La legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite brindar la más fuerte garantía que un Tribunal Constitucional podría otorgar a sus ciudadanos: someter a su jurisdicción las leyes a solicitud de cualquiera. El planteamiento de la actio popularis kelseniana, en el proceso de inconstitucionalidad, se propone como un ideal que tendría dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva carga procesal que traería consigo. En la presente tesis se cuestiona esta perspectiva y se proponen los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad pueda cuestionar las normas que la regula. La fundamentación de la legitimación amplia basada en la democracia participativa, en los derechos políticos, en el activismo ciudadano, en la defensa de los derechos colectivos, en el principio de solidaridad y, principalmente, en la efectividad del principio de supremacía constitucional, brinda un primer acercamiento a la propuesta. En un segundo momento, se realiza el estudio de la aplicación actual, y de manera comparada, de la actio popularis en países de Europa tales como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Hungría. En esta misma línea, se presentó los diversos modelos de legitimación activa en los procesos de inconstitucionalidad que se reconocen en América Latina dando una mayor profundidad al estudio de realidades como las de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela en los cuales se establece una auténtica legitimación amplia y popular. En el tercer capítulo, se formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad para el Perú. Al respecto, se analiza críticamente el actual estado de los legitimados activos reconocidos en la Constitución Política del Perú, se recoge la opinión de los Coordinares de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del Perú sobre el particular y, finalmente, se concluye con la propuesta de reforma constitucional, con el objetivo que el Perú, procesalmente, adopte el referido modelo siendo que, a través de esta legitimación, se reivindique el principio de supremacía constitucional y se le otorgue el protagonismo a los ciudadanos para que sean los nuevos guardianes de la Constitución.

La utilización de la figura conocida como “prisión preventiva” en los actuales ordenamientos procesales resulta ciertamente controversial, ello se debe a que en el modelo que se conoce como Estado Constitucional, se asume que la privación de libertad de una persona sobre quien recae la imputación de un determinado delito reviste un carácter excepcional, de tal manera que se afirma que la regla general es el procesamiento de un individuo en situación de libertad, postura que se ve reforzada con el fenómeno de la constitucionalización del derecho en general y procesal penal en particular. Independientemente de los clásicos presupuestos materiales que se requieren para imposición de la prisión preventiva, la presente investigación se centrará en determinar si los plazos de duración que se han previsto en la legislación peruana para la aplicación de esta figura, guardan correspondencia con el contenido de la garantía del plazo razonable, con especial énfasis cuando el afectado con dicha medida es una persona que pertenece al grupo etario de los adultos mayores, quienes sufrirán las consecuencias propias del régimen carcelario de nuestro país. Estando a lo expuesto, la hipótesis que ensayamos estriba en afirmar la existencia de una contradicción entre los plazos de duración de la prisión preventiva regulados en la ley peruana, cuando ello es confrontado con principios de rango constitucional tales como la presunción de inocencia, necesidad, excepcionalidad, razonabilidad, etc. En ese orden de ideas, realizaremos un análisis a partir de la dogmática procesal penal, así como de las sentencias de Tribunales nacionales y supranacionales en relación al tratamiento del plazo razonable, además de abordar el tópico de la realidad carcelaria y de los adultos mayores en nuestro país, para finalmente terminar concluyendo que debe haber una reducción de los plazos de duración de prisión preventiva por atentar contra la dignidad humana

