Tesis para optar al grado de magíster en comunicación política / Durante la última década en Chile hemos vivido un crecimiento migratorio significativo, mayormente debido a la estabilidad socio-económica y búsqueda de oportunidades en términos de trabajo e ingresos. No podemos soslayar también, los estándares de seguridad que presenta Chile, que en muchos casos hacen sentido a aquel migrante que viene escapando de situaciones complejas en esta materia en sus respectivos países de origen. Junto con aquello, vale la pena señalar la expedita inserción en nuestro dinámico mercado laboral, destacando las áreas de la salud, gastronomía, venta de intangibles entre otros. Este último segmento, vale decir, aquellos migrantes que viene con la clara voluntad de insertarse de modo correcto y productivo en nuestro país representa al 97% de la población foránea en Chile, sin duda un tremendo aporte al desarrollo y fortalecimiento de distintas áreas económicas. De esta cifra que representa a casi la totalidad de los migrantes, existe otro dato suministrado por el Centro de Estudio de Análisis Delictual del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, quien nos entrega recientemente que del 100% de los delitos ocurrido en Chile solo el 3% representa a los cometidos por migrantes, manifestándose en la personas privadas de libertad que según datos suministrados por el Centro de Estudios de Gendarmería, se expresa en el 6% de la población penal. En base a la lectura de estas cifras oficiales, apreciamos que pareciese existir una brecha invisible y poco razonable respecto la percepción del sujeto migrante por una parte cada vez más significativa de chilenos y chilenas entendiéndolos y significándolos como sujeto delictual. Por un lado la asociación que establece el ciudadano común respecto los propósitos de estas personas inmediatamente nos remiten a ilícitos: tráfico, prostitución, comercio ilegal, prestamistas informales, sicarios, etc.. Por otro lado, parte de los medios de mayor relevancia, tanto en prensa como en televisión, pareciesen ser mas parte del problema que de la solución a esta posible estigmatización de estos nuevos migrantes. Es por ello que esta investigación tendrá puesto el foco principalmente en explorar y describir cuales son los modos y alcances de algunos medios en cuanto a leer la presencia del migrante, especialmente cuando este se haya involucrado en algún ilícito directa o indirectamente, ya que pensamos que esa lectura pudiese generar ciertos sesgos perceptuales en la población en cuanto a incidir tangencialmente en su percepción de seguridad y en de los nuevos migrantes que han llegado al país. Los problemas principales a indagar es dilucidar si existe una correlación, y de qué tipo y fuerza series esta, entre la agenda de medios y la incidencia de esta en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía. Con particular foco en aquellos hechos o hitos donde estén involucrados sujetos migrantes. En segundo lugar, es hacer una lectura de como este tipo de hechos desembocan en la esfera política y se transforman en temas tanto de campaña electoral como de gestión local. Relevante será distinguir los grados de responsabilidad y los grados de prejuicios en las opiniones o acciones de algunos actores políticos nacionales y locales al respecto. Esta investigación al ser exploratoria tiene objetivos acotados y realistas. En primer lugar tratara de dilucidar si existe correlación entre agenda mediática y percepción del sujeto migrante como sujeto delictual por parte de la ciudadanía. En segundo término, buscara establecer si hay grados de manipulación político electoral del tema migrante en especial en época electoral, y ver quienes hacen uso y de qué modo del tema durante aquel periodo.

