Em meio ao contexto da Guerra Fria, a segunda metade do século XX trouxe para a América Latina, em oposição às lutas por emancipação popular, ditaduras civis-militares que perpetraram gravíssimas violações de Direitos Humanos contra a população que deveria estar sob a guarida dos Estados. Em resposta a isso, movimentos de resistência tanto pacíficos quanto armados eclodiram pelo continente. Um dos episódios de resistência mais emblemáticos deste período no Brasil foi a chamada Guerrilha do Araguaia, da qual chegaram a participar 86 indivíduos – quase todos estudantes universitários que viram nas armas o único meio de derrubar a ditadura. A reação do Exército não tardou e, destes 86, 70 foram vítimas de desaparecimento forçado. Em 2010, o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a localizar os desparecidos e a punir os responsáveis por essas violações, entre outras medidas. Transcorrido um ano da sentença, o Brasil entregou à Corte seu Relatório de Cumprimento, o qual é objeto de análise deste trabalho a partir do marco teórico da Justiça de Transição. / As a consequence of the Cold War, the second half of the twentieth century brought to Latin America, in opposition to the popular struggles for emancipation, civil-military dictatorships which perpetrated serious Human Rights violations against the population who should be under the protection of the States. In response to this, both peaceful resistance movements as well as armed ones erupted across the continent. One of the most iconic episodes of resistance in Brazil was the Guerrilha do Araguaia, which involved 86 individuals at its best moment – almost all of them college students who saw armed resistance as the only way to overthrow the dictatorship. The Army’s reaction came soon after and, of the 86 who joined the guerrilla, 70 were victims of enforced disappearance. In 2010, the Brazilian State was held responsible for these disappearances before the Inter-American Court of Human Rights, which demanded the State to locate those who were still missing and to punish those responsible for the violations, among other measures to be taken. One year after the sentence was issued, Brazil handed in its Compliance Report, which is the object of study of the present work under the theoretical framework of Transitional Justice.

In this article I develop a normative theory of the subsidiarity principle in international adjudication, which seeks to offer a balanced answer to the question of to what extent is it legitimate for a body such as the European Court of Human Rights to interfere with the national criteria in the face of a complaint on conventional rights violation. In contrast with demands for greater deference to states in both Europe and Latin America, based on a statist idea of subsidiarity, I articulate a «cooperative» understanding of the ideas of human rights and the principle of subsidiarity, linking them to Buchanan’s notion of ecological legitimacy. The proposal I defend leads to a division of institutional labor within regional human rights systems that increases the legitimacy of all the institutions involved. At the same time, I devote the last part of the paper to implement such cooperative view, on the one hand, showing the importance of an incremental logic in the effective protection of human rights and, on the other hand, offering a rationalized version of the national margin of appreciation doctrine. / En este trabajo desarrollo una teoría normativa del principio de subsidiariedad en la adjudicación internacional que pretende ofrecer una respuesta equilibrada a la pregunta de hasta qué punto es legítimo para un órgano como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interferir en el criterio estatal cuando valora una denuncia por violación de derechos convencionales. Frente a las demandas de una mayor deferencia hacia los Estados que encontramos tanto en Europa como en Latinoamérica, basadas en una idea estatista de la subsidiariedad, articulo una concepción «cooperativa» de los derechos humanos y del principio de subsidiariedad, uniéndolas a la idea de legitimidad ecológica sugerida por Buchanan. La propuesta que defiendo conduce a una división del trabajo institucional dentro de los sistemas regionales de derechos humanos que aumenta la legitimidad de todas las instituciones involucradas. Al mismo tiempo, desarrollo una forma de implementar esta concepción cooperativa, por una parte, mostrando la importancia de una lógica incremental en la protección efectiva de derechos humanos y, por otra parte, ofreciendo una versión racionalizada de la doctrina del margen de apreciación estatal.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El Daño al Proyecto de Vida es un concepto frecuentemente utilizado por el sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ido desarrollándose paulatinamente a través de la doctrina. Sin embargo, éste no se encuentra recogido positivamente tanto a nivel internacional como interno, dificultando por ello su aplicación e interpretación. En el presente trabajo se busca unificar la información disponible relacionada a la conceptualización de esta categoría de daño para analizar su posible incidencia en el ordenamiento chileno. Lo anterior se realiza mediante la revisión de dos casos nacionales paradigmáticos: el de la pastora aymara Gabriela Blas, condenada penalmente por el abandono de su hijo, y de la iniciativa impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual para promover la incorporación del matrimonio igualitario en la legislación chilena. Nace como principal interrogante y desafío de esta investigación analizar el nivel de flexibilidad que permite el concepto de Daño al Proyecto de Vida y, a contrario sensu, delimitar adecuadamente su extensión. La tarea no resulta sencilla. En efecto, se aborda esta labor mediante la aplicación de los requisitos establecidos, fundamentalmente, por la doctrina para la configuración del Daño al Proyecto de Vida a situaciones no enfrentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de los derechos colectivos y de la omisión como origen de la transgresión. Estos objetivos implican necesariamente relacionar nuestro ordenamiento interno, tanto en su faceta pública como privada, con el sistema internacional de los derechos humanos para establecer de qué forma podría incluirse y aplicarse a situaciones amparadas por la normativa chilena