La presente investigación, denominada “la capacidad procesal de los consorcios”, tiene como justificación el reconocimiento de la importancia y presencia de los contratos asociativos de consorcio en nuestra sociedad, pero sin que exista un ordenamiento jurídico que lo regule en forma clara y precisa, en lo particular, cuando se discute la capacidad procesal del consorcio que mantienen una contabilidad independiente a la de sus miembros consorciados en procedimientos administrativos tributarios, generando interrogantes que no son resueltas directamente por la normatividad aplicable, como por ejemplo, la situación de los pagos a cuenta que se efectúan por los resultados del consorcio o el embargo de los ingresos del consorcios en casos de cobranza coactiva de uno de los consorciados. Por lo expuesto, la hipótesis de la investigación está referida a la falta de reconocimiento jurídico de la capacidad procesal de los consorcios en los procedimientos administrativos tributarios. En tal sentido, el marco teórico comprende las teorías jurídicas referidas al contrato de consorcio, la capacidad procesal, los principios del derecho tributario y la capacidad jurídica tributaria. La metodología que se emplea es la de tipo dogmática y la conclusión principal a la que se arriba es la existencia de reconocimiento de la capacidad procesal del contrato de consorcio en un procedimiento administrativo tributario amparado en los principios constitucionales tributarios de igualdad, certeza y simplicidad, cómo en los principios constitucionales generales de legítima defensa y debido procedimiento. / Trabajo de investigación

La presente investigación aborda el estudio del derecho a la ocupación efectiva en el ordenamiento jurídico laboral peruano y su encuadramiento al más alto nivel jurídico como parte del contenido constitucional del derecho al trabajo. Por ello, en esta investigación, empezaremos examinando como principal objetivo si, efectivamente, el derecho a la ocupación efectiva tiene base constitucional en nuestro ordenamiento a partir de la interpretación que los órgano de impartición de justicia y la doctrina han perfilado sobre este derecho; luego, revisamos las limitaciones que, en la práctica, suelen presentarse con relación a la ocupación efectiva; y, posteriormente, analizamos las vías procedimentales (fiscalización laboral) y procesales (proceso de amparo y proceso laboral) de protección del derecho a la ocupación efectiva. Este estudio se justifica debido a la transcendía que reviste reconocer el rango constitucional de un derecho, pues, de poseer dicho rango, la protección y alcances de aquel adquiere un matiz que no ostentan otros derechos de rango legal o infralegal. En tal sentido, hemos analizado las investigaciones propias de otros ordenamientos jurídicos, como el español, en el que el reconocimiento constitucional del derecho a la ocupación efectiva es una cuestión pacíficamente reconocida. Asimismo, hemos escrutado posibles casos en los que este derecho podría verse afectado y, en ese punto, revisamos una posible pauta metodológica para reconocer una afectación como válida o inválida. Finalmente, el resultado de nuestra investigación es reconocer que el derecho a la ocupación efectiva forma parte de la normativa constitucional en nuestro país y, en tal sentido, merece el mayor nivel de protección jurídica y, a su vez, mantiene eficacia hacia los particulares y el poder público.

La presente investigación analiza la constitucionalidad –y, por tanto, la coherenciade la aplicación de la prueba de oficio en el sistema jurídico peruano, el mismo que, desde el punto de vista de la moderna legislación procesal penal, se entiende como acusatorio y adversarial. Para realizar este análisis a la prueba de oficio, se examina a fondo el rol del Juez penal en el ordenamiento jurídico peruano (la Constitución de 1993 y en el Código Procesal Penal de 2004, sus antecedentes legislativos y normativa conexa, así como el análisis de la jurisprudencia y doctrina nacional), en función del diseño de las funciones que tiene dicho funcionario en la Constitución Política del Perú. Se realiza también el estudio del Ministerio Público como complemento de la actuación jurisdiccional, en su relación con la Constitución y la norma procesal penal, así como sus antecedentes legislativos, y el importante papel que cumple como titular de la acción penal dentro del sistema procesal. En el Código Procesal Penal de 2004 con un sistema que se supone es acusatorio y adversarial, se analiza la prueba de oficio, primero desde una comparativa de ésta con la legislación internacional, arribando -respecto de la mecánica de la prueba- a cuestionamientos respecto de, si se prueban los hechos o las afirmaciones de las partes y, si la prueba desvirtúa o desnaturaliza la mecánica general de la actividad probatoria. Finalmente nos enfocamos en la prueba oficiosa y su legitimidad dentro del proceso penal peruano, se confronta aquí al denominado modelo antiguo y el actual modelo procesal penal, partiendo de la premisa si dicha confrontación soluciona la legitimidad de la prueba oficiosa, y si la verdad justifica los medios, concluyendo con la postura del presente trabajo al fundamentar que la prueba oficiosa, no es acogida por el modelo constitucional vigente.

