En tiempos de globalización circulan entre los países varios modelos o instituciones jurídicas, normas trasnacionales o prácticas jurisprudenciales que se insertan con mucha facilidad en los sistemas jurídicos nacionales; de modo que, no es raro que las altas cortes nacionales citen a autores como Alexy o Ferrajoli, o hagan referencia a jurisprudencia de otras latitudes, como los casos Marbury vs Madison o Rigg vs Palmer; es más, el empleo del derecho comparado (legislación, doctrina y jurisprudencia) es común en la formación de los estudiantes del Derecho. Esto quizás porque los alcances de una norma, institución, categoría o figura es limitado, por lo que los operadores jurídicos se vean en la necesidad de mirar o poner atención a la experiencia comparada para captar los cambios y las novedades que se están produciendo, y así esgrimir en sus decisiones un razonamiento respaldado, que posea garantía y sea legítimo. Por ello, el problema objeto de investigación versa en el uso del derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional; concretamente, se evalúa si el Ultimo Interprete de la Constitución emplea argumentos jurisprudenciales (decisiones de otras cortes) y teóricos (doctrina trasnacional) del derecho comparado, para interpretar, comprender o solucionar los problemas vinculados con los derechos fundamentales; y, establecer cuál es la fuerza o peso que tiene la argumentación del derecho comparado en el marco de solución de un caso concreto que involucre derechos fundamentales (nivel de vinculación). Algunos de los resultados obtenidos en la investigación son: (i) el Tribunal Constitucional emplea jurisprudencia comparada para solucionar un asunto problemático que envuelve a los derechos fundamentales; (ii) la doctrina o la teoría extranjera tiene un lugar importante en la justicia constitucional; (iii) la jurisprudencia y la doctrina son elementos empleados para interpretar, comprender y brindar una mejor solución a una problemática concreta; sin embargo, su uso es persuasivo (orientan o guían al Juez), ya que no influyen directamente en la solución del caso; y, (iv) el nivel o peso que tiene el argumento de derecho comparado en la solución de una controversia o la interpretación de una institución o norma es medio o bajo, pues su empleo responde a fines estrictamente ilustrativos.

El Centro de Apoyo Nutricional de Arequipa ha venido proporcionando alimentos a personas en situación de vulnerabilidad por más de 50 años. No obstante, debido a ya no tener local por el término de una concesión, este Centro podría dejar de funcionar. Es por ello que, en el presente Informe se analizará si es que la inminente clausura del Centro vulneraría el derecho a la alimentación adecuada de los beneficiarios. Para este análisis, se debe determinar si el derecho a la alimentación, en tanto DESCA, es judiciable en el ordenamiento jurídico peruano; y, si es que el servicio de alimentación brindado por el Centro correspondería a obligación mínima esencial del Estado, la cual si es que no se cumpliría vulneraría el derecho a la alimentación. Para poder realizar este análisis se empleará instrumentos normativos tanto internacionales como del derecho interno peruano. Respecto a los primeros, serán de utilidad la DUDH, el PIDESC, la CADH, el PSS, y la jurisprudencia de la CorteIDH. Por su parte, en la norma interna se utilizará la Constitución y el Código Procesal Constitucional. De la presente investigación se puede concluir que, el cierre del referido Centro constituiría una vulneración al derecho de alimentación adecuada, por cuanto los beneficiarios no podrían disponer ni acceder a alimentos que les permita tener una vida digna. Asimismo, el Estado estaría incumpliendo su obligación de efectivizar progresivamente de los DESCA. / The Nutritional Support Center of Arequipa has been providing food to people in vulnerable situations for more than 50 years. However, due to the end of the concession, this Center will close. For this reason, in this paper will analyze if the imminent closure of the Center would violate the right to food of the beneficiaries. For this analysis, it must be determined if the right to adequate food, as an ESCER, is justiciable in the peruvian legal system; and if the food service provided by the Center corresponds to a minimum core obligation of the peruvian State, if it is not fulfilled, the State would violate the right to adequate food. For this analysis, will be used international normative instruments and Peruvian domestic law. It will be used the UDHR, the ICESCR, the ACHR, the PSS, and the jurisprudence of the Inter-American Court. In the internal regulation will use the Constitution and the Constitutional Procedural Code. From the present investigation it can be concluded that the closure of the aforementioned Center would constitute a violation of the right to adequate food, since the beneficiaries could not have or access to food that allows them to have a dignified life. Furthermore, the State would be in breach of its obligation to progressively make the ESCER effective.

