El presente informe jurídico versa sobre el análisis de la Casación No. 4795-2018 en la cual se plantea la controversia respecto de la infracción normativa de la Norma III y Norma VIII del Código Tributario vinculada a la interpretación del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta toda vez que se incluyen a las comisiones por operaciones de financiamiento en el concepto de ‘interés’. En ese sentido, el análisis para dilucidar aquello se basa en comprender qué se entiende por fuentes del derecho, cómo se constituyen las fuentes del derecho tributario, cuáles son los métodos de interpretación jurídica, sus resultados y la aplicación de los mismos teniendo en cuenta el paradigma actual que es el Estado Constitucional de Derecho. / This legal report deals with the analysis of Cassation No. 4795-2018 in which the controversy arises regarding the normative infringement of Rule III and Rule VIII of the Tax Code related to the interpretation of Article 41 of the Income Tax Law since commissions for financing operations are included in the concept of 'interest'. In this sense, the analysis to elucidate this is based on understanding what is understood by sources of law, how the sources of tax law are constituted, which are the methods of legal interpretation, their results and their application considering the current paradigm which is the Constitutional State of Law.

La Administración Tributaria tiene el encargo de asegurar la recaudación de tributos. Para cumplir tal fin se encuentra dotada de la facultad sancionadora que busca evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los ciudadanos. En el caso de SUNAT debe imponer, entre otras sanciones, las multas o, sustituir la sanción de cierre de establecimiento por multa cumpliendo así su objetivo: ser un mecanismo disuasivo destinado a cumplir una función preventiva antes que recaudatoria. ¿El ejercicio de la facultad sancionadora de SUNAT se efectúa acorde a los principios constitucionales que garantizan el ejercicio del poder sancionador del Estado?. ¿El Tribunal Fiscal, como máxima instancia administrativa en el ámbito sancionador tributario, ejerce el control sobre la actuación de la Administración a la luz de los principios constitucionales que garantizan la potestad administrativa sancionadora del Estado.? Entendemos que no hay una aplicación uniforme de los principios por parte de los actores tributarios en los roles que les corresponden cumplir. Demostraremos que la Administración, en el ejercicio de su facultad discrecional, aplica criterios disonantes con los principios constitucionales de Proporcionalidad y de Interdicción de la Arbitrariedad en el ejercicio de su facultad sancionadora. Asimismo, la Administración, en cumplimiento de ciertas normas, como la que regula la determinación objetiva de la infracción (artículo 165 del Código Tributario) y aquella que no reconoce la retroactividad benigna en materia sancionadora tributaria (artículo 168º del Código Tributario) vulnera los Principios de Culpabilidad y de Retroactividad de las Normas Sancionadoras Favorables. Por su parte, el Tribunal Fiscal, al emitir resoluciones de observancia obligatoria, exime de motivación a la Administración no incorpora en su razonamiento el Principio de Legalidad , Tipicidad e Interdicción a la Arbitrariedad. En un Estado Constitucional y Democrático urge que el ejercicio de la facultad sancionadora se desarrolle respetando los derechos fundamentales de la persona en tanto ella es el fin supremo de la sociedad, lo que sin duda se garantizará respetando los límites impuestos por el Principio de Legalidad, Reserva de Ley, Tipicidad, Retroactividad de las normas sancionadoras favorables, Culpabilidad, Interdicción de la Arbitrariedad de los Poderes Públicos y Proporcionalidad.

En el presente informe, se analiza si correspondía declarar fundado el recurso planteado en la Casación N° 1464-2021/Apurímac, relativa a un caso donde se atribuye a los encausados el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos por el bloqueo pacífico y breve de una carretera, en el marco de una protesta correspondiente al conflicto socioambiental originado en “Las Bambas”. Para ello, se realiza un análisis desde una perspectiva procesal, penal y constitucional. En primer lugar, se evalúa si se cumplía con los requisitos que establece el Código Procesal Penal para la admisión de un recurso de casación. En segundo lugar, se aborda si la conducta de los sentenciados se enmarcaba en los alcances del delito mencionado (atendiendo a sus elementos típicos y el bien jurídico que tutela), así como si cumplía con las exigencias del principio de lesividad. Finalmente, se evalúa si se vulneró el derecho fundamental a la protesta de los procesados, estableciéndose el estatus jurídico de este derecho en nuestro ordenamiento, su contenido esencial y cómo corresponde proceder cuando, durante su ejercicio, se afectan otros derechos fundamentales; para luego aterrizarse en un análisis del caso concreto. Así, se concluye que la decisión de declarar infundado el recurso fue errada e inconstitucional porque (i) no incluyó un análisis completo de las normas procesales pertinentes; (ii) implicó una vulneración del derecho fundamental a la protesta de los sentenciados y (iii) es producto de una inadecuada interpretación del artículo 283° del Código Penal, que contraviene el principio de lesividad.