La Naturaleza como sujeto de derechos fue reconocida, por primera vez en la Constitución ecuatoriana de 2008. Al erigirse como una categoría jurídica de innegable actualidad, impuso a la sociedad y a su ordenamiento jurídico múltiples retos; así como al Estado y los operadores de justicia diversos obstáculos. Reestructurar la cultura jurídica, el sistema legal y jurisprudencial del Estado ecuatoriano desde un criterio humanocéntrico, hacia uno de tipo biocéntrico, constituye sin duda el principal desafío científico jurídico de los poderes del Estado. A partir de ello, analizar los principales fundamentos teóricos y jurisdiccionales sobre la exigencia de los derechos de la Naturaleza en la realidad ecuatoriana, constituye el principal objetivo de la presente tesis doctoral. Para ello, en nuestra investigación desarrollamos un estudio que combina paradigmas cualitativo-interpretativos con aquellos un enfoque descriptivo – explicativo, estrategia metodológica que nos permitió dilucidar las principales cuestiones en la historia y en la actualidad sobre el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. Nuestro abordaje se completa con una metodología casuística, permitiendo analizar casos reales, así como jurisprudencia pertinente que nos posibilita asegurar que, en el Ecuador, aun cuando existe un ordenamiento jurídico proteccionista con relación a los derechos de la Naturaleza, ya en la práctica judicial, la actuación de los jueces no es suficiente para asegurarlos, suscitándose serias dificultades para la tutela judicial efectiva de los mismos. No obstante, se puede concluir que el estudio logra demostrar que, a pesar de ello, se evidencia una voluntad política cada vez más creciente en el ámbito ecuatoriano en torno a asegurar y perfeccionar con mayor amplitud todas las acciones que desde el legislativo, ejecutivo y judicial, puedan adoptarse en pro de los derechos de la Naturaleza. / The Nature, as a subject holder of rights, was set for the first time in human history in the 2008's Ecuadorian Constitution. Establishing by science as a legal concept of undeniable topicality, it imposed multiple challenges on society and its legal system, as well as many challenges to the State and justice institutions. Rebuild the legal culture, the legal and jurisprudential system of the Ecuadorian state from an humanocentric foundation towards a biocentric one, undoubtedly constitutes the main legal scientific challenge of State powers. Thus, analyzing the main theoretical and jurisdictional concepts on the behold for the rights of Nature in the Ecuadorian Case, constitutes the main objective of this doctoral thesis. Upon this, our research combines qualitative-interpretive paradigms with those of a descriptive-explanatory approach, a methodological strategy that allowed us to elucidate the main questions in history and present day about the recognition of Nature as a subject of rights. Our approach is completed with a casuistic methodology, allowing us to analyze real cases, as well as pertinent jurisprudence that enables us to ensure that, in Ecuador Case. even when there is a protectionist legal system in relation to the rights of Nature, already in judicial practice, the performance of the judges is not enough to ensure them, causing serious difficulties for their effective judicial protection. However, our research conclusions are tending to demonstrate that, despite the difficulties in the performance of legal system, there is evidence of an increasingly growing political efforts in the Ecuadorian sphere to ensure and improve, more comprehensively, all the actions that the legislative, executive and judicial, to operate in favor of the rights of Nature.