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica. / Me ha interesado, como objeto de estudio, el fenómeno discursivo de la crónica roja, principalmente por tratarse de un complejo fenómeno cultural, que no ha sido tomado en cuenta a nivel teórico pero, que sin embargo, en la literatura, si es ampliamente reconocible como influencia.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho y nuevas tecnologías ) / La presente tesis, tiene por objeto dar a conocer una visión general, respecto del alcance infraccional que posee la utilización de códigos maliciosos que, para este caso en particular, se centró en la utilización de botnets, para la comisión de delitos en el ámbito informático. En ese contexto, se presentan importantes desafíos desde lo técnico para generar contramedidas que sean eficientes a la hora de mitigar las amenazas en este campo, pero también existe otro desafío muy relevante que dice relación con la problemática que se presenta al juzgador al momento de la persecución penal, a la delincuencia del mundo informático. En esa misma orden de ideas, se hace preciso considerar la normativa vigente que establece sanciones para aquellas acciones que atenten contra sistemas transaccionales, y los datos contenidos en éstos, dado que ya se han cumplido dos décadas que dicha normativa no ha sufrido ninguna actualización, lo que favorece que determinadas acciones no puedan ser perseguidas adecuadamente porque no cumplir el tipo penal, o bien, no puedan ser castigadas porque derechamente no existe norma para tales efectos. Considerando el reciente lanzamiento de la política nacional de ciberseguridad, y la adhesión de Chile, al convenio de Budapest, marcaran sin duda, un verdadero punto de inflexión, a fin de subir los actuales estándares a niveles internacionales, así como la generación de redes que permitan unificar los esfuerzos en materia de persecución penal de los delitos informáticos, considerando que su alcance no reconoce fronteras, por lo que, de no mediar un trabajo mancomunado a nivel de cooperación internacional, y la homogeneización de los cuerpos legales, no se podrá dar una lucha férrea, a los delitos informáticos a nivel global.

El delito de negociación incompatible de acuerdo a sus fines y los bienes jurídicos encargados de proteger, han sufrido una distorsión al momento de ser utilizados, por ello, en la siguiente investigación procuramos dar solución a estos inconvenientes que se han ido suscitando por el erróneo uso del tipo penal. La presente investigación tiene como objetivo determinar cuáles son los efectos jurídicos y prácticos que se han dado por la regulación del tipo en análisis, de ser el caso estos efectos sean negativos, teóricamente buscaremos otorgar solución a ellos.