El objetivo general de la presente investigación es el estudio de las fuentes ideológicas y modelos políticos jurídicos que han influido en la formación del pensamiento constitucional en la conservación o cambio de las constituciones peruanas principalmente del siglo XX. La metodología empleada se ha basado en el estudio comparativo del pensamiento constitucional del siglo XX y el análisis sistemático de sus fuentes, modelo y especificaciones. El resultado más importante es que el pensamiento constitucional de predominio liberal influyó en la conservación o cambio de los textos constitucionales en relación con las corrientes doctrinarias y las tendencias relevantes al uso en el Perú del siglo XX. En los inicios y durante el siglo XX se tuvo al liberalismo, influyendo además el pensamiento modernizador e identitario, desembocando este último en la primacía por lo económico. A finales del siglo XX se gestó el neoliberalismo cuyo espíritu se vio plasmado en la Constitución de 1993. El escenario histórico del Perú durante el siglo XX inspiró el pensamiento constitucional para proponer un modelo político, económico, de participación ciudadana, de descentralización y regionalización. El antecedente ideológico se encuentra en las corrientes liberales que llegaron al Perú del siglo XVIII. Este jugó un rol importante para la libertad de imprenta y la difusión de las ideas favorables a la emancipación. El pensamiento constitucional liberal influyó en el desarrollo de las constituciones en el Perú del Siglo XX. Las cartas políticas de 1920, 1933, 1979 y 1993 tienen diferencias en cuanto a cómo integrar, gobernar y orientar el desarrollo en el Perú, pero el liberalismo será siempre la fuente de inspiración, pero en interpretaciones más abiertas la participación, la inclusión y la distribución en una carta y no proclives a un conservadurismo tanto en lo político como en lo económico. Para las exigencias del siglo XXI configuran demandas que llevan a la búsqueda de nuevas fuentes que inevitablemente se exponen en una constitución nueva.

No cabe duda que una de las actividades más importantes en el quehacer de los juristas, sobre todo en el contexto de sociedades cada vez más complejas y con múltiples problemas y necesidades, como es el caso de las sociedades contemporáneas, radica en la interpretación jurídica. Esta actividad, consistente en términos generales, en la operación intelectual en virtud de la cual se adscribe o se otorga un contenido o significado a aquellas normas que regulan los distintos ámbitos de la sociedad, es justamente la que permite concretizar tales normas en la realidad y otorgar respuestas frente a las situaciones o problemas planteados por las distintas circunstancias históricas, sociales y políticas. En otras palabras, es a través de la interpretación jurídica como se pone de manifiesto la naturaleza dinámica e instrumental del Derecho, en tanto permite que este se adapte a los distintos desafíos que la realidad le presenta. Dentro del contexto de la interpretación jurídica, cobra a su vez especial relevancia la interpretación constitucional, en la medida en que en el contexto del Estado Constitucional de Derecho se concibe a la Constitución como norma jurídica suprema, en la que se encuentran establecidos los derechos fundamentales de los ciudadanos y el reparto de competencias de las autoridades estatales, así como los principios y valores que informan todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es entonces, tanto lex legis, es decir, la ley de leyes, la norma que ostenta la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, comonorma normarum, es decir, la norma que regula las formas de producción de las distintas fuentes de Derecho presentes dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, a efectos de hacer valer la particular importancia que ostenta la Constitución, los valores y principios en ella contenidos deben ser adecuadamente interpretados y ser tenidos en cuenta por los operadores del Derecho. Como lo explicaremos más adelante, la interpretación constitucional, ya sea tanto por la norma que constituye el objeto de su actividad como por los sujetos que la realizan, presenta determinadas particularidades frente a la interpretación jurídico clásica y se rige por determinados principios, siendo uno de tales principios el principio de interpretación conforme a la Constitución.