El presente trabajo de suficiencia profesional versa sobre la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso J vs. Perú. El método que se usa se basa en la determinación de los hechos jurídicamente relevantes, la identificación y desarrollo de los problemas jurídicos, el análisis de cada uno de ellos, propuestas de la Bachillera, formulación de conclusiones y recomendaciones. De acuerdo al análisis, se observa que la señora J. sufrió detención ilegal y arbitraria, violencia sexual y tortura por razones de género y variables referentes al contexto social y político del conflicto armado interno. Asimismo, sufrió la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley. En ese sentido, se concluye la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a no ser sometido a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El problema principal radica en determinar si es que el Estado es responsable internacional por actos de violencia sexual perpetrados por sus agentes en perjuicio de la señora J. Por último, es preciso señalar que la perspectiva de género debe aplicarse en el análisis de los casos de violación sexual en el conflicto armado interno ocurrido en Perú en los años 1980 – 2000, en la cual los agentes del Estado perpetraron violencia de género a la mujer como herramienta contrasubversiva. El enfoque es importante para construir un país en justicia transicional y justicia de género.

Los días 03 y 04 de mayo de 2006, en el municipio San Salvador de Atenco (México), se dio uno de los episodios de represión policial más fuertes en la historia reciente de México. Lo sucedido en esos días dejó un saldo de dos civiles muertos, múltiples heridos y más de cien personas detenidas. Entre ellas, once mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual, por parte de agentes estatales. El presente trabajo de suficiencia profesional busca analizar, desde un enfoque de género, la sentencia publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, en el que declara al Estado de México como responsable internacional por las violaciones a los derechos humanos de las 11 mujeres. Para esto se analizarán los argumentos establecidos por la Corte, en específico sobre la discriminación contra las mujeres y su vínculo con la violencia que se ejerce en su contra, la instrumentalización de sus cuerpos y el efecto nocivo que se genera en la administración de justicia a partir de agentes estatales que operan en base a estereotipos de género (a nivel policial, fiscal, judicial e incluso autoridades estatales). La elección de la sentencia se justifica en su relevancia para los derechos de las mujeres, al ser la primera sentencia a nivel interamericano que declara la responsabilidad de un Estado por haber utilizado la tortura sexual como arma de control social y represión de una protesta o manifestación; pero también al haber sido una oportunidad desaprovechada por la Corte para hablar sobre violencia institucional.

El presente informe jurídico versa sobre la sentencia de fondo del caso Habitantes de La Oroya vs. Perú de fecha 27 de noviembre de 2023. Esta sentencia desarrolla las vulneraciones a derechos humanos a causa de las actividades extractivas que provocaron la contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya, Perú. En ese marco, se analizarán los argumentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empleado para declarar la responsabilidad internacional del Estado peruano. Respecto de ello, se profundizará en la manera en que la contaminación ambiental provocó una situación de mayor vulnerabilidad a niños, niñas y mujeres y se analizarán las afectaciones diferenciadas a sus derechos humanos. De igual manera, se abordará uno de los mayores aportes de la sentencia, sobre el desarrollo del contenido del derecho al medio ambiente sano, a fin de profundizar en su importancia, cuestionar el debate aún existente sobre su justiciabilidad directa y los retos que aún persisten en la materia. Finalmente, dada la importancia del contexto histórico y diferenciado, se torna menester que las reparaciones hayan sido dictadas considerando el enfoque transformador. Es así que, con el objetivo de sustentar todas estas conclusiones, se utilizarán diversos cuerpos normativos, jurisprudencia y doctrina tanto nacional como internacional. / This legal brief refers to the judgment of the case “Residents of La Oroya vs. Peru” published on 27 November 2023. This judgment develops the human rights violations due to the extractive activities that caused environmental contamination in the city of La Oroya, Perú. In this context, the arguments that the Inter-American Court of Human Rights has used to declare the international responsibility of the Peruvian State will be analyzed. In this regard, the way in which the environmental contamination caused a situation of greater vulnerability to children and women will be examined in depth and the differentiated effects on their human rights will be analyzed. Similarly, one of the major contributions of the judgment will be addressed, on the development of the content of the right to a healthy environment, in order to deepen its importance, question the debate still existing on its direct justiciability and the challenges that still persist in the matter. Finally, given the importance of the historical and differentiated context, it is necessary that the reparations have been dictated considering the transformative approach. Thus, in order to support all these conclusions, various bodies of law, jurisprudence, and national and international doctrine will be used.

