A pesar de lo que algunos creen, no hay un mercado ilegal estable de armas de fuego en Lima y, a diferencia de otros países de la región, es difícil conseguir un arma a un precio asequible para la delincuencia común. El mercado informal de armas de fuego es pequeño, de oferta limitada y de difícil acceso; sin embargo, las armas pequeñas son cada vez más utilizadas en asaltos y otros delitos. Este artículo muestra la dinámica de uso de las armas pequeñas en el crimen urbano limeño entre los años 2006 y 2010, los homicidios, otros delitos cometidos, y el origen de estas armas. Lo que tenemos es un sistema de recirculación de las armas pequeñas entre los mercados formales e informales, que crean un mercado negro que nutre a la delincuencia común y que depende no del contrabando, sino de las armas que ingresan legalmente al país.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Describe el sistema de gestión de la información contra el crimen organizado, el cual se pondrá a producción inicialmente en Lima Metropolitana en la sede de la DIRINCRI-PNP, por un periodo de prueba, la cual se realizará previa coordinación entre la OGTIC-MININTER y la DIRETIC-PNP. Se cuenta con información actualizada sobre crimen organizado desde el año 2013 hasta 2016, la cual será actualizada por el personal de la DIRINCRI durante el periodo de prueba. Se utilizó la metodología XP para tener entregables usables en menor tiempo. El problema que se identificó fue que la información se encuentra dispersa, entre direcciones especializadas, regiones y frentes de la PNP. Se busca unificar la información en un solo sistema de información al cual alimentarán las diferentes fuentes de datos y así poder tomar decisiones mediante las estadísticas sobre el crimen organizado en el Perú. / Trabajo de suficiencia profesional

Esta tesis de doctorado se concentra en la línea de investigación “Estado, Transnacionalidad y Sostenibilidad”, del curso de postgrado stricto sensu en nivel de Doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidade de Vale de Itajaí -UNIVALI, en el área de concentración: Constitucionalidad, Transnacionalidad y Producción del Derecho. El presente trabajo es producto del convenio de doble titulación entre la Universidade do Vale de Itajaí - UNIVALI y la Universidad de Alicante (España). Su objetivo general es analizar la posibilidad de proceder a nuevas lecturas sobre la producción sostenible de la prueba y el standart probatorio en el ámbito de la delincuencia transnacional, bajo el sesgo de la sostenibilidad. Los objetivos específicos son: a) estudiar la sostenibilidad en sus diferentes dimensiones; b) caracterizar la comprensión de los institutos por la noción interdisciplinar teniendo en cuenta los constantes procesos tecnológicos en evolución que demandan diferentes formas de solución de los problemas de la delincuencia transnacional; c) debatir la cuestión de la delincuencia transnacional, y también organizada como forma de afectar a la sostenibilidad del Estado democrático de Derecho; d) estudiar la posibilidad de producirse, por parte de la acusación, una prueba que se realice teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad, no limitado en su dimensión medioambiental, en un proceso penal constitucional; e) proponer una nueva concepción del estándar probatorio en el enfrentamiento de la delincuencia transnacional bajo el prisma de la Sostenibilidad. Los problemas norteadores de la investigación giran en torno a la posibilidad, o no, de preguntarse si los métodos empleados actualmente en el enfrentamiento de la criminalidad se muestran compatibles con la realidad actual y permiten el funcionamiento equilibrado del sistema. Se cree que las visiones clásicas para hacer frente a la delincuencia transnacional son obsoletas y deben actualizarse, en vista de la revolución tecnológica existente, así como de los efectos del mundo globalizado, que a la vista de la delincuencia actual debilita la ciudadanía y causa el propio desequilibrio del estado democrático. Se pretende adaptar, evolucionar y avanzar en el estudio del standart probatorio cuando se piensa en la discusión de la problemática implicando la prueba penal en los delitos transnacionales. Este avance, sin embargo, debe realizarse centrándose en el respeto a la dignidad humana, en su núcleo fundamental. Las conclusiones de esta investigación denotan la necesidad de un nuevo modo de encarar el standart probatorio en cuanto al sopesamiento de las pruebas en los procesos penales relacionados con delitos transnacionales.

