como también los derechos y artículos tipificados en la Convención Americana de los derechos humanos que fueron violados por el Estado Peruano peruano. Todo ello por la acusación penal contra ellas en base a la ley especial “antiterrorista” tipificada en el Decreto Ley Nº 25475. La hipótesis que la autora buscará argumentar y fundamentar es que las mujeres procesadas por el delito de terrorismo en el Conflicto Armado Interno tenían mayores capas de vulnerabilidad analizado desde la perspectiva de género interseccional. 2. El Decreto Ley Nº 25475 y la violación a estándares internacionales fue la raíz de la violación a los derechos humanos protegidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos tales como la libertad personal, la integridad personal, las garantías judiciales y la igualdad y no discriminación hacia las mujeres detenidas por el delito de terrorismo sobrevivientes del delito de violación sexual perpetrado por militares. Por último, se plantearán conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos de la autora y búsqueda de justicia en base a las violaciones a los derechos humanos y la casuística real de las miles de mujeres víctimas de tortura sexual dentro del periodo de conflicto armado. / Trabajo académico

El presente informe de suficiencia profesional se basa en la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Olivera Fuentes vs Perú. En dicha decisión, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida privada, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio del señor Olivera Fuentes. Esta vulneración se produjo debido a las respuestas administrativas y judiciales brindadas por las autoridades frente a la denuncia interpuesta por el peticionario, alegando que fue discriminado en la cafetería de un supermercado debido a su orientación sexual. El problema principal analizado en el trabajo consiste en determinar la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de derechos del peticionario. A partir de ello, se examina si es que el Estado es responsable por la comisión de actos de discriminación cometidos por particulares, específicamente por la empresa de supermercado que llevó a cabo el acto de discriminación. Asimismo, se analizan los alcances de la vulneración de los derechos a la vida privada, igualdad ante la ley y libre desarrollo de la personalidad en relación a la orientación sexual del peticionario y la prohibición de discriminación. Finalmente, se evalúan los alcances de la inversión de la carga de la prueba en la relación de consumo que existía entre la empresa y el cliente para determinar el acto de discriminación en la cafetería. Ello se realiza como parte del análisis planteado para los derechos a la protección judicial y garantías judiciales del demandante. / The present professional sufficiency report is based on the judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Olivera Fuentes vs. Peru. In said ruling, the international responsibility of the State was declared for the violation of Mr. Olivera Fuentes' rights to privacy, judicial guarantees, equality before the law, and judicial protection. This violation occurred as a result of the administrative and judicial responses provided by the authorities in response to the petitioner's complaint, alleging discrimination in a supermarket cafeteria due to his sexual orientation. The main issue addressed in this report is to determine the State's international responsibility for the petitioner's rights violation. As such, an examination is conducted to ascertain whether the State bears responsibility for acts of discrimination committed by private individuals, specifically by the supermarket company that engaged in the discriminatory act. Furthermore, an analysis is conducted on the extent of the violation of rights to privacy, equality before the law, and the free development of personality with regard to the petitioner's sexual orientation and the prohibition of discrimination. Finally, an evaluation is made of the implications of the burden of proof reversal in the consumer relationship between the company and the client, aimed at determining the act of discrimination in the cafeteria. This assessment is undertaken as part of the analysis proposed for the petitioner's rights to judicial protection and judicial guarantees.

El presente informe tiene como objetivo analizar el caso Habbal y otros vs Argentina, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha sentencia se evaluó el caso de la señora Raghda Habbal y sus hijas, a quienes la Dirección Nacional de Población y Migraciones de Argentina les declaró nula sus radicaciones, pese a tener nacionalidad y residencia permanente argentina. Con dicho acto, se declaró ilegal su presencia en Argentina, se ordenó su expulsión inmediata del país y su detención precautoria. Para realizar el análisis, se ha tomado en consideración una evaluación por cada derecho afectado, diferenciándolo conforme con la calidad migratoria de cada miembro de la familia Habbal. Con ello, se demostró que la Corte IDH perdió una oportunidad para establecer y generar nuevos estándares en materia de movilidad humana que incluyeran temas como nacionalidad, apatridia, niñez, debido proceso, entre otros. Para ello, el presente trabajo se enfocó en los instrumentos jurídicos internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia y opiniones consultivas, así como normativa que ofrece un enfoque en la niñez, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, el análisis parte del herramientas metodológicas y documentales y no considera herramientas cualitativas y/o cuantitativas. / The purpose of this report is to analyze the case of Habbal et al. v. Argentina, decided by the Inter-American Court of Human Rights. This judgment evaluates the case of Raghda Habbal and her daughters who, having Argentine nationality and permanent residence, respectively, the National Directorate of Population and Migration issued Resolution No. 1088, which declared their residency null and void. Said act implied that their presence in Argentina was declared illegal, their immediate expulsion was ordered, and their precautionary detention was ordered. To conduct the analysis, an evaluation of each right affected was taken into consideration, as well as the migratory status of each family member of the Habbal family. This showed that the Inter-American Court of Human Rights missed an opportunity to establish and generate new standards on human mobility, including issues such as nationality, statelessness, children, due process, among others. To this end, this paper has focused on the international legal instruments of the Inter-American Human Rights System, including the American Convention on Human Rights, jurisprudence, and advisory opinions, as well as norms that offer a focus on children, such as the Convention on the Rights of the Child. In this sense, the analysis is based on methodological and documentary tools and does not consider qualitative and/or quantitative tools.