La existencia o no de ancestros en la Amazonía indígena ha sidoobjeto de importantes debates. Sin embargo, los líderes de la región no dudan en llamar ‘ancestrales’ sus saberes, normas o territorios,en un sentido que, desde un punto de vista académico, puede parecer enigmático. «Ancestrales, pero… ¿con o sin ancestros?», preguntaría entonces, confuso, el antropólogo. En este artículo propongo aportar elementos de respuesta a estapregunta a través del caso peruano. Primero analizo cómo los líderes indígenas amazónicos, conectándose al circuito del derecho internacional, adoptan la noción jurídica de ‘posesión ancestral’ del territorio para adaptarla al ámbito político. Este planteamiento rinde cuenta de la generalización y uniformización reciente del vocablo ‘ancestral’ pero deja pendiente el problema de su eventual articulación con las cosmologías indígenas que pretende reflejar. Por eso, en la segunda parte, intento sondear sobre la pertinenciade la categoría de ‘ancestro’ en la Amazonía indígena, recordando brevemente el debate académico para ir definiendo en qué medida esta categoría puede cobrar sentido. A partir del testimonio de un experimentado líder awajún, la tercera parte permite, entonces, volver más explícitos los diferentes sentidos y planos referenciales que despliega la referencia a lo ancestral, mostrando cómo los indígenas amazónicos no solo adoptan elementos conceptuales y discursivos externos, sino que al mismo tiempo los transforman a partir de sus propias singularidades cosmológicas y perspectivas políticas. / The existence —or not— of the concept of ancestors in the indigenous Amazon has been the subject of much debate. However, regional leaders do not hesitate to call upon ‘ancestral’ knowledge, customs, or territories in the sense that, from an academic point of view, could appear enigmatic. «Ancestral, but… with or without ancestors?» is the question a confused anthropologist might ask. In this article, I propose to offer elements of a response to this question,based on a case study in Peru. First I analyze how Amazonian indigenous leaders, following international law, have adopted the legal notion of ‘ancestral possession’ of their territory to adapt it to the political sphere. This approach accounts for the recent generalization and uniformization of the term ‘ancestral’, but poses the problem of how it articulates with the indigenous cosmologies that it supposes to reflect. For this reason, I explore in the second section the pertinence of the category of ‘ancestor’ in the indigenous Amazon, briefly drawing upon the academic debate in order to define inwhat way this category takes on meaning. Based on testimony from an experienced Awajún leader, we thus return in the third section more explicitly to the different meanings and planes of reference that unfold when one uses the term ‘ancestral’, showing how Amazonian indigenous people not only adopt external conceptual elements and arguments, but also transform them based on their own cosmological singularities and political perspectives.

