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Reglas aplicables en materia probatoria al juicio de divorcio por culpa, que aseguran la eficacia del correo electrónico para acreditar las causales establecidas en la ley y el respeto al debido procesoPincheira Sepúlveda, Carolina Alejandra January 2014 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación desarrollada, es presentada en el contexto de los medios de
prueba tecnológicos aceptados por la ley para ser acompañados en juicio, con
relevancia en la prueba de las causales taxativas determinadas para el juicio de
divorcio sanción, cuyos elementos diferenciadores como la existencia de una
demanda entre cónyuges y la dificultad en la existencia de prueba preconstituida,
involucran circunstancias relevantes en el ámbito de las nuevas
tecnologías, los derechos fundamentales y la prueba ilícita.
En concreto se analizan las condiciones de legitimidad del uso de correos
electrónicos como medio de prueba para acreditar la culpa del cónyuge infractor
de los deberes conyugales, con una visión de derecho nacional y comparado.
Para ilustrar al lector, al final de esta investigación se agrega una selección de
fallos analizados en el curso de la investigación.
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¿El sistema de recursos establecido contra el laudo comercial internacional es coherente con el principio del debido proceso legal?Arias Manzor, Álvaro January 2014 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su
documento
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El conflicto de libertad de información y el principio de presunción de inocencia en los medios de comunicación : bases para una solución democráticaGonzález Parra, Sebastián Alexis January 2018 (has links)
Memoria para Optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
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El principio de legalidad y tipicidad en el derecho disciplinario de los funcionarios públicos especialmente aquellos regidos por la Ley No. 18.834 sobre Estatuto AdministrativoBruna Cifuentes, David, Escobedo Serey, Emily January 2017 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Derecho Disciplinario existe desde que se comienzan a formar las primeras asociaciones de personas. En toda organización es necesaria la disciplina, puesto que ésta se convierte en la única manera de proteger el buen funcionamiento de la organización.
Según lo anterior, podemos distinguir Derecho Disciplinario Privado y Derecho Disciplinario Público, según sea la naturaleza jurídica de la organización a la que se aplican las normas. Dentro del Derecho Disciplinario Privado podemos encontrar diversos regímenes. Lo mismo ocurre con el Derecho Disciplinario Público, donde podemos encontrar algunos regímenes especiales y uno general: el Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos regidos por la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.
La doctrina comparada –puesto que la materia no ha suscitado mucho interés en la nacional- ha llegado a considerar al Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos como una rama autónoma del derecho punitivo. No obstante, aún es discutido si ésta es parte integrante del Derecho Penal o es parte del Derecho Administrativo Sancionador.
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La garantía del debido proceso penal en la jurisprudencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional (2011-2017) : |b análisis formal y material de la cuestión de control concreto de constitucionalidad en materia de debido proceso del Código Procesal PenalVergara Sommerhoff, Felix Ignacio, Bustos Guajardo, Brian Nayib January 2018 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el año 2020. / La presente investigación tiene por objeto estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile durante los años 2011 y 2017, respecto de requerimientos de inaplicabilidad de preceptos legales cuya aplicación en una gestión pendiente pudiere afectar o vulnerar la garantía del Debido Proceso, desde el punto de vista del derecho procesal penal.
En el capítulo I expresaremos la necesaria diferencia entre las ramas del derecho procesal, sin perjuicio de concurrir elementos comunes que determinan la existencia de una unidad, dentro de la diversidad, del derecho procesal.
A continuación, en el capítulo II, describiremos brevemente al Tribunal Constitucional y su regulación en Chile.
Por su parte, en el capítulo III, efectuaremos un análisis de las características de la acción de inaplicabilidad y de los criterios de inadmisibilidad que contempla el artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 47 F de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (“Ley N° 17.997”).
Luego, en el capítulo IV, constataremos y evaluaremos la jurisprudencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional de Chile en requerimientos cuya pretensión diga relación con posibles vulneraciones de la garantía del Debido Proceso desde una mirada general, como desde el prisma más particular de los derechos que la doctrina ha entendido formar parte de esta garantía, tales como la publicidad, el emplazamiento, el derecho a defensa y el derecho al recurso. En este sentido, cabe prevenir que no se comprenden en este trabajo los casos de aplicación directa de la norma constitucional que se ha denunciado infringida en el conocimiento de los recursos de nulidad en virtud del artículo 373 letra a) del CPP1.
