El presente artículo intenta observar el principio de la responsabilidad del superior recogido en el artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo que incluye las obligaciones de prevención y sanción, y dentro de estas las medidas idóneas y razonables para cumplir tales deberes. Estas medidas fueron mencionadas en la primera sentencia relacionada a este principio por la Corte Penal Internacional en el caso de Jean Pierre Bemba Gombo, tratando de encontrar la responsabilidad de este por la comisión de crímenes internacionales debido a la omisión de tomar tales medidas que se encontraban bajo su poder como superior. El trabajo busca encontrar el origen de estas medidas y su evolución junto a la doctrina de la responsabilidad del superior, desde el intento de normar los conflictos armados, pasando por los tribunales de las dos grandes guerras y tribunales ad hoc que contribuyeron con su desarrollo, hasta su consagración en el mayor instrumento de derecho penal internacional, el Estatuto de Roma. Finalmente, nos encontraremos ante la falta de alguna regulación o lista que pueda considerarse aplicable sin ser cuestionada por su legalidad dentro del derecho penal y así juzgar a los grandes responsables por la comisión de crímenes internacionales.

El tema central de la tesis es desarrollar elementos relevantes de la cooperación internacional de los Estados Parte y no Parte del Estatuto de Roma y su importancia para el funcionamiento efectivo de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a las situaciones de los países que está examinando. Se considera trascendente la investigación dado que permitirá establecer la relación necesaria que debe existir entre algunos mecanismos de la cooperación internacional y su importancia en el funcionamiento efectivo de la CPI. La tesis ayudará a conocer cómo hacer más efectiva la justicia penal internacional que ejerce la Corte. Lo que se quiere demostrar es que la Corte Penal Internacional CPI juzgará con rigor y dentro del marco de la legalidad a los responsables de los más graves crímenes perpetrados contra la humanidad y se evitará la impunidad, si los Estados, ostentando voluntad política, fortalecen e institucionalizan los mecanismos de cooperación existentes. Asimismo, el objetivo de la investigación es identificar lineamientos de acción por parte de los Estados a fin de superar la relación entre lo normado en el Estatuto de Roma sobre la cooperación internacional de los Estados Parte de la CPI y el real desempeño de la justicia penal internacional ejercida por la Corte en las situaciones que viene conociendo. En ese sentido, las Oficinas de Enlace constituyen el vínculo adecuado, idóneo y oportuno para optimizar la cooperación internacional entre la Corte y los Estados, de manera ágil y eficaz, que garantice el cumplimiento de las solicitudes de cooperación que sean enviadas a los países. Las Oficinas de Enlace y los Funcionarios de Enlace, específicamente, tendrían como objetivo colaborar en la superación de los impases y obstáculos que se presentan para la CPI en materia de cooperación en diferentes aspectos como la conducta de los Estados, la necesidad de realizar labores de proyección exterior, la situación y participación de las víctimas en los procesos, entre otros. Con la implementación e institucionalización de las Oficinas de Enlace se facilitará la tramitación y diligenciamiento de las posibles solicitudes que pudiera enviar la Corte a los Estados Parte, debido a que se evitará o serían menos frecuentes los conflictos entre los Poderes del Estado, en especial los Poderes Ejecutivo y Judicial, al ejecutar órdenes de detención y arresto emitidas por la CPI.