This investigative research has been prepared based on the judgment of the Inter-American Court of Human Rights of November 24, 2010, issued in the case Gomes Lund. In it, the Inter-American Court finds, unanimously, the international responsibility of the Brazilian State for the enforced disappearance of members of the Guerrilla do Araguaia and violation of multiple human rights of the direct victims of disappearance, their families and Brazilian society as a whole. One of the central aspects of the judgment is it statement toward the ineffectiveness of the Amnesty Law (1979), thus eliminating the main obstacle that prevents the search for justice in domestic courts. However, in the Brazilian domestic level, the Supreme Federal Court reached a majority agreement within the framework of a constitutional action (complaint action of non-compliance of fundamental n°153, 2010), by which it declared that the Brazilian Amnesty Law is not subject to review, that it legal status is a quasi-law (law-measure) under which lacks the ability to be interpreted by a court of law. Notwithstanding which, the judgment of the majority in a new, mistaken and falsely way extended its scope until making match the Amnesty Law with the source from which emanates the legitimacy of the Brazilian constituent (1988). In other words, Brazilian democracy – this say by the highest authority of the judiciary of this country – is founded and based on impunity for serious violations of human rights and crimes against humanity committed during the state terrorism that hit Brazil in its recent past. In order to reaffirm the juridical unsustainability of the decision of the Brazilian Supreme Court already mentioned, this research is based on the hypothesis that the violation of human rights inevitably implies a violation of constitutional order, national and international. And this is so because the contemporary notes of human rights and the institutionalization of universal jurisdictions with a mandate to protect and promote them converge with regulatory and internal jurisdictions in the structural space of law. For this, through three chapters, is develop first, the conception of human rights that traces this investigative perspective and its housing in the core of universal institutional processes: culture and democracy. Second, this perspective is confronted with the practice of the organs of the Inter-American System of Human Rights, which is approached from the angle of the contentious jurisdiction of the Commission and Inter-American Court. Finally, the Inter-American patterns or standards are analyzed - inaugural, central and arguably consolidated for decades at the regional level - in the field of forced disappearance of persons, and illustrated its correct juridical incorporation by the judgment of the Supreme Court of Argentina in the cause Simón (2005). The study aims to demonstrate or rather reaffirm that the Federative Republic of Brazil is in possession of the juridical elements that will allow the country to fully comply with the judgment of the Inter-American Court pronounced in the case Gomes Lund and which is still pending compliance. That is, ultimately, this research bet, that Gomes Lund case will have a future; future that will have repercussions on the functioning of Justice, the strengthening of Social Democracy and the rule of law consolidation in Brazil. This research is conducted through the analytical method and the case study method. / O presente trabalho tem sido elaborado com base na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 24 de novembro de 2010, emitida no caso Gomes Lund. Nela, a Corte Interamericana verifica, por unanimidade, a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado dos membros da Guerrilha do Araguaia e a violação de múltiplos direitos humanos das vítimas diretas de desaparecimento, de seus familiares e da sociedade brasileira como um todo. Um dos aspetos centrais da decisão judicial encontra-se na declaração de ineficácia da Lei de Anistia brasileira (1979), eliminando, assim, o principal obstáculo que impede a busca por justiça na jurisdição interna. No entanto, no âmbito interno brasileiro, o Supremo Tribunal Federal alcançou um acordo por maioria no marco da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental n°153 (2010), pelo qual declarou que a Lei de Anistia brasileira não é suscetível de revisão, que o seu estatuto jurídico é o de uma quase-lei (lei-medida) em virtude do qual carece de possibilidade de ser interpretado por um tribunal de justiça. Não obstante o qual, esse acórdão da maioria estendeu nova, equivocada e falsamente o seu alcance até fazer coincidir a Lei de Anistia com a fonte de onde emana a legitimidade do constituinte brasileiro (1988). Ou seja, a democracia brasileira – segundo a mais alta autoridade do Judiciário desse país – se funda e assenta sobre a impunidade das graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade cometidos durante o terrorismo de Estado que assolou o Brasil no seu passado recente. A fim de reafirmar a insustentabilidade jurídica da decisão do Supremo Tribunal Federal já mencionada, a presente pesquisa baseia-se na hipótese de que a violação dos direitos humanos implica, inevitavelmente, uma violação da ordem jurídica constitucional, nacional e internacional. E que isto é assim porque as notas contemporâneas dos direitos humanos e a institucionalização das jurisdições universais com mandato para proteger e promovê-los convergem com as normativas e as jurisdições internas no espaço estrutural do Direito. Para isso, por meio de três capítulos se desenvolve, primeiro, a conceição de direitos humanos que traça esta perspectiva investigativa e sua habitação no núcleo de processos institucionais universais: cultura e democracia. Em segundo lugar, essa perspectiva é confrontada com a prática dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é abordada a partir do ângulo da competência contenciosa da Comissão e Corte Interamericanas. Finalmente, são analisados os padrões interamericanos – inaugurais, centrais e indiscutivelmente consolidados durante décadas no nível regional – em matéria de desaparecimento forçado de pessoas, sendo ilustrada sua correta incorporação jurídica através da sentença da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina na causa Simón (2005). O estudo tem por objetivo demonstrar ou, melhor, reafirmar que a República Federativa do Brasil está na posse dos elementos jurídicos que lhe permitirá cumprir integralmente a sentença da Corte Interamericana pronunciada no caso Gomes Lund e que ainda está pendente de cumprimento. Ou seja, em última análise, esta pesquisa aposta que o caso Gomes Lund terá um porvir; porvir que repercutirá no funcionamento da Justiça, no fortalecimento da Socialdemocracia e na consolidação do Estado de Direito no Brasil. Os métodos com recurso aos quais esta pesquisa é conduzida são o método analítico e do método de estudo de caso.