La ampliación del plazo de detención introducida en nuestro ordenamiento mediante Ley 30558 que modifica la Constitución Política del Perú, se opone a la tradición constitucional peruana, que uniformemente ha mantenido el plazo de 24 horas para la detención policial por flagrante delito; es a partir de la Constitución de 1979 que se fijó un plazo excepcional de 15 días únicamente para tres delitos -tráfico de drogas, terrorismo y espionaje-. La acotada modificatoria adiciona otro supuesto excepcional para la detención policial hasta 15 días: delitos cometidos por organizaciones criminales terminología que abarca una pluralidad de delitos, aproximadamente 84 delitos. La norma materia de estudio es producto de la tensión existente ente la libertad y la seguridad, dialéctica que aqueja a nuestra sociedad. La seguridad viene ganando hegemonía producto del sentimiento de miedo que padecemos frente a fenómenos delictivos como el crimen organizado, este contexto empuja al legislador, con base en el populismo penal, a adoptar medidas procesales que restringen los derechos constitucionales. El problema frente al cual nos encontramos es determinar la validez constitucional de la Ley 30558. Para abordar dicha problemática se desarrolla el presente trabajo desde un enfoque procesal constitucional, sosteniendo la inconstitucionalidad de la acotada Ley que, lejos de ser una medida eficaz para luchar contra el crimen organizado, representa una amenaza inminente contra el derecho fundamental a la libertad personal. Un aspecto central de análisis es desarrollar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para concluir finalmente en la invalidez constitucional de la norma. La presente investigación se justificada teóricamente dada la necesidad de contribuir en el desarrollo doctrinario del derecho penal constitucional.

La presente investigación cuestiona los criterios que deben seguirse para determinar la existencia de peligrosismo procesal por la pertenencia de un investigado a una organización criminal. Luego del análisis de quince autos de prisión preventiva, advertimos la existencia de criterios jurisprudenciales deficientes y la ausencia de una valoración judicial rigurosa y racional sobre los presupuestos de la prisión preventiva en el extremo de la pertenencia a una organización criminal. Frente a ello, la tesis propone tres criterios de valoración judicial consecutivos que permitirán crear una metodología de análisis acorde con el respeto de los principios y garantías procesales propios de un Estado de derecho. El primer criterio se concentra en el presupuesto de análisis, el segundo en los presupuestos de la prisión preventiva, y el tercero en la validación del análisis de los dos criterios previos. / This paper questions the criteria that should be followed by judges to determinate detention due to the existence of a criminal organization. After the analysis of fifteen pretrial detention orders, we noticed the existence of deficient jurisprudential criteria and the absence of a rigorous and rational judicial assessment in pretrial detention cases of criminal organization. Faced with this, this dissertation proposes three consecutive judicial criteria that should work as a methodology of judicial analysis in accordance with the principles and procedural guarantees of the rule of law. The first criterion focuses on the requirements of analysis, the second on the elements of pretrial detention, and the third on the validation of the analysis of the two previous criteria.

De acuerdo a las convenciones internacionales contra la corrupción y el principio Constitucional de proscripción de la corrupción el proceso penal peruano tiene los fines de perseguir y sancionar los delitos y con mayor razón si se trata de gran corrupción, juzgando a los responsables en los plazos establecidos y sancionarlos dando un mensaje a la sociedad de confiabilidad en el sistema democrático. Es probable que en el Perú el procesal penal contra la gran corrupción presente obstáculos que conlleve a que la población tenga desconfianza en la administración de justicia y se cree un clima de impunidad no evitando que la gran corrupción llegue a vulnerar derechos humanos si no es sancionada en su oportunidad. Para identificar ello este trabajo desarrolla que debemos entender por gran corrupción y porque su naturaleza procesal es compleja describiendo sus características y su tratamiento procesal penal como una organización criminal de acuerdo a la ley No 30077, siendo que los obstáculos que se han presentado de acuerdo al modelo acusatorio- adversarial, es el Ministerio Público y sus fiscales quienes deben afrontarlos para obtener elementos de convicción y asegurar la prueba para construir un caso que sea llevado a juicio con éxito y cumplir con los fines del proceso penal. / According to the international conventions against corruption and the Constitutional principle of proscription of corruption, the Peruvian criminal process has the purpose of prosecuting and punishing crimes and even more so in the case of grand corruption, judging those responsible within the established deadlines. and punish them by giving a message to society of reliability in the democratic system. It is probable that in Peru the criminal procedure against grand corruption presents obstacles that lead the population to have distrust in the administration of justice and a climate of impunity is created, not preventing grand corruption from violating human rights if it is not sanctioned. at your opportunity. To identify this, this work develops that we must understand grand corruption and because its procedural nature is complex, describing its characteristics and its criminal procedural treatment as a criminal organization according to Law No. 30077, being that the obstacles that have arisen according to the accusatory-adversarial model, it is the Public Ministry and its prosecutors who must face them to obtain elements of conviction and secure the evidence to build a case that is successfully brought to trial and fulfill the purposes of the criminal process. / Trabajo académico