La Ley 31307, que adoptó el "Nuevo" Código Procesal Constitucional, fue una de las leyes más polémicas promulgadas en 2021. Cabe señalar que los vicios de forma y de contenido minaron sustancialmente la legitimidad de esta ley a lo largo del proceso legislativo que condujo a su incorporación al ordenamiento jurídico. Ante estas circunstancias se presentaron tres recursos de inconstitucionalidad. Estas denuncias fueron presentadas por el Colegio de Abogados de La Libertad (Exp. 00025-2021-PI/TC) y la Procuraduría Especializada en Materia Constitucional en representación del Poder Ejecutivo (Exp. 00028-2021-PI/TC), respectivamente. El tercer caso de la Corte Suprema (Exp. 030-2021- PI/TC) fue recientemente resuelto por una conformación nueva del Tribunal, cabe precisar que este no será materia de estudio en el presente trabajo. A pesar de la trascendencia de la Ley 31307, el informe emitido por la entonces jueza Marianella Ledesma (Exp. 00025-2021-PI/TC y Exp. 00028-2021-PI/TC acumulados) se limitó a analizar los vicios de procedimiento de la ley sin abordar los fundamentos de su inconstitucionalidad. En consecuencia, la sentencia que se dictó a continuación fue considerada INFUNDADA por no alcanzar los cinco votos necesarios para ser declarada inconstitucional conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Con el fin de demostrar que la Ley 31307 es inconstitucional y que su aprobación y entrada en vigencia debilita y desnaturaliza los procesos constitucionales sin mejorar la eficacia de la justicia constitucional, que debe garantizar una tutela jurisdiccional sencilla, rápida y efectiva, el presente informe jurídico analiza los aspectos formales y de fondo de la ley.

La educación con enfoque de género no fue analizada bajo los parámetros del rol del Estado Peruano en materia educativa, toda vez que la sentencia emitida en el proceso de acción popular que cuestionó su constitucionalidad y legalidad, no tomó en cuenta el contenido constitucionalmente protegido de los derechos en juego de los niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, el análisis solo se centró en referirse a los derechos de los padres, madres e instituciones educativas privadas, poniéndolos como principales actores en lo referente al derecho a la educación y desconociendo la labor del Estado en lo que significa garantizar una educación con enfoque de género. Por tanto, es vital realizar una diferenciación entre enfoque de género e ideología de género, para así evidenciar que la influencia de los grupos conservadores en el ámbito jurídico, fue la que detuvo la implementación del enfoque de género en la educación. Y si bien, en teoría, este ha sido determinado como una herramienta de uso obligatorio para todas las instituciones educativas, todavía se siguen sobreponiendo aquellos valores personales que terminan desplazando el rol del Estado. Sin embargo, la imposición del enfoque de género en la educación, es constitucionalmente válida, en la medida que pondera valores de suma relevancia para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, no solo en la educación, sino también, en sociedad. / Education with a gender focus was not analyzed under the parameters of the role of the Peruvian state in educational matters, since the judgment issued in the popular action process that questioned its constitutionality and legality did not take into account the constitutionally protected content of the rights of children and adolescents at stake. On the contrary, the analysis only focused on referring to the rights of fathers, mothers and private educational institutions, placing them as the main actors regarding the right to education and ignoring the work of the state in what it means to guarantee a genderfocused education. Therefore, it is vital to differentiate between gender focus and gender ideology, in order to demonstrate that the influence of conservative groups in the legal sphere was what stopped the implementation of the gender focus in education. And although, in theory, this has been determined as a mandatory tool for all educational institutions, personal values that end up displacing the role of the state are still superimposed. However, the imposition of the gender approach in education is constitutionally valid, to the extent that it weighs values of utmost relevance for the integral development of children and adolescents, not only in education, but also in society.