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O estudo investiga as providências que vêm sendo tomadas por estes países no que diz respeito à elucidação da verdade e preservação da memória relativamente às violações aos direitos humanos praticadas pelo Estado durante as ditaduras militares instaladas nestas sociedades na segunda metade do século XX. O trabalho tem por objetivo apurar se as políticas públicas de memória e verdade estabelecidas nos dois países satisfazem esses direitos de acordo com o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pretende-se, ainda, obter possíveis contribuições à experiência brasileira. Utiliza-se o método comparativo, a partir da averiguação sobre as semelhanças e diferenças da redemocratização de cada país no que concerne aos aspectos envolvendo memória e verdade. Os dados necessários à pesquisa foram obtidos através da análise documental. Foi possível constatar que ambos os países iniciaram sua democracia ainda sob forte influência da elite militar que exercia o governo durante o período de exceção. Para tanto, muitas medidas foram tomadas antes da transição entre os regimes no sentido de assegurar privilégios aos militares, a exemplo das leis de autoanistia, editadas nos dois casos. Mesmo diante desse contexto, o Chile, de imediato, instaurou uma Comissão Nacional da Verdade, processo que teve continuidade com a implementação de outras medidas de memória e verdade ao longo dos anos. No Brasil, somente após mais de uma década após o término da ditadura adotou-se as primeiras iniciativas atinentes à temática. Dessa forma, a ausência de esclarecimentos e reconhecimento quanto à violência praticada no passado constitui uma lacuna que compromete a consolidação da democracia no país. A recente criação de uma Comissão Nacional da Verdade significa um passo importante nessa direção. A plena efetivação do direito à memória e à verdade nos dois casos, porém, somente pode ser concluída a partir da adoção de medidas de memória e verdade em suas dimensões individuais e coletivas capazes de evitar a repetição das atrocidades cometidas no passado. / This dissertation analyzes the realization of the right to memory and truth in Chilean and Brazilian transitional justice. The study investigates the steps that are being taken by these countries with regard to the elucidation of truth and memory preservation in relation to human rights violations, committed by the State during the military dictatorships installed in these societies in the second half of the twentieth century. The work aims to determine whether public policies of memory and truth established in the two countries fulfill these rights in accordance with the understanding of the Inter-American Court of Human Rights. Obtaining possible contributions to Brazilian experience is intended. Comparative method is used from the inquiry about the similarities and differences of democratization in each country with regard to aspects involving memory and truth. The data required for this research were obtained through document analysis. It was possible to find that both countries started their democracies under strong influence of military elite which held the government during the exception period. To this end, several measures were taken before the transition between the regimes to ensure privileges to the military, such as self-amnesty laws, edited in both cases. Despite this context, Chile, immediately established a National Truth Commission, a process that continued with the implementation of other measures of memory and truth over the years. In Brazil, only after more than one decade, after the dictatorship was ended, the first initiatives relating to the thematic were adopted. Thus, clarification and recognition absence related to the violence of the past is a gap which compromises the democracy consolidation in the country. The recent establishment of a National Truth Commission is an important step in that direction. The full realization of the right to memory and truth in both cases, however, can only be completed with the adoption of memory and truth measures in their individual and collective dimensions able to avoid the repetition of the atrocities committed in the past.