El tema de la presente tesis tiene relevancia jurídica actual, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional, por ser materia de discusión a partir de la jurisprudencia reciente de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, su objetivo principal es identificar cuál es la protección que el Derecho Internacional Humanitario ofrece frente a la violencia intra filas dentro de los grupos armados organizados, teniendo como hipótesis que la misma la configura el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. El análisis está basado en el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esta línea, se hace uso del método sociológico para analizar la realidad a la que se enfrentan los miembros de los grupos armados en la actualidad. Asimismo, se utiliza el método analítico en lo que corresponde al estudio de las ramas del Derecho Internacional antes mencionado. Finalmente, la conclusión principal de la investigación es que la protección que otorga el Derecho Internacional Humanitario a los miembros de los grupos armados frente a la violencia intra filas corresponde al artículo 3 común antes mencionado, en base a la influencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la luz de los desarrollos en la jurisprudencia reciente del Derecho Penal Internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto analizar las decisiones de confirmación de cargos y sentencias definitivas pronunciadas por la Corte Penal Internacional, con el objeto de identificar los principales criterios que han sido identificados y aplicados por la Corte al momento de analizar la imputación de un individuo de quien se alega la comisión de un crimen de competencia de la Corte, sea como autor o partícipe. Para esos efectos, esta memoria comienza con una descripción de los modelos de responsabilidad individual que han sido aplicados en derecho penal internacional a lo largo de los años teniendo en cuenta que los tribunales penales internacionales han tratado las formas de autoría y participación de manera más bien disímil a lo largo del tiempo, especialmente durante los siglos XX y XXI. A continuación, se describen los criterios identificados que han sido considerados por la Corte Penal Internacional, tanto al momento de confirmar cargos como de condenar o absolver a los imputados de crímenes de su competencia. En esa sección se presenta también un análisis crítico de las decisiones y criterios, a fin de determinar si la Corte se ha atenido a lo dispuesto en su Estatuto, o por el contrario, ha excedido los términos del mismo en su ejercicio interpretativo. Este trabajo finaliza con las conclusiones, que recogen los principales avances logrados por la Corte Penal Internacional, y los desafíos que ésta enfrenta en lo sucesivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No cabe duda que la situación del continente africano es sumamente compleja, en particular en lo que se refiere a las graves violaciones que se han cometido en contra del Derecho Internacional Humanitario. Es por ello que en el curso de este trabajo, aún cuando hicimos el tratamiento de las dos instancias jurisdiccionales creadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en la década de los ’90, el TPIR y el TPIY, nos hemos centrado primordialmente en el caso ruandés, ya que es el que más aportes jurisprudenciales ha efectuado al Derecho Internacional Penal del último tiempo. Además, es aquel que ha sido objeto de menos estudio por parte de la doctrina, la cual se ha visto bastante más interesada en el caso yugoslavo que en el africano, según pudimos constatar al buscar información sobre el tema. La cruda realidad de lo que allí se sucede es una cuestión que a los ojos de occidente puede resultar no solo chocante sino que también muchas veces incomprensible. En África el respeto a la vida y a la integridad de las personas es algo que se encuentra lejos aún de transformarse en una prioridad, tanto de los gobiernos como de los habitantes de la región

El fallo de la Sala de Primera Instancia III de la Corte Penal Internacional sobre el caso del Fiscal contra Jean Pierre Bemba Gombo fue el primero en atribuir responsabilidad penal internacional al imputado bajo la modalidad de responsabilidad de mando o del superior jerárquico. También fue el primer fallo de la Corte en declarar culpable a una persona por el crimen de violación sexual, tanto como crimen de guerra, como crimen de lesa humanidad. Este trabajo tiene por objetivo analizar la postura de la Corte sobre estas dos figuras, revisando los conceptos aplicados y los hechos presentados por el Fiscal de la Corte. En base a este análisis, es posible concluir la validez jurídica de la posición de la Corte, así como el impacto que tiene en el desarrollo del Derecho Penal Internacional en relación a crímenes que no han recibido la atención necesaria de la Corte en casos anteriores y a una modalidad de responsabilidad que permite que comandantes o superiores que no hayan cometido los crímenes de manera directa, puedan ser encontrados culpables internacionalmente por ellos, en atención a la posición de control que ostentan sobre sus tropas o subordinados. De ese modo, también es posible afirmar que esta sentencia es un paso adelante para puede evitar que crímenes internacionales queden en la impunidad

En el presente trabajo se aborda los crímenes de “embarazo forzado” y “matrimonio forzado”, a la luz del caso Prosecutor vs. Ongwen ante la Corte Penal Internacional. En ese sentido, esta sentencia sanciona, por primera vez, por embarazo forzado como un crimen de lesa humanidad y de guerra, además que identifica la sanción de matrimonio forzado como un crimen de lesa humanidad, a través de la cláusula residual “otro acto inhumano” (7.1.k del Estatuto de Roma). Ante ello, sostenemos que, si bien la sentencia de culpabilidad resulta importante a efectos de la rendición de cuentas y de la justicia hacia miles de víctimas, consideremos que la Sala de Primera Instancia no desarrolla el bien jurídico protegido sobre “autonomía reproductiva”, ello a razón de las implicancias que conlleva su reconocimiento y ejercicio del mismo, en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente el artículo 16 de la CEDAW. Por otro lado, consideramos que con la sanción por “embarazo forzado”, mediante“otro acto inhumano” (7.1.k del Estatuto de Roma), se da el reconocimiento de un nuevo crimen independiente de la lista contemplada en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, lo cual permite abordar el bien jurídico protegido de “autonomía conyugal”. Por lo tanto, en la primera parte del trabajo se aborda de manera histórica y conceptual los crímenes de violencia sexual y reproductiva. Seguidamente, se desarrollan los crímenes de embarazo forzado y matrimonio forzado, a partir de la sentencia del caso Ongwen. Finalmente, ante el actual estado de proceso de apelación del caso, abordamos cuatro amicus curiae, los cuales nos permiten sustentar nuestra posición / This paper deals with the crimes of "forced pregnancy" and "forced marriage", in light of the Prosecutor vs. Ongwen before the International Criminal Court. In this sense, this sentence sanctions, for the first time, for forced pregnancy as a crime against humanity and war, in addition to identifying the sanction of forced marriage as a crime against humanity, through the residual clause "another inhuman act ” (7.1.k of the Rome Statute). Given this, we maintain that, although the sentence of guilt is important for the purposes of accountability and justice towards thousands of victims, we consider that the Trial Chamber does not develop the protected legal interest on "reproductive autonomy", this due to the implications of its recognition and exercise of the same, by virtue of international human rights instruments, mainly article 16 of the CEDAW. On the other hand, we consider that with the sanction for “forced pregnancy”, by means of “another inhuman act” (7.1.k of the Rome Statute), a new crime independent of the list contemplated in article 7.1 of the Statute is recognized. of Rome, which allows addressing the protected legal right of "marital autonomy". Therefore, in the first part of the work, the crimes of sexual and reproductive violence are addressed historically and conceptually. Next, the crimes of forced pregnancy and forced marriage are developed, based on the sentence of the Ongwen case. Finally, given the current status of the appeal process of the case, we address four amicus curiae, which allow us to support our position