Por último, realizaremos reflexiones finales de la importancia de la garantía del Debido Proceso y las tendencias del Tribunal Constitucional en la materia.
materia / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 2020
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El conflicto ambiental ante los ministros de la judicatura ambientalArriagada Ruiz, Nicolás Enrique January 2014 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones
básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la
sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias
adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de
solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida
observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de
solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la
heterocomposición.
El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de
controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación
de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la
sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué
rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis,
desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente,
se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace
cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente
trascendentes.
El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una
perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los
conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a
especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales
Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos
activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que
deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la
función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas
se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de
estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de
conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los
procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto
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en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal
como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le
es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del
carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En
cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se
aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una
visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis.
El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental”
examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido
Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina
estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de
los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica,
funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la
Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la
independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad
de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el
conocimiento de los litigios ambientales.
El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde
una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad
contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor
jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para
acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades,
incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las
causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y
las falencias del modelo regulatorio escogido
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La disposición octava transitoria de la Constitución y la supervivencia del sistema procesal penal antiguo : análisis jurisprudencial y doctrinarioCabrera Barra, Francisco Andrés January 2016 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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El debido proceso y el derecho a recurrir en la expulsión de extranjeros, a la luz de la convención americana de derechos humanosPais Oliveros, Nicolás, Sáez Soto, Edward January 2016 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente en Chile, el procedimiento de expulsión de extranjeros se
encuentra regulado en el Decreto Ley N° 1094 de 1975. Esta norma no se adecúa a
las exigencias mínimas de la Convención Americana de Derechos Humanos y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a
garantizar un debido proceso y el derecho a recurrir. No debiese sorprendernos que
un Decreto Ley promulgado en pleno auge de la dictadura militar chilena haya
ignorado los derechos fundamentales de las personas. Lo realmente llamativo es que
en el siglo XXI, con el desarrollo que han experimentado los Derechos Humanos, con
las obligaciones que el Estado Chileno ha suscrito en la materia, aun se siga
aplicando esta normativa. Al decretarse la expulsión de un extranjero, éste queda
prácticamente en absoluta indefensión, ya que no podrá ejercer las prerrogativas
mínimas que configuran el derecho a tener un debido proceso, el Poder Judicial ha
intentado contrarrestar esta situación, pero los instrumentos procesales no son los
idóneos y el legislador aún no modifica esta situación.
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Derechos fundamentales y colusión: revisión constitucional del sistema sancionatorio del ilícito colusivoVollmer Ungemach, Sebastián Andrés January 2009 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis crítico del sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión, desde la óptica del Derecho Constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. En efecto, en estas páginas se analizará la constitucionalidad de la aplicación –vía extensión dogmática- de principios del debido proceso penal y de sus altos estándares de prueba y de convicción a procesos infraccionales por colusión, así como también se examinará la constitucionalidad de las nuevas atribuciones intrusivas de la FNE y del mecanismo de delación compensada, ambos incorporados recientemente a nuestro estatuto de libre competencia por la Ley 20.361, publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2009.
La metodología que se utilizará consiste en describir objetivamente los principios, reglas técnicas, mecanismos y prerrogativas de la autoridad que forman parte del sistema de investigación, prueba y sanción del ilícito colusivo, para luego efectuar reflexiones constitucionales que permitan justificar, criticar o rechazar el empleo de aquéllos, sobre la base de la exigencia irrenunciable del Estado de derecho de respetar las garantías fundamentales.
El resultado obtenido concluye que, en el caso chileno, tanto el antiguo sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión como algunos de los mecanismos que recientemente han sido institucionalizados para acreditar la existencia de carteles presentan vicios constitucionales por innecesaria conculcación de derechos fundamentales y/o falta de certeza jurídica, que sólo pueden ser enfrentados y subsanados mediante la correcta aplicación de las normas y principios que recoge nuestra CPR.
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Legislación migratoria y constitución. Análisis crítico de la expulsión de migrantes y su infracción a garantías constitucionalesGalle Aravena, Camila Andrea, Mardones Espinoza, Camilo Ignacio January 2014 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo nace producto de la expresión de un fenómeno social en creciente expansión durante la última década: el aumento de la migración de personas hacia nuestro país.
Una de las razones por las que este trabajo se referirá al fenómeno ya descrito, es por que no hemos encontrado una respuesta legal en nuestro derecho interno que se encuentre acorde a la normativa internacional de derechos humanos y, creemos también, tampoco a los principios y garantías propias de nuestra normativa constitucional. Manifestación concreta de ello puede verse en la expulsión de inmigrantes por parte de la administración, materia que será el estudio principal de este trabajo.
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