No description available.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, 2006. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2010-07-05T16:27:56Z No. of bitstreams: 1 2006_FabianaCostaOliveiraBarreto.pdf: 438879 bytes, checksum: 9861497fe3ec20ed637d89d64695f8ec (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2010-07-05T17:37:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_FabianaCostaOliveiraBarreto.pdf: 438879 bytes, checksum: 9861497fe3ec20ed637d89d64695f8ec (MD5) / Made available in DSpace on 2010-07-05T17:37:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_FabianaCostaOliveiraBarreto.pdf: 438879 bytes, checksum: 9861497fe3ec20ed637d89d64695f8ec (MD5) Previous issue date: 2006-04-07 / No Brasil, conforme disciplina constitucional e legal, a prisão provisória deve ser medida excepcional, a ser utilizada apenas com finalidade processual, por tempo razoável e proporcional à futura pena. A presente pesquisa tem por objetivo verificar se, na criminalização do furto, a prisão provisória tem sido utilizada dentro desses parâmetros e ainda identificar os mecanismos que influenciam para sua obediência ou desacordo. Para tanto, foi realizada pesquisa documental em processos de furto em cinco localidades – Porto Alegre, Distrito Federal, São Paulo, Belém e Recife –, representativas de cada uma das regiões brasileiras, no período de 2000 a 2004. Demonstrou-se que os princípios que regem a prisão provisória, nessas regiões e período, foram sistematicamente violados, realidade menos acentuada em Porto Alegre e no Distrito Federal. Tendo como referencial teórico os estudos de Criminologia baseados no paradigma da reação social, foram identificados mecanismos que fazem com que a prática se distancie do discurso das garantias. O flagrante exerce grande influência para que pessoas que praticam furto e que têm pouco poder de resistência ao sistema permaneçam presas provisoriamente, nos casos em que não existe controle judicial efetivo da prisão decorrente. Mesmo nos casos em que o controle judicial é mais efetivo, a existência do flagrante reforça a tendência a que existam decisões judiciais mantendo a prisão provisória, por motivos mais relacionados a estereótipos que à necessidade instrumental. Demonstra-se que a burocratização e a operação seletiva do sistema penal acabam proporcionando mais violação que garantia aos direitos individuais dos autores de furtos. Identificou-se, ainda, que o controle judicial efetivo das prisões decorrentes do flagrante, bem como a celeridade processual e a obediência aos prazos legais, são práticas que reduzem significativamente os índices de violação ao princípio da presunção de inocência. Considera-se que uma reforma legislativa que venha a reduzir a possibilidade da aplicação da prisão em flagrante na criminalização de furtos pode impedir de forma mais abrangente a adoção sistemática do uso da prisão provisória para essas hipóteses. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / According to Brazilian legal and constitutional framework, provisional imprisonment must be a measure taken exceptionally, only if necessary to make possible the correspondent due processes and subject to reasonable time limitation and to the principle of proportionality to the presumed future penalty. The present research aims to verify if, in cases of theft, provisional imprisonment has been used within these parameters and to identify mechanisms that may contribute with disobedience or non-observance of the mentioned parameters. In order to achieve these objectives, documental research was performed in theft due processes started between the year 2000 and the year 2004 in the following areas: Porto Alegre, Distrito Federal, São Paulo, Belém and Recife. All Brazilian geographical regions have been covered. It has been demonstrated that provisional imprisonment principles, in the referred period and areas, were repeatedly violated, although less intensely in Porto Alegre and Distrito Federal. Using the Criminology of Social Reaction as theoretical background, the research identified mechanisms that caused reality to be in practice different from common personal rights discourse. If no effective judicial control is implemented and operational in cases of imprisonments resulting from flagrant evidences, such evidences substantially contribute to keep in provisional imprisonment people who committed theft crimes and have no means to defend themselves within Brazilian legal system. Even if judicial control is reasonably effective, cases of imprisonments resulting from flagrant evidences tend to influence judicial decisions towards more frequently sustaining provisional imprisonment, as a result of stereotypes rather than instrumental needs. It is demonstrated that bureaucratization and unequal operation of penal system ultimately bring more violations than guarantees to legal rights of people who committed theft crimes. It has also been demonstrated that effective judicial control of imprisonments resulting from flagrant evidences, as well as due process agility and obedience to legal deadlines are practices that significantly reduce levels of violation to the principle of innocence. However, future legal reforms restricting the possibility of imprisonments resulting from flagrant evidences in cases of theft may reduce in a more broad way the frequent use of provisional imprisonment in cases of theft.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La sociedad del riesgo ha supuesto una verdadera refundación del Derecho penal. Una de las tendencias adoptadas por el legislador penal de la sociedad del riesgo es la prolífera creación de nuevos tipos penales –generalmente de escasa lesividad-, así como una agravación de los ya existentes. La marcada expansión del Derecho penal es un sello distintivo de la sociedad postindustrial y a la vez constituye una de las principales preocupaciones de los modernos sistemas de enjuiciamiento criminal. La presente investigación se centra en la pequeña criminalidad o criminalidad de bagatela, la que se confronta con los fines de la pena y del proceso penal. Se revisa, asimismo, una eventual exclusión de pena a la luz de las distintas categorías de la teoría clásica del delito. También se aborda la posibilidad de exclusión desde modernas teorías del hecho punible, las que confluyen en el intento de construir un sistema integral del Derecho penal. En razón de lo anterior, se vierten en el tratamiento de la criminalidad de bagatela tanto consideraciones procesales como del ámbito de determinación de la pena

No description available.

No description available.

El artículo sostiene que en el caso de testigos adversos ofrecidos por una de las partes del proceso laboral, cuya declaración es fundamental para conocer los hechos de la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional, no se debe aplicar estrictamente la regla general prevista en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley 29497, en el sentido que cada parte es responsable de concurrir a la audiencia en que se actúan las pruebas con los medios probatorios que ha ofrecido. Así, el artículo plantea que en estos casos el juez laboral debe citar al testigo, a fin de que este tenga mayores incentivos para asistir a la audiencia de juzgamiento, pues su eventual incumplimiento del mandato judicial podría justificar la imposición de una multa y/o la imputación del delito de negativa a colaborar con la administración de justicia, tipificado en el artículo 371 del Código Penal. The article states that in the case of adverse witnesses requested to testify by one of the parties of a labor procedure, whose testimony is fundamental to know the facts of the controversy proposed before the jurisdictional authority, the general rule foreseen in the second paragraph of article 21 of Law 29497 (each party is responsible for the evidence it has offered) must not be applied strictly. thus, the article suggests that in these cases a labor judge must summon the witness, in order for him to have greater incentives to attend to the judgment hearing, since his failure to comply with the judge’s order could justify the imposition of a fine and/or the imputation of the crime foreseen in article 371 of the Penal Code (refusal to cooperate with the justice administration).