A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú, examino si el Estado peruano es responsable por la vulneración de los derechos al medio ambiente sano, salud, circulación y residencia, acceso a la información y participación política en detrimento de 80 habitantes oroyinos; así como por la afectación de los derechos de la niñez en perjuicio de 57 habitantes oroyinos que, cuando eran niños, vieron vulnerados sus derechos. Para ello, resalto que las violaciones ocurridas se encuentran aunadas a las actividades contaminantes derivadas del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ahora bien, con el fin de realizar mi análisis sobre el caso, he recurrido a fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales pertinentes y conexas, las cuales me permitieron arribar a la conclusión de que el Estado peruano sí es responsable. Primero, el Perú no tomó en consideración el principio de desarrollo sostenible al ejecutar, regular y supervisar la actividad metalúrgica en La Oroya, tampoco brindó la atención medica necesaria a la población afectada por la contaminación; y la degradación ambiental menoscabó la libre circulación por la ciudad y motivó desplazamientos forzados. Segundo, los oroyinos no pudieron acceder eficientemente a la información medioambiental sobre el estado de su ciudad ni tampoco participar activamente para transmitir sus intereses y preocupaciones socioambientales a las autoridades. Tercero, las y los niños oroyinos vieron afectados sus derechos a la salud, integridad y vida digna de una manera alarmante considerando su vulnerabilidad intrínseca. / Based on the judgment of the Inter-American Court of Human Rights referring to the Case of Inhabitants of La Oroya v. Peru, examined whether the Peruvian State is responsible for the violation of the rights to a healthy environment, health, movement and residence, access to information and participating in public affairs to the detriment of 80 inhabitants of La Oroya; as well as the impact on children's rights to the detriment of 57 inhabitants of La Oroya who, when they were children, saw their rights violated. For this, it is considered that the violations that occurred are linked to the polluting activities derived from the La Oroya Metallurgical Complex. To carry out my analysis of the case, I have resorted to relevant and related normative, jurisprudential, and doctrinal sources, which allowed me to reach the conclusion that the Peruvian State is indeed responsible. First, Peru did not take into consideration the principle of sustainable development when executing, regulating, and supervising the metallurgical activity in La Oroya, nor did it provide the necessary medical care to the population affected by the pollution; and environmental degradation undermined free movement around the city and led to forced displacement. Second, the people of La Oroya were unable to efficiently access environmental information about their city, nor did they actively participate in transmitting their socio-environmental interests and concerns to the authorities. Third, La Oroya's children saw their rights to health, integrity and a dignified life affected in an alarming way considering their intrinsic vulnerability.

En el proceso de selección para un puesto de trabajo en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica se produjeron situaciones arbitrarias para la elección. Por ello, en este informe se analiza el Caso Guevara Díaz vs. Costa Rica, recaído en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de junio del 2022. En este caso, la Corte colige que el Estado de Costa Rica es responsable por discriminación por razón de discapacidad, en perjuicio del señor Guevara Díaz durante el proceso de selección para el puesto de trabajador misceláneo en el Ministerio de Hacienda. En este sentido, el presente informe analiza y critica los principales puntos de cuestionamiento realizados por la Corte referidos al reconocimiento de responsabilidad estatal, la discapacidad como categoría protegida dentro del mandato de no discriminación, así como la obligación de reparación del Estado. La metodología utilizada en el presente informe se centra en el estudio jurídico de los derechos involucrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como otros instrumentos internacionales pertinentes como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otras fuentes de derecho relevantes como la doctrina. / In the selection process for a job position in the Ministry of Finance of Costa Rica, there were arbitrary situations for the election. Thus, this report analyzes the Case of Guevara Díaz vs. Costa Rica, which is the result of the judgment of the Inter-American Court of Human Rights of June 22, 2022. In this case, the Court concludes that the State of Costa Rica is responsible for discrimination on the basis of disability, to the detriment of Mr. Guevara Díaz during the selection process for the position of miscellaneous worker in the Ministry of Finance. In this sense, this report analyzes and criticizes the main points of questioning made by the Court regarding the recognition of State responsibility, disability as a protected category within the mandate of non-discrimination, as well as the State's obligation to provide reparations. The methodology used in this report focuses on the legal analysis of the rights involved in the American Convention on Human Rights, as well as other relevant international instruments such as the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, and other relevant sources of law such as doctrine.