En múltiples ocasiones, los conflictos socioambientales en el Perú han sido una muestra panorámica del arraigo institucional a una visión netamente antropocéntrica que, con gran frecuencia, tiende a desconocer la significación de la naturaleza en sí misma, invalidando las proposiciones reinvindicatorias de los pueblos originarios y generando condiciones de evidente rechazo a su identidad étnica y cultural, fragmentando el país y debilitando el rol de la administración pública. Consciente de ello, se pretende analizar la validez constitucional del Decreto Legislativo 1079, que precisamente se emite en un contexto agitado por los conflictos socioambientales a raíz de la adhesión de nuestro país al Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos (en adelante TLC). En ese sentido, se propone abordar históricamente el contexto en el que se desarrolla el Decreto referido, a fin de identificar los principales puntos problemáticos de su emisión, y confrontarlos de cara a la casuística, doctrina y regulación nacional como internacional. De tal forma, se hace necesario fomentar una discusión académica sobre las implicancias y consecuencias en torno a la posición adoptada por el Tribunal Constitucional; por lo cual, propongo una evaluación socio – jurídica que cuestiona una gestión pública que desconoce las obligaciones asumidas por el Estado y que redunda en la transgresión de derechos, afirmando la necesidad de consolidar el rol de la administración ambiental en defensa de las Áreas Naturales Protegidas (en adelante ANP’s), pero con un enfoque transversalmente intercultural. / On multiple occasions, socio-environmental conflicts in Peru have been a panoramic example of the institutional roots of a clearly anthropocentric vision that, very often, tends to ignore the significance of nature itself, invalidating the original peoples' vindicatory proposals and generating conditions of evident rejection of their ethnic and cultural identity, fragmenting the country and weakening the role of public administration. Aware of this, we intend to analyze the constitutional validity of Legislative Decree 1079, which was issued precisely in a context agitated by socio-environmental conflicts as a result of the accession of our country to the Trade Promotion Agreement signed with the United States (hereinafter FTA). In this sense, it is proposed to historically approach the context in which the Decree is developed, in order to identify the main problematic points of its issuance, and to confront them in the face of casuistry, doctrine and national and international regulation. Thus, it is necessary to promote an academic discussion on the implications and consequences of the position adopted by the Constitutional Court; therefore, I propose a socio-legal evaluation that questions a public management that ignores the obligations assumed by the State and that results in the transgression of rights, affirming the need to consolidate the role of the environmental administration in defense of the Natural Protected Areas (hereinafter NPA's), but with a cross-cultural approach.

El presente informe aborda el análisis sobre la demanda de inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio Perú – China interpuesto por el 25% del número legal de Congresistas donde se cuestiona la falta de participación del Congreso, pues a su juicio el Tratado de Libre Comercio Perú - China debió haber pasado por aprobación del Parlamento previa ratificación. El trabajo aborda temas como la importancia y obligatoriedad del derecho internacional, así como la responsabilidad de los sujetos de derecho internacional; asimismo, se desarrollan los puntos controvertidos de la demanda, para lo cual estudiamos, a lo largo del informe, el proceso de perfeccionamiento interno de los tratados en nuestro derecho interno, el requisito o exigencia de la publicidad de las normas, así como las consecuencias de declarar inconstitucional un tratado. En consecuencia, a partir de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y la normativa nacional, hemos llegado a la conclusión de que el razonamiento utilizado en la demanda y la sentencia objeto de estudio no fue el adecuado, aunque el resultado, correcto. Un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de un tratado implica una gran responsabilidad por la doble eficacia del mismo (a nivel nacional e internacional). No obstante, a la fecha el Tratado de Libre Comercio Perú-China sigue vigente y con miras a mejorarse a través de nuevas negociaciones, debido a las buenas relaciones comerciales que mantienen los dos países y los beneficios que de ello se genera

El presente informe analiza la Sentencia N° 03343-2007-AA emitida por el Tribunal Constitucional, la cual resuelve declarar fundada el recurso de agravio constitucional presentado por el demandante Jaime Hans Bustamente Johnson contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín de fecha 10 de mayo de 2007, la cual declara infundada la demanda planteada contra las empresas Talismán Petrolera del Perú, REPSOL y Petrobras Energía Perú S.A. En el informe se analiza lo resuelto por el Tribunal Constitucional; y, se centra en la necesidad de regulación de procesos colectivos con sentencias estructurales para garantizar la eficacia de derechos constitucionales. Así, se señala la necesidad de reconocimiento de tutela colectiva a comunidades nativas y campesinas, se establece la diferencia con la tutela de derechos difusos; y, se señala la necesidad de regulación de procesos colectivos estructurales / This report analyses judgment N° 03343-2007-AA issued by the Constitutional Court, which resolves to declare the constitutional grievance appeal founded presented by the plaintiff Jaime Hans Bustamente Johnson against the resolution of the First Decentralized Mixed Chamber of the Superior Court of Justice of San Martín dated May 10, 2007, which declares the lawsuit filed against the companies Talismán Petrolera del Perú, REPSOL unfounded and Petrobras Energía Peru S.A. The object is the analysis of the decision of the Constitutional Court, but focusing on the need that Peru regulates structural adjudication