La investigación que presento ha sido elegida por la creciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto de la tutela de los derechos sociales. En nuestro contexto latinoamericano, se está desarrollando un enfoque dialógico que busca, desde la democracia deliberativa, contribuir con la defensa de los derechos fundamentales. Para lograr ese propósito, parto desde el constitucionalismo dialógico para identificar sus características y afrontar mejor las nuevas perspectivas de la función jurisdiccional, y propongo el activismo judicial dialógico como un mecanismo de defensa de los derechos sociales. Asimismo, desarrollo en mi investigación los criterios normativos para un adecuado diálogo jurisdiccional en la defensa de estos derechos: establezco como punto inicial un diagnóstico justificativo del diálogo jurisdiccional, posteriormente, enfoco el trabajo en el diálogo de la justicia constitucional y, finalmente, propongo su implementación a través de las llamadas sentencias estructurales. El enfoque metodológico que utilizo es el enfoque argumentativo, comparativo y de estudios jurisprudenciales. Analizo textos de doctrina nacional y comparada, casos jurisprudenciales relevantes de diferentes Cortes de Vértice y jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. También utilizo el método de análisis y síntesis, deductivo e inductivo. Por otro lado, arribo a la conclusión que, para proteger eficazmente los derechos sociales, éstos deben ser judicializados en tanto el poder político no cumpla su función; sin embargo, no se busca un gobierno de los jueces, sino que, desde de las altas cortes y con la participación de todos los actores involucrados en la defensa de estos derechos, se resuelvan los conflictos inter partes y se proyecte la tutela a más personas afectadas, y así evitar futuras demandas judiciales. Los efectos de las sentencias se proyectan a coadyuvar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas encargadas a las autoridades competentes, respetando el Estado Democrático de Derecho y con miras a obtener una justicia constitucional dialógica. / The investigation that I present has been chosen by the growing jurisprudence of the Constitutional Court, regarding the protection of Social Rights. In our Latin American context, has been developing a dialogical approach that search from the deliberative democracy, contribute with the protection of the fundamental rights. To achieve that purpose, I start from the dialogical constitutionalism, to identify their characteristics and face in a better way the new perspectives of the jurisdictional function, I propose the dialogical judicial activism like a mechanism defense of Social Rights. Furthermore, in my research I develop the normative criteria for an adequate jurisdictional dialogue in defense of these rights: I establish as an initial point a justifying diagnosis of the jurisdictional dialogue, then, I focus this research on dialogue of the constitutional justice and finally its implementation in the called structural judgments. The methodological approach that I use is the argumentative, comparative and the jurisprudential studies. I analyze national and compared doctrine texts, relevant jurisprudential cases from different Vertex Cuts and jurisprudence from our Constitutional Court. Also, I utilize the analysis and synthesis method, deductive and inductive. On the other hand, I arrive in the conclusion that to protect effectively the social rights, these must be judicialized as long as the political power doesn’t do its function; however, I don’t look for a government of judges, but from the high courts and with the participation of all the actors that are involved in the defense of these rights resolve conflicts inter parts, and the tutelage can reach more affected people to avoid future judicial claims. The effects of the judgments are projected to cooperate in the design, implementation and monitoring of the public policies entrusted to the competent authorities, respecting the Democratic State of Law with view to obtain a dialogical constitutional justice.

Nuestro trabajo de investigación se enfoca en la determinación de si el activo derecho de uso contabilizado por las empresas arrendatarias en cumplimiento de la Norma Internacional de Información Financiera (en adelante, NIIF) 16 en los arrendamientos de tipo operativo, deben de incluirse en la base gravable del ITAN. Tomando en cuenta que la naturaleza del ITAN, es de ser un Impuesto Patrimonial por ende debe tomar como indicador de la capacidad contributiva a la propiedad, por ello el activo objeto de estudio no debe incluirse como parte de su base gravable y peor aún no permitirse el neteo de su correspondiente depreciación acumulada, como concluye el Informe 054-2021- SUNAT/7T0000. Para ello hemos realizado una revisión de la jurisprudencia nacional y de la legislación internacional donde se han aplicado este tipo de impuestos sobre los activos, llegando a concluir que la regulación de este impuesto no respeta principios constitucionales como la legalidad, reserva de ley, la seguridad jurídica y la capacidad contributiva, asimismo no tiene una regulación sobre lo que debe formar su base imponible pudiendo generar nuevas controversias tributarias a futuro entre los contribuyentes y la SUNAT incrementándose a las que ya se encuentran en proceso. Concluimos, que debe evaluarse la continuación de este tipo de gravámenes dado que en su momento se dijo que sería temporal, que se clarifique el alcance del término “activos netos” o se concretice su definición y alcance y finalmente que este activo por el derecho de uso no es base gravable del ITAN, porque solo es un ajuste contable a valor actual que proviene de reglas contables.