La tesis se centra en el análisis jurídico de las categorías ‘sexo’ y ‘género’ como categorías analíticas para el estudio del discurso jurídico y sus efectos y consecuencias jurídicas en el reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres. La tesis significa cómo desde el prisma de las teorías jurídicas feministas, sexo y género se articulan como categorías analíticas que aplicadas al discurso jurídico permiten interpelar al Derecho y los derechos a los efectos de visibilizar la falsa neutralidad socio-sexual del sujeto jurídico-político (modelo normativo de lo humano), e identificar las estructuras del poder socio-sexual imperantes en las normas. De ahí la importancia de clarificar ambos términos y de no usarlos de forma indistinta y, mucho menos, de no prescindir (ni suprimir) de la categoría ‘sexo’ como categoría de análisis jurídico. Máxime porque desde el constitucionalismo crítico el ‘sexo’ permite acercarse al estudio y análisis del texto constitucional – exponente del pacto de convivencia socio-sexual – desde la realidad posicionada de las mujeres. Por tanto, desde la crítica a la periferia constitucional en donde las mujeres – todavía hoy –se encuentran situadas. Desde este marco teórico y conceptual la tesis recoge un completo análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal sobre temas directamente vinculados con la realidad socio-sexual de las mujeres, a saber: violencia de género, prostitución, acoso sexual, maternidad subrogada, libertad e indemnidad sexual, etc. Se colige en la necesidad de revitalizar el pacto de convivencia socio sexual desde una visión sensible al género.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sobre el Deber de Fundamentación de las Sentencias El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general y tiene como característica principal, el que sus premisas deben estar obligatoriamente vinculadas con el derecho vigente . En consecuencia, los jueces deben fundamentar sus sentencias de acuerdo a las reglas y principios del derecho vigente . Es la realización de este deber la que nos permite conocer las razones - al menos las expresas - que llevan a los sentenciadores a decidir un caso de determinada manera. La actividad judicial adquiere especial relevancia cuando se refiere a la determinación de la constitucionalidad de las normas emitidas por los órganos legislativos, es decir, cuando el criterio para la determinación de la validez de una norma sea su conformidad con otra de carácter superior, en este caso, la Constitución Política de la República.

La tesis estudia la relación entre el diseño de la ingeniería constitucional de 1993 y la debilidad de los partidos políticos en el Perú entre el 2001 y 2016. La justificación de esta investigación se encuentra en cuanto tradicionalmente la debilidad partidista es explicada por factores psicológico y culturales de los líderes partidarios, como el caudillismo y personalismo o el financiamiento de la actividad partidaria por fuentes opacas o ilícitas; no obstante, nosotros encontramos que la debilidad de los partidos en el periodo analizado es efecto del diseño del sistema de representación política establecido en la Constitución de 1993. La tesis identifica los elementos del diseño de la ingeniería constitucional de 1993 que causan la debilidad institucional de los partidos políticos en el periodo 2001-2016, en un contexto de elecciones competitivas, así como la relación que desarrollan los grupos de poder económico y los partidos en este tipo de sistema político. Los supuestos teóricos en los que se basa la investigación se ubican en los desarrollados propuestos principalmente por Sartori, el cual concibe la constitución como una ingeniería institucional de estructuras basadas en producir incentivos, los cuales determinan el comportamiento de las instituciones políticas. También hemos tomado los estudios de Nohlen y Lijphart, que nos permiten apreciar los efectos que producen los sistemas electorales en los partidos políticos de un país. La investigación constituye un estudio del sistema político de enfoque cualitativo respecto de las instituciones que conforman el sistema de representación establecido en la ingeniería constitucional de 1993 y los efectos que producen en el tipo de institucionalidad política del Perú en el periodo analizado. De modo que encontramos evidencia de como dicha ingeniería constitucional bloquea el proceso de institucionalización de los partidos, al impedir la consolidación de partidos con una organización de base territorial nacional, así como el desarrollo de relación fuerte entre representante-representado, indispensables para la formación en un mediano plazo de un sistema de partidos políticos. Finalmente, encontramos como la ingeniería institucional de 1993 facilita la captura de la política económica peruana por parte de los grupos de presión corporativos y el consecuente incremento de la concentración económica en Perú en el periodo analizado. / Tesis

This article deals with the conceptualization and implementation of the constitutional rights of the people and human rights through conflict resolution systems in culturally different groups typical experience in Peru is the problem of the so-called “Special Indigenous Jurisdiction” or simply “Communal Justice”; In this sense, we will develop this Community Justice in the light of the experience of the Aymaras in Puno. / El presente artículo trata sobre la conceptualización y aplicación de los derechos constitucionales de la personas y de los derechos humanos a través de los sistemas de resolución de conflictos en grupos humanos culturalmente diferentes. Experiencia típica en el Perú es el problema de la denominada “Jurisdicción Especial Indígena” o simplemente “Justicia Comunal”, en este sentido, desarrollaremos esta Justica Comunal a la luz de la experiencia de los Aymaras de Huancané en Puno.