En el presente informe jurídico se tiene como objeto de estudio el precedente vinculante del EXP. N.° 03525-2021-PA/TC, la validez de su emisión y de sus criterios. Por lo cual, se analizará constitucionalmente y tributariamente los aspectos más importantes del expediente, referido a la validez de emisión del precedente vinculante. Asimismo, se analizará las dos interpretaciones del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza del interés moratorio tributario, indemnizatorio o sancionatorio. Por último, se abordarán los conceptos del derecho de propiedad, derecho de petición y el principio de no confiscatoriedad, señalados en esta sentencia y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional / In this legal report, the binding precedent of the EXP is the object of study. No. 03525-2021-PA/TC, the validity of its issuance and its criteria. Therefore, the most important aspects of the file will be analyzed constitutionally and tax, referring to the validity of issuance of the binding precedent. Likewise, the two interpretations of the Constitutional Court on the nature of the late tax, compensatory or penalizing interest will be analyzed. Finally, the concepts of the right to property, the right of petition and the principle of non-confiscation will be addressed, indicated in this sentence and in the jurisprudence of the Constitutional Court

El caso que se analiza está relacionado con una expropiación realizada en 1972 en el marco del Decreto Ley N°17716 o también llamada Ley de Reforma Agraria. Este antiguo propietario y su hijo interponen una demanda de amparo que llega al Tribunal Constitucional, buscando restituir su derecho de propiedad. Asimismo, se realizó un enfoque no solo jurídico, sino también desde la perspectiva histórica y social más amplia del contexto de los años 50´s y 60´s en el Perú, en el cual se producen masivas recuperaciones de tierras de parte de comunidades y del campesinado. Finalmente, las principales normas utilizadas son la Constitución Política del Perú de 1933, así como el Decreto Ley N°17716 y sus diversos antecedentes normativos. / The case being analyzed is related to an expropriation carried out in 1972 within the framework of Decree Law No. 17716 or also called the Agrarian Reform Law. This former owner and his son filed a claim that reached the Constitutional Court with the objective to restore their right to property. Likewise, an approach was made not only legal, but also from the broader historical and social perspective of the context of the 50's and 60's in Peru, in which massive land recuperations were produced by communities and the peasantry. Finally, the main norms used are the Political Constitution of Peru of 1933, as well as Decree Law No. 17716 and its various regulatory backgrounds.

El presente informe tiene como objetivo analizar la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº30407, Ley de Bienestar y Protección Animal, la cual excluye a las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. El análisis jurídico comprende en determinar cuál es el estado actual de los animales dentro del ordenamiento jurídico a partir de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, siendo la de mayor relevancia la del Expediente Nº00022-2018-PI/TC. Se utilizará el principio de proporcionalidad como un parámetro indispensable de constitucionalidad para evaluar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, el principio de proporcionalidad no debe ser entendido como la respuesta a todos los problemas, sino como la técnica que nos permite determinar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas legales que limitan o restringen derechos fundamentales. Además, se analizará si la declaración de las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos como espectáculos culturales por parte del Ministerio de Cultura es determinante para declarar la constitucionalidad de la ley. Por último, se cuestionará si es necesario realizar una reforma constitucional para garantizar una protección efectiva de los animales. / The following essay aims to analyze the unconstitutionality of the First Final Complementary Provision from Law Nº30407 Animal Welfare and Protection Law, which exempts bullfights, cockfights and other animal related activities proclaimed as cultural events from a competent lawful authority. The legal analysis intends to determine the current status of animals within the legal system, based on the resolutions issued by the constitutional court, being the most relevant File No. 00022-2018-PI/TC. The proportionality test will be utilized as an essential parameter of constitutionality to evaluate the actions of public powers, especially when it affects the exercise of fundamental rights. In other words, the proportionality test should not be understood as the answer to all problems, but rather as the mechanism that allows us to determine the suitability, necessity and proportionality of the legal measurements that limit or restrict fundamental rights. Furthermore, it will analyze whether the declaration of bullfights and cockfights as cultural events by the Ministry of Culture is a decisive factor to declare the constitutionality of the law. Finally, it will be argued if it is necessary to propose a constitutional reform in order to provide an effective protection for all animals.