[pt] A presente pesquisa visa à fundamentação teórica do reconhecimento dos povos indígenas como verdadeiros sujeitos do Direito Internacional dos Direitos Humanos, através do resgate do pensamento jurídico e teológico dos autores da Escola Ibérica da Paz, cujos escritos, datados dos séculos XVI e XVII, colocaram em causa os fundamentos éticos, jurídicos e políticos do processo de conquista e colonização do Novo Mundo. Trata-se de um momento histórico particularmente privilegiado para esta análise, em primeiro lugar, pelo ineditismo do contato civilizacional proporcionado pela chegada das naus espanholas e portuguesas na América, sob os auspícios das Coroas ibéricas e do Papa, impulsionando os autores do Renascimento peninsular a adequar toda a tradição filosófica mediterrânea cristã a uma nova realidade, resultando na reinvenção do direito natural e das gentes no quadro de uma realidade cultural bastante distinta daquela do orbis christianus medieval. Em segundo lugar, este contexto histórico e geográfico permite uma análise do Direito Internacional, ainda como jus gentium, ou seja, antes do modelo westfaliano de repartição das soberanias estatais pós 1648. Para a compreensão do problema de pesquisa proposto em toda sua amplitude, o trabalho divide-se em três partes principais. A primeira dedica-se ao estudo do fenômeno da coletivização da proteção internacional dos direitos humanos, analisando de início as fontes de inspiração utilizadas para a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o processo decisório que gerou a divisão dos Pactos Internacionais das Nações Unidas em dois instrumentos com a previsão de direitos civis e políticos separadamente dos direitos econômicos, sociais e culturais e com mecanismos de implementação distintos, o que resultou na proteção dos direitos humanos individuais mais amplamente desenvolvida que aquela em dimensão coletiva. Demonstra-se, ao final, que, apesar de resistências teóricas, as coletividades humanas possuem, contemporaneamente, um lócus standi nos sistemas de peticionamento internacional em casos de graves e sistemáticas violações de direitos humanos. A segunda parte destaca a trajetória dos povos indígenas de objetos a sujeitos do direito internacional, assim como examina o processo emancipatório dos povos indígenas no Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Esta parte intermediária do trabalho demonstra ainda o reconhecimento da condição de sujeitos coletivos dos povos indígenas por meio do estudo da casuística indigenista da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobretudo após o caso paradigmático do povo Kichwa de Sarayaku v. Equador (2012). Entretanto, por este trabalho não objetivar uma análise apenas hermenêutica e normativista do Direito Internacional dos Povos Indígenas, a terceira parte revela o papel da Escola Ibérica da Paz, nos séculos XVI e XVII, na defesa dos direitos dos povos indígenas do Novo Mundo. Graças à perspectiva do direito natural e das gentes, os povos indígenas eram considerados pelos autores ibéricos como comunidades humanas livres e soberanas que, como qualquer outro reino cristão, tinham o direito de se autogovernar e dispor de suas terras. / [en] The aim of this thesis is to research the theoretical basis for the recognition of indigenous peoples as true subjects of the international law for human rights, by means of recovering the legal and theological thought of the authors of the Iberian School of Peace. Their written work which dates of the sixteenth and seventeenth centuries discuss the ethical, legal and political basis for the process of conquer and colonization of the New World. Their debates occurred in a privileged moment for the analysis, firstly because of the unprecedented contact of civilizations created by the arrival of the Spanish and Portuguese caravels in America, under patronage of the Iberian kings and the Pope. This contact stimulated the authors of the Renascence in the Iberian Peninsula to adapt the Christian Mediterranean philosophy tradition to a new reality which resulted on reinvention of the natural law and the law of nations under the frame of a cultural reality very different from that of the medieval orbis christianus. Secondly, the historic and geographic context of the Iberian School of Peace allows an analysis of the International Law still as jus gentium, i.e. before the Westphalian model of state sovereignty established in 1648. For complete understanding the research problem, the thesis is divided in three parts. The first part is dedicated to the study of phenomenon of the collectivization of the international law of the human rights. It analyses the sources that provide inspiration for the Universal Declaration of Human Rights and the decision process that divided the International Pacts of the United Nations in two instruments, one for civil and political rights and other for economic, social and cultural rights. The fact that the two instruments have distinct implementation mechanisms resulted on the protection of individual human rights being more widely developed than the protection of the collective dimension of human rights. It is demonstrated that besides the resistance in the tradition of human rights theory, human collectivities currently have locus standi in the international petitioning systems for the systematic violation of human rights. The second part emphasizes the trajectory of indigenous peoples from objects to subjects of international law, and examines their emancipatory process under the New Latin American Constitutionalism. This intermediate part of the work demonstrates the recognition of the condition of collective subjects for the indigenous peoples by means of the study of indigenous case law brought to the Inter-American Court of Human Rights, especially after the paradigmatic case of the people Kichwa de Sarayaku v. Ecuador (2012). As this thesis does not aim to analyze the international law of the indigenous peoples resorting only to legal hermeneutics and normative studies, the third part reveals the role of the Iberian School of Pace of the sixteenth and seventeenth centuries to the protection of indigenous peoples rights in the new world. Due to the perspective of the natural law and the law of nations, the indigenous peoples were considered by the Iberian authors as free and sovereign human communities that, as any other Christian kingdom, had the right of self-government and control of their lands.