La zona VRAEM se caracteriza por la producción de hoja de coca para fines ilícitos y el uso de mano de obra infantil en los cultivos. Los menores no solo laboran en ambiente laboral de pésimas condiciones, además se exponen a una cadena de producción lucrativa que puede reducir sus expectativas por la educación o que inicien una carrera criminal. El presente trabajo describe mi aporte en las secciones de revisión de literatura y el proceso de limpieza de datos en la evaluación del bono VRAEM. Adicionalmente, se presenta el modelo de regresión discontinua del tipo shrap para estimar el efecto del programa bono VRAEM en indicadores de educación y criminalidad. La elección del modelo se debe a la discontinuidad en la regla de asignación del programa JUNTOS: índice de focalización de hogares (IFH) superior a cierto umbral. Si el hogar es beneficiario del program JUNTOS entonces se vuelve elegible de recibir el bono VRAEM. Adicionalmente, el hogar de contar con un menor entre 14-19 que apruebe el año escolar. Entre los principales resultados, se encuentra que el programa reduce la probabilidad de repitencia y deserción escolar en 4.8% y 9% respectivamente.

La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial, esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad. En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz, instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el caso, proponer las modificaciones que correspondan.

La lectura de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz” es un procedimiento excepcional del juicio oral sujeto a las causales previstas en los literales c) y d) del numeral 1 del artículo 383 del Código Procesal Penal. Al respecto, en esta investigación sostengo que el desconocimiento del paradero y la ausencia del lugar de residencia, pese a estar contempladas en el precepto procesal antes citado, son inaplicables sobre el “testigo-colaborador eficaz”, ya que afectan los derechos a contrainterrogar y la regla de prueba plenaria de los delatados. Por lo anterior, considero inadmisible la lectura de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz” amparada en dichas circunstancias. Adicionalmente, estimo inaplicable la sentencia Al Khawaja y Tahery vs. Reino Unido en esta discusión. Finalmente, expongo las consecuencias prácticas de la postura defendida. / Reading statements of an absent "plea-bargaining witness" is an exceptional procedure of the trial according to the grounds stipulated in letters c) and d) of numeral 1 of article 383 of the Code of Criminal Procedure. In this paper, I argue that the lack of knowledge of the witness' whereabouts and the absence of the place of residence, despite being contemplated in the aforementioned procedural precept, are inapplicable to the "pleabargaining witness", since they affect the rights to cross-examine and the rule of plenary evidence granted to the accused. Therefore, I consider inadmissible reading statements of an absent "plea-bargaining witness" under such circumstances. I also consider inapplicable the Al Khawaja and Tahery v. Reino Unido judgment in this debate. Finally, I explain the practical consequences of the view I have defended.

Nuestro país se encuentra atravesando una crisis de inseguridad ocasionada por el accionar de la delincuencia común y el crimen organizado que ha puesto en tela de juicio la eficiencia de las instituciones encargadas de afrontar esta problemática. La Policía Nacional del Perú a través de sus unidades especializadas busca combatirla mediante el empleo de estrategias de prevención, investigación e inteligencia. Esta última es ejecutada por diversas dependencias policiales, siendo una de ellas la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), en cuya estructura orgánica se encuentra la Oficina de Inteligencia Especial contra la Criminalidad Organizada Génesis (OFIECCO GENESIS) que emplea la inteligencia para desarticular organizaciones criminales. Esta investigación pretende conocer su efectividad en el uso de la inteligencia, así como sus deficiencias y procedimientos a fin de realizar propuestas que permitan mejorar su aplicación. Para ello se analiza los manuales que contienen la doctrina de la inteligencia, así como las normas legales que las amparan. Se realiza entrevistas a los principales actores inmersos en el tema, en especial de los integrantes de la OFIECCO GENESIS y aquellos que conocen por experiencia como el trabajo de inteligencia es empleado para enfrentar esta amenaza a la sociedad. La investigación nos indica que la inteligencia aplicada por la OFIECCO GENESIS no cumple estrictamente con la doctrina ni los principios que rigen las actividades de inteligencia tradicional, debido a su dependencia funcional y legal con los órganos de investigación policial y el Ministerio Público, y limitaciones en cuanto a organización, recursos, capacitación, operatividad y de coordinación. En base a dichos resultados se hacen las recomendaciones a fin de que esta dependencia policial se potencialice en base a sus propias fortalezas, siendo estas su personal, la información que posee y la tecnología disponible en el mercado.