Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo busca constituir un aporte en el desarrollo del derecho penal juvenil, al sumarse al desafío de construir respuestas especializadas frente a los vacíos de la Ley de responsabilidad penal del adolescente y así permitir la existencia un sistema penal realmente diferenciado para jóvenes, en el que, partiendo del reconocimiento de las especiales necesidades del agente infractor, se contemplen normas, estándares y reglas diferenciadas y particulares. Para ello se escogió una materia no regulada en la Ley de responsabilidad penal del adolescente, la figura del delito imprudente, y se buscará demostrar la necesidad de que, al momento de valorar este tipo de ilícitos adolescentes, el juez debe adoptar un estándar de juzgamiento diferenciado reemplazando el parámetro del “hombre medio razonable” por el de “joven medio razonable”. Para fundamentar la propuesta se recurrirá a un principio rector del derecho penal juvenil, el principio de especialidad, consagrado en tratados internacionales ratificados por nuestro país. Se atenderá también a los datos aportados por investigaciones científicas, que, desde la realidad empírica, sirven de fundamento a dicho principio y evidencian los cambios que a nivel cerebral, físico e intelectual se verifican durante la adolescencia, cambios que, según se ha demostrado, producen efectos conductuales y obstan a que adolescente y adulto puedan orientar su actuar conforme a un único estándar indicador de la máxima de conducta como lo es el parámetro del hombre medio razonable.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La ley N° 20.813 introdujo importantes reformas a la Ley de Control de armas, apuntando la nueva modificación a la persecución y combate genérico de la “delincuencia común” y el uso de armas en la comisión de otras figuras delictivas. Estas modificaciones, han generado problemas a la hora de aplicar los delitos de tenencia y porte de armas de fuego y municiones. El objetivo del presente trabajo es analizar la jurisprudencia relativa a los delitos de tenencia y porte de armas de fuego durante los años 2016 y 2017, con el objetivo de revisar en profundidad las transformaciones producidas en la jurisprudencia, teniendo en consideración los principios generales del derecho penal al momento de aplicar la Ley N° 17.798. Para ello, luego de una breve mirada normativa a los delitos de tenencia y porte ilegal de armas de fuego, nos adentraremos en el tratamiento jurisprudencial del concepto de arma de fuego, en la aptitud de disparo y las diversas posiciones jurisprudenciales al respecto y en la relevancia que tiene la naturaleza jurídica de estos delitos al momento de aplicar la ley. Luego, analizaremos la estructura típica de los delitos estudiados, revisando si hay consenso jurisprudencial acerca de los elementos objetivos y subjetivos, recalcando la importancia de los verbos rectores “tener” y “portar” y analizando los problemas de aplicación temporal surgidos con las modificaciones introducidas a la ley N° 17.798. Finalmente, revisaremos las circunstancias modificatorias especiales de responsabilidad contenidas en los artículos 12 y 14 B, así como el artículo 17 que excluye las reglas de determinación de pena de los artículos 65 a 69 (inciso 2°) y hace improcedente la aplicación de penas sustitutivas (inciso 1°)

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En las últimas décadas, el sector financiero se ha ubicado como uno de los ámbitos de la economía que genera mayores ganancias anualmente, por lo que la regulación del mercado de valores se ha convertido en una preocupación creciente debido a su impacto en la economía tanto nacional como internacional. Por esta razón, los gatekeepers del mercado de valores como contadores y auditores, agencias clasificadoras de riesgos, analistas financieros, entre otros, ejercen como agentes privados encargados de controlar la confiabilidad de las informaciones que permiten transar valores en el mercado financiero, esta tarea los pone en una posición privilegiada para acceder a información que los organismos públicos no son capaces de captar, pero al mismo tiempo los expone a ser capturados por las sociedades a las que deben vigilar. El presente trabajo tiene por objeto introducir el concepto de gatekeepers a través de la caracterización de los rasgos fundamentales de su función en el contexto del mercado de valores, así como la revisión de casos nacionales e internacionales en los que se evidencia las consecuencias de una regulación deficiente y cuáles han sido las respuestas normativas a dichos escándalos financieros. Por último, se realiza un estudio del delito de falsedad documental y cómo su tratamiento en la regulación penal chilena se aplica a los contadores y auditores en su función como gatekeepers, específicamente a través del delito de dictamen falso del artículo 59 letra d) de la Ley de Mercado de Valores.

La publicación, dividida en 4 partes compuestas por 10 capítulos, pone en discusión una propuesta de fundamentación para una ética de la función pública. Se trata de una ética aplicada que comprende al conjunto de orientaciones sobre cómo deben actuar quienes ejercen funciones públicas, en el marco de un Estado democrático. Por ello, el autor propone superar las insuficiencias de las aproximaciones que privilegian un enfoque económico administrativo. / This book, divided in four parts and composed of ten chapters, discusses a proposal of a foundation for a public service ethic. It is about an applied ethic that includes the set of guidelines on how to act for those who exercise public functions, within the framework of a democratic state. Therefore, the author proposes to overcome the inadequacies of the approaches that favor an administrative economic focus.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el siguiente trabajo se abordarán las distintas sanciones existentes tanto en el derecho comparado, especialmente en Estados Unidos y América Latina, y en nuestro ordenamiento jurídico para los delitos de colusión, contemplados y sancionados en el Decreto Ley 211. El estudio tiene por objeto conocer las ventajas y desventajas de la aplicación de las distintas sanciones, así como la aplicación de la modificación al DL 211 realizada por la entrada en vigencia de la Ley 20.945 en agosto 2016 y el retorno a la sanción penal.