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar la sentencia ICC-01/04- 02/06-1962, del 15 de junio de 2017, del caso “The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”, cuya relevancia y complejidad es internacionalmente reconocida, al ser la primera ocasión en la que la CPI admite su jurisdicción respecto a los crímenes de guerra de actos de violencia y esclavitud sexual cometidos intrafilas, es decir, perpetrados por miembros del mismo grupo armado que las víctimas. Para ello, se determinará si los actos de violencia y esclavitud sexual intra-filas, cometidos en perjuicio de niños y niñas soldados, pueden ser calificados como crímenes de guerra, y se evaluarán críticamente los argumentos de la sentencia seleccionada. Se concluirá el presente trabajo exponiendo que los actos de violencia y esclavitud sexual son correctamente calificados como crímenes de guerra, incluso si se cometen intra-filas, en perjuicio de niños y niñas soldados, en tanto dicha interpretación es coherente con la normativa del DPI, del DIH y con la especial protección que el DIDH brinda a los niños y niñas, en el contexto de un conflicto armado. Finalmente, se expondrá que, si bien la CPI determina correctamente que sí posee jurisdicción respecto a los actos de violencia sexual intra-filas cometidos en perjuicio de niñas soldados en el caso concreto, su argumentación pudo ser complementada, haciendo referencia, además de las disposiciones del Estatuto de Roma, a los principios base del DIH, así como a precedentes jurisprudenciales e instrumentos jurídicos del DIDH aplicables

Este trabajo aborda el bien jurídico protegido de la autonomía reproductiva del crimen de embarazo forzado desde el Derecho Penal Internacional, a propósito de la sentencia del caso Prosecutor Vs. Dominic Ongwen ante la Corte Penal Internacional. En ese sentido, se parte con el análisis de la evolución histórica y normativa de los crímenes sexuales y de género, desde los primeros tribunales penales internacionales como el de Nuremberg y Tokio, hasta llegar a los tribunales ad hoc de la ex-Yugoslavia y Ruanda. Posteriormente, se analiza el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre la primera sanción en la historia de la CPI por el crimen de “forced pregnancy”, mediante la cual concluimos que la misma resulta ser insuficienciente. Con ello, consideramos que la Corte Penal Internacional pudo abordar y desarrollar de forma más amplia el bien jurídico protegido de autonomía reproductiva, en virtud y aplicación del artículo 21.3 del ER sobre el derecho aplicable. Por lo tanto, nuestra postura, en el presente trabajo, plantea abordar este tema desde un enfoque de integración sistémica entre las ramas del Derecho Penal Internacional (DPI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que permite abordar de manera amplia las implicancias en las víctimas de la lesión al bien jurídico protegido del crimen de embarazo forzado y los derechos humanos conexos al mismo. / This work addresses the protected legal good of reproductive autonomy from the crime of forced pregnancy from International Criminal Law, regarding the ruling of the Prosecutor v. Dominic Ongwen case before the International Criminal Court. In this sense, it begins with the analysis of the historical and normative evolution of sexual and gender crimes, from the first international criminal courts such as Nuremberg and Tokyo, to the ad hoc courts of the former Yugoslavia and Rwanda. Subsequently, the ruling of the International Criminal Court on the first sanction in the history of the ICC for the crime of “forced pregnancy” is analyzed, through which we conclude that it turns out to be insufficient. With this, we consider that the International Criminal Court was able to address and develop more broadly the protected legal good of reproductive autonomy, by virtue of and application of article 21.3 of the ER on the applicable law. Therefore, our position, in this work, proposes addressing this issue from a systemic integration approach between the branches of International Criminal Law (ICL) and International Human Rights Law (IHRL) that allows us to comprehensively address the implications for the victims of the injury to the legal good protected by the crime of forced pregnancy and the human rights connected to it. / Trabajo académico