Desde una perspectiva interdisciplinaria en las que las áreas del derecho como son el derecho eclesiástico del Estado, el derecho internacional público y el derecho constitucional comparado, con énfasis y dentro del marco del derecho constitucional peruano, la tesis aborda los principios del derecho del Estado Peruano frente al fenómeno religioso en su manifestación individual como colectiva, en el ámbito nacional como internacional y que configuran la actuación del Estado en y a través del ordenamiento jurídico según la Constitución Peruana. La tesis consta de una introducción, cinco capítulos, conclusiones y anexos como una bibliografía que recoge la doctrina comparada sobre la materia. En el primer capítulo contextualiza desde una perspectiva histórica las relaciones de la Iglesia Católica con el naciente Estado Peruano, considerando el régimen colonial precedente de las relaciones entre la Corona Española y la Sede Apostólica configurado esencialmente en el Patronato Indiano y que se prolongó en el Patronato Nacional tomado en cuenta en las Constituciones del Perú en el s. XIX y las Constituciones de 1920 y 1933. En el segundo capítulo se identifican conceptualmente los principios del derecho eclesiástico peruano como principios constitucionalizados en el ordenamiento jurídico peruano. Los principios son: el de dignidad humana, el de libertad religiosa, el de igualdad religiosa, el de laicidad y el de cooperación. Principios que no se proponen taxativamente en el derecho comparado y que son recogidos en nuestro ordenamiento tal y como lo propone la doctrina mayoritaria. En el tercer capítulo se aborda la relación vigente entre las Iglesias y el Estado Peruano, a través de los tres sistemas sobre la materia: el confesional, de laicidad y de hostilidad a la religión. Se enuncia a las fuentes del Derecho Eclesiástico Peruano, que son objeto del cuarto y quinto capítulo. En el cuarto capítulo se recoge la doctrina sobre el derecho comparado concordatario vigente en torno a la naturaleza y régimen jurídico de los concordatos, y se analiza en virtud de los principios del derecho eclesiástico peruano el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano. En el quinto capítulo se analiza, según lo tratado en los capítulos precedentes, la Ley de Libertad Religiosa, abordando en primer lugar el derecho humano y fundamental de la libertad religiosa, la dimensión colectiva de la misma en la figura jurídica de las minorías religiosas diferenciándola del concepto de pueblos indígenas considerando el contexto actual en el que ambos conceptos pueden ser objeto de confusión debido a la Ley de Consulta Previa, culminando con un análisis de la Ley 29635 según los principios del derecho eclesiástico peruano. La tesis afirma la importancia de los principios del derecho eclesiástico del Estado para la garantía del derecho fundamental de libertad religiosa, y como aquellos deben ser el referente para la actuación del Estado en relación al fenómeno religioso sea en el ámbito nacional como internacional.

El proceso judicial que se desarrolla a partir de la denuncias por violencia familiar y que se encuentra regulado en la Ley 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, denota en su aplicación la creación de límites y vulneraciones a las facultades del derecho de propiedad al dictar el retiro del hogar del propietario denunciado; debido que al proteger a la presunta agraviada, también se estaría afectando los derechos del denunciado. Es preciso señalar que en la presente investigación se analizó la aplicación inadecuada de la medida de protección de retiro del hogar del propietario denunciado, por parte de los órganos jurisdiccionales; toda vez que, aunque es esencial la protección al derecho de las personas, también es importante el resguardo del derecho de propiedad, debido a que ambos derechos son protegidos por la Carta Magna, no sólo el de la víctima sino también de aquel que ha sido denunciado; es por ello que siendo el derecho de propiedad un derecho fundamental es relevante desarrollar criterios mínimos para ejercer tal medida, así como un parámetro mínimo para su aplicación, además de señalar posibles soluciones alternativas al retiro del hogar del propietario, pues este es titular del derecho de propiedad, un derecho que posee la protección del Estado.