La omisión impropia es aquella en la que mediante un no hacer se contribuye a la afectación de un bien jurídico, es decir, en virtud de una fuente surge la posición de garante, por la que, un sujeto se encuentre con el deber de salvaguardar, proteger y cuidar los bienes jurídico de otro, entonces los delitos por omisión impropia son aquellos en los cuales frente a una posible vulneración o puesta en peligro de un determinado bien jurídico el garante no evito la realización de ello, por lo tanto, con su comportamiento omisivo, quebranta su rol y contribuye a la vulneración de dicho bien jurídico. Es así que los comportamientos omisivos del garante generan responsabilidad penal la cual debe asumir, sin embargo, en nuestro ordenamiento penal no es posible calificar como omisión impropia a los actos de un padre o madre negligente que con su comportamiento omisivo contribuye a la realización de la violación sexual de su menor hijo, ello en razón a los criterios desarrollados por los entes jurisdiccionales, pues, tanto el Ministerio Público como el juez, no admiten la posibilidad de considerar el comportamiento omisivo como un ilícito penal sino más bien como un comportamiento social y moralmente reprochable. Por ello, al establecer el fundamento que hará posible la atribución de responsabilidad penal al garante se logrará evitar la impunidad que se ha venido suscitando, ya que por la manera en que han analizado y desarrollado los supuestos de la presente investigación se consideraba solo comportamientos atípicos mas no ilícitos, por ello, la presente tesis busca argumentar los fundamentos para atribuir responsabilidad penal al garante.

La presente investigación, titulada “El principio de fe pública registral en los títulos fraudulentos inscritos”, gira en torno a la implicancia del dicho principio respecto a la problemática del fraude inmobiliario. Para el desarrollo del tema, se ha optado por dividirlo en tres partes: 1) referida al principio de fe pública registral, 2) referida al fraude inmobiliario, y 3) explicando cómo debe interpretarse y aplicarse este principio respecto al fraude inmobiliario; en este sentido, la idea central de la investigación consiste en analizar si es idóneo o no, aplicar este principio para solucionar problemas derivados de los títulos fraudulentos inscritos, y de no serlo, proponer una solución definitiva a esa problemática. Finalmente, se concluye que es necesaria la aprobación de una ley específica que atienda al fraude inmobiliario y que modifique el artículo 2014° del Código Civil, con la finalidad de ponerle un freno definitivo a este ilícito.

En nuestra realidad nacional se puede apreciar que no existe una aplicación correcta del principio de mínima Intervención en función a la determinación de conductas ambientales penalmente relevante, en donde se puede afirmar que como bien jurídico protegido se busca garantizar la estabilidad de los ecosistemas, a través de diseñar una propuesta legislativa en función a la problemática existente con criterios constitucionales y buscando la aplicación del principio de fragmentariedad frente a las conductas ilícitas ambientales recogidas en el ordenamiento penal peruano, delimitando aspectos en función al derecho penal ambiental pues este no debe criminalizar cualquier conducta que vulnere el entorno, sino aquellas perjudiciales al ambiente o a la salud ambiental, mediante su lesión o puesta en peligro grave, teniendo en cuenta los altos índices de incidencia que ocurren no solo la región materia de estudio sino en todo el territorio nacional.

El Caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande que ha existido en Latinoamérica. Este caso tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, la cual construyó un esquema de sobornos a nivel transnacional que le permitió adjudicarse las más importantes obras de infraestructura. Tras el destape de este escándalo en Brasil, los países involucrados iniciaron múltiples investigaciones. En el caso peruano, el estado del sistema de justicia hacía presagiar que las investigaciones no tendrían mayores consecuencias penales; sin embargo, la forma en la que el Ministerio Público afrontó el caso fue inesperada, ya que ha confrontado a las más altas esferas del poder político y económico, y ha posicionado al Perú como un inesperado campeón regional en la lucha anticorrupción. Del análisis de esta situación paradójica surge la pregunta que motiva esta investigación: ¿Por qué si la situación del sistema de justicia peruano hacía esperar que los implicados en el mega caso de corrupción Lava Jato no tengan sólidas investigaciones penales, lo que ha ocurrido es que un grupo de fiscales peruanos ha afrontado estas investigaciones con una clara oposición a los intereses de las élites políticas y económicas? Esta tesis argumenta que el avance de las investigaciones en Perú puede ser explicado por la confluencia de cinco variables: fiscales que se posicionan como islas éticas, cambios en el balance del poder político, la cooperación judicial internacional que se estableció con Brasil, el respaldo popular a la lucha anticorrupción y el apoyo intrainstitucional